Como otras madres, Patricia Cervantes ha oído la cantaleta de promesas del coro de presidentes, gobernadores y autoridades judiciales. Sus palabras tranquilizadoras aseguran que pondrán fin a la impunidad y harán justicia a las hijas asesinadas.
Cervantes, cuya hija de 19 años y de nombre Neyra fue violada, torturada y asesinada el año pasado en la Ciudad de Chihuahua, ha visto a las autoridades profanar el caso de su familiar al extremo de que alguien puso un cráneo de hombre sobre el esqueleto de Neyra para que pareciera que se había recuperado un cuerpo entero. Ella ha visto horrorizada cómo oficiales de la policía estatal de Chihuahua arrestaban a David Meza, su sobrino, y entonces —según el testimonio del joven— lo torturaban para que admitiera falsamente haber matado a Neyra. En Ciudad Juárez, ante la prensa, Cervantes dio un sencillo mensaje: quiere que los verdaderos asesinos de su hija sean aprehendidos. “No queremos ya palabras, queremos hechos.”
Poco ha cambiado en los casos de Neyra Cervantes y de las más de 400 mujeres y niñas que han sido asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua desde 1993, de acuerdo con Amnistía Internacional y con la prensa. Docenas siguen desaparecidas. Se cree que alrededor de un centenera de las víctimas han sido muertas por asesinos violadores seriales. Aún así, la policía no ha arrestado a ningún sospechoso creíble de los asesinatos seriales, al tiempo que chivos expiatorios como Meza siguen encerrados en la cárcel y nuevos asesinatos manchan el de por sí sangriento paisaje.
El nuevo gobernador de Chihuahua, el priísta José Reyes Baeza, llegó al palacio de gobierno el 3 de octubre y fue inmediatamente confrontado con el tema de los feminicidios como la principal prioridad. Nombró a una mujer, Patricia González, nueva procuradora general del estado; se reunió con familiares de las víctimas; reorganizó al personal de procuración de justicia y de servicio a las mujeres; cambió el nombre de la Policía Judicial Estatal del Estado, vinculada al crimen organizado, y declaró que “debemos bajar la impunidad y sanear los cuerpos de seguridad.”
Pero las cosas no han comenzado bien para el nuevo gobernador. Horas después del comienzo de su mandato, el cuerpo de una mujer fue descubierto en la ciudad de Chihuahua. En las semanas siguientes, cinco mujeres y niñas más fueron asesinadas en esa ciudad y en Juárez. Algunos de los últimos asesinatos siguen un patrón anterior, cuando los cambios en el gobierno o los eventos públicos relacionados con los derechos de las mujeres han ido acompañados por el descubrimiento de nuevos cuerpos. Como si se estuviera dando un mensaje macabro.
Una víctima recuperada el 25 de noviembre, Día para Eliminar la Violencia Contra las Mujeres, fue identificada tentativamente como Martha Cecilia Vargas, una madre de dos niños que desapareció en agosto después de dejar su casa para buscar trabajo en la industria maquiladora. Si la identificación de la víctima se confirma, el asesinato de Vargas sería el más reciente ejemplo de cómo las autoridades han rebajado el verdadero número de mujeres desaparecidas o asesinadas en la frontera. El nombre de la joven madre no estaba en la lista oficial de 35 mujeres desaparecidas emitida por funcionarios federales y estatales a principios de noviembre.
Una caravana por la justicia
Sin justicia a la vista, Patricia Cervantes y otros familiares de víctimas se embarcaron en una mega gira por 54 ciudades de Estados Unidos y Canadá en octubre. Con el nombre de Caravana Internacional por la Justicia en Ciudad Juárez y Chihuahua y coorganizada por la Red de Solidaridad con México y varias organizaciones locales, miembros de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, y de Justicia para Nuestras Hijas, de Chihuahua, hablaron ante miles de personas, desde estudiantes de preparatoria hasta adultos mayores, y aparecieron en noticieros locales. Testificaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, y se reunieron con miembros del Congreso estadounidense.
