En la primera Cumbre de América del Norte el pasado agosto, los dirigentes de las tres naciones evitaron en su declaración conjunta cualquier mención tanto del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) como de su ramificación, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Aun cuando el pacto comercial fue el origen de estas reuniones anuales, los resultados negativos del TLCAN lo han convertido más en un motivo de vergüenza que en una ventaja política.
Los líderes de América del Norte pueden desear distanciarse del fracaso evidente del TLCAN en mejorar las vidas de sus ciudadanos, pero estos últimos, ya sea de Canadá, México o de Estados Unidos, continúan instando a una revisión y renegociación totales del pacto. Este artículo explica por qué ahora esa tarea es más urgente que nunca en la crisis global actual.
Las elecciones primarias demócratas de 2006 marcaron el período histórico cuando "TLCAN" se convirtió oficialmente en palabra sucia. Clinton y Obama rivalizaron por ser quien mejor desacreditara el tratado comercial para ganar los votos de los trabajadores desencantados (y a menudo desempleados) en los sectores obreros de Estados Unidos.
Los candidatos no sólo buscaban complacer a estados indecisos. Las encuestas demostraron por primera vez el cambio en los platillos de la balanza: la mayoría encuestada a escala nacional expresó opiniones negativas acerca del Tratado de Libre Comercio para América del Norte firmado en 1994 por Estados Unidos, Canadá y México. Evaluaciones del TLCAN al alcanzar sus diez y 15 años registraron aumento del escepticismo, cero crecimiento en México y pérdidas de empleos en Estados Unidos.
Fue una reversión más que notable. Las siglas NAFTA, o TLCAN, entraron al vocabulario de América del Norte como un símbolo del progreso a medir por la rápida integración económica. La globalización de lo que producimos y consumimos parecía un destino beneficioso, y en todo caso inevitable.
En ninguna región el experimento de integración regional fue tan extremo y rápido como en Norteamérica bajo el TLCAN: demolió barreras comerciales y a la inversión tales como aranceles de protección y preferencias locales; desmanteló programas de apoyo gubernamentales (menos cuando el dirigente indiscutido del proceso, Estados Unidos, encontró ello inconveniente como en el caso de su propia ley agrícola); extendió los monopolios de propiedad intelectual mucho más allá de los impuestos por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Lo que el TLCAN no hizo fue lo que la Unión Europea sí logró. El TLCAN ignoró el impacto potencial que sobre la inmigración ejercerían sus propias medidas, y se rehusó a incorporar fondos de compensación o estrategias transicionales que respondieran por la enorme asimetría entre las economías nacionales participantes. La economía mexicana era menor a 1/15º del tamaño de la estadounidense, con millones de familias viviendo en pobreza extrema. El TLCAN no proveyó mecanismo alguno para reparar este desnivelado campo de juego. Antes bien, confió en que los mercados internacionales, dejados a su propio impulso, resolverían todos los problemas que se presentaran.
Si se le mide únicamente por el grado de integración económica, el experimento del TLCAN tuvo éxito. La frontera México-Estados Unidos se ha vuelto la región más altamente integrada del mundo. 35 millones de dólares en bienes cruzan la frontera cada hora. El comercio total entre los tres países del TLCAN ha hecho más que duplicarse, mientras el comercio total en mercancías entre Estados Unidos y México casi se triplicó, de 81,600 millones de dólares en 1993 a 266,600 millones en 2004.
Pero el crecimiento de las cifras comerciales no equivale a mejorar la calidad de vida del ciudadano promedio. El desempleo relacionado con el TLCAN en Estados Unidos está superando la generación de empleos directos. Los canadienses protestan por la pérdida de soberanía y la capacidad de planificar el uso sustentable de recursos naturales debido a exportaciones a Estados Unidos que el TLCAN vuelve obligatorias.
México—el socio decididamente junior en el trato—ha experimentado un desplazamiento masivo. Los pequeños agricultores perdieron sus medios de vida ante la competencia del maíz y otros granos básicos importados. Las pequeñas y medianas empresas que producían para el mercado interno tuvieron que cerrar. Miles de trabajadores fueron empujados del mercado laboral formal al empleo informal, sobre todo las mujeres, donde ya no gozaron de prestaciones, seguridad laboral ni salarios mínimos. En consecuencia, la emigración a Estados Unidos saltó a medio millón de hombres, mujeres y niños al año.
