Feministas en Resistencia nace desde el mismo día del golpe de Estado. El 28 de junio muchas mujeres se trasladaron a la casa presidencial a protestar por el golpe. A pesar de que fueron expulsadas del lugar con balas y bombas lacrimógenas, al día siguiente se volvieron a reunir, indignadas por lo que pasaba. Inmediatamente surge la articulación entre las organizaciones feministas y empiezan a autollamarse Feministas en Resistencia. Luego, se suman al Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de estado.
Las Feministas en Resistencia se han caracterizado por mantener presencia permanente desde el 28 de junio en todas las acciones de la resistencia, pero además de forma individual (como feministas), impulsando actividades como plantones, marchas y otras muchas acciones de denuncia, tanto frente a autoridades nacionales como instancias internacionales.
Por su parte, el Observatorio de Transgresión y Resistencia Feminista, que surge en el 2006, ha participado en misiones de observación en diferentes países para solidarizarse y aportar a los procesos del feminismo en la reivindicación de los derechos de las mujeres en diferentes países.
En la semana del 17 al 21 de agosto del presente año, ambas entidades realizaron una jornada de observación para recopilar información testimonial sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres a partir del golpe de Estado y con los insumos lograr establecer prácticas violatorias. La recopilación de testimonios ha continuado hasta los días previos a esta audiencia.
El objetivo de las organizaciones solicitantes para hoy es ilustrar a la Honorable Comisión sobre los hallazgos a efecto de aportar a la actualización del informe preliminar que elaborara la CIDH tras su vista in situ a Honduras; también, denunciar las principales violaciones encontradas siendo que la mayoría de ellas no son presentadas ante las instancias nacionales correspondientes por las razones que más adelante se expondrán. Es importante que las violaciones que sufren las mujeres no queden invisibilizadas en un contexto de crisis política que ha traído como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos de la población hondureña.
De los testimonios se colige que las mujeres más afectadas son las que participaron o participan en marchas y manifestaciones públicas organizadas por la Resistencia en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Intibucá, Santa Bárbara y Tocoa, ya sea mujeres jóvenes, mujeres de la tercera edad e incluso niñas.
Desde el golpe, ha habido muchas manifestaciones, casi todas ellas disueltas por las fuerzas de seguridad al servicio del gobierno de facto. En algunas ha habido más violencia que en otras, dependiendo del hecho generador de la manifestación. Se estima que desde el golpe se han producido entre 4,000 y 6,000 detenciones ilegales. Solo en los primeros 15 días hubo alrededor de 1,000.
Entre las formas de represión más crueles hacia las mujeres está la violencia sexual que tiene como intencionalidad amedrentarlas e intimidarlas para que no salgan de sus casas. Llegamos a esta afirmación a partir de varios testimonios de mujeres que indican que la policía y el ejercito cuando las reprimen les dicen, entre otros: "putas, vayan a su casa", "¿que hacen de revoltosas?—váyanse a cuidar sus hijos", "te voy a golpear hasta dejarte lisiada, hija de puta", "lo que quieren es que las violemos para que no vuelvan a andar en estas cosas".
I. Violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Honduras en el marco del Golpe de Estado
El cuerpo de la mujer ha sido siempre un cuerpo dominado, sometido, minimizado, esclavizado. Y en el actual clima de conflicto político que se está viviendo ahora en nuestro país, nuestro cuerpo se convierte en un campo de batalla.
A pesar del carácter pacífico de las manifestaciones, es un hecho que la policía y el ejército han reprimido con más violencia a las mujeres, en la medida en que hemos tenido un rol más evidente dentro de la resistencia.
La represión ejercida contra las mujeres tiene la característica que va dirigida hacia nuestro cuerpo sexuado, hacia nuestra condición de mujeres, hacia nuestra feminidad. Feministas en Resistencia y el Observatorio de Transgresión y Resistencia Feminista, junto a otras organizaciones de derechos humanos, hemos registrado más de 400 casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de los que sólo se han procesado para desagregar la información, 240 testimonios, entendiéndose que esta es una muestra de una población de mujeres mucho mayor que esta siendo afectada en sus derechos por las represiones del gobierno de facto.
