Introducirse en el edificio federal en Pecos, Texas requiere de sofisticación política—de la cual al parecer yo carecía cuando intenté entrar al edificio para observar el juicio de un par de prisioneros inmigrantes acusados de haber participado en el incidente del 12 y 13 de diciembre de 2008.
La situación es igual por todo el país. Después del 11 de septiembre, las salas de la justicia federal están virtualmente bloqueadas. Para entrar a estos edificios, que normalmente son sede de los tribunales de distrito y de las oficinas del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, se tiene que pasar por detectores de metales, presentar identificación, y deshacerse de cualquier dispositivo electrónico. Al menos media docena o más guardias federales de seguridad—por lo general agentes de policía o agentes del servicio de alguaciles retirados—se colocan en el vestíbulo del Palacio de Justicia para bloquear la entrada a criminales y terroristas.
Pecos, una ciudad remota del oeste de Texas, cuenta en sus afueras con una cárcel para inmigrantes operada por una compañía privada, abastecida por el gobierno federal, y que es propiedad del gobierno local. Durante las ultimas dos décadas, este negocio ha sido fuente de un creciente número de empleos locales y de incremento sostenido de los ingresos del condado. La prisión ha sido ampliada en tres ocasiones para albergar a una cantidad en aumento de reclusos inmigrantes que están bajo la custodia del Buró de Prisiones. Pero, estos días, a los pobladores de Pecos, los pone nerviosos el negocio dedicado a los “delincuente extranjeros”.
“Bueno, yo estoy aquí para observar el juicio de los inmigrantes presos que han sido acusados de participar en los disturbios sucedidos en la cárcel en diciembre pasado.” Le dije al tiempo que le entregaba al guardia mi tarjeta de presentación del Centro de Política Internacional.
“Disturbios, aquí no ha habido disturbios.” Dijo. Sólo después que le pedí que se identificara reconoció: “hubo un motín, que nos esta costando decenas de millones de dólares.”
Durante mis viajes a Pecos a partir del segundo evento noticioso protagonizado por los reclusos del 31 de enero al 5 de febrero, yo me había referido alternadamente a los sucesos como “revuelta”, “protesta”, “motín”, y “disturbio”.
El país otorga contratos a la gigantesca empresa carcelaria Grupo Geo para que opere el Centro de Detención del Condado de Reeves (RCDC), y se jacta de que éste es “el mayor centro de detención/correccional bajo gestión privada en el mundo. ” Lo sucedido, en dos ocasiones, en el Centro de Detención del Condado de Reeves, fue que los inmigrantes ahí detenidos, incendiaron edificios de la prisión en protesta por las muertes y la carencia de tratamiento medico a reclusos enfermos. Clasificados oficialmente como “delincuentes extranjeros”, estos prisioneros, al cumplir sus condenas que van de 1 a 5 años, serán procesados para su deportación—en ambos casos, el catalizador de las protestas fue el tratamiento de los reclusos enfermos quienes son confinados en la Unidad de Seguridad (SHU) “para observación médica.”
En las cárceles y en los centros de detención modernos, las “Unidades de Seguridad”, SHU’s son el equivalente actual del viejo sistema de “Confinamiento Solitario”—destinado a castigar tanto infracciones disciplinarias como a ser instrumento disuasivo para evitar comportamientos rebeldes. Pero, en el Centro de Detención del Condado de Reeves (RCDC), y en muchos otros por todo el país, las SHU’s se utilizan con frecuencia simplemente para mejorar el control de las poblaciones carcelarias—para castigar y aislar a los reclusos problemáticos hayan o no infligido los reglamentos.
En el Centro de Detención del Condado de Reeves, (RCDC) que, a partir de 1985 ha sido ampliado de 300 camas a su actual capacidad de hasta 3,000 detenidos, la “Unidad de Seguridad” se emplea sistemática y habitualmente para albergar a reclusos con enfermedades graves. Esto porque el complejo carcelario no cuenta con instalaciones de enfermería.
La muerte de Jesús Manuel Galindo
El primer incidente fue precipitado por la muerte de Jesús Manuel Galindo, de 32 años de edad, quien estaba cumpliendo una condena de 30 meses por reingreso ilegal desde México. Galindo fue detenido por la Patrulla Fronteriza después de sufrir un ataque epiléptico en una tienda 7/11 cerca de la ciudad fronteriza de Anthony, Nuevo México, lugar en el cual había vivido con su familia desde que era adolescente. La policía local, que respondió a la solicitud de ayuda de la dependienta de la tienda, entregó a Galindo a la Patrulla Fronteriza al determinarse que era un “extranjero ilegal”.
