En la semana previa al viaje previsto de Obama a México, el Senador Patrick Leahy (Demócrata por Vermont) dejó claro en que bloquearía el reporte de derechos humanos en México que condiciona la liberación de los fondos restantes de la Iniciativa Mérida. El reporte sería presentado por la Secretaria de Estado Clinton al Subcomité de Operaciones y Asignaciones en el Exterior que el Senador Leahy preside, pero éste se postergo la semana anterior a pesar de los esfuerzos por parte de funcionarios de los EE.UU. y Mexico para negociar con el Departamento de Estado y varios legisladores de EE.UU. un informe favorable.
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| La militarización de la guerra contra las drogas en México. Foto: militarismomexico.blogspot.com. |
El asesor en política exterior de Leahy, Tim Rieser, dijo a los funcionarios que hay pruebas de que el gobierno mexicano no ha cumplido las cuatro condiciones contenidas en la legislación de la Iniciativa Mérida. La oficina de Leahy ha coincidido con diversas organizaciones de derechos humanos mexicanas e internacionales en que en la guerra contra las drogas las violaciónes de los derechos humanos continuan y que de hecho han aumentado. En el corto periodo de dos años y medio del presidente Calderón, las violaciones a los DDHH han aumentado un 600%, con un promedio de 140 denuncias registradas contra el ejército por mes. Éstas incluyen violaciones severas como la tortura, homicidio, desaparición forzada y hallanamientos ilegales.
Un desglose de las Condiciones de la Iniciativa Mérida
Dentro de la Iniciativa, también conocida como Plan México, el Congreso de los E.E.U.U. debe retener el 15% de una parte de los fondos en espera de un informe del Departamento de Estado que demuestre los progresos realizados en cuatro áreas de los derechos humanos:
- Mejoramiento de la transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas policiacas federales para trabajar con autoridades estatales y municipales para así mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del estado y de la policía municipal a través de mecanismos, entre ellos comisiones de quejas contra la policía con autoridad e independencia para recibir las denuncias y llevar a cabo investigaciones eficaces;
- Conducción de consultas periódicas con las organizaciones de derechos humanos de México y otras organizaciones de la sociedad civil mexicana en las recomendaciones para la aplicación de la Iniciativa Mérida en conformidad con las leyes mexicanas e internacionales;
- Asegurarse de que los fiscales civiles y las autoridades judiciales investigan y procesan, de acuerdo con la legislación mexicana e internacional, a los miembros de la Policía Federal y de las fuerzas armadas presuntamente acusados de violación a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, y que la Policía Federal y las fuerzas armadas esten cooperando plenamente con las investigaciones, y
- Hacer cumplir la prohibición, de acuerdo a la legsilación mexicana e internacional, sobre el uso de testimonios obtenidos mediante la tortura u otros malos tratos.
Este será el primer reporte emitido por el Departamento de Estado, si bien la Iniciativa Mérida ha recibido el financiamiento para 2008, 2009 y un suplemento para el año 2009 por un total de US$ 1,1 billones—todos ellos con el informe requerido. El importe exacto de los fondos condicionados no es fácil de calcular. El complejo lenguaje y secciones ocultas de la legislación han generado diferentes estimaciones de distintas fuentes. En las asignaciones de 2008 el financiamiento bajo las partidas de la Fiscalización Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLES por sus siglas en inglés) y Financiación Militar Extranjera (FMF) está sujeto a la retención por los derechos humanos, sumando un máximo de US$ 24.675.000 del total de 400.000.000 dólares. En la sección del proyecto de ley Omnibus 2009 de la Iniciativa Mérida se retienen US $ 33.750.000 de los US$ 300.000.000 para Mexico aprobados por el Congreso.
Más recientemente se ha producido un gasto adicional aprobado por el Congreso estadounidense que incluye un suplemento de otro proyecto de ley que asigna $420.000.000 dólares en fondos para ayudar a Calderón. En el gasto suplementario, el condicionamiento cambió. Para asegurarse de que la Marina mexicana recibiera los tres CASA 235 que los EE.UU. habían prometido, el suplemento de la financiación del FMF—el más sensible en materia de violaciones a los derechos humanos—esta exento de condiciones. En suma a esto no se da la cantidad específica de las excepciones al condicionamiento del resto de los fondos para la "reforma judicial, la creación de instituciones, lucha contra la corrupción y para el estado de derecho". Sin embargo, basados en la legislación anterior, una suposición puede calcular aproximadamente US$ 13.000.000 retenidos.
