Represi

Arrojado y guapo, Gabriel Soto brilla como el superhéroe ecologista de la telenovela mexicana de moda, Mujer de Madera. Encarna a Carlos Gómez, un joven y apasionado oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México que arriesga la vida combatiendo a caciques armados, talamontes ilegales y contrabandistas psicópatas de especies en peligro de extinción.

En el México real, sin embargo, son más bien activistas como Felipe Arreaga Sánchez quienes combaten a los depredadores de los bosques y quienes sufren las consecuencias. Veterano de décadas de guerras de madera en el sureño estado de Guerrero, Arreaga, de 55 años, ha visto a sus familiares asesinados y ha sido expulsado de su casa en al menos dos ocasiones. Ahora se sienta en una celda en la cárcel de Zihuatanejo, enfrentando lo que sus partidarios dicen es un cargo por asesinato inventado. “La acusación carece de sustento y parece ser el comienzo de una nueva ola de represión contra los defensores de los bosques,” dicen los miembros del grupo ambientalista de Zihuatanejo SOS Bahía.

Ex secretario de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Arreaga fue arrestado el 3 de noviembre por la Policía Ministerial Estatal de Guerrero y acusado por el asesinato, en mayo de 1998, de Abel Bautista, de 15 años.

El padre de la víctima, Bernardino “Nino” Bautista, es un cacique local que se enfrentó con residentes locales por sus prácticas de recolección de madera, que la OCESP decía que eran devastadoras para el ambiente. Una buena proporción de los árboles fue comprada por el aserradero de Boise Cascade, en el pueblo de Papanoa, en la Costa del Pacífico.

Los testigos declararon en la corte en noviembre que Arreaga estaba enfermo y que no estaba cerca de la escena del crimen de 1998. Aún así, la detención del veterano organizador rural fue ordenada por el juez del estado de Guerrero José Jacobo Gorrostieta, que fue citado diciendo que los testimonios por escrito de miembros de la familia Bautista eran evidencia suficiente para detener a Arreaga sin fianza. Por tres semanas después de su arresto, amigos y familiares de Arreaga denunciaron que estaba detenido con catorce personas en una celda de la cárcel de Zihuatanejo construida para seis. La presión pública finalmente obligó a las autoridades de la cárcel a trasladar al hombre a un lugar más amplio.

El momento del arresto de Arreaga levantó sospechas inmediatamente. Aunque se había levantado una denuncia contra Arreaga en 2000 que lo vinculaba con el asesinato de Bautista, no fue sino hasta este año que el juez guerrerense libró la orden de aprehensión. Sin embargo, ningún miembro de la familia Bautista ha ratificado la denuncia anterior. “La acusación es muy débil,” dice Silvestre Pacheco, director de proyectos de SOS Bahía.

La detención de Arreaga vino justo después de una decisión para renovar las operaciones de tala de árboles en una comunidad forestal de Petatlán cuyo permiso de explotación había sido cancelado por la devastación del ambiente que conllevaba. Arreaga habló contra la decisión en un mitin, afirmando que no se habían presentado ni manifestación de impacto ambiental ni medidas para mitigar los efectos ambientales.

El actual dirigente de OCESP Marcial Bautista, sin embargo, está a favor de la tala. También es hermano de Nino Bautista. La política podría ser otra razón importante para el arresto, según Pacheco. En las elecciones para la gubernatura estatal de febrero próximo, el ya añejo gobierno del PRI se enfrenta a una seria posibilidad de perder ante un candidato opositor reformista y popular que amenaza con sacudir los corruptos acuerdos con empresarios que han reinado en Guerrero durante décadas: el ex alcalde de Acapulco Zeferino Torreblanca. Para prevenir semejante debacle, el partido oficial está poniendo todos los obstáculos posibles. “(El arresto de Arreaga) viene cuando el PRI está, una vez más, reorganizando su sistema de control local en todas las regiones,” dice Pacheco. “Están fortaleciendo a los caciques.”