Galindo fue deportado a Ciudad Juárez (a unos 20 kilómetros de su casa en Estados Unidos). Hace dos años, después de haber pasado un mes en la ciudad fronteriza que colinda con El Paso, intentó regresar con su familia nuclear y extendida tres hijos y su segunda esposa)—todos ellos residentes legales o ciudadanos.
Sin embargo, la reforzada seguridad fronteriza y una nueva política de “extranjero criminal” que criminaliza y penaliza el cruce ilegal de fronteras, se combinaron para enviar a Galindo al calabozo federal de Pecos, donde se estima que el 75% de sus compañeros reclusos también sirven condenas relacionadas a cruces ilegales de la frontera y el resto por delitos no violentos, la mayoría de violaciones a la ley antinarcóticos.
Un nuevo ataque agudo de epilepsia, a mediados de noviembre de 2008 envió a Galindo a un hospital de la zona, y a la “Unidad de Seguridad” (SHU). El mayor temor de los reclusos en el Centro de Detención del Condado de Reeves es enfermase y ser consignados a la Unidad de Seguridad—a la que denominan “el hoyo”. Es considerado un agujero no solo por ser tan oscuro o sucio, sino más bien porque es donde no se encuentra alivio frente a las paredes, la soledad, el vacío, ni de uno mismo.
Galindo mantenía correspondencia frecuente con su madre, Graciela Galindo. Sus cartas, a partir de mediados de noviembre hasta la víspera de su muerte, hablan de su miedo y desesperanza por estar recluido en el agujero sin ninguna compañía, sin sus amigos de cárcel. Le cuenta a su madre acerca de lo inhumano de la mayoría de los guardias que no parecían reconocer la humanidad de los inmigrantes reclusos. Escribe acerca de la urgencia de obtener el medicamento correcto para evitar la recurrencia de los ataques—medicina, según me dijo su madre, para la cual tenía receta medica antes de su encarcelamiento, pero que fue substituida por las enfermeras de Reeves por sedantes que lo mantenían adormilado e incapaz de sostenerse de pie. El 5 de diciembre, escribió que tenia “miedo” de lo que le pudiera pasar si permanecía mas tiempo en el agujero, de cómo su petición de salir del confinamiento en solitario estaba siendo ignorada por los guardias y las enfermeras, de las severas magulladuras que tenía por todo el cuerpo por los golpes que se daba cuando sufría ataques epilépticos sin ninguna atención.
El día anterior a su muerte, escribió una carta a su madre que la familia no leyó hasta mucho después, cuando recibieron sus pocas pertenencias personales, junto con su cuerpo.
En su carta del 11 de diciembre, escribió:”Les dije que ya he estado aquí (en confinamiento solitario) por mas de un mes, durante el cual me he enfermado dos veces, a ver si me cambian o hacen algo rápidamente. Todo lo que dicen es “sí, sí, y no hacen nada.”
La versión de lo sucedido esta sujeta a interpretaciones y a intereses. Insurrección o protesta: criminales comportándose como criminales o seres humanos exigiendo un trato humano- después de que dos de sus compañeros, quienes también estaban en confinamiento solitario, vieron que su cuerpo era trasladado en una bolsa de plástico negro la mañana del 12 de diciembre.
Sus compañeros de prisión reaccionaron con ira al conocer la noticia de la muerte de Galindo. El incidente del 12 y 13 de diciembre dejó un saldo de varios cientos de miles de dólares en daños a la “Unidad de Seguridad” (SHU), y un edificio de recreación prácticamente siniestrado. El Condado de Reeves atribuyó la pérdida de bienes en el Centro de Detención del Condado de Reeves III (Reeves County Detention Center III, la instalación carcelaria para inmigrantes resultado de la ampliación de 2005) a un “disturbio”. El tipificarla como “amotinamiento”, habría eliminado la obligación de la compañía de seguros de cubrir los costos del siniestro, indicó el juez del condado Sam Contreras.
Procesando a los Reclusos, Protegiendo a la Prisión
Los propios reclusos se referían al incidente como “motín”, o revuelta—término que tiene la connotación de insurrección o levantamiento contra la autoridad.
Después del incidente de los días 12 y 13 de diciembre en Pecos, los reclusos internados en el Centro de Detención del Condado de Reeves (RCDC), se rebelaron de nuevo e incendiaron edificios de la prisión en una protesta generalizada que sucedió del 31 de enero a febrero 5, provocada, igual que la anterior, por la negligencia médica y los malos tratos relacionados con la utilización de la Unidad de Seguridad (SHU), con fines de “observación médica”. A partir de entonces, el sistema de justicia penal, el sistema de seguros, y el sistema financiero son los que están asumiendo la mayor parte del seguimiento.
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| El motín en RCDC fue una reacción provocada por la falta de un sistema de saluda adecuado proporcionado a los inmigrantes detenidos de los centros de detención. Foto: www.malcolm-che.com. |
A pesar de las demandas de la Unión Americana por las Libertades civiles, (American Civil Liberties Union, ACLU) de Texas y grupos de defensa de inmigrantes, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia aun no inicia ninguna investigación al respecto. Sin embargo, el sistema de justicia penal si respondió con otro tipo de acciones. La oficina de Midland, Tejas del Procurador General de Justicia Federal, de inmediato procedió a investigar si habría otros delitos con los que iniciar nuevos procesos en contra de los reclusos inmigrantes que, en parte por solidaridad con los enfermos encerrados en el agujero, y en parte por temor a que ellos también serían liberados de la prisión en una bolsa de plástico, tomaron control de las dos secciones de la prisión para hacer notar sus preocupaciones.
Al igual que los internos, el Fiscal de Estados Unidos calificó los incidentes como “motines” mientras que en los medios de comunicación se hizo eco de la versión de los guardias de seguridad del vestíbulo del edificio federal, refiriéndose a los incidentes como “disturbios”. Veintiséis internos acusados de participar en el primer incidente, están siendo procesados. En un principio enfrentaban dos cargos—causar una insurrección o motín, y complicidad (asistir en la comisión de un crimen), en un motín o insurrección. El primer cargo especificaba que los acusados “y otras personas conocidas o no por el Gran Jurado, de manera ilegal, intencionada y a sabiendas, se unieron, conspiraron, se asociaron y se pusieron de acuerdo para juntos y con otros instigar, planear, intento de causar, asistir, y conspirar para provocar un motín en el Centro de Detención del Condado de Reeves, un penal federal de detención, o institución correccional.”
(Al parecer, los abogados de la fiscalía general de Estados Unidos están tan confundidos como todo el mundo acerca del verdadero carácter del Centro de Detención del Condado de Reeves, sea una prisión o bien un centro de detención. Y, al tiempo que aloja prisioneros federales—todos inmigrantes con órdenes de deportación—hay mucha confusión acerca del nivel de gobierno bajo el cual opera la prisión. El Buró Federal de Prisiones (BOP) es el contratista, el Condado es el propietario de la instalación, y el Grupo GEO opera la cárcel como sub-contratista del Condado. Esta cadena retorcida de responsabilidades ocasiona que la rendición de cuentas sea difícil en el mejor de los casos.)
El segundo cargo fue esencialmente el mismo, pero en éste, los acusados supuestamente “colaboraron ellos y otros en instigar, planear, intento de causar, asistir o conspirar para provocar un motín.” En resumen, la acusación penal describió el incidente como un motín o insurrección. Los dos cargos fueron presentados el 9 de abril y 12 de mayo.
Pero no obtuvieron el resultado deseado. Al inicio, algunos acusados rehusaron declararse culpables, causando la molestia de la oficina del fiscal de Estados Unidos quines esperaban ahorrarse el trabajo de presentar pruebas y que el caso transitara hacia un juicio. Así, el 14 de julio el Fiscal federal a cargo del caso, John Murphy, presentó ante el gran jurado una acusación que sustituye a las anteriores y que incluye un cargo nuevo: “El uso del fuego para cometer un delito de naturaleza penal federal.”
Mary Stillinger, una de los abogados de oficio representando a los inmigrantes, comentó que el nuevo cargo, “realmente golpeó” a los inmigrantes, ya que origina una sentencia obligatoria de diez años de cárcel.
Las pruebas duras contra los acusados fueron escasas. Sin embargo, todos los abogados de los inmigrantes acusados fueron designados por el tribunal y reciben honorarios tanto si sus clientes son declarados inocentes como si los declaran culpables. Los defensores públicos federales en zona de la frontera están abrumados por la cantidad de procesos federales de inmigración, y el gobierno federal asigna los casos a abogados privados, muchos de los cuales sólo cubren los requisitos mínimos formales en la defensa de los inmigrantes.
Como parte del proceso de reconstrucción del reclusorio, la gente de GEO ha insistido en que el condado instale un sistema general de cámaras de seguridad y unidades de grabación de vídeo para asegurar que la próxima vez que enfrenten problemas, las cintas de vigilancia puedan ser utilizadas como evidencia. El arquitecto director del proyecto de reconstrucción explicó, en una reunión de comisionados del condado que se llevó a cabo en Pecos, “las cámaras y los equipos de grabación son prioritarios, porque, dice, si hubieran tenido más cámaras de seguridad, y mejor equipo de grabación durante los disturbios, habrían sido capaces de iniciar procesos penales contra mas personas, de acusar a un numero mayor—si hubieran tenido pruebas de lo que todo el mundo estaba haciendo.”