Sin embargo, no todos salieron perdiendo con el TLCAN. En la elaboración del tratado participaron directamente las corporaciones trasnacionales. La liberalización del comercio y las inversiones les permitieron planificar estrategias regionales para sacar el máximo partido de áreas donde los recursos naturales, mano de obra barata, subsidios gubernamentales, bajos costos de producción y escasa regulación abaratan más la producción. En términos de los estrechos intereses de las trasnacionales, esto era eficiencia. Pero esta marca de eficiencia tiene costos ocultos y de largo plazo: causa movilidad de personas a gran escala, interrumpiendo vidas, medios de subsistencia y culturas. Agota los recursos naturales y contamina el planeta sin pagar los costos reales.
Baste un solo ejemplo: Las cláusulas del TLCAN referentes a la inversión han creado un alto grado de concentración en la producción y comercialización agrícola, conducidas por las gigantescas trasnacionales estadounidenses Cargill y ADM en asociación con empresas mexicanas. Desde que el TLCAN entró en vigor, el ingreso neto de la empresa agroindustrial Cargill se elevó en 660%: desde 597 millones de dólares en 1998-99 hasta 3,950 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2007-2008. Entretanto, millones de pequeños agricultores mexicanos fueron desplazados al serles imposible competir con las importaciones subsidiadas. Cargill recibió subsidios masivos del gobierno mexicano al mismo tiempo que los programas sociales y productivos para pequeños agricultores fueron reducidos o eliminados. La manipulación de precios llevó a la crisis de la tortilla, el brusco aumento en sus precios en enero de 2006. La fijación de precios que afecta a los consumidores de bajos ingresos y la amenaza de contaminación genética debida a la importación de maíz genéticamente modificado ha abierto un debate de enormes proporciones sobre el TLCAN en el sector agrícola de México y levantado una amplia movilización en defensa del maíz y por la renegociación del tratado.
Bajo el TLCAN, la desigualdad a la vez concentrada y creciente en México ha otorgado a este país la dudosa distinción de tener a algunos de los hombres más acaudalados del planeta en tanto que el número absoluto de pobres va en aumento.
Azota la crisis: necesidad de revisar el TLCAN
Incluso antes de la reciente crisis económica, organizaciones en los tres países del TLCAN ya instaban a renegociar el tratado o bien a rescindirlo.
Las múltiples crisis—económicas, financieras, ambientales, alimentarias—que golpearon duro a fines de 2008 han intensificado esos llamados. Estamos en uno de los momentos en que se define la historia. Podemos arraigar el modelo del TLCAN concentrándonos en las exportaciones, tercerización y movilidad del capital. O podemos reexaminar este modelo de integración de arriba abajo y comenzar a estructurar una recuperación más equitativa, regulada y de abajo hacia arriba que sea sustentable por generaciones.
Hay tantas razones para creer esto posible, como las hay para ser pesimista. En el lado positivo, las corporaciones que elaboraron el TLCAN han caído en el desprestigio. El argumento de que la desregulación y la libre rienda a las trasnacionales traerá prosperidad para todos ya resulta muy poco verosímil.
No obstante, esas mismas corporaciones siguen esgrimiendo una influencia desproporcionada sobre los acontecimientos mundiales. El Grupo de las 20 naciones prósperas se reúne cada pocos meses más o menos para debatir la regulación de un sector corporativo irresponsable, y emerge con llamados a cubrirlo con dinero de gobiernos, mientras preserva al sistema comercial del "proteccionismo".
Pero demasiada gente siente que el precio de mantener el TLCAN y tratados comerciales parecidos es demasiado alto. Para enfrentar la crisis, los países del TLCAN necesitan recurrir a herramientas políticas de emergencia para reactivar la recuperación. Éstas incluyen compras gubernamentales que respalden negocios nacionales, subsidios y rescates económicos, apoyar programas, y generación de empleos sufragada por el estado. La mayoría de estas herramientas están técnicamente prohibidas conforme al TLCAN.
El gobierno de Obama ha respondido a la crisis de E.U. con medidas enérgicas para estimular la economía nacional, lo cual costará sumas de dinero casi inconcebibles. No se han abordado muchos de los cambios estructurales necesarios, entre ellos el TLCAN.
México no puede costearse medidas como éstas, y sin embargo la crisis tendrá allí un costo humano mucho mayor porque ya muchas familias mexicanas están en el nivel de subsistencia. Mexico depende de que el mercado estadounidense adquiera como mínimo el 80% de sus exportaciones. Es por mucho la fuente principal de inversión extranjera, y las remesas desde Estados Unidos son la segunda fuente más importante de ingresos del extranjero, solamente después del petróleo.
Cada semana las proyecciones de crecimiento en México para 2009 se ajustan hacia abajo, y ahora se calculan en menos 7%. Entre 2006 y 2008 el salario real perdió 4 puntos porcentuales gracias a la inflación, acelerando una tendencia constante a todos los niveles desde que el TLCAN entró en vigor. El salario mínimo oficial está por debajo del nivel de inanición.