El Congreso mantiene pendiente la aprobación de los fondos autorizados para el último año de la Iniciativa Mérida. Esta aprovación garantizaría una subvención adicional de US$ 236.000.000 para la guerra de México contra las drogas. Una vez más, la legislación no especifica la cantidad exenta de condicionamiento, pero es probable que sea alrededor de $ 24.500.000, si se aplican normas anteriores. En total, es seguro decir que si la administración de Calderón no puede probar que está haciendo un progreso real en lo que concierne a las violaciónes de los derechos humanos por sus fuerzas de seguridad puede llegar a perder un total de casi 96.000.000 dólares de ayuda estadounidense.
Ante la creciente evidencia de violaciones de los derechos humanos por militares mexicanos, la prensa y organizaciones de derechos humanos han cuestionado al Departamento de Estado acerca del faltante informe sobre derechos humanos, impulsando la sospecha de que el gobierno mexicano no podrá cumplir con las condiciones. Con la cumbre de los Líderes de América del Norte del 11 de agosto en Guadalajara, el Departamento de Estado quiso mostrar su pleno apoyo para la ofensiva de Calderón contra los cárteles de la droga mediante la liberación de los fondos. Las objeciones de Leahy sobre un encubrimiento mexicano en materia de derechos humanos envió el informe de vuelta a la pizarra.
Robert Wood, portavoz del Departamento de Estado dijo que "el informe aún se encuentra en la fase de proyecto. Y estamos revisando actualmente la información que hemos recibido durante la última semana para su inclusión en el reporte del 15 por ciento. Sólo quiero ser muy claro aquí. Nuestro objetivo es tratar de producir un informe lo más completo posible, de manera que—el Congreso pueda comprender plenamente las medidas que el Gobierno mexicano está tomando para hacer frente a la protección y ampliación de los derechos humanos en Mexico."
Su respuesta demuestra que el personal del Departamento de Estado no está buscando producir un informe equilibrado, sino en reunir las pruebas suficientes para convencer al Congreso de que estampe su sello para el gobierno mexicano. Para la frustración y la decepción de los grupos de derechos humanos y de grupos de ciudadanos en ambos lados de la frontera, la administración de Obama ha decidido que la Iniciativa Mérida y la financiación de la seguridad militar es la prueba de la amistad entre las naciones vecinas, prácticamente ignorando el financiamiento para el desarrollo o el combate de la pobreza en un momento en que México enfrenta la peor crisis de las últimas décadas.
De igual forma, ignora el desbalance y la falta de resultados del modelo Calderón-Mérida. Wood evadió una pregunta concerniente a ese tema:
PREGUNTA: "Pero lo que quiero decir es, (Leahy) se queja de que hay un énfasis excesivo en la estrategia militar y no lo suficiente en el estado de derecho y los derechos humanos y otras cuestiones que involucran una estrategia antidrogas.
SR WOOD: Bueno, mira, hemos tenido conversaciones con el senador y con sus colaboradores. Y se que están esas preocupaciones ahí afuera. Pero sinceramente, creemos que el Presidente Calderón está haciendo lo que puede en tratar de mejorar la situación de los derechos humanos en México, particularmente en lo que concierne a las fuerzas de seguridad. Lo que estamos tratando de hacer es, como dije, darle al Congreso un contexto para que puedan comprender lo que los mexicanos están tratando de hacer."
Militarización: Una Política fallida
A pesar de todas los números, reportes y de la legislación, México no puede ser aprobado en las condiciones de derechos humanos en un reporte honesto e imparcial. Mientras los reportes en violaciones a los derechos humanos se incrementan (muchas de ellas no se reportan por la falta de confianza en el sistema judicial) las Fuerzas Armadas se rehúsan a someterse a la justicia civil. Además de la ofensiva contra los objetivos narcotraficantes, organizaciones de derechos humanos han mostrado cómo frecuentemente las víctimas de las violaciones a los derechos humanos son civiles inocentes. Reportes de la frontera indican la expansión en el uso de la tortura como técnica de interrogación en la guerra contra las drogas. En suma—y quizá lo mas importante—la militarización de México se ha incrementado exponencialmente desde que Calderón inició su guerra contra las drogas. Esto implica mayor temor y menores libertades.
