Fernando López se despertó una mañana de domingo sin trabajo. Para el trabajador electricista, la sensación fue aterradora.
"De la noche a la mañana, nos dejaron sin trabajo—nada", dijo López, mientras marchaba junto con unos 200,000 compañeros de trabajo y sus partidarios en el centro de la ciudad de México el 15 de octubre.
En la noche del Sábado, 10 de octubre, miles de soldados y policías federales en la obscuridad se colocaron en posición. Después de cortar cercos y de sacar por la fuerza a los trabajadores, ocuparon más de 50 instalaciones de la empresa estatal de servicios públicos, Luz y Fuerza del Centro, a la espera del golpe administrativo que vendría a continuación. Por la medianoche, el presidente Felipe Calderón emitió un decreto con el cual liquidó a la empresa y a su sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, una de las organizaciones sindicales independientes más fuerte y beligerante de la nación.
La maniobra había sido preparada cuidadosamente por el gobierno. Los movimientos de tropas por la zona centro del país -que era atendida por Luz y Fuerza del Centro, pasaron inadvertidos al amparo de la constante movilización masiva de fuerzas de seguridad que luchan en la guerra militarizada contra las drogas.
El decreto fue expedido después de un conflicto sindical que el Gobierno alimentó y posteriormente aprovechó para eliminar a la empresa y a su sindicato. Las elecciones sindicales del pasado junio fueron impugnadas en medio de rumores de que el gobierno federal activamente fomentaba la división. En señal de advertencia, el 5 de octubre el Secretario del Trabajo, Javier Lozano, rechazó el registro de la nueva dirigencia sindical sin esperar la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje. El “Sabadazo", o la ofensiva del sábado, tuvo lugar cuando el sindicato y el gobierno todavía estaban en proceso de negociación.
El TLCAN y la batalla acerca de quién pagará el precio de la crisis
Entablé conversación con López, en razón de la sencilla mordacidad de la pancarta verde intenso que portaba: "Presidente Calderón—Sus hijos comen bien. Los míos no."
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| Los mexicanos protestan el decreto para liquidar el LFC y su sindicato. |
En otras pancartas similares se leía: "¿Y ahora qué hago? ¿Qué va a comer mi familia?". Los manifestantes dejaron claro que los aspectos políticos de la privatización y la oposición al gobierno de Calderón prevalecen en el movimiento, pero sobre todo, los trabajadores sienten que su propia supervivencia está siendo atacada.
La derecha voraz se ha empeñado en demostrar que no serán los ricos quienes pagarán por la crisis. Uno de los argumentos centrales para la eliminación de la Luz y Fuerza del Centro y su sindicato ha sido que empleaba a demasiados trabajadores, lo que la hacia "ineficiente". Para el gobierno de Calderón, proporcionar un trabajo digno a más de 40.000 familias es un delito en un año en que el desempleo se ha duplicado y cerca de 800,000 trabajadores mexicanos han perdido sus empleos en el sector formal debido a la crisis.
La economía mexicana está en una encrucijada y enfrenta un déficit de miles de millones de dólares este año. Debido a su fuerte dependencia de la economía de Estados Unidos bajo el TLCAN, es el país más afectado en América Latina y se prevé una caída de 7.5% del PIB para 2009. El número de pobres ha aumentado por encima de los niveles previos del TLCAN, dejando a millones más de familias en la pobreza, mientras que la tasa de desempleo se ha duplicado.
El líder del Congreso del Partido de Calderón, Acción Nacional, Mario Alberto Becerra, estimó que aún después de repartir las indemnizaciones, el Gobierno se ahorrará dinero con la reducción de los costos de operación de la compañía Luz y Fuerza del Centro. El gobierno planea utilizar parte de ese dinero para programas asistenciales dirigidos a los pobres, modelo que considera preferible a mantener los empleos de los trabajadores sindicalizados. El secretario del hacienda, Agustín Carstens, anunció que los 42, 000 trabajadores del SME serán sustituidos por 10.000 nuevas contrataciones. No dijo nada acerca de la recontratación de los obreros finiquitados; el mensaje es bien claro—que los miembros del sindicato no se molesten en solicitar este empleo.
El Presidente Obama prometió renegociar el TLCAN, para incorporar al texto los acuerdos paralelos laboral y ambiental y agregar los principios torales de la Organización Internacional del Trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores. En la reciente Cumbre de Líderes de América del Norte, dijo que la promesa se ha colocado en un segundo plano. Pero más bien parece que el debate está relegado por ahora. En una reunión el 19 de octubre entre los representantes comerciales de las tres naciones del TLCAN, estos reafirmaron su compromiso con el acuerdo comercial sin siquiera mencionar la renegociación.