El presidente Obama ha argumentado de forma bastante vaga que la prosperidad nacional debe construirse sobre la prosperidad regional. Sin embargo la ayuda estadounidense a México durante la crisis económica se destina casi exclusivamente a la seguridad. La "Iniciativa Mérida" ya ha asignado 1,100 millones de dólares a pagar equipo de defensa, sistemas de tecnología de la información y capacitación para policía y fuerzas armadas para librar una guerra antidrogas fracasada. La ayuda para el desarrollo que otorga USAID promedia alrededor de 23 millones de dólares anuales; una porción enorme de los mismos acaban en el sector de seguridad y reformas políticas. Lo que queda son migajas para la gente que verdaderamente necesita ayuda en el país, muchos entonces son obligados a emigrar, y se gastan cientos de millones de dólares para cazarlos, arrestarlos, encarcelarlos y deportarlos.
Debe haber una estrategia mejor.
¿Puede renegociarse el TLCAN?
Más de mil personas protestaron fuera de la Cumbre de América del Norte. Se les mantuvo a distancia. La policía acordonó varias cuadras alrededor de la sede para evitar cualquier contacto incómodo entre los dirigentes y sus vasallos. Relegadas a los márgenes una vez más, las organizaciones ambientales, laborales y por un comercio justo pidieron una renegociación del TLCAN.
Conforme a la ley, no existen dudas de que el TLCAN puede renegociarse. Los sindicatos y movimientos ciudadanos que exigen su renegociación no están pidiendo el fin del comercio internacional. Piden que se eliminen los incentivos gubernamentales para trasladar la producción al extranjero y que se dé una oportunidad de sobrevivir a los sectores económicos que no pueden competir en el mercado internacional pero que son vitales para generar empleos dignos. Hoy, con la crisis, los ciudadanos de todos los países han intensificado la demanda de que los gobiernos adopten más programas sociales y de desarrollo locales, del tipo prohibido por las disposiciones de competencia y privatización contenidas en el TLCAN.
Cada país signatario del TLCAN tiene intereses particulares que perseguir. En Estados Unidos, el entonces candidato—ahora presidente—Obama, se hizo eco de las exigencias ciudadanas al afirmar:
"Debemos incorporar al TLCAN disposiciones obligatorias que protejan el derecho a la negociación y contratación colectivas y otros estándares laborales vitales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. Y también debemos agregar estándares ambientales obligatorios para que las empresas de un país no puedan obtener una ventaja económica destruyendo el ambiente. Y debemos reformar el TLCAN para que quede claro no pueden pisotearse las leyes y reglamentos justos, redactados para proteger a los nacionales de cualquiera de los tres países, a la simple solicitud de los inversionistas extranjeros."
Hoy el problema parece estar en los detalles y el sentido de la oportunidad. Obama declaró antes de la Cumbre que no se hablaría de renegociación, diciendo que "ahora tiene demasiado que hacer" con las reformas a la salud pública, energéticas y financieras, y la necesidad de estabilizar la economía antes de abrir un prolongado debate sobre la renegociación del TLCAN.
Pero la crisis económica y el debate reabierto por la presidencia de Obama ofrecen la oportunidad de introducir algunos cambios necesarios a un tratado obsoleto. La presidencia de Obama podría acabar adoptando meramente la plataforma demócrata relativa al comercio, que estipula incorporar al texto principal los acuerdos laboral y ambiental y agregarle los estándares laborales prioritarios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, así como crear un programa más amplio para enfrentar el desplazamiento de empleos de E.U. Obama votó por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú, el cual fue modificado siguiendo estos lineamientos.
No queda del todo claro que este formato dé al TLCAN más eficacia que sus reglas actuales. Estas últimas nunca han permitido que un solo caso llegue a ser sancionado, no importando para ello lo flagrante de las violaciones cometidas. Las organizaciones populares serán un factor crítico para obligar a la administración a estar a la altura de sus promesas de reformar el pacto comercial.
En el frente canadiense, las organizaciones de la sociedad civil exigen la eliminación de la cláusula de proporcionalidad que requiere a Canadá enviar petróleo a Estados Unidos incluso en tiempos de escasez. También piden a su gobierno que se eliminen las cláusulas del Capítulo 11 relativas a inversionistas ante los estados, que otorgan a los primeros el derecho de demandar a gobiernos. Este capítulo causa controversia en las tres naciones porque las corporaciones lo están utilizando para pasar por encima de leyes sanitarias y de seguridad pública que interfieran con sus "ganancias actuales o futuras." La peculiar estructura legal—que escapa a todos los sistemas judiciales nacionales—no sólo permite a empresas privadas demandar a gobiernos por una amplia gama de supuestos agravios, sino que es claramente parcial: una revisión reciente demostró que los tribunales comerciales especiales han resuelto a favor de las corporaciones en la abrumadora mayoría de los casos.
