En Chihuahua no debería haber agricultura. O si la hubiera, debería ser la actividad económica de unos cuantos, muy ricos y muy dotados tecnológicamente. Sentencia sumaria pronunciada desde el centro de la República, eco de otra sentencia emitida desde Washington. Eso es lo que todos los días reflejan las políticas y las decisiones federales en materia agropecuaria que se operan en el estado de Chihuahua.
Cambio de perfil del agro chihuahuense
Nadie podrá negar que el campo chihuahuense es dinámico. Con todo y todo, el perfil productivo y económico de la agricultura del estado ha cambiado muy significativamente desde 1981, año inmediatamente anterior a la aplicación masiva de las políticas de ajuste en todas las áreas de la economía nacional.
Con la imposición de las políticas de ajuste en la agricultura, el campo chihuahuense ha dejado de ser productor de alimentos básicos en primer lugar para orientarse más a frutas y hortalizas, como es la tendencia nacional e internacional en los países en vías de desarrollo. Éstas se cultivan fundamentalmente en zonas de riego y exigen inversiones mucho más fuertes por hectárea que los cereales.
Veamos los cinco cultivos que reportaron el mayor valor en 1981 y en 2003: |
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1981 |
2003 |
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Cultivos |
Valor Producción |
Cultivos |
Valor Producción |
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Maíz grano |
3,571,605.00 |
Manzana |
1,188,857,921.00 |
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Frijol |
2,006,115.00 |
Nuez encarcelada |
1.080,804,735.00 |
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Manzana |
1,514,675.00 |
Papa |
1,045,473,631.50 |
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Trigo grano |
1,289,552.00 |
Chile(verde, seco, jal.) |
844,583,328.20 |
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Papa |
1,030,239.00 |
Algodón |
731, 472,260.00 |
| Elaboración propia con datos del Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). | |||
La primera conclusión que se puede obtener de lo anterior es que los granos básicos–maíz, frijol y trigo–ya no constituyen el núcleo fuerte de la agricultura chihuahuense y de hecho han salido del cuadro de los primeros cinco cultivos en cuanto a valor generado. La segunda es que dos cultivos típicos de las zonas de temporal–el maíz y el frijol–han sido ampliamente sustituidos por cultivos de riego, incluyendo notablemente la nuez. La tercera, el algodón reaparece como un cultivo importante, luego de varios lustros en los que prácticamente había desaparecido del agro chihuahuense. Hay que anotar que el maíz de grano, tanto amarillo como blanco, se acerca al valor generado por el algodón, pero hay una diferencia importante: la mayor parte de esta gramínea se produce ahora en zonas de riego y no de temporal.
La escalada del financiamiento contra los temporaleros
Las políticas federales desde 1982 comenzaron a agredir a toda la agricultura del país, pero más drásticamente a los productores tradicionales de granos básicos. Desde ese año el Gobierno Federal empezó a controlar los precios de garantía de los cereales a la vez que liberaba los precios de los energéticos, fertilizantes, insumos y maquinaria agrícola.
En 1990 el Gobierno Federal prácticamente dio un aldabonazo al financiamiento a la agricultura temporalera chihuahuense. Ese año, el Banrural dejó de habilitar alrededor de 120 mil hectáreas de temporal en todo el estado. Sólo gracias a las luchas del Frente Democrático Campesino ese mismo volumen de hectáreas fueron dadas de alta para ser “habilitadas” mediante el crédito a la palabra del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). En ese momento se les prestaba a los campesinos 350 nuevos pesos por hectárea. Ahora se les prestan 400 pesos. Para tener una idea del deterioro de los créditos a la palabra: en 1990 lo que se prestaba por hectárea equivalía a 100 dólares, ahora, ni a 40 dólares.
Ni el Gobierno Federal ni el Gobierno del Estado–que aporta una cuarta parte del crédito a la palabra — han hecho nada por restablecer el financiamiento a la agricultura temporalera de Chihuahua. La Financiera Rural ha sido para los campesinos pobres una quimera, como las trokas último modelo que ven recorriendo sus comunidades, pero a las que nunca se pueden subir.
Para 2004 la Secretaría de Desarrollo Social, administradora del crédito a la palabra, pretende prácticamente acabar con ese precario financiamiento a los temporaleros. Con unas reglas de operación sacadas de la manga y elaboradas en una fumada de escritorio, se pretende ahora habilitar solamente “a los productores que no hayan tenido el crédito a la palabra los últimos tres años y exclusivamente a los de las microrregiones” (a los de los municipios de muy alta marginalidad de la Sierra Tarahumara). Esta medida dejará fuera a la mayoría de los 27 mil productores habilitados, pues casi todos tienen más de tres años en el programa y habitan en municipios que no están comprendidos en las famosas microregiones.
Si ya de por sí los cultivos de maíz y de frijol están al borde de la desaparición de la zona temporalera por la sequía y por el bajo precio al productor, la ausencia de cualquier tipo de financiamiento oficial los hará más precarios todavía.
Las manzanas de la discordia
Podría decirse que entre los pocos ganadores de las políticas de la “nueva agricultura” están los productores manzaneros de Chihuahua. Ocupan el primero o segundo lugar en la generación de valor gracias a un sostenido proceso de modernización y a una eficaz organización.
Existen pocos sectores tan organizados y combativos ante el TLCAN como los fruticultores de UNIFRUT. Agrupa a 20 asociaciones locales con 2500 medianos y grandes productores, una superficie de 30 mil hectáreas de árboles y en 2004 produjeron 19 millones de caja de manzanas–dos terceras partes de la producción de todo el país. Desde 1996 presentaron un juicio de dumping contra las manzanas norteamericanas, que llegan a México facturadas por abajo del costo de producción. En septiembre de 97 obtuvieron una cuota compensatoria de 101% e hicieron que los exportadores norteamericanos propusieran un compromiso de precios: 11.48 dólares por caja de 42 libras. El gobierno mexicano y UNIFRUT aceptaron, pero luego los manzaneros norteamericanos no cumplieron, vendiendo a los importadores por debajo del precio establecido.
UNIFRUT le demostró a la Secretaría de Economía que el compromiso de precios no se respetaba. Interpuso dos amparos y pronto los ganó, pero la Secretaría no cedió en su protección a los exportadores americanos. Finalmente el veredicto del proceso de dumping fue favorable a los productores mexicanos y desde agosto de 2002 se estableció una cuota compensatoria de 46.58% para la manzana de las variedades más comunes importadas de los Estados Unidos.
Animados con su triunfo, los manzaneros realizaron grandes inversiones para modernizar su producción. Instalaron mallas protectoras de granizo e incrementaron la capacidad de refrigeración en atmósfera controlada de 40 mil a 112 mil toneladas, casi un 300%. Buena parte de las inversiones fueron realizadas con el apoyo de la Alianza para el Campo, es decir de los contribuyentes mexicanos. Actualmente generan 12 mil empleos permanentes y 2 millones de jornales adicionales por año. Por otro lado, prosiguen sus combates jurídicos: revisión de la cuota compensatoria anual, tres juicios de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación y un panel ante el NAFTA (TLCAN).
Pero los exportadores americanos e importadores mexicanos no se cruzaron de brazos: interpusieron 30 amparos, aunque 25 de ellos han resultado favorables a UNIFRUT. Uno de ellos fue perdido por errores de la propia Secretaría de Economía. Así las cosas, en septiembre de 2004 los exportadores del noroeste de Estados Unidos volvieron a proponer un convenio de precios como el de 1998. UNIFRUT lo rechazó basada en la experiencia pasada: no hay seriedad en los norteamericanos y hay carencia de mecanismos en el gobierno mexicano para hacer cumplir el acuerdo.
El pasado 15 de noviembre los fruticultores mexicanos fueron convocados a una reunión con los cabezas de la “nueva sociedad rural”: los titulares de SAGARPA y de la Secretaría de Economía. Estos los conminaron a aceptar el compromiso de precios, ante la presión del gobierno norteamericano. UNIFRUT volvió a rechazarlo y el Secretario Canales Clariond se comprometió a no obligarlos a aceptar el compromiso y a seguir el pleito con los exportadores norteamericanos.
No tardó en desdecirse. El 5 de noviembre, reunidos de nuevo los manzaneros mexicanos con el Subsecretario de Normatividad y Prácticas Desleales, Juan Antonio García Villa, fueron notificados de la práctica desleal de la propia Secretaría de Economía: se suspende la cuota compensatoria de 46.58% y se acepta el compromiso de precios ofrecido por los exportadores norteamericanos.
Los manzaneros se sienten traicionados por el encargado del gobierno foxista para el comercio internacional, Fernando Canales Clariond. Señalan que de seguir así, desdeñando la opinión de los productores nacionales y siguiendo los dictados del gobierno de los Estados Unidos, pronto acabará con el campo mexicano. Quejas semejantes habría de productores de azúcar, de puerco y de pollo, entre otros.
La Secretaría de Economía argumenta que ha suspendido la cuota compensatoria para que al entrar manzana norteamericana baje el precio de la fruta al consumidor final. Los productores mexicanos contraatacan con dos argumentos: Primero, que quien encarece la fruta no son ellos, sino las grandes cadenas de distribución al menudeo, es decir, los supermercados, y segundo, llevando ese argumento hasta sus últimas consecuencias, que el gobierno de México tendría que permitir la importación de todo tipo de mercancías para abaratar su precio al consumidor, pero esto traería la ruina de la planta productiva nacional, el desempleo y el arrasamiento de la capacidad de compra.
Si al sector manzanero, que es uno de los más dinámicos, que más inversiones ha realizado para modernizarse y hacerse más competitivo, lo trata así el Gobierno Federal, ¿qué podrán esperar los sectores más atrasados del campo chihuahuense?
Los cortes a los pozos agrícolas… y al agua potable de los pueblos
Junto con los manzaneros, otros agricultores muy dinámicos y productivos estos últimos años han sido los productores de riego por bombeo del noroeste del estado, de los municipios de Janos, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana y Buenaventura. Ellos son los actores principales del gran incremento en la producción de algodón, chile y papa. Hace 18 años reconvirtieron la energía de alrededor de mil 700 pozos de la región de diesel a electricidad para bajar costos e incrementar su productividad. Lo lograron.
Pero con el TLCAN los precios de sus productos se estancaron y los de los insumos, sobre todo de la energía, se dispararon. Aportan sus datos con contundencia: “Hace 18 años el tambo de diesel nos costaba 28 pesos, hoy, mil pesos, y la paca de algodón nos la compran a prácticamente lo mismo que en 1987”.Algo parecido sucede con el chile, del que se cultivan cerca de 18 mil hectáreas de la región.
Pero el costo que se ha tornado más agresivo es el de la energía eléctrica para los pozos: en unos cuantos meses se disparó de 14 a 32 centavos el kilowatt/hora. Adicionalmente, al aplicar la Ley de Energía Anualizada, la Comisión Federal de Electricidad hace que sólo una mínima parte del consumo sea subsidiado y el resto se constituya en enormes facturas para los agricultores. Los productores se preguntan lo mismo que muy amplios sectores de la economía mexicana: “¿cómo quieren que seamos competitivos con los norteamericanos si ellos tienen tasas de interés mucho más bajas y energéticos subsidiados por el gobierno?”
Combativos y taimados, los agricultores de la esquina noroeste del estado, junto con los de Guerrero, Namiquipa, Cuauhtémoc y Delicias, constituyeron desde el 2001 el Comité Pro Mejoramiento del Agro, hoy Aerodinámica Nacional. Han dado furiosos combates contra las altas tarifas eléctricas de riego por bombeo. Su liderazgo en esas luchas le costó a su líder Armando Villlareal Marta un año de cárcel.
A finales de febrero, la CFE retomó las agresiones contra estos productores.Cortó la luz a 500 pozos de riego agrícola, pero lo hizo cortando todos los ramales. Se llevó entre los pies a varias poblaciones de los municipios de Janos, Ascensión y Nuevo Casas Grandes, quitándoles la energía de sus pozos de agua potable. Furiosos, los productores y los pobladores tomaron las oficinas de la paraestatal y reconectaron los pozos que pudieron. La CFE dejó de operar algunas subestaciones alegando hacerlo “para la seguridad de sus empleados”.
Los productores piden se mantenga el precio del kilowatt hora a 14 centavos. La CFE alega que se le adeudan casi 400 millones de pesos en el estado. Los productores, radicales en sus acciones, son razonables en sus planteamientos. Reconocen que deben, pero no tanto como señala la CFE. Reconocen también que la paraestatal necesita recursos para operar y para modernizarse. Por eso no piden que sea ella misma quien asuma el costo de mantener las tarifas a 14 centavos. Sólo piden que se apliquen los artículos 1 y 4 de la Ley de Energía para el Campo, promulgada por el Congreso de la Unión en 2002, presentada por diputados chihuahuenses y promovida por productores chihuahuenses. De acuerdo a estos artículos, es la SAGARPA la responsable de mantener bajos los precios de la energía. Esta dependencia, “debe hacer las provisiones presupuestales necesarias para sufragar esos costos”.
Pre-epílogo
Si no fuera por la firme resistencia de todos estos grupos de productores, estas últimas líneas serían un epílogo. Los temporaleros, aun sin créditos, se resisten a desaparecer y preparan luchas para exigir un sistema oficial de financiamiento a su agricultura. Los manzaneros acaban de realizar una gran manifestación frente a la delegación de la Secretaría de Economía, acompañados por legisladores, alcaldes de la región, organizaciones campesinas y sus propios trabajadores y continúan su lucha jurídica. Los productores de riego por bombeo combinan las tomas de las oficinas de la CFE con cabildeo a todos los niveles y arduas reuniones de negociación.
La sentencia federal de ejecutar en la silla eléctrica a toda la agricultura chihuahuense no se ha podido cumplir. En primer lugar y sobre todo, por los movimientos sociales que generan los productores. En segundo lugar, porque a la silla le cortó la energía la CFE.