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| OPIM: Miembros detenidos de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa. Foto: SIPAZ. |
Una de las primeras libertades cortadas ha sido la protesta social. Organizaciones populares y sus líderes, defensores de los derechos humanos y movimientos progresistas están en la mira de ésta guerra con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esto es más evidente en lugares como el estado de Guerrero donde defensores de los derechos indígenas y campesinos han sido acosados, apresados e incluso asesinados este año.
Incluso las secciones no-militares de la Iniciativa han sido criticadas por miembros del Congreso Mexicano y por expertos en libertades civiles. Cambios en el sistema de justicia apoyado por los EE.UU. y financiada en parte con fondos de USAID a través de la Iniciativa Mérida crean un doble sistema de justicia en que las personas acusadas de crimen organizado pueden ser tratados de manera diferente y sometidos a largos períodos bajo custodia policial con poca o ninguna comunicación con el mundo exterior, incluso antes de que sean acusados. Esta práctica conocida en Mexico como arraigo ha sido documentado como el punto en el que la mayoría de las torturas y falsificación de pruebas se llevan a cabo. Con una definición de delincuencia organizada mucho más amplia que la utilizada en los EE.UU., este sistema puede ser utilizado en contra de organizaciones sociales, como lo demuestra el caso reciente de simpatizantes zapatistas en Chiapas, acusados de delincuencia organizada y mantenidos bajo arraigo.
Incluso partidarios de Calderón se han pronunciado en contra del modelo interdicción/ejecución reforzado a través de la Iniciativa Mérida. Ramón Galindo, senador y adepto a Calderón, manifestó su preocupación afirmando que, "El pueblo de Mexico está perdiendo la esperanza, y es urgente que el Congreso, los partidos políticos y el presidente reconsideren esta estrategia". El senador le ha pedido al presidente que reconsidere sus tácticas y empuje por reforzar las comunidades apoyandose menos en las fuerzas armadas.
Lo que los Estados Unidos deben hacer
A la luz de la creciente militarización y aumento de las violaciónes de los derechos humanos, la verdadera pregunta no es si los menos de 15 por ciento deben ser liberados o no, sino ¿por qué la administración de Obama ha decidido hacer una peligrosa y demostrablemente ineficaz iniciativa de seguridad su principal proyecto en una de sus más sensibles y críticas relaciones binacionales? La iniciativa refuerza al presidente Calderón, pero se olvida que gobierna una nación de 110 millones de personas y no de una. Al menos parte de la población tiene serias dudas acerca de la aceptación de los costos sociales de la aplicación del modelo de la guerra contra las drogas. El informe que Leahy bloqueó y que hubiera manifestado que México está haciendo progresos aceptables en materia de derechos humanos habría sido una bofetada en la cara a las organizaciones de derechos humanos mexicanas que documentan el aumento de violaciónes y para los ciudadanos que viven en medio de la violencia desatada en la guerra contra las drogas y la represión en las ciudades y comunidades ocupadas por los militares.
Obama está en la ciudad mexicana de Guadalajara esta semana para reunirse con Calderón, y el Primer Ministro de Canadá Stephen Harper, en una reunión de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). La Iniciativa Mérida surgió del esquema general de la ASPAN, que empujó a la "seguridad" a la vanguardia de las relaciones entre los tres vecinos de América del Norte. Mientras que los E.E.U.U. aceleran y arman la guerra contra las drogas en México, ha hecho muy poco por detener el flujo de armas hacia México o para abatir la demanda de las drogas ilegales que los cárteles mexicanos proveen. No se trata de ayudar a la seguridad de ambas naciones y se ha demostrado lo contraproducente en términos de seguridad ciudadana.
En lugar de seguir el modelo de la época de la "guerra contra las drogas", Obama y su administración deben apoyar las soluciones a largo plazo que fortalezcan a la sociedad civil mexicana en lugar de fortalecer a las fuerzas de seguridad muy a menudo corruptas. Esa estrategia, o combinación de estrategias, debe centrarse en la reducción de la demanda abordando los problemas de salud pública que plantea el uso indebido de drogas, en lugar de luchar en una guerra que no se puede ganar y que incluye a los ciudadanos y a sus derechos entre las víctimas. Ésta debe incluir una cooperación en materia de inteligencia más eficaz para atacar las estructuras financieras de los cárteles, en lugar de financiar la ocupación militar y la confrontación. La Iniciativa Mérida de la era del gobierno de Bush debe ser totalmente renovada, con condiciones o sin ellas.