Los trabajadores sindicalizados no son los únicos que sufren. El TLCAN ha desplazado alrededor de dos millones de pequeños agricultores mexicanos en el campo debido a la competencia con las importaciones agrícolas de Estados Unidos. Una sentencia reciente emitida por un tribunal del TLCAN, en una resolución sin precedente, otorgó $ 77.3 millones de dólares en favor de Cargill Incorporated para compensar a la empresa por las supuestas perdidas que le ocasionó un programa del gobierno mexicano que impedía el uso de jarabe de maíz establecido para salvar a la industria azucarera de México—un sector industrial fuertemente protegido en los Estados Unidos. Las disposiciones sobre inversión del TLCAN (conocidas como "Capítulo 11"), permiten a las empresas interponer demandas contra los gobiernos en tribunales especiales como uno de los muchos privilegios que se ofrecen a las empresas transnacionales en el marco del acuerdo. Esta obscena decisión a favor de una de las agroindustrias más ricas del mundo, ilustra las prioridades del TLCAN y la constante erosión de los derechos de los trabajadores y de sus medios de subsistencia.
Cuando se estaba negociando el TLCAN en los años 90, muchos sindicatos de Estados Unidos todavía consideraban a los trabajadores mexicanos como enemigos de sus asociados, como competencia desleal en un mercado laboral cada vez más globalizado. Esa actitud ya cambió.
Una declaración del 15 de octubre de la AFL-CIO consigna:
En nombre de más de 11 millones de mujeres y hombres trabajadores de los Estados Unidos, la AFL-CIO condena esta acción unilateral de las autoridades mexicanas, que de hecho destruye al SME y los derechos sindicales de los trabajadores de la Compañía Luz y Fuerza del Centro. Lamentablemente, el Gobierno mexicano ha utilizado actos similares de intervención y de represión contra los mineros de México y contra el sindicato de Trabajadores Metalúrgicos.
La AFL-CIO apoya las siguientes demandas del SME y de los trabajadores de Luz y Fuerza y para revertir este acto atroz de antisindicalismo y de violación de las normas internacionalmente reconocidas de libertad de asociación sindical y negociación colectiva: 1) la revocación del decreto del gobierno que unilateralmente liquida la empresa, 2) poner fin a la ocupación de las plantas de energía por la Policía Federal, 3) establecer negociaciones de “buena fe” entre el Gobierno de México y el Sindicato acerca de las cuestiones financieras y administrativas pertinentes.
Camino a la privatización
Diversos estudios han revelado que la compañía Luz y Fuerza del Centro no ha recibido financiamiento por años preparando el terreno para argumentar que la compañía no es funcional. Un informe de 2005 mostró que desde 1974, no se ha instalado nueva capacidad de generación de energía.
La privatización de la paraestatal furtivamente opera detrás de la liquidación el 10 de octubre. Los manifestantes portaban pancartas que advertían "Hoy nosotros—mañana PEMEX y la Secretaria de Educación Publica, (la compañía petrolera nacional y el sistema de educación)", y "No a la privatización".
La Compañía de Luz del Centro tiene arrendados más de mil kilómetros de cable de fibra óptica de su red eléctrica que tenía previsto ofrecer a los consumidores en un paquete "triple" que combinara electricidad, teléfono, internet y cable. Este proyecto amenazó a intereses económicos existentes y a futuros jugosos contratos del sector privado.
Aunque el gobierno de Calderón ha dicho que no está privatizando la empresa estatal, el líder del SME, Martín Esparza reveló que dos ex secretarios de energía, Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens, han formado una empresa privada denominada WL Comunicaciones para utilizar la red de fibra óptica (LFC), financiada con fondos públicos, a fin de proporcionar servicios de Internet y de comunicación. Esparza reporta que los empresarios ya han negociado descuentos y subsidios del gobierno para su empresa lucrativa.