En Las Vegas, Nuevo México, el alcalde proclamó un día de solidaridad y se abrió un nuevo espacio cuando el concejo de la ciudad de Nueva York aprobó una resolución promoviendo la retirada de las inversiones de sus compañías en plantas maquiladoras de Juárez si no empiezan a proteger a sus trabajadores. Para participantes en la Caravana como Marilú García, cuya hija de 17 años Lilia Alejandra fue violada y asesinada en Juárez en 2001, la gira fue agridulce. “ Me hubiera gustado que fuera una caravana, no sé, por algún motivo de alegría. Es una vergüenza que las familiares tengan que unirse a una caravana así, que tengan que ir a pedir justicia a otros países porque en su propio país no se les da justicia.” E l 31 de octubre, cuando las viajeras madres volvieron a casa, oficiales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) les quitaron sus fotos contra su voluntad y algunos activistas reportaron que la policía de Ciudad Juárez los había seguido en los días siguientes.
El gobierno mexicano suelta el balón… otra vez
De por sí un escándalo internacional, los casos sin resolver de las jóvenes en Chihuahua no sólo ponen en cuestión el récord de la administración Fox en materia de Derechos Humanos, sino que, además, amenazan la gobernabilidad del país. En Juárez, “hay un colapso del Estado de derecho,” afirma de plano la diputada federal por el PRD Marcela Lagarde, presidenta de la comisión de la Cámara de Diputados mexicana para los feminicidios.
Hartos de la incapacidad de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) para resolver los asesinatos, varios activistas presionaron al presidente Fox el año pasado para que el gobierno federal asumiera un mayor papel. Fox nombró a la ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Estatal de Jalisco, Guadalupe Morfín, nueva Comisionada para la Prevención y la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. El Presidente nombró entonces a María López Urbina fiscal federal especial. Se esperaba ampliamente que López Urbina lanzara inmediatamente una investigación criminal en busca de los asesinos.
Un año después, sin embargo, el récord federal comienza a parecerse al estatal. Aunque la oficina de López Urbina localizó vivas a algunas de las mujeres desaparecidas, no ha detenido a ningún sospechoso por los asesinatos seriales o asignado muchos de los nuevos casos a investigadores federales. Repasando los viejos archivos estatales, la fiscal especial acusó a 129 funcionarios de la PGJE por negligencia y posible abandono de labores. López Urbina entregó entonces sus nombres a la PGJE —la misma agencia cuyo personal fue acusado de cometer las violaciones en primer lugar— para que se siguiera acción legal.
La nueva administración de la PGJE ha cesado a unos veinte de sus oficiales, pero muchos han evitado los tribunales a través de maniobras legales. Es de resaltar que López Urbina no mencionó a dos anteriores gobernadores de Chihuahua, Francisco Barrio, del Partido Acción Nacional (PAN) y Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), o a ninguno de los numerosos procuradores generales estatales o del municipio de Juárez como sospechosos de tener alguna responsabilidad en las fracasadas investigaciones. Todos los individuos identificados por López Urbina fueron funcionarios de niveles medio o bajo, y una docena de ellos han denunciado a la fiscal especial por difamación.
La ex fiscal especial para los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Zulema Bolívar, uno de los funcionarios identificados por López Urbina por supuesta negligencia, y actual asistente del director del penal de Juárez, hizo un escándalo por su parte en noviembre, cuando declaró que sus superiores anteriores, el ex procurador general estatal Arturo González y el ex procurador de Ciudad Juárez José Manuel Ortega la habían retirado de un caso notorio en 2001, en el que ocho mujeres fueron encontradas asesinadas en la mitad de Juárez. Dos choferes de camión, inculpados por la PGJE en esos crímenes, son creídos inocentes por muchos. Mientras las declaraciones de Bolívar implicarían que sus supervisores pueden ser responsables de algo más que negligencia, ninguno de sus nombres fue mencionado por López Urbina en sus recientes reportes. Al ser interrogada por la prensa local sobre si las declaraciones de Bolívar serían investigadas, la Procuradora General de Justicia del estado, Patricia González, dijo que impedimentos legales no se lo permitían. Entre tanto, Ortega sigue siendo director legal de la PGJE.
La organización sin fines de lucro Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) criticó la labor que López Urbina ha desempeñado hasta ahora, resaltando que los mismos archivos deficientes utilizados para identificar supuestas ilegalidades en la impartición de justicia fueron la base para menospreciar los feminicidos. En efecto, las estadísticas de asesinatos de López Urbina son mucho menores que el probable número de víctimas, que son muchas veces excluidas de la tasa de muertes, de acuerdo online casino con testigos oculares y versiones de familiares. Baste recordar que el 23 de septiembre de 2002, el día en que el entonces gobernador Patricio Martínez estuvo en Juárez para inaugurar la desdichada comisión interinstitucional que se ocuparía de los asesinatos, el cuerpo de Erica Pérez, de 26 años, fue aventado en un lote vacío.
