Deslices estadísticos y remansos temporales opacan el creciente costo de la guerra contra las drogas. La Procuraduría General de la Republica (PGR) reporta que, al 13 de marzo del presente, había contabilizado 10,475 ejecuciones a partir del inicio de la gestión del Presidente Felipe Calderón en diciembre del 2006. Mas aun, casi el 10% (997) de las victimas eran servidores públicos.
De acuerdo a las cifras oficiales de 2008 de la PGR (divulgados este pasado febrero después que una ONG solicitó la información al Instituto Nacional de Información) 6,262* personas murieron por "muerte violenta" en 2008—un incremento de 154% sobre numero oficial del 2008 (de acuerdo con la PGR) con un saldo de 2,477 muertes. La organización civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Criminal, había solicitado el saldo de muertes en el año atribuidas al crimen organizado desagregado por mes y por estado. En respuesta, la oficina de la Procuraduría General de la Republica entregó una cuartilla de información (en archivo PDF) separando el saldo de muertes por estado, pero no por mes.
El gobierno mexicano no ha tardado en manipular las cifras del 2009 para demostrar algún éxito en la Guerra contra las drogas. El Procurador General de la Republica, Eduardo Medina Mora, informó a la prensa que las cerca de 1,600 ejecuciones que la PGR ha registrado durante los primeros tres meses del 2009, constituyen un decremento de 25% frente a los últimos tres meses del 2008. (La agencia AP reportó que la baja se manifiesta cuando se comparan los primeros tres meses del 2009, con los mismos meses en 2008, lo cual es una interpretación errónea de la declaración oficial del gobierno).
Milenio, sin embargo, observa que el período más violento de la administración de Calderón ocurrió en enero del 2009: entre diciembre 26, 2008, y enero 27, 2009—un período de 32 días—mil personas fueron ejecutadas. Precisa que en el 2007 fueron necesarios 115 días para alcanzar las primeras mil ejecuciones del año mientras que en el año 2008, las mismas ocurrieron en 120. Milenio también observa que el día mas violento del periodo de Calderón fue el 12 de febrero de este año, con un reporte de 52 muertes violentas relacionadas con el crimen organizado. Igualmente enero del 2009 es el enero más mortífero bajo la tutela de Calderón: Milenio da cuenta de 480 ejecuciones en enero del 2009, 247 en enero 2008, y 204 en enero 2007.
Milenio precisa que estas cifras no incluyen a gente que desaparece y se presumen muertos: cuya estadística equivale a un "agujero negro". Las cifras de muertos tampoco incluyen a victimas que tal vez nunca se encuentren: aquellas cuyos cuerpos se ocultan bajo cemento en construcciones, puentes y caminos recién construidos, los enterrados colectivamente en ranchos y patios traseros, ni a los que fueron disueltos en acido. Santiago "El Pozolero" Meza López, por ejemplo, admitió haber disuelto en acido a unas 300 victimas por encargo de un capo ligado al cartel de Tijuana. Así mismo, Charles Bowden, para Harper’s Magazine, entrevista a un ex-sicario quien le dice que ha enterrado a 250 victimas, las cuales no todas han sido encontradas. Las victimas están enterradas en tumbas colectivas por todo Ciudad Juárez, tumbas similares a la notoria "Casa de la Muerte," en donde fueron encontrados los cuerpos de una docena de víctimas.
Cuando menos algunos de los funcionarios estadounidenses parecen aceptar los deslices estadísticos de Medina Mora. De abril 3 del presente al 5, una delegación de la Casa de Representantes de los EEUU visitó México. La delegación incluyó al Representante Steny Hyer (Demócrata-Maryland), la Representante Lucille Royball-Allard (D-California), el Representante Gregory Wasserman Schultz (D-Florida), el Representante Norman Dicks (D-Washington), y al Representante Aaron Schock (R-Illinois). A su regreso de México, el Representante Blunt declaró a reporteros que Medina Mora había indicado que la violencia parecía haber alcanzado su nivel máximo y empezaba a declinar (según lo parafraseado en el Joplin Globe).
Ciudad Juárez: La Ley Marcial significa que todavía es Zona de Guerra
Un ejemplo comúnmente citado para demostrar el éxito de la estrategia militar de Calderón (según medición de un pico y una declinación subsecuente en la violencia) es el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. Con cerca de 1,600 ejecuciones el año pasado, Ciudad Juárez es la ciudad más violenta de México. El estado de Chihