Sin muchas sorpresas se desarrolló este 29 de Noviembre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay. Continuidad aunque con algunos cambios fue la opción de la mayoría. La fórmula oficialista del Frente Amplio (FA) compuesta por José Pepe Mujica y Danilo Astori obtuvo el 52,60 por ciento de los sufragios, ante un 43,33 por ciento del binomio por el Partido Nacional (Blancos), integrado por Luis Lacalle y Jorge Larrañaga. Con este resultado, el 1° de Marzo de 2010 Mujica se convertirá en el primer veterano guerrillero que llega a la presidencia del país.
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| Pepe Mujica se convertirá en el primer veterano guerrillero que llega a la presidencia del país. Foto: http://www.clarin.com/. |
A pesar de los pronósticos que vaticinaban un balotaje más reñido, el ex Tupamaro sacó una ventaja de casi 10 puntos y superó por 5 la cifra alcanzada en la primera vuelta del último 25 de octubre, cuando obtuvo 47,9% contra 30% de Lacalle. Esto se debe no sólo al 59,5 de respaldo en la capital—donde viven 1,4 millón de habitantes, casi la mitad de la población—sino por el arrebato de algunos territorios de la derecha en el interior del país y en sectores urbanos más postergados.
Ahora, Mujica tomará el legado de Tabaré Vázquez, que completa su mandato con una imagen positiva del 71 por ciento, y le tocará cerrar algunas cuentas pendientes. Después de cinco años de bonanza económica su antecesor deja un país con mejores indicadores económicos: una baja de la pobreza en 10 puntos—del 30 al 20 por ciento—la reducción de la indigencia del 3 al 1,5 y una tasa de desempleo que ronda el 6,9 por ciento. Pero todavía queda el desafío de una mejor distribución del ingreso y un modelo de desarrollo económico menos ortodoxo.
Mujica tiene a favor legitimidad política y la mayoría que acaba de conseguir en ambas cámaras del parlamento. Sin embargo, deberá sortear con altibajos un período de menor crecimiento del PBI, producto de la crisis financiera internacional, y algunas tensiones al interior del partido por las expectativas de su mandato.
Tal como sucedió cinco años atrás, la elección confirma el desgaste del anacrónico régimen bipartidista y la decisión de los uruguayos de apostar por el programa de cambio del FA, creado en 1971 y puesto en ejecución por primera vez hace veinte años con la gestión de la Municipalidad de Montevideo.
Para la región, este resultado llega como una buena noticia. El Frente Amplio es hoy la primera fuerza política de centro-izquierda en América Latina que obtiene dos triunfos consecutivos, con dos candidatos distintos, sin apelar a la reelección. Algo nada menor en un panorama regional marcado por la consolidación del Golpe de Estado en Honduras y la posibilidad de que en las próximas presidenciales la derecha triunfe en Chile y Brasil.
Qué cambia y qué no
A diferencia del discurso que adoptó para las internas del FA y en las que tuvo como principal aliado al Partido Comunista, Mujica eligió para la carrera presidencial un tono conciliador y moderado. Se acercó a Tabaré Vazquez y tomó su herencia. Le habló a la mayoría de los uruguayos que no sueña con transformaciones radicales, ni exige demasiados cambios al modelo capitalista.
Uno de los aspectos más sorprendentes de este viraje, fue el rol de los acuerdos políticos con la oposición. Mujica, en sintonía con la tradición institucionalista uruguaya y apelando a criterios como "responsabilidad", "compromiso con todos" e "integración del país", estipuló cuatro áreas en política de estado para trabajar con la derecha: energía, cambio climático, educación y seguridad. Su idea es implementar un gran pacto nacional y para eso baraja la posibilidad de que algunas figuras de los Partidos Blanco y Colorado integren su gobierno.
El otro aspecto conciliador del presidente electo es en política económica. Mujica aseguró que no habrá cambios en el modelo ortodoxo del equipo de Danilo Astori. Según Fernando Lorenzo, próximo Ministro de Economía, "el segundo mandato del Frente seguirá con un modelo macroeconómico que tenga un manejo consistente de la política fiscal y de la política monetaria para lograr mayores niveles de inversiones y de crecimiento. Lo importante es seguir con una arquitectura en la que haya una política macro que da estabilidad, previsibilidad, coherencia, consistencia; políticas transversales que modifican el ambiente económico para realizar inversiones, negocios, para innovar; y políticas sectoriales abocadas a actuar en niveles específicos."