En México un amplio movimiento popular ha llamado a la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN con la intención de proteger la producción de alimentos básicos y excluir totalmente al maíz y al frijol del tratado. Además, exigen el derecho de regular el sistema alimentario de manera que consumidores y productores tengan acceso a un trabajo y subsistencia dignos.
Por último, grupos ciudadanos exigen que se ponga término a la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), denominada en ocasiones como el "tratado TLCAN Plus". Existen indicios de que la vida política de la ASPAN pueda, en efecto, estar tocando a su fin. Este pacto mal concebido y calculado entre los jefes de los tres gobiernos fue elaborado por la administración Bush como un plan de cooperación regional contra el terrorismo y una forma de ahondar la integración del TLCAN sin supervisión congresional, parlamentaria o pública. Permite a Estados Unidos realizar tareas de policía de la frontera sur con México, aumentar la vigilancia sobre ella y e intensificar la integración económica. Ningún miembro de la sociedad civil es invitado a participar regularmente en sus muchos grupos de trabajo, compuestos de representantes de corporaciones trasnacionales y entidades gubernamentales. Como tanto la derecha como la izquierda en Estados Unidos la repudia, se habla de que pronto la ASPAN será revocada o reestructurada.
El primer paso hacia una renegociación del TLCAN debe ser un estudio del mayor alcance posible de su impacto en los tres países. En Estados Unidos, el senador Sherrod Brown (Demócrata de Ohio) y el representante Mike Michaud (Demócrata de Maine), son coautores de la Ley de de Reforma Comercial, Rendición de cuentas, Desarrollo y Empleo (TRADE, por sus siglas en inglés), y la han presentado al Congreso. La Ley TRADE estipula una revisión del TLCAN y presenta principios de comercio justo desde los cuales seguir adelante. Esta ley ordena que el gobierno de E.U. no solamente incluya cifras comerciales en el estudio, sino datos de ganancia y pérdida de empleos, normas y condiciones laborales, seguridad para el consumidor e impactos ambientales. La Ley TRADE fue reintroducida al Congreso el 24 de junio pasado y actualmente la apoyan 116 congresistas.
Un reexamen del TLCAN debe incluir los hechos sobre el impacto y las consecuencias del gran experimento que hasta ahora no han sido informados ni analizados. El estudio debe ser independiente y permitir la consulta y la participación de la ciudadanía. Debe contar con criterios de evaluación cuidadosamente definidos, incluyendo indicadores sociales, económicos, políticos y culturales, y un mecanismo para la recepción de análisis realizados por la sociedad civil y para su presentación como parte del proceso.
Para echar abajo las tácticas de dilación y negación de los líderes y avanzar hacia una minuciosa valoración y perfeccionamiento del TLCAN, harán falta movimientos ciudadanos de muy amplia base. En México, movimientos campesinos han celebrado grandes manifestaciones en las calles, varias de ellas de más de 100,000 personas, para pedir que se retire al maíz y al frijol del tratado y así poder administrar el abastecimiento de los alimentos más básicos. Tras la primera marcha en enero de 2003, el entonces presidente Vicente Fox solicitó una renegociación, a lo que el gobierno de E.U. se negó. Fox desechó de inmediato la solicitud. El actual presidente Felipe Calderón—neoliberal estricto—se opone a la renegociación.
En Estados Unidos la muy repetida frase del presidente Obama de que "el TLCAN benefició a Wall Street [el gran centro financiero de E.U.] y dañó a Main Street [calle principal de una población o ciudad]", expresa la comprensión de que el tratado está viciado por su orientación pro corporativista y no sólo porque contenga unas cuantas cláusulas ineficaces o consecuencias imprevistas; sin embargo ahora él mismo ha postergado el tema de la renegociación. Los movimientos de la sociedad civil continúan presionando hacia la renegociación al mismo tiempo que compiten para lograr visibilidad, con muchos otros problemas.
Los pueblos canadienses, estadounidense y mexicano necesitan celebrar debates públicos para determinar sus propias prioridades y estrategias nacionales para reformar políticas, aliviar el sufrimiento y la pobreza, y construir estructuras alternativas. La convergencia de estas estrategias de la sociedad civil será lo que nos facilite solidarizarnos y echar atrás el actual modelo de TLCAN.