El mismo día en que apareció el cuerpo de Pérez, el esqueleto de otra supuesta víctima fue encontrado detrás de otra planta maquiladora. Juana Sandoval desapareció también. Cuatro meses después fue encontrada violada y asesinada junto con otras dos víctimas.
Las primeras versiones de la policía en los medios reportaban que Pérez había sido violada y estrangulada. El entonces Procurador General del estado, José “Chito” Silva proclamó rápidamente que Pérez había muerto de una sobredosis de droga y su muerte no fue incluida en la lista oficial de feminicidios.
Trabajadora de la maquila desempleada y antigua empleada de la escuela privada Instituto México, Pérez desapareció después de dejar su casa buscando trabajo, de acuerdo con la madre de la víctima, Elia Escobedo. La perturbada Escobedo debe ahora cuidar a los dos hijos de Erica con un salario que consigue lavando y planchando ropa.
Los chivos expiatorios se pudre
Aunque el gobierno mexicano clama dice mantenerse a la altura de los acuerdos internacionales de derechos humanos que prohíben la tortura, el encarcelamiento de varios sospechosos de los asesinatos seriales a pesar de que no hay pruebas en su contra sugiere que la situación es distinta. Además de David Meza, otros sospechosos incluyen a la ciudadana estadounidense Cynthia Kiecker y a su esposo, el mexicano Ulises Perzábal. Ambos dicen haber sido salvajemente torturados. La pareja está siendo juzgada por el asesinato en 2003 de Viviana Rayas, de 16 años, en Chihuahua, y se espera que se decida muy pronto sobre su caso.
Está después el caso del chofer de camión Víctor “El Cerillo” García. Detenido con su compañero Gustavo González en 2001 por el asesinato de 8 mujeres, García y González acusaron a miembros de la Policía Judicial Estatal (PJE) de Chihuahua de torturarlos. El abogado de González, Mario Escobedo Jr., que se quejó con sus colegas de que lo estaban amenazando para que abandonara el caso, fue asesinado poco después por oficiales de la PJE encabezados por el mismo comandante que había supuestamente supervisado la detención y tortura de los choferes. En 2003, González mismo murió misteriosamente en una prisión de Chihuahua antes inclusive de ser sentenciado.
La comisionada Morfín cree en los reportes de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional, que establecen que muchos sospechosos, incluyendo a García, han sido torturados para que confiesen crímenes que no cometieron. La oficina de Morfín ha promovido la aplicación del Protocolo de Estambul, un método riguroso para documentar la tortura, para confirmar las quejas de los sospechosos. A principios de este año, Morfín logró la transferencia de García desde Chihuahua de vuelta a un penal en Juárez y estableció entrevistas con personal de la PGR para verificar las denuncias de tortura del sospechoso bajo los estándares de Estambul.
Pero los esfuerzos de Morfín fueron derrivados el mes pasado cuando el juez de Chihuahua Gustavo Muñoz Gamboa, ignorando la aplicación del Protocolo de Estambul y la falta de cualquier evidencia física real contra García, sentenció a García a 50 años de cárcel por asesinato.
El fantasma del encubrimiento crece
Con los esfuerzos federal y estatal sumidos en el caos, hay varias líneas de investigación sobre quién es verdaderamente responsable por los feminicidios que merecen una investigación más a fondo. Las pistas incluyen una red privada de escuelas de computación, bares y comercios operando tanto en el centro de Juárez como en el de Chihuahua; policías de distintas agencias; narcotraficantes; ricos empresarios, políticos, traficantes de migrantes; residentes de El Paso, y elementos dentro de la PGJE —la misma agencia policial que supuestamente está persiguiendo los asesinatos de mujeres.
"Todos están inmiscuidos en todos estos casos de asesinatos de mujeres y secuestros,” dice Evangelina Arce. Frustrada ante la parálisis del Estado, Arce comenzó su propia investigación sobre la desaparición de su hija Silvia y su amiga Griselda Mares. Siguió una pista que la llevó hasta dos oficiales de la Policía Judicial Federal, probables culpables. Los hombres no han sido detenidos, pero Arce dice que ha estado bajo vigilancia de la policía estatal de Chihuahua, que ha sido golpeada en la calle y atropellada por un auto desde que habló.