Entre las principales agresiones a las mujeres encontramos: golpes contundentes con toletes, agresión física (patadas, golpes), insultos y abuso sexual, además de ataques con gases tóxicos, que han dejado como producto dos mujeres muertas debido a las complicaciones causadas por este gas: Wendy Avila y Olga Osiris Ucles. A estas dos muertes se suman las de 9 personas de la población LGBT (Vicky Hernández Castillo, Fabio Zamora, Valeria Uclés, Héctor Maradiaga, Michelle Torres, Salomé Miranda, Saira Salmerón, Marión Lanza, Montserrat Maradiaga), muertes después del Golpe de Estado con armas de fuego, algunas de ellas con señales de tortura. En dos de los casos, los forenses se negaron a realizar la autopsia correspondiente (Vicky Hernández Castillo, Valeria Uclés).
En el marco de la represión, sobresale la violencia sexual contra las mujeres por los policías y militares que privilegian golpes e insultos a partes de nuestros cuerpos que nos identifican, como las caderas, busto, vulva y nalgas. Esto lo afirmamos porque existen 23 casos de los 240 registrados donde las mujeres manifestaron en sus declaraciones haber sido víctimas de manoseo y golpes en senos y vagina, insinuaciones sexuales e insultos con connotaciones sexuales violentas.
De estos 23 casos, tenemos siete de violaciones sexuales, ocurridas en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Danlí y El Progreso. Estas violaciones sexuales tienen el común denominador de ser violaciones múltiples, ejecutadas por efectivos de la Policía Nacional. Son utilizadas como castigo a las mujeres por salir a manifestarse y podemos decir que son actos premeditados, ya que las mujeres denuncian que en las violaciones los policías llevan condones. Las mujeres victimas de estas violaciones han sido aprehendidas por la Policía después de las manifestaciones pacíficas o durante el toque de queda. De estos siete casos, solo una mujer ha presentado su denuncia formal ante las autoridades competentes (Irma Villanueva); las otras victimas han presentado sus denuncias ante organizaciones de mujeres, pero se rehúsan a presentarlos ante la Fiscalía de la Mujer o la Fiscalía de Derechos Humanos.
Creemos que estos casos de violación sexual no son los únicos, pero las mujeres expresan que no hacen la denuncia por tres razones: 1) porque tienen miedo de interponer la denuncia que necesariamente pasa por la investigación policial, es decir por el mismo cuerpo represivo que las ha violentado, 2) se ha exacerbado la desconfianza del sistema de justicia en el país y por ende de encontrar una respuesta efectiva y 3) porque denuncian el hecho y la policía se niega a tomarles la denuncia como el caso de Yoslany Díaz de 17 anos, violada en compañía de otra mujer el 22 de Septiembre:
Ese día (22 de septiembre) me encontraba en el parque junto a otra compañera y no habíamos escuchado lo del toque de queda, que era a las cinco de la tarde. Nosotras salimos del Parque Central a las seis de la tarde y en el camino nos venía siguiendo una patrulla con tres policías. Cuando llegamos cerca del Guanacaste (a unas cuatro cuadras del Parque Central) nos pusieron la patrulla enfrente y nos obligaron a subir, nosotras les dijimos que por favor, no nos llevaran detenidas, que les íbamos a pagar y ellos nos dijeron que dinero no querían, que lo que querían era pisar (tener relaciones sexuales).
Después nos llevaron a un monte, donde estaba sólo, nos insultaban, tratándonos de putas y perras, y nos violaron dos de ellos. Nunca les vimos la identificación, porque andaban con el nombre que tienen en el uniforme tapado. Nos golpearon mucho y nos dijeron que si volvíamos al Parque nos iban a matar. Sabían lo que hacían porque llevaban condones para protegerse. Después nos dejaron ahí tiradas con la ropa rota. Desde ese día he tenido mucho miedo y mi compañera se fue de la casa donde vivíamos las dos, porque quedó muy asustada y no quiere hablar de eso.
Yoslany Díaz. Tegucigalpa. 17 años.
