Cuando parecía que los funcionarios argentinos tendrían un relajo invernal gracias a la atracción global puesta en el Mundial de Brasil, un dictamen de la Justicia estadounidense hizo estremecer la tranquilidad puesta en marcha por el equipo de Lionel Messi.
A mediados de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó intervenir en la causa y así ratificó la decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa. El magistrado había fallado a favor de los fondos de inversión que litigaron para que se les reconociera el derecho a reclamar el pago en efectivo del total del valor nominal de los bonos, más los intereses, comprados después del default argentino en 2001.
No se trata de trabajadores que ahorraron un poco de dinero para invertir y tener una jubilación más holgada, sino de gigantescos bancos de inversión que utilizan dinero para comprar deudas a precios viles de países que cayeron en la quiebra, para luego intentar obtener ganancias siderales mediante accionares judiciales.
Se trata del 1% del total de los tenedores de bonos que no aceptaron el canje propuesto por el Gobierno nacional en 2005 y 2010. El dictamen de Griesa dice, además, que se debe cancelar la deuda con un 300% de intereses. Por eso asciende a 1.500 millones de dólares. Gracias a esos planes se reestructuró el 92,4 % del total de la deuda con los bonistas, mientras que el resto no presentó demandas.
Los principales fondos buitres que accionan contra Argentina son Elliot Fund–NML Capital, Olifant y Aurelius, entre otros. En el caso del NML Capital, por ejemplo, la ganancia –gracias al fallo de Griesa- sería de un 1,600 por ciento.
Al día siguiente de la decisión de la Corte estadounidense, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sentó la posición de su país.
“Este fallo es contrario no sólo a los intereses de la Argentina, sino también a los del 92 por ciento de los acreedores que creyeron en el país y en la reestructuración de su deuda, y también va en contra del funcionamiento del sistema económico y financiero global”, dijo durante una cadena nacional que duró casi media hora.
Antes de cerrar su exposición, graficó la decisión de Griesa: “Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global, una forma de dominación mundial en base a la especulación, a los negocios con títulos y derivados, para poner de rodillas a los países y a su población. Basta que haya gobiernos dispuestos a ceder a las presiones de este poder financiero”. (1)
Este fallo podría disparar más acciones judiciales desde dos frentes que, a priori, se consideraban cerrados. Por un lado, la cláusula RUFO (siglas en inglés de Rights Upon Future Offers) establece que –a modo de garantía- no habrá mejores condiciones en el acuerdo para los bonos de 2005 y 2010 y que, en caso de existir, el país abonaría la diferencia. Este es uno de los puntos que el ministro de Economía, Axel Kicillof, intenta desactivar mediante la negociación en Estados Unidos.
Además, si ahora la Justicia de Estados Unidos da vía libre al restante 7% de bonistas que no ingresaron al canje ni litigaron, el monto total a pagar llegaría a los 15.000 millones de dólares. O sea, poco más de la mitad de las reservas del Banco Central de la República Argentino (29 mil millones). Pero si se llegase a considerar que se violaron las cláusulas RUFO, el montó llegaría a una galáctica suma–no está clara la cifra exacta, pero los especialistas calculan que iría desde 120 mil a 300 mil millones de dólares.
En tanto, el ministro de Kicillof consideró que la decisión del magistrado de Nueva York es un intento de socavar las voluntades de pago que tuvo la gestión Kirchner-Kirchner desde 2003 hasta la fecha sin participación de los organismos internacionales.
“Como Ministro de Economía, debo decir que mi interpretación del fallo es que quiere tirar abajo la reestructuración de deuda que hizo Argentina, sin intervención de organismos financieros internacionales ni condicionamientos para la política económica del gobierno nacional”, dijo. Y recordó que en 2010, la adhesión fue “casi total, de casi el 93 por ciento de los acreedores”.
Mientras tanto, el gobierno argentino intenta encontrar una forma para cumplir con el fallo de Griesa y sacarse de encima a los buitres. A pesar de amargar varias veces con que desoiría el dictamen judicial, lo cierto es que el país pagará pero intentará cerrar de una vez todos los frentes.
La sombra de los buitres
Por ahora, la sombra de los buitres continúa sobrevolando este país. ¿Hay que pagar? ¿Qué sucede si el país no puede cancelar sus deudas? El interrogante comenzó a colarse entre los comentarios de los argentinos apenas aflojaban las seguidillas de los partidos en Brasil. Si la Argentina desoye el fallo de Griesa, no entraría en default de manera directa. Pero lo haría técnicamente porque, en ese caso, el juez podría embargar los pagos a los tenedores de los bonos 2005 y 2010, que son los que entraron en los canjes previos. Y al no pagar estos bonos sí entraría en la cesación de pagos.
Lo llamativo es que, a fines de junio, Argentina depositó el pago a los bonistas pero el magistrado de Nueva York frenó la cancelación de esos bonos. Ordenó que el Bank of New York devolviese el dinero a Buenos Aires, obstruyendo el pago a los bonistas y sumó así más presión a la Argentina en la negociación.
En diálogo con el Programa para las Américas, el economista Agustín D’Attelis explica que el cuadro es complejo porque “si pasa un mes de retraso en la cancelación de la deuda, el país entra en default técnico. Es técnico porque no es una cuestión de capacidad de pago, sino una imposibilidad legal”.
Por eso, en caso de que el gobierno nacional no le encuentre salida a la negociación con los buitres antes del 30 de julio, caerá en default. “En ese caso se cerrarían los mercados internacionales, habría imposibilidad de acceso al crédito, las inversiones que vendrían producto del acuerdo con el Club de París se podrían caer. Podría haber una corrida cambiaria, caería el nivel de actividad económica e impactaría negativamente en el mercado de trabajo”.