Otra pista sin seguir implica a Héctor Lastra, ex oficial de la PGJE que fue arrestado en febrero acusado de manejar una red de prostitución de niñas menores de edad. Al negar las acusaciones, Lastra fue rápidamente puesto en libertad bajo fianza. Supuestamente, Lastra presionó a adolescentes que trabajaban en restaurantes de comida rápida de Juárez para que se acostaran con empresarios prominentes. A los clientes se les presentaron, supuestamente, catálogos con fotos de las niñas, cuya edad y apariencia física eran similares a las de otras víctimas de asesinatos seriales anteriores. En una reunión con la comisión de la Cámara de Diputados mexicana para los feminicidios en Juárez el mes pasado, la abogada Lucha Castro, representante de familiares de víctimas de asesinato, dijo que dos de las niñas que acusaron a Lastra denunciaron que la red había estado llevando niñas de Ciudad Juárez a Chihuahua, a la casa de campaña del actual gobernador del estado. La comisionada Morfín, cuya oficina ha hablado en repetidas ocasiones sobre la gravedad del caso de Lastra, solicitó poco antes protección para las familias de las niñas involucradas.
Los activistas dan un paso adelante
Sin intimidarse, los familiars de las víctimas y activistas feministas están presionando todavía más en una lucha en muchos frentes. La abogada Lucha Castro planea seguir presionando con casos que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acusarán al gobierno mexicano de violar los derechos de las víctimas y de sus familiares. En Estados Unidos, varios activistas están apoyando resoluciones en el Senado y en la Cámara de Representantes, presentadas por la representante Hilda Solis, demócrata de California, y por el senador Jeff Bingama, demócrata de Nuevo México, que ofrecería una mayor asistencia técnica estadounidense para la investigación y que pondrían oficialmente el tema en la agenda bilateral de México y Estados Unidos.
En la Ciudad de México, un grupo de académicos y de activistas formaron el Grupo Alternativas, generando recomendaciones concretas para asignar a la jurisdicción federal todos los casos de asesinatos y conformar una sola agencia policial que se ocupe de ellos. El plan será considerado por la comisión de la Cámara de Diputados para los feminicidios, de acuerdo con la presidenta de la Comisión Marcela Lagarde. La comisión para los feminicidios, además, pretende revisar una serie de asesinatos de mujeres en otros estados mexicanos además de Chihuahua: Sonora, Tamaulipas, Coahuila y Guanajuato, entre otros.
Durante la última semana de noviembre, docenas de madres de víctimas de asesinatos se desplazaron a la Ciudad de México para encontrarse con funcionarios gubernamentales, incluso con el presidente Fox, y para asistir a las manifestaciones anti-feminicidios en la capital. Entre sus demandas estaban nuevos llamados al gobierno federal para que se haga cargo de las investigaciones de los asesinatos; que publiquen una lista de prisioneros políticos, y que se instalen 400 cámaras de video para seguridad en Juárez. Mientras Fox instruía a los miembros de su gabinete para que trabajaran más de cerca con las madres, Norma Ledesma, madre de una estudiante de computación de 16 años violada y asesinada en Chihuahua en 2002, fue citada diciendo que estaba “ mas decepcionada que nunca” por la respuesta del gobierno a los feminicidios. Un intento distinto, infructuoso, por reunirse con la esposa de Fox, Marta Sahagún, desató las denuncias de las madres. De acuerdo con Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García, ella y su otra hija, Marilú, fueron detenidas por la policía durante tres horas afuera de la casa presidencial mexicana, Los Pinos, después de tratar de entregar una petición. Andrade se quejaba diciendo que “las victimas son tratadas peor que los responsables y asesinos de este femicidio.”
Algunos dicen que el tiempo del gobierno mexicano se agotó hace mucho tiempo. La activista chihuahuense Graciela Ramos, que trabaja con Mujeres por México y Mujeres de Negro, dice que sus grupos abogan por traer especialistas internacionales para resolver los asesinatos. “Que venga gente que sepa investigar. Que venga gente que no tenga ningún compromiso con ningún partido político, que no tenga que proteger a ningún ex funcionario o funcionario, para que de veras se pueda llegar a la verdad,” dice Ramos. “Para esto, realmente se necesita un muy buen presupuesto, y se necesita muchísima decisión, muchísima determinación, para que podamos que llegar realmente a un indicio de solución.”