Liderados por SOS Bahía, los partidarios de Arreaga están haciendo campaña para su liberación. Sostienen que los intereses madereros locales están usando el sistema judicial para vengarse de Arreaga y de sus compañeros en OCESP por su activismo ambientalista. Otros grupos se han sumado, también, a su defensa. En una declaración poco después del arresto de Arreaga, Amnistía Internacional dijo que estaba muy preocupada por la situación del activista y señaló que había “claros indicios de motivos políticos detrás del proceso.”

 

El Caso Montiel-Cabrera

El caso de Arreaga no el primero en que un miembro de OCESP es arrestado en circunstancias controvertidas. La OCESP fue lanzada a los reflectores internacionales después de que el ejército mexicano arrestara y torturara a los activistas de OCESP Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera en 1999. Una campaña masiva, internacional y de base para liberar a los dos comenzó, y miles de cartas de protesta inundaron la embajada mexicana en Washington D.C. Desde atrás de los barrotes, Montiel ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2000 y se transformó en una cause célèbre internacional, atrayendo el apoyo de renombradas figuras internacionales como Mikhail Gorbachov y Ethel Kennedy.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana documentó la tortura contra Montiel y Cabrera y emitió en 2000 una recomendación oficial al entonces procurador militar, General Rafael Macedo de la Concha. La Comisión pedía una urgente investigación sobre los soldados que arrestaron a los ambientalistas. Pero Macedo no siguió la recomendación antes de aceptar su nombramiento como procurador general del presidente Vicente Fox. Uno de los principales colaboradores de Macedo, el subprocurador Carlos Javier Vega Memije, defendió públicamente los arrestos de Montiel y Cabrera cuando servía como procurador general de Guerrero.

Aunque fueron liberados por Fox por razones humanitarias en noviembre de 2001, Montiel y Cabrera nunca fueron legalmente exonerados por el gobierno mexicano de los cargos de narcotráfico por los que fueron detenidos. Ellos y sus partidarios afirman que los cargos fueron fabricados para destruir al movimiento campesino ambientalista.

Una queja por el caso Montiel-Cabrera esta pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Interpuesta por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la denuncia exige que el gobierno mexicano limpie los nombres de los dos hombres y los compense por la extrema disrupción de sus vidas.

Ahora, junto con Arreaga, Montiel y otros trece individuos asociados con la OCESP han sido nombrados por el asesinato de Bautista en 1998 y se libraron ya órdenes de aprehensión contra ellos.

 

Una larga historia de activismo y represión

El arresto por asesinato de Arreaga es el último roce del activista con los problemas. Nacido en la engañosa belleza de la Sierra Madre, Arreaga creció en una tierra impresionantemente bella donde los verdes picos coronados de nubes contrastaban con la pobreza de sus habitantes. Rodeados de ricos recursos forestales, los campesinos no tenían escuelas, caminos, electricidad o facilidades sanitarias. Una situación de emergencia médica significaba, muy seguido, la muerte de los miembros de las comunidades aisladas, que tenían problemas para llegar hasta un doctor.

Las cosas no han cambiado mucho. Aunque la tala comercial se disparó después de 1940, los residentes de los bosques de propiedad colectiva, conocidos como ejidos, siguieron en la pobreza. Las disputas por la propiedad de la tierra prevalecieron en algunas zonas, resultando ocasionalmente en episodios violentos. Para complicar la situación está el desmonte para usar el terreno como pastura para ganado o para cultivar narcóticos, lo que implicaba quemar el bosque para abrir espacio para la famosa amapola de Guerrero y las cosechas de marihuana.

En una entrevista en 2002, Arreaga recordaba que notó por primera vez los impactos ecológicos de la tala a principios de los años setenta, cuando las fuentes de agua comenzaron a secarse. En esos días, la roza era una práctica común. Pequeños campesinos como Arreaga comenzaron a hacer oír sus demandas de una tala sustentable e insistieron en que los beneficios de la madera tomaran la forma de escuelas, clínicas y caminos. La lucha ambientalista estalló en un momento en que el ejército mexicano estaba enfrascado en una bestial campaña de contrainsurgencia contra los restos de la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas y los campesinos ecologistas fueron tachados de subversivos. La respuesta del gobierno fue “enviar al ejército y comenzar a perseguirnos,” dice Arreaga, añadiendo que un coronel del ejército amenazó con colgarlo.