Por ahora, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ha sido fusionada con la Comisión Federal de Electricidad, que proporciona los servicios en el resto del país. La sospecha es que la paraestatal consolidada, desprovista de un Sindicato beligerante que se oponía tanto a la privatización como a la erosión de los derechos de los trabajadores, eventualmente será privatizada. Las presiones para privatizar las empresas estatales, incluida la compañía petrolera de PEMEX y algunas áreas del sistema educativo, han caracterizado a la administración de Calderón y sus predecesores del partido político PAN. El patrón es familiar—la mayoría de los multimillonarios de México construyeron su fortuna inicial a partir de las privatizaciones de organismos del estado en términos escandalosos durante el gobierno de Salinas, y desde entonces han formado un poderoso grupo de presión para impulsar nuevas privatizaciones, acompañados por instituciones financieras internacionales tales como el Banco Mundial.
Juan Carlos Saucedo, miembro del SME, señala que la lucha para recuperar la empresa y el sindicato "apenas está empezando". Pero será una batalla cuesta arriba. El sindicato ha exigido una revisión legal de la medida insistiendo que ésta viola la Constitución mexicana. En la actualidad está trabajando con otros sindicatos en la posibilidad de convocar una huelga general. A raíz de la mega-marcha, el gobierno federal aceptó abrir un diálogo con el sindicato, pero las conversaciones se interrumpieron el 19 de octubre. El Gobierno descarta cualquier futura posibilidad de negociación para revertir el decreto presidencial y el sindicato declaró que el diálogo es una "farsa", ya que para ellos mantener sus puestos de trabajo es la máxima prioridad.
Tal como declaró en la marcha Apolinar Romero, miembro del SME, el tema en cuestión va más allá de los ingresos de los trabajadores y se basa en "qué tipo de futuro que dejaremos a nuestros hijos". La medida unilateral de eliminar a un sindicato y a una empresa de propiedad estatal establece un precedente terrible de acciones antisindicales en el país.
Las entrevistas con funcionarios del Gobierno en la prensa mexicana, revelan que la destrucción del Sindicato fue cuidadosamente planeada por más de seis meses. El gobierno de Calderón sólo estaba buscando la oportunidad propicia. Irónicamente, fue la profunda crisis económica en México, la que proporcionó al gobierno de Calderón su oportunidad. 76,000 empresas han cerrado sus puertas durante los últimos meses. El diario mexicano La Jornada informa que 2,8 millones de trabajadores han perdido sus puestos de trabajo en la administración de Calderón. Para las familias que viven en la cuerda floja, el golpe contra el sindicato los coloca entre la espada y la pared.
Miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laborales han declarado, en conferencia de prensa del 18 de octubre, que el decreto presidencial viola 25 cláusulas de la Constitución mexicana y han exhortado a los trabajadores a interponer demandas judiciales en contra de la medida, en lugar de aceptar indemnizaciones por despido. Pero cada día que pasa sin salario, parece que más trabajadores están aceptando la oferta de indemnización del Gobierno.
El gobierno ha lanzado una campaña para desprestigiar al sindicato, implicando a los miembros del sindicato de manipular prebendas a expensas de los consumidores. Los consumidores han padecido los problemas administrativos de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, con cargos inexplicables en las facturas de luz y burocracias intolerables. Estos problemas administrativos podrían haber sido resuelto hace mucho tiempo, mediante el análisis de las fallas administrativas y renovando sus sistemas—no liquidando a la empresa y a su sindicato. Las estadísticas oficiales muestran que los miembros percibían un promedio de alrededor de $500 dólares al mes, y que 20.000 miembros ganaban por debajo de este nivel, difícilmente un salario principesco. Lo que el sindicato logró obtener para sus miembros en procesos democráticos y beneficios era un ejemplo para los sindicatos mexicanos.
La verdadera pregunta es ¿quién pagará por la crisis? El gobierno de Calderón, trató de imponer un impuesto sobre alimentos básicos y medicinas en el presupuesto federal—una medida más para hacer que los pobres paguen por la riqueza desmedida y los privilegios de la élite en un país extremamente desigual. Este impuesto fue rechazado en el último minuto.
El gobierno de Estados Unidos, en lugar de ayudar a proporcionar empleos y protección cuando México se sumerge en la crisis más profunda de la historia reciente, ha concentrado su ayuda en la Iniciativa Mérida para corromper a las fuerzas armadas y a la policía mexicana a través de la guerra contra las drogas. También sigue apoyando los términos amañados del TLCAN.
Es el momento de desarrollar una relación binacional más integral y humana y renegociar el TLCAN. Los efectos, a largo plazo, de permitir que esta crisis erosione los derechos laborales y aumente el empobrecimiento de un país de por si ya devastado, sólo conducirán a la inestabilidad de toda la región.
