Al nivel mundial, debido a su ubicación biogeográfica y a la gran variedad de ecosistemas que alberga, Colombia es el país más rico en biodiversidad, o al menos uno de los cinco más ricos. A pesar de la falta de investigación científica, e inventarios de flora y fauna incompletos, sabemos que el país es el primero en especies de aves y anfibios, el segundo en plantas vasculares y el tercero en mamíferos.
Sin embargo, la situación financiera de los parques es grave. Entre 1995 y 2002, el aporte de la nación al sector ambiental ha bajado más del 80% y las cosas no mejoran. En 2005, a pesar de haber aumentado el aporte del Gobierno, si no fuera por la cooperación internacional de países como Holanda, el presupuesto de la Unidad de Parques Nacionales Naturales alcanzaría sólo 15,5 mil millones de pesos. Tal como está, con más de la mitad de los recursos procedentes de fuentes bilaterales y multilaterales, la unidad sólo cuenta con 364 funcionarios, o en otras palabras, un funcionario para cada 40.000 hectáreas. El resultado es una institución débil y un sistema de parques donde 78% tienen presencia de grupos armados y 68% de cultivos ilícitos.
Mientras el Gobierno nacional está a punto de confirmar la fumigación a parques nacionales naturales, la conservación de la naturaleza no aparece como prioridad. Actualmente, de las 250.000 hectáreas de coca presentes en el país, sólo entre 6.000 y 8.000 están ubicadas dentro del sistema de parques. En marzo, durante la declaración del Parque Selvas de Florencia, el quincuagésimo parque nacional natural del país, el Presidente aprovechó la oportunidad para hablar sobre dos temas inherentemente en contra de la conservación: la división del Tapón del Darién por la carretera panamericana –y del Parque Nacional Los Katíos, patrimonio mundial de la naturaleza por la Unesco– y la necesidad de fumigar los parques.
La crisis ambiental no es únicamente un fenómeno colombiano. George W. Bush es quizás el peor presidente ambiental en la historia de los Estados Unidos. Esto se puede ver plenamente desde Alaska a Kyoto, tanto al nivel nacional en su iniciativa para sacar petróleo de la Reserva Natural Nacional del Ártico, como en lo internacional con su negativa a aprobar el protocolo global para bajar las emisiones de los gases invernaderos que están haciendo que cambie el clima del planeta. Antes, los presidentes republicanos eran los responsables por los grandes logros ambientales que se habían visto en el país, entre otros, el establecimiento del Servicio de Parques Nacionales (T. Roosevelt) y la Agencia de Protección Ambiental y las Actas del Aire Limpio y Especies en Peligro (Nixon), mostrando que una política que refleja respeto y responsabilidad para el medio ambiente no es campo exclusivo de un partido político, porque la naturaleza nos pertenece a todos.
Entonces, ¿qué hacemos?
Primero, a nivel nacional, la educación ambiental y la investigación científica deberían incentivar al público para que exigiera un presupuesto decente para las instituciones cuyas misión es la conservación de los recursos naturales. Segundo, por medio de nuevos y progresivos instrumentos económicos, como sobretasas de agua y gasolina, se puede recaudar ingresos para promover la conservación in-situ a través del nuevo fondo nacional de áreas protegidas. Anualmente, el sistema de parques nacionales presta servicios ecológicos de US$20 millones en agua potable, pero los ingresos no van para cuidar los propios ecosistemas, como el páramo del Parque Nacional Chingaza, donde nace el 80% del agua potable de Bogotá. El problema de los instrumentos económicos, sin embargo, es que requieren nuevas iniciativas legislativas y por eso se demoran mucho.
Por último, la cooperación internacional va a seguir siendo clave para las entidades ambientales del país. Sin embargo, el paquete de asistencia bilateral más grande que tiene el país, el Plan Colombia, que ha contribuido con cuatro millardos de dólares desde 1999, no contribuye con un peso a instituciones como la Unidad de Parques Nacionales Naturales. Después de haber fumigado 566.935 hectáreas de cultivos ilícitos, hemos logrado una reducción neta de solo 8.500 hectáreas desde 1999, o sea, por cada 67 hectáreas fumigadas, logramos reducir una hectárea.
El hecho de que haya más de 50 parques naturales en el país no es un logro pequeño. Mejor dicho, es un logro importante que el 10% del territorio nacional haya sido protegido en tan poco tiempo, los últimos 45 años, para las generaciones pasadas, presentes y ojalá futuras. Por otro lado, a pesar de todos los esfuerzos realizados para erradicar la coca, el precio de la cocaína en Estados Unidos –el mejor indicador para evaluar los programas de fumigación– no ha subido en veinte años. Cualquier estudiante mediocre de economía básica sabe que si la oferta se vuelve escasa, el precio tiende a subir.
En vez de expandir el mencionado fracaso para incluir y arriesgar a los Parques Nacionales Naturales, el Plan Colombia debería apoyar a la Unidad de Parques con la implementación de una estrategia social para la erradicación manual. Cerca del 85% de la población rural que tiene el país vive en una pobreza total, mientras las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que viven alrededor de los parques necesitan alternativas económicas legítimas para dejar de sembrar cultivos ilícitos. Lo que falta es un esfuerzo bilateral que supone un trabajo de mediano y largo plazo para solucionar el problema y sus causas sociales.
Con tanta biodiversidad en el país, el Gobierno propone su propia tragedia con programas para fumigarla en vez de iniciativas para conservarla.