En 1976, pistoleros paramilitares atacaron la casa familiar de Arreaga en el ejido de Fresnos de Puerto Rico. Las balas mataron a su madre, Leonor Sánchez Arreola, y a su hermana María, hiriendo a varios otros que estaban presentes. Casi 30 años después, Arrega todavía carga las heridas del incidente. El movimiento de 1970 fue reprimido a sangre y fuego, estableciendo el escenario para el nacimiento de la OCESP dos décadas después y para una nueva ronda de represión.

En este escenario apareció la corporación Boise Carcade. Profesando ignorancia sobre los caminos sangrientos que llevan a los puestos madereros de Guerrero, abrió un nuevo aserradero en Papanoa. Los campesinos locales se alarmaron por el destajo de sus bosques. Imágenes satelitales obtenidas por Greenpeace México revelaron que alrededor del 40% de los bosques de las montañas de Petatlán y Coyuca de Catalán habían sido destruidas para principios del siglo XXI.

En 1996 y 1997, Arreaga, Montiel, el difunto Juan Bautista y otros formaron la OCESP para combatir el ecocidio. “Le dije a los compañeros que la lucha va a ser muy dura porque vamos a tocar intereses,” recordaba Arreaga. “Siento que van a venir por nosotros.” Sus palabras fueron proféticas.

Después de bloquear camiones madereros que se dirigían al aserradero de Boise Cascade, la OCESP se granjeó el odio de las autoridades. Lo que siguió fue una réplica casi exacta de los años setenta. Como sus predecesores, el grupo fue acusado de ser una fachada para la guerrilla, esta vez del naciente Ejército Popular Revolucionario, y Arreaga de ser su “general”. Sin embargo, Arreaga insistió en que “nunca estuve involucrado en eso. De ninguna manera. La lucha es claramente legal.”

De 1998 a 2000, al menos cuatro miembros y simpatizantes de OCESP fueron asesinados; uno desapareció; muchos fueron torturados y encarcelados y se libraron órdenes de aprehensión contra otros nueve. Un grupo similar en otra región de la Sierra Madre de Guerrero, el Grupo Ambientalista de Vallecitos de Zaragoza, sufrió igualmente amenazas de muerte por su postura contra la tala.

En 2001, la ex abogada de Montiel y Cabrera, Digna Ochoa, también prominente defensora de los derechos humanos, viajó a las montañas con Arreaga para ver qué podía hacer por los campesinos ecologistas. Tres semanas después, Ochoa fue encontrada muerta en su oficina de la Ciudad de México. Oficiales de la policía de la Ciudad de México declararon que su muerte había sido un suicidio, pero Arreaga y muchos otros rechazaron la versión del Estado. “Es mentira,” dijo Arreaga. “No puede ser cierto porque una persona que siente amor por otras no va a quitarse la vida.” En efecto, una de las líneas de investigación por la muerte de Ochoa implicaba a los intereses madereros de las montañas de Guerrero.

A pesar de las circunstancias adversas, los campesinos guerrerenses han avanzado en su lucha para preservar y renovar las montañas de su tierra. Arreaga y su esposa Celsa Valdevinos viajaron a Alemania en 2003 para aprender de los esfuerzos de ese país para manejar los bosques. Valdevinos se unió a otras mujeres para lanzar la Organización Ambientalista de Mujeres de la Sierra de Petatlán. Con apoyo de la organización de San Francisco Tides Foundation, y de Misereor, una organización eclesial alemana, el grupo ha plantado unos 146000 cedros rojos en más de 700 hectáreas de 13 comunidades de las montañas de Petatlán.

Entretanto, sus partidarios dicen que aunque encerrado y esperando juicio, Arreaga sigue firme en su mensaje. Él resumió ese mensaje diciendo que “cuidamos de los bosques y del agua porque es lo único que nos queda.”

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