Nadie en posición de responsabilidad—ni en el gobierno del Condado, ni en Geo, ni el subcontratista de los servicios médicos, Asociación Red de Médicos (de Lubbock, Texas), ni en el Buró Federal de Prisiones, (BOP), ni en la Procuraduría General de Estados Unidos, parecen estar interesados en procesar, acusar, recopilar evidencias, incluso ni siquiera de investigar las condiciones prevalecientes en el Centro de Detención del Condado de Reeves, RCDC que provocaron los disturbios y la muerte de Jesús Manuel Galindo.
El negocio es primero en el Condado de Reeves
El condado tiene otras preocupaciones que implican altas finanzas y la conservación del empleo carcelario en el Condado de Reeves.
A partir de 1985, el condado ha emitido aproximadamente $115 millones de dólares en bonos municipales para financiar la construcción y el mantenimiento del Centro de Detención del Condado de Reeves (RCDC), el complejo carcelario para inmigrantes. Al inicio del disturbio / motín / insurrección, el condado había acumulado una deuda a cargo del centro de detención por la suma de $ 92 millones de dólares. Esta deuda está asegurada con bonos municipales exentos de impuestos denominados “Bonos de Ingreso por Proyecto” emitidos por una corporación pública municipal establecida especialmente para crear un proyecto proveedor ingresos para el condado.
El condado salió bastante bien librado del primer incidente. Las compañías de seguros contratados por el condado durante un par de décadas para cubrir la prisión, solventó la mayor parte de los gastos de reconstrucción. Pero no tardó en llegar la secuela proverbial, “la próxima es fuego.”
A escasos dos meses de la primera protesta de reclusos, éstos protagonizaron un incidente mucho más agudo el 12 y 13 de diciembre—que destruyó completamente la unidad carcelaria más antigua, dio lugar a la reconstrucción y elevó los gastos del proyecto hasta $40 millones de dólares. Esta vez, se espera que las compañías de seguros aporten sólo $ 25 millones, dejando el condado con un déficit de $15 millones dólares.
Ahora hay que introducir a Barry Friedman de Carlyle Capital Markets, la firma que ha suscrito los bonos del Condado de Reeves desde el comienzo de su empresa carcelaria. Friedman le asegura al condado que puede colocar los $15 millones o más en bonos para cubrir el déficit. “He estado del lado del Condado de Reeves desde 1986” Friedman recientemente les dijo a los comisionados del condado, asegurándoles que sólo busca lo que es bueno para el condado.
No sólo es Friedman quien suscribe la nueva emisión de bonos, además, después de los disturbios, fue contratado como asesor financiero para el condado con honorarios de alrededor de $15,000 dólares al mes. Él recibe tanto la comisión por suscribir la emisión de bonos como la retribución por asesorar al condado en materia financiera. Cuando la Fiscal del Condado, Alva Álvarez, se quejó del conflicto de intereses inherente a su doble rol, Friedman respondió muy molesto a la pregunta de si el representaba a los tenedores de bonos, “No, yo represento al condado.”
El Condado de Reeves está enojado, preocupado, fuertemente endeudado, y en camino de incrementar sus adeudos. No es de extrañar, entonces, que el anciano guardia de seguridad reaccionara a la defensiva en el edificio federal. Después que le pregunté quién era, amenazó con llamar a los alguaciles. Conociendo la justicia que se imparte en el Condado de Reeves, me di la vuelta y me marché. En cualquier caso, todos los inmigrantes procesados habían decidido declararse culpables. El juicio programado se canceló.
Los ánimos están también en llamas en el edificio del condado en la calle de enfrente, las quejas de que el Friedman de Carlyle trabaja dos lados del negocio carcelario y con el temor de que si el Condado no repara la prisión, el Buró Federal de Prisiones pueda, como apuntó uno de los funcionarios municipales, “llegar con autobuses y llevarse a los presos”.
Eso dejaría el Condado de Reeves con una enorme deuda en bonos carcelarios, a Pecos con un complejo penitenciario vacío a las afueras de la ciudad, y a más de cuatrocientos residentes de la zona sin trabajo. Sería un golpe casi fatal para el municipio, donde un cuarto de la población vive en la pobreza y el índice de desempleo alcanza el 14.1%.
Pobre Pecos. Y pobres inmigrantes que todavía sufren las mismas condiciones médicas que provocaron los incidentes.