"Cuando vivimos la represión en El Paraíso, yo andaba en las marchas y me alejé un poquito del grupo para poder orinar, como a las seis de la tarde. Allí me agarraron los policías, parece que me andaban siguiendo o tal vez es que yo estaba sola, no sé y me montaron a una patrulla. Eran cuatro y no les pude ver la cara porque iban encapuchados. Como yo no soy de allí, no sé donde me llevaron, pero era un monte, allí me violaron, dos de ellos, uno cuidaba la patrulla y el otro estaba vigilando, el que estaba vigilando me metió el tolete en la vagina y me decía si eso era lo que me gustaba, si era la puta de Mel, que eso era lo que les esperaba a las mujeres que andaban en esas cosas. Lloré todo el tiempo y les decía que no me hicieran eso, pero no me hicieron caso, me ponían la pistola en la frente cuando me violaron y después me dejaron allí. Yo me vine y no quiero poner denuncia en los Juzgados porque son los mismos, no les tengo confianza y me cuesta hablar de eso".
Florinda López. 37 años. El Paraíso.
Por otro lado, durante el Gobierno de facto ha habido un aumento de los femicidios como una clara muestra de la violencia contra las mujeres y la impunidad que son la constante en este régimen de facto. De acuerdo al informe "Muerte de mujeres por violencia intencional 2008" del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 312 mujeres murieron en forma violenta entre enero y diciembre del 2008 en el país (un promedio de 26 femicidios al mes). Hasta marzo de este año era de (16 por mes). Según fuentes de la Fiscalía de la Mujer hasta octubre se reportaban 325 femicidios (un promedio de 31 femicidios por mes), destacándose que solo en el mes de julio hubo 51 femicidios.
Respecto a cifras relacionadas con violencia domestica y violencia intrafamiliar, la Fiscalía de la Mujer reporta una disminución en el numero de denuncias después del 28 de junio. En su criterio, los toques de queda han provocado que haya poca afluencia de denunciantes en los centros policiales. No obstante, a partir de entrevistas a varias mujeres agregaríamos esta hipótesis: que las mujeres han desistido de recurrir a la policía para presentar sus denuncias por la desconfianza hacia esta entidad, en virtud de que tras el golpe de estado se ha convertido en el principal ente represor responsable de graves violaciones a la libertad física y a la libertad individual. De acuerdo a esta Fiscalía Especial de la Mujer, solo en Tegucigalpa, en junio se recibieron 675 denuncias por violencia doméstica y 278 por violencia intrafamiliar; mientras que en julio se recibieron 561 y 268, respectivamente.
Es importante señalar que tras la llegada del Presidente Zelaya a Honduras el 21 de septiembre y por la aprobación del Decreto de Cese de las Garantías Individuales, las manifestaciones pacificas se han traslado de las calles a los barrios y colonias. Para reprimir estas manifestaciones, el gobierno de facto ha desplegado toda su fuerza militar y ha hecho uso de armas de fuego, balas de goma y de madera, bombas lacrimógenas, gas pimienta, tanquetas, toletes, tubos de metal y palos de madera con clavos con los que golpean a las y los manifestantes, bajo la excusa que el uso de la fuerza y la violencia es necesaria para prevenir actos violentos y "vandálicos".
Esta represión en los barrios ha afectado especialmente a las mujeres, porque ellas han tenido que salir huyendo con sus hijos, incluso de sus propias casas para salvaguardarse, toda vez que el ejército y la policía irrumpen violentamente en las viviendas. La particularidad de estas agresiones es que son realizadas en redadas nocturnas, por conjuntos de cinco o más patrullas policiales, que en muchos casos permanecen vigilando las viviendas, dejando a las mujeres "sitiadas", sin libertad de movilización. Esta situación agrava el nivel de indefensión y vulnerabilidad.
Como producto de esta represión, hay mujeres que han sido víctimas de disparos, al salir al patio de su casa, en tiroteos que han organizado los policías y militares en las redadas antes mencionadas.
"El día martes veintidós de septiembre del 2009, a eso de las 07:00 pm, yo estaba en la casa y escuché la bulla de la gente y salía a ver y no estuve ni cinco minutos cuando escuché disparos y la gente venía para adelante porque no las dejaban pasar, y sentí rápido que algo me dio en el abdomen y era un disparo que me vino a salir en la pierna. Tengo tres perforaciones y los médicos decían que era un disparo o que eran dos. Yo no sé por qué dispararon los militares, solo se que venia gente para delante corriendo, pero fueron disparos al aire."
Sonia Isabel Castejón Trejo, 59 años, Tegucigalpa, 22 de septiembre.
Un testimonio recabado en la colonia Suyapa, evidencia la expresión de esta violencia:
"Esa noche teníamos una fogata. Como a las ocho de la noche, la gente de la colonia estaba bailando, riéndose, cuando llegaron aproximadamente doce patrullas y sin explicación empezaron a golpear a la gente, diciéndoles que eran melistas, que eran de la resistencia y que esas reuniones estaban prohibidas. Después la gente—éramos como 200—empezó a protestar y la policía inició los disparos primero al aire y después contra la gente que íbamos huyendo. Yo me refugié con mi compañero en la casa de un señor y ellos (la policía) rompieron la puerta y entraron, eran como veinte. Nosotros estábamos hasta atrás escondidos. Yo solo les vi las botas y pensé ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué va a pasar con mi hijo de tres años que está en la casa?¿Quién lo va a cuidar, con quien se va a quedar si me pasa algo? Agarraron a dos vecinos y se los llevaron a golpes, antes de eso, a mí ya me habían alcanzado unos golpes en los brazos que todavía tengo los morados, pero esa noche no pude salir, me quedé allí, hasta la mañana que las patrullas se fueron".
Jessica Aguilar, 25 anos.
Pese a este cambio en el modus operandi de las manifestaciones, algunas continúan en las calles. Tras la llegada del Presidente Manuel Zelaya a Honduras, 12 mujeres reportaron a Feministas en Resistencia haber recibido directamente sobre su cuerpo las bombas de gas tóxico, arrojadas por efectivos de la Policía nacional, mientras que son más de 50 las que reportan haber tenido efectos colaterales de los gases tales como diarrea, vómitos, mareo, dificultad para respirar, entre otras.
"Yo me encontraba en la manifestación pacífica cuando el ejército (escuadrón especial COBRAS) y la policía preventiva bombardeó la manifestación con bombas lacrimógenas. Me escupían, me tiraban tierra y piedras con los zapatos, me golpearon con el tolete en los brazos y cuerpo. Me caí en una cuneta de tanto golpe, y me fracturaron pie izquierdo. Mientras me golpeaban me gritaban: "hija de puta, te vamos a dejar lisiada para que nos dejes de joder". (Latinea Zepeda Amaya, 43 años, maestra, miembra de COPRUMH. Manifestación del 30 de julio en la marcha pacífica de El Durazno.)
Detenciones ilegales
Otro aspecto a resaltar son las numerosas detenciones ilegales contra las mujeres que han durado desde tres horas a varios días. Ellas reportan que en las detenciones no han sido informadas de la causa de su detención y de sus derechos, se ha negado su derecho a la defensa, entre otros. También han sido privadas de medicamentos, agua y comida durante las detenciones.
"No nos proporcionaron ni agua, ni comida. Llegó una enfermera amiga de una maestra y le permitieron entrar, ella nos tomó la presión y nos dio acetaminofén para dolor de cabeza. Siento que hubo discriminación, nos privaron de la libertad, nos quitaron los celulares, ya no podíamos comunicarnos con nadie."
María Edith Villanueva, después de la manifestación del 31 de julio en San Pedro Sula.
Varias mujeres han presentado denuncias a la Fiscalía de Derechos Humanos y según el monitoreo realizado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos no se han obtenido respuestas hasta la fecha.
Alba Leticia Ochoa, en una entrevista brindada a los medios de comunicación, también relató su experiencia después de ser detenida ilegalmente en los bajos del Congreso:
"Después nos llevaron a los cobras. Ahí nos tuvieron desde las 2:30 hasta las 10 de la noche. No nos daban agua, nos seguían intimidando (…). Nos quisieron hacer firmar un papel en blanco, yo le dije que no lo firmaba si no estaba mi abogado. Entonces me dijeron que si no lo firmaba iba a perder mis derechos. Algunos compañeros lo firmaron porque los intimidaron. De ahí nos llevaron a la posta policial, donde nos ficharon como que si éramos los peores delincuentes del mundo. La audiencia comenzó a las 6 de la tarde del día siguiente, donde fuimos acusadas de sedición."