D’Attelis observa dos escenarios posibles, ambos con riesgos para la economía nacional.
“Argentina puede pagar cash y cumplir con la exigencia de Griesa, pero eso podría disparar automáticamente la cláusula RUFO y, en ese caso, debería afrontar una deuda sideral para compensar al 100% de los bonistas”. Los cálculos de D`Atellis rondan los 300 mil millones. “Es un disparate; es diez veces las reservas de nuestro tesoro”.
O bien –agrega el especialista- se podría ofrecer en bonos a diez años, en vez de hacerlo en efectivo. Sin embargo, esta opción también tiene riesgos. “Seguramente lo aceptarían. Pero muchos abogados dicen que, así como el juez Griesa interpretó a favor de los bonistas del pari passu (igual trato), no está garantizado que en otro momento un juez interprete que la clausula RUFO se violó y se dispare un nuevo conflicto.”
En este contexto, el apriete que sufre la Argentina podría dejar un preocupante precedente para los países que tengan que negociar con los fondos rapaces. Así lo dejaron en claro los referentes diplomáticos de los países de América en la reunión de la Organización de Estados Americanos, convocada de urgencia por la situación que atraviesa Argentina.
“Es un problema que afecta a todos porque esa decisión de un juez americano crea un precedente extremadamente peligroso que puede dar margen a problemas futuros no sólo para Argentina, sino para cualquier país que trate de pagar su deuda como Argentina”, advirtió el embajador brasileño ante la OEA, Breno de Souza.
El revés judicial no sólo interrumpe la paz mundialista. Aparece en medio del escenario más complejo que atraviesa la Argentina después de la recuperación en 2003. A la incontrolable inflación se sumó, a principios de año, una devaluación del 25 por ciento a fines de enero pasado. Después de varios meses de luchar contra el dólar, las micro devaluaciones del peso se materializaron en un blanqueo del aumento de la moneda estadounidense. El plan de contención del dólar se llevó un generoso pedazo del tesoro argentino. Además, el país atraviesa un período de contracción económica producto –entre otras cosas- de la desaceleración del mercado internacional.
El origen
El problema, coinciden muchos especialistas, no es la legalidad de la maniobra sino la naturaleza del sistema que la permite.
La reestructuración de la deuda propuesta por el gobierno argentino en 2005 y 2010 buscó terminar con el endeudamiento histórico del país, después de quebrar en 2001. La historia reciente indica que el puntapié inicial del endeudamiento público lo dieron las botas de los generales argentinos, bajo la supervisión técnica del ministro de Economía de facto José Martínez de Hoz.
La deuda externa tuvo su génesis histórica en el período que se abre a partir de la última dictadura militar. (3) Pero fue el funcionario de la dictadura Domingo Cavallo, quien estatizó la deuda privada en 1981. Ese año, Cavallo implementó un seguro de cambio a través del cual los deudores privados locales recibían un re pago de su deuda en el exterior. Es decir, el Estado nacional se hizo cargo de sus deudas. Así, en 1983, cuando los argentinos volvían a tener la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes, la deuda externa pasaba de los 8 mil millones de dólares –como promediaba en los años setentas- a los 45 mil millones que tuvo que afrontar el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.
La deuda continuó siendo un yunque para el crecimiento de la economía nacional. En 1993, los funcionarios de Carlos Menem lanzaron el Plan Brady y lo presentaron como “la gran solución”.
Con este programa se realizaría el canje de los viejos préstamos otorgados por bancos comerciales por nuevos bonos “Brady” a 30 años, para lo cual se otorgarían quitas en el capital y reducciones en las tasas de interés. Pero no hizo más que profundizar el problema. Los números siguieron creciendo en negativo. A fines del año 2000, el gobierno comandado por Fernando De la Rúa cerró una negociación con el FMI para obtener flujos adicionales de financiamiento que permitieran garantizar el pago de obligaciones.
“Así retomamos la confianza”, era el espíritu de los impulsores del “blindaje”, tal como se bautizó esa negociación. Sin embargo, debajo de la maniobra se escondía una operatoria para financiar una fuga masiva antes de la inevitable devaluación. Desde 1990 hasta 1993, la deuda creció un 10,7% (a un promedio del 3,4% anual acumulativo), y entre 1993 y 2001 lo hizo un 126,6%, a una tasa media anual del 10,8%.
En términos concretos, el setenta por ciento de la deuda que los buitres compraron a precio de ganga proviene del Blindaje y del Megacanje, urdidos durante el gobierno de la Alianza. El treinta por ciento restante proviene de la convertibilidad, dado que la ficción de un peso 1 a 1 implicaba la toma de deuda ante la imposibilidad de aumentar la entrada de dólares comerciales.
Ante ese escenario se topó Néstor Kirchner cuando asumió en 2003. Para salir de la bicicleta del endeudamiento y ganar autonomía, su administración consideró fundamental saldar la deuda pública. El motor para la reestructuración de la deuda fue que Argentina pagaría a medida de su crecimiento. Impulsó con éxito el canje de bonos 2005 y 2010, aceptado el 92,4 por ciento de los acreedores.
Ahora, el 1% en manos de los buitres pone en peligro el éxito de la iniciativa.
Emiliano Gullo (emilianogullo@gmail.com) es periodista en Buenos Aires y analista para el Programa de las Américas
Notas:
1) Raúl Dellatorre
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-248787-2014-06-17.html
2) Matías Kulfas y Martín Schorr. La deuda externa argentina. Diagnóstico lineamientos propositivos para su reestructuración.
http://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/La%20deuda%20externa%20Argentina.pdf