La estrategia de Mujica es que sobre esa base de solidez macroeconómica, se implemente una política social intensa y se profundicen las reformas que ya se hicieron en materia de salud y educación: el sistema integrado de salud pública y mutual que cubre al grupo familiar de la persona que trabaja, y la ejecución del Plan Ceibal mediante el cual el Estado repartió 380 mil computadoras a alumnos de primaria.
Sin embargo, esta opción por la mesura plantea algunos costos en torno a los aliados estratégicos dentro del FA. El partido de Mujica, el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista y otras agrupaciones esperan una gestión distinta a la de Tabaré Vazquez, sobre todo por el rol del Estado en la economía y en la protección a la industria, así como en la seguridad social y la política exterior.
Como señala el politólogo Adolfo Garcé: "En el Frente hay posiciones diversas y Mujica ha hecho promesas que se pueden volver contradictorias. Unos esperan un gobierno más de izquierda y otros más de centro. El mandato de Tabaré ya fue definido como un gobierno en disputa, el de Mujica lo va a ser todavía más. Porque siguen planteadas las controversias, pero él tiene menos autoridad para arbitrar y menos recursos para administrar tensiones."
Una las aristas de esta puja es la promesa de Mujica de un pacto social, es decir un acuerdo entre trabajadores y empresas. Durante el gobierno del Frente se fortaleció y se impulsó al movimiento sindical y hoy la tasa de afiliación es tres veces mayor que años anteriores. Pero en paralelo al fortalecimiento del movimiento obrero, se fue alentando la concentración económica. Un ejemplo de ello es la agroindustria: no más de 150 productores son los responsables del 70% de toda la cadena agrícola y la mitad está en manos de cinco empresas de origen argentino1. Una tendencia que se profundizará si se concretan los deseos de Mujica de implementar una revolución agraria basada en la siembra directa y la soja transgénica.2
El otro aspecto donde se manifiesta la tensión interna es en política y comercio exterior. Uno de los mayores desacuerdos entre los aliados del Frente durante la gestión de Vázquez, fue el impulso del ala más conservadora para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Si bien ahora Mujica aseguró que la principal estrategia hacia afuera es el Mercosur, las asimetrías entre los socios y las trabas para asegurar acceso en otros mercados, pueden hacer virar nuevamente al equipo económico del nuevo presidente. "En estos años aprendimos que la inserción internacional es fundamental. Uruguay necesita que todos los esfuerzos que se hacen para mejorar la producción no encuentren obstáculos en el acceso a mercados. Nosotros tenemos en el Mercosur el ancla fundamental de esa inserción, la estrategia de desarrollo y la plataforma desde donde encontramos mejoras para terceros mercados. Pero hoy Uruguay está insatisfecho con la evolución del Mercosur y necesitamos que algunas tendencias, como las asimetrías, se reviertan con urgencia", asegura Lorenzo.
Esta ansiedad se explica porque una parte importante de la producción exportable uruguaya es en rubros muy maltratados por las políticas proteccionistas de los países industrializados. "Que la negociación con la Unión Europea para firmar un tratado de libre comercio tenga más de una década, sobre todo cuando otros países y otros bloques lo han llevado a cabo, pone a Uruguay en una desventaja cada vez más evidente", advierte Lorenzo.
Memoria y responsabilidad: algunos costos
A pesar de que Mujica será el primer ex guerrillero en llegar a la presidencia, para los organismos de Derechos Humanos estas elecciones serán recordadas con sabor amargo. En la primera vuelta del 25 de Octubre los uruguayos rechazaron en un plebiscito la anulación de la Ley de Caducidad, que permite que los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado de la última dictadura queden libres de ser juzgados. Con un 47, 8 por ciento a favor de la anulación—se necesitaba el 50 más 1—volvió a quedar en evidencia que Uruguay sigue dividido sobre la lectura de su pasado y la impunidad quedó vigente.