Alba Leticia Ochoa, entrevista dada a Revistazo.com.
Un caso emblemático es el de la Profesora Agustina Flores, detenida y acusada de sedición, quien ahora guarda auto de prisión con medidas sustitutivas, que le prohíbe entre otras cosas: participar en manifestaciones o acciones de la resistencia pacífica, salir o movilizarse libremente dentro del país y prohibición de salir fuera de él. Agustina guardó prisión 30 días y fue liberada gracias a la presión internacional y a la intervención del Frente de Abogados/as contra el Golpe con una fianza de 100,000 lempiras (alrededor de 5,000 dólares), proporcionada por los Colegios Magisteriales a los que pertenece.
Defensa legal
Abogadas feministas y defensoras de derechos humanos han participado en la presentación de diversos recursos de amparo. Hay 12 mujeres acusadas de sedición, algunas bajo el decreto PCM-16-2009 del 22 de septiembre del presente año que restringe las garantías constitucionales, todas actualmente con medidas sustitutivas. 92 Mujeres tienen medidas cautelares otorgadas por la CIDH, que no se han implementado. En total, se han presentado 42 recursos de amparo desde el golpe de Estado, presentados entre el 29 de junio y el mes de octubre, también se han presentado 10 recursos de inconstitucionalidad entre julio y septiembre de este año, 26 recursos de habeas corpus entre el 28 de junio a agosto de este año. Pero ningún recurso ha sido efectivo, ya sea por que han sido declarados inadmisibles, por que la Corte Suprema se ha declarado incompetente para conocerlo o porque están en trámite.
Los recursos de amparo han sido principalmente para atacar decisiones y actuaciones de las Fuerzas Armadas o del Congreso Nacional de la República. Los recursos de inconstitucionalidad han estado dirigidos contra decretos legislativos principalmente a favor del presidente José Manuel Zelaya.
Dentro de la afectación de mujeres denunciadas judicialmente no podemos obviar el caso de la jueza Maritza Arita, quien fue ha sido acosada laboralmente por haber aplicado medidas sustitutivas a favor de tres personas acusadas de actos vandálicos y terrorismo. Como producto de esta acción, la jueza ha recibido amenazas a muerte.
Por otro lado queremos denunciar la persecución y vigilancia de mujeres defensoras de derechos humanos, feministas y organizaciones de mujeres por parte de las fuerzas policiales y militares. Entre las organizaciones que han denunciado esta vigilancia se encuentran la asociación de Mujeres Socialistas "Lolas", el Centro de Estudios de la Mujer-CEMH y el Centro de Desarrollo Social, CESADEH.
Activistas feministas y mujeres líderes de la resistencia, así como maestras y abogadas del Frente de Abogados Contra el Golpe han recibido amenazas a muerte de forma directa (por parte de los policías y militares represores) o en mensajes transmitidos a través de celulares y correos electrónicos. En las represiones, incluso llaman a las líderes más reconocidas por los nombres o por la profesión, lo que indica un amplio nivel de vigilancia y control por parte de los militares y policía sobre los movimientos y acciones de las mujeres involucradas en la resistencia. En estos casos de amenazas a muerte o mensajes sobre la integridad personal de las mujeres, tenemos que destacar las alusiones sexuales violentas que tienen la mayoría de ellos, donde además amenazan con violación o abusos sexuales, si las mujeres se mantienen en acciones de la resistencia. Esta es pues, una estrategia para que las líderes abandonen sus labores de defensa de los derechos humanos y reivindicación de la justicia.
Violaciones al derecho a la libre expresión
Desde la segunda semana del golpe de estado, los programas de las organizaciones de mujeres trasmitidos en Radio Cadena Voces, Tiempos de Hablar" producido por Centro de Derechos de Mujeres, (CDM); y "La Bullaranga" del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) fueron sacados del aire mientras manifestaban su condena al golpe de estado.
