Cualquier inmigrante le puede decir que de todas las indignidades que enfrentan los cerca de 11 millones de extranjeros que residen en el país sin autorización migratoria, no hay peor agonía que ver a sus hijos o hijas llorar inconsolablemente y gritando ¡Mama!, ¡Mama! o ¡Papa!, ¡Papa!, mientras sus padres o madres son perseguidos por agentes migratorios fuertemente armados que buscan arrestarles y deportarles.
Como comunidades inmigrantes que apoyamos el concepto de una ley de inmigración basada en la justicia y el sentido común, participamos activamente en las actividades nacionales programadas a partir del 5 de octubre. Nos inspira el compromiso de inyectar los conceptos de “respeto y dignidad” al debate nacional acerca de derechos de inmigrantes y de reforma a la política de inmigración. Nosotros reconocemos también el imperativo moral de elevar como una alta prioridad dentro de esta jornada de acción el devastador impacto que la manía de querer aplicar rigurosamente la ley de inmigración actual ha tenido en casi dos millones de hogares inmigrantes a lo largo de los pasados cinco años.
En el marco de la defensa de la “Dignidad y el Respeto” para los y las inmigrantes a partir del 5 de octubre, tenemos que reflexionar y tomar consciencia de la crisis humanitaria que afecta a la comunidad inmigrante como resultado de la sistemática detención, encarcelamiento y deportación de tantos seres humanos que han sido arduos trabajadores. La vasta mayoría de las personas afectadas son personas que cumplen con la ley, pagan impuestos y que contribuyen de diferentes maneras al bienestar de sus vecindarios. La gran mayoría de las personas que han sido deportadas a lo largo de los últimos cinco años no tenían ningún tipo de antecedente criminal. Su única infracción legal había sido vivir en los Estados Unidos de América sin autorización migratoria.
Los deportados han sido también inmigrantes que habían vivido por muchos años en el país en condición de residentes permanentes y que en algún momento del pasado cometieron crímenes menores por los cuales ya cumplieron castigos, pero sobre los cuales la ley de inmigración actual les impone el severo castigo de la deportación. Las consecuencia de tantas detenciones, deportaciones o encarcelamientos de población extranjera a lo largo de los pasados 15 años son profundos y de largo impacto. Para los hogares inmigrantes latinoamericanos, los pasados 25 años han sido un periodo de humillación sistemática donde el “Respeto y la Dignidad” para nuestras comunidades ha estado notablemente ausente.
Indudablemente, el Congreso Federal tiene la responsabilidad principal de esta crisis humanitaria, cuyos origines se derivan de las tan repugnantes leyes aprobadas en 1996 que de manera deliberada ignoraron totalmente las contribuciones hechas por los inmigrantes al bienestar del país. En este sentido, mucha de la responsabilidad es legítimamente atribuible a legisladores del Partido Republicano, sin embargo, no podemos ignorar el hecho que un buen número de legisladores Demócratas han sido también apoyadores del enfermizo enfoque que se le ha dado a la ley de inmigración desde cuando menos principios de la década de los 90’s. Al sumarnos a las acciones nacionales a partir de este 5 de octubre, debemos exigir rendición de cuentas de TODOS nuestros oficiales electos. Debemos de demandar un alto definitivo e inmediato a todas las propuestas de ley inspiradas por prejuicios racistas y xenófobos.
No tenemos ninguna intención de exonerar a nuestros legisladores de la responsabilidad que tienen de cambiar la obsoleta y deshumanizante ley de inmigración actual. Ya es hora de poner fin al obstruccionismo. Propuestas verdaderamente sabias de reforma a la política de inmigración deberían ser consideradas y decididas inmediatamente. Pero al mismo tiempo, aquellos de nosotros que cotidianamente trabajamos con personas migrantes enfrentando la humillación y la incertidumbre que engendra la aplicación estricta de la ley actual de inmigración, tenemos que también hacer responsable al Presidente Obama por su falta de voluntad en cuanto a ejercer sus prerrogativas presidenciales respecto a la manera en que una ley tan inmoral y punitiva se aplica.
Es precisamente ante la negativa del Presidente Obama de hacer un mejor uso de su autoridad presidencial que tantas organizaciones pro derechos de inmigrantes hemos mantenido una constante, visible y activa demanda dirigida al presidente para que le ponga fin a la práctica de detenciones y deportaciones de inmigrantes. Al dar inicio a la jornada de trabajo pro derechos de inmigrantes y pro reforma migratoria justa este 5 de octubre, se vuelve crucial elevar también nuestras voces, de la manera más enérgica posible, en contra de las detenciones y las deportaciones.
Por un lado, debemos demandar acción inmediata ante el Congreso en lo referente a considerar y aprobar propuestas verdaderamente justas y de sentido común en cuanto a política de inmigración se refiere. Por el otro lado, debemos exigir del Presidente Obama un alto inmediato a las detenciones y deportaciones. Ambas demandas son urgentes e imperativas.
Desde la perspectiva de comunidades inmigrantes, es muy obvio que los responsables de impedir un debate racional y la consideración de reformas sensatas y sabias a la política de inmigración son los legisladores Republicanos. Pero estamos igualmente conscientes de que es el Presidente Obama quien pudiera hacer una diferencia concreta inmediatamente, tal y como él ya lo hizo antes por medio de sus subalternos cuando en el 2011 anunciaron nuevas reglas relacionadas a la manera como se iba a proceder en los casos de deportaciones que estaban vigentes en aquel entonces, o como lo hizo su gobierno cuando decidieron otorgar el alivio migratorio aplicable a jóvenes extranjeros que viven en el país sin autorización migratoria conocido por sus siglas en inglés como DACA.
Nuestro compromiso con los principios de Dignidad y Respeto nos exigen que hablemos con la verdad en esta jornada que comenzó el 5 de octubre y más allá, y que denunciemos aquellos que están bloqueando la consideración de reformas muy necesarias a la política de inmigración. Este compromiso nos exige también que responsabilicemos al Presidente Obama por el dolor y la agonía a la que se han venido sometiendo miles de hogares inmigrantes diariamente a lo largo de los últimos años y que demandemos un alto inmediato a esta práctica.
Sumémonos todos a la jornada de presión que inició el 5 de octubre y demandemos con más fuerza que nuestras familias dejen de ser separadas, de manera que las comunidades inmigrantes reciban el respeto y la dignidad que se merecen
Oscar Chacon es director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Inmigrantes Caribeñas y Latino Americanas (NALACC).