La ley de caducidad fue aprobada en 1986 por un pacto político entre los dos principales partidos del primer gobierno democrático, el Partido Colorado y el Partido Nacional en un marco de amenazas de desacato y ruptura institucional por parte de las Fuerzas Armadas. En 1989, luego de una campaña de recolección de firmas y adhesiones a cargo de los movimientos sociales, de derechos humanos y de izquierda, se votó en un plebiscito su derogación. Pero casi el sesenta por ciento votó a favor de mantenerla y los organismos sufrieron por varios años ese duro golpe.
Recién en noviembre de 2006 se volvió a realizar una convocatoria a militantes y defensores de los derechos humanos para emprender una campaña por la anulación. Así se conformó la Coordinadora contra la ley de caducidad. El debate de esos años rondaba en torno a dos estrategias posibles: la plebiscitaria y la parlamentaria. "La idea que siempre primó fue sacarla por el Congreso. Cuando decidimos hacer el plebiscito fue porque el Frente Amplio no nos aseguraba la anulación, pero en verdad la estrategia era juntar las firmas para que se derogue, no llegar al plebiscito. Era una forma de presionar al FA porque sabíamos que con la consulta popular se podía perder mucho" comentaba Mauro Tomasini del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj).
El FA en un congreso del año 2003 había resuelto que no era el momento oportuno para anular la ley y había determinado que se cumpla estrictamente con ella, es decir, que se investiguen las denuncias y que se juzguen los casos que no quedaban comprendidos en las excepciones (los delitos económicos y los altos mandos). Por eso, la política de derechos humanos de la gestión Tabaré conllevó a que se excluyan de la ley todas las denuncias presentadas y así se pudo juzgar a militares y civiles, como el ex dictador Juan María Bordaberry.
Este resultado, aunque por pocos puntos, hoy deja algunos interrogantes en torno a cómo la sociedad uruguaya e incluso el FA, se relacionó y se sigue relacionando con la dictadura: qué discurso y qué tipo de representaciones se constituyeron no sólo en torno a lo que pasó sino a las formas de gestionar ese pasado. En Uruguay, varios supervivientes siguen refiriéndose a los años de terrorismo de Estado como un conflicto entre aparatos, permitiendo así que se borre el impacto social de esa experiencia. El propio Mujica, sin ir más lejos, adoptó durante la campaña una lectura en la que el conflicto se limita a la derrota o la victoria político militar de un proyecto revolucionario sin mencionar la destrucción del tejido social en su conjunto. Es "entre ellos y nosotros", dijo.
Pero además el rechazo a anular la ley deja expuesta la tensión que existe entre democracia, mayoría y ética, así como también arrima una pregunta que se extiende más allá del caso uruguayo: ¿se pueden plebiscitar temas del calibre de las violaciones a los derechos humanos? Lo que de todas formas se tiene que hacer, ¿se debe votar?
"Creo que hubo una confusión de roles entre el papel de la justicia y de los otros órganos del estado democrático, porque las responsabilidades no se votan. Este es el problema que se juega en cómo hacerse responsable de las consecuencias del terrorismo estatal. Porque hay una necesidad social de poner las cosas en su lugar que va más allá de los actores en juego. En un plebiscito como éste votan represores que participaron de estos actos y se genera una situación de absurdo. Pero también es necesario decir que no había muchas más alternativas en Uruguay. Producido ese primer acto de voluntad popular era difícil revertirlo sin otro acto equivalente", comentaba al respecto Daniel Feierstein, director del Centro de Estudios sobre Genocidio.
Ahora la única rendija parece ser el tratamiento de las excepcionalidades y el panorama futuro se torna todavía más complejo si se tiene en cuenta los tiempos en lo que los juicios son posibles, tanto por el tiempo transcurrido como por la edad de testigos, sobrevivientes y perpetuadores. El costo no es menor: por más que en lo jurídico se resuelvan otros casos, la experiencia de elaborar ese pasado reciente, de ejercer la memoria, queda como una deuda para los uruguayos. Por lo menos por un tiempo.
Notas
- http://www.clarin.com/diario/2009/11/30/elmundo/i-02051591.htm
- http://www.pepetalcuales.com.uy/articulo/11/