Recientemente, los programas "Tiempo de hablar", "La Bullaranga" y "Entre Chonas" de la organización de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, fueron cerrados el 16 de octubre de 2009, desde la gerencia del grupo INVOSA-Radio Cadena Voces y basada en el decreto que restringe las garantías constitucionales (PCM-M-016-2009). Esta noticia fue dada a las organizaciones unos días después que el grupo INVOSA decidiera cobrarles el doble de lo establecido en el contrato inicial, como condición para la renovación de un nuevo contrato, aduciendo que esta era una tasa establecida por temporada electoral. Después de la aceptación de esta medida por parte de las organizaciones, se les cancelan los programas.
En el documento que justifica su expulsión de la radio, citan textualmente supuestos "irrespetos a la Constitución" al realizar programas de análisis jurídico y político de contexto con la llegada del Presidente Zelaya al país (Programa "Tiempo de hablar": 3 de octubre) y el Programa sobre violaciones a los derechos humanos de las mujeres con participaciones de compañeras golpeadas y perseguidas por la policía nacional debido a su participación en las acciones de la resistencia. ("Tiempo de hablar": 10 de octubre). Entre otras cosas, se les acusa de ser "un peligro para la paz de la familia hondureña".
Según Daysi Flores conductora del espacio "Tiempo de hablar", ambos programas contaron con mucha audiencia y participación del público, "Hemos invitado a la gente desde la intimidad de la radio a compartir con nosotras sobre la realidad que vivimos y no la que le pintan los medios oficiales".
Ella expresa, "Esta es una dictadura que pretende callarnos, sobre todo callarnos a las mujeres que pensamos, que cuestionamos, que colocamos debate".
II. Ataques a la institucionalidad de los derechos de las mujeres
La situación particular de las mujeres, de acuerdo a las situaciones denunciadas, se agrava cuando hay un contexto más general de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres, como el que se produjo después del 28 de junio. Si aún antes del golpe de estado el panorama era difícil, después del golpe de estado los avances logrados a favor de las mujeres se ven en serio peligro, ya que ha aumentado la precariedad y falta de independencia de las instituciones públicas, sobre todo, las que tienen como fin el trabajo con y para las mujeres.
Desde hace más de dos décadas, y producto de los esfuerzos y del trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres, se había logrado la aprobación de un conjunto de políticas públicas con equidad de género, en las que se definen las directrices y las líneas de acción del trabajo del estado. Una de las últimas políticas aprobadas es el II Plan de Igualdad y Equidad de Género 2008-2015, cuyo contenido fue resultado de un proceso consensuado de dos años entre el estado y el movimiento feminista y de mujeres de Honduras. Este proceso fue liderado y coordinado por el Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Pero después del golpe no se ha continuado con la operativización de estas políticas, debido a que se han recortado los fondos de la cooperación, y el estado no ha destinado partidas presupuestarias para su ejecución.
Otro de los factores que inciden en las dificultades que se enfrentan para la implementación de las políticas públicas es que después del golpe se han profundizado las debilidades políticas e institucionales del Instituto Nacional de la Mujer. Se han perdido elementos claves de su fortalecimiento institucional, como el despido injustificado de 19 personas (entre ellas 12 mujeres), personas calificadas y con experiencia en el trabajo con mujeres.
Una de las estrategias contenidas en la Política Nacional de la Mujer (2002- 2007), que es el la política pública que contiene los principios y estrategias a seguir en la implementación de políticas públicas con equidad de género, es el trabajo coordinado entre el Instituto Nacional de la Mujer y las organizaciones feministas y de mujeres del país, que son quienes tienen cobertura a nivel nacional. La ruptura de las relaciones entre el INAM y el movimiento feminista y de mujeres, profundizada desde el 15 de julio, día del desalojo violento del INAM de los grupos feministas y de mujeres que estábamos protestando pacíficamente contra el golpe de estado, constituye un retroceso en la implementación de estas políticas públicas, ya que desde ese momento, el INAM no cuenta con las mujeres como aliadas estratégicas para su trabajo, por lo que no se va a lograr que esta política se implemente en los ámbitos locales y municipales.
Las coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) que se han manifestado en contra del golpe han sido objeto de persecución política y despidos. Tenemos evidencia de 6 casos de este tipo. Las OMM, que son parte de la estructura del Instituto Nacional de la Mujer, fueron creadas para lograr la implementación de las políticas públicas en las ciudades más pequeñas y las áreas rurales. Se había logrado que sus coordinadoras fueran electas en procesos participativos como los cabildos abiertos, lo que había permitido garantizar su independencia y autonomía frente a las autoridades municipales. Todo este proceso, que ha contribuido a la construcción de una sociedad más democrática y participativa para las mujeres, se pierde con el golpe de estado.
La creación del Instituto Nacional de la Mujer en 1999, como un organismo autónomo responsable de la implementación de las políticas publicas con equidad de género, habia sido uno de los grandes logros de las organizaciones feministas y de mujeres, ya que nos había permitido contar con una institución que representara y defendiera nuestros derechos. Todo esto se pierde a consecuencia del golpe de estado.
Las instituciones del sector justicia no están cumpliendo con los objetivos y funciones para los que fueron creadas, como el Ministerio Público, que tiene la función de ejercer la acción penal en los casos estipulados en la ley, actuar como parte acusadora e investigar los hechos punibles; se han coludido con el gobierno golpista para legitimar sus acciones. La Fiscalía de Derechos Humanos, en lugar de defender a las personas que han sufrido violaciones a sus derechos, ha sido parte acusadora en los procesos y en la persecución política contra personas que han participado en las manifestaciones pacíficas.
La Fiscalía de la Mujer ha perdido credibilidad y reconocimiento social, al igual que las demás instituciones del sector justicia, por lo que las mujeres no se atreven a denunciar los actos de violencia en su contra, con lo que se pone en peligro sus vidas e integridad. Sin duda, el aumento de los femicidios en el país es resultado de la falta de intervención y atención de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía ante los casos de violencia contra las mujeres.
La Fiscalía de la Mujer y la de Derechos Humanos tampoco han actuado de oficio y con la debida diligencia en los casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que han llegado a su conocimiento. Tenemos evidencia que en las denuncias presentadas no se ha seguido con el procedimiento establecido en las leyes, y que no se han realizado las actuaciones necesarias para investigar los hechos y deducir responsabilidades penales a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos. Esta misma denuncia la hacemos con respecto al Poder Judicial, que no ha seguido con el procedimiento establecido en la ley en los recursos de amparo, habeas corpus e inconstitucionalidades que son de su conocimiento.
La institucionalidad creada al interior del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, como las Unidades de Femicidios o Muertes Violentas de Mujeres, no están cumpliendo con su función de velar por el cumplimiento de las leyes y de vigilar las actuaciones de sus funcionarias y funcionarios. Esto lo podemos comprobar con el hecho que desde junio han dejado de producir estadísticas sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres en la país y sobre las denuncias y casos que reciben.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, que es la institución estatal encargada de recibir denuncias por violaciones a los derechos humanos de las personas, donde funciona una unidad especifica para atender a las mujeres—el Programa Mujer y Niñez, en lugar de servir como una instancia de protección y de denuncia, ha cumplido el papel de legitimar y justificar los actos de violación a los derechos humanos realizados por esta dictadura al hacer uso de comunicados públicos donde se afirma que en el país no se han producido muertes ni otro tipo de violaciones a los derechos de las personas después del golpe. No se ha pronunciado sobre las violaciones sexuales y los abusos que han sufrido las mujeres de la resistencia. Tenemos también información que después del golpe fue despedida sin causa justificada la encargada del Programa de la Mujer y la Niñez, lo que no ha permitido realizar un trabajo conjunto con las organizaciones de mujeres para denunciar las violaciones a nuestros derechos humanos.
Con el golpe de estado, los avances legales que habíamos logrado las mujeres después de muchos años de lucha se ven en un grave peligro. La prohibición del uso y distribución de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia o PAE, mediante Acuerdo Ejecutivo de la Secretaría de Salud de 29 de junio de 2009 (día siguiente al golpe de estado), bajo el argumento que son abortivas y por lo tanto violan el derecho a la vida establecido en la constitución, es una muestra de cómo la clase política ultraconservadora, coludida con grupos religiosos fundamentalistas, se ha unido para revertir los cambios sociales y legales logrados a favor de los derechos conquistados por las mujeres. Antes del golpe, el gobierno de Manuel Zelaya había vetado otra propuesta de Ley presentada el 1 de abril ante el Congreso Nacional presidido en aquel entonces por Roberto Michelleti, para prohibir las PAE. El uso y distribución de las PAE fue aprobado en Honduras desde 1992, y constituye una de las conquistas más importantes del movimiento feminista hondureño.
Otra muestra de las intensiones de este gobierno con respecto a los avances logrados a favor de los derechos de las mujeres, es la no reconocimiento en las reformas efectuadas el 8 de julio a la Ley de Municipalidades, de las Oficinas Municipales de la Mujer como parte orgánica de las estructuras municipales. Otro intento de este gobierno de facto de revertir los logros de las mujeres fue la presentación de un anteproyecto de Ley de Servicio Militar Obligatorio, en el cual se establece que las mujeres podían ser objeto de reclutamiento forzoso en casos de emergencia. Se logró que no se aprobara este proyecto de ley mediante protestas pacificas de la resistencia frente al Congreso Nacional.
Tenemos información de que el II Plan de Igualdad y Equidad Género 2008-2015, que está siendo socializado por el Instituto Nacional de la Mujer desde el mes de septiembre de este año, fue modificado en su contenido original, y no incluye las demandas de las mujeres tal y como fueron planteadas por las organizaciones feministas y de mujeres en el proceso de consulta de 2 años, sobre todo, en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos. También tenemos información de un anteproyecto de ley para fusionar el INAM con otras instituciones como el INFAH (encargado de la protección de la niñez), y la Red Solidaria (que ejecuta programas sociales); lo que implica un retroceso para los derechos de las mujeres, dado que se diluye e invisibiliza la especificidad de los problemas y situación de las mujeres en los asuntos públicos.
Todos estos retrocesos en las leyes, políticas públicas e instituciones tienen consecuencias directas en la vida de las mujeres. El debilitamiento de las instancias encargadas de implementar las políticas públicas no permite que los esfuerzos realizados por las organizaciones feministas y de mujeres, y que los recursos invertidos por la cooperación internacional durante tantos años se reflejen en un cambio en las sustantivo condiciones de las mujeres.
La mala actuación y pérdida de legitimidad de las instituciones del sector justicia, como la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ha creado un clima de indefensión para las mujeres, ya que no tienen instancias a las que acudir para denunciar los actos de violencia en su contra y prevenir consecuencias mayores, como los femicidios. La ilegalidad e inaplicabilidad de las leyes, que se ha evidenciado después del golpe de estado, ha hecho que aumente la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia social y política, y que estén expuestas a los abusos de la autoridad y la policía, como queda en evidencia en los casos de violaciones sexuales perpetrados por policía, que hemos presentado ante esta Comisión.
Debido a que este gobierno funciona y utiliza todas las estrategias coercitivas propias de una dictadura, los mecanismos existentes para vigilar las instituciones públicas, como el Instituto Nacional de la Mujer y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tampoco están cumpliendo con sus funciones, con lo que no se puede ejercer procesos de auditoria social hacia las instituciones del estado que intervienen en la aplicación de las leyes y la ejecución de las políticas publicas.
En conclusión, el golpe de estado ha significado un retroceso incalculable para nosotras, ya que pone en riesgo todo lo que hemos logrado para tener una sociedad justa, igualitaria y más equitativa para las mujeres. No permite continuar con las conquistas de las mujeres hondureñas, y avanzar en el reconocimiento o armonización de la normativa internacional e nacional.
PETICIONES A LA CIDH:
- Reconocemos que la Ilustre Comisión en el informe preliminar de su visita in situ a Honduras hizo alusión, en forma general, a las violaciones a los derechos de las mujeres. Solicitamos que con los datos que ahora brindamos y con el informe que en los próximos días haremos llegar, las referencias en el informe final sean más específicas.
- Solicitamos también que en el comunicado que esta Comisión acostumbra a publicar concluido el periodo de sesiones, estas referencias sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres sean incluidas.
- Pedimos a esta Comisión que emita una solicitud a las autoridades hondureñas para que las fuerzas de seguridad cesen de inmediato las violaciones sexuales contra las mujeres y que las acaecidas hasta ahora sean efectivamente investigadas.
- También requerimos a esta Honorable Comisión que en su monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en Honduras considere de especial atención nuestra denuncia sobre la escasa respuesta de las instituciones publicas para la protección de los derechos de las mujeres.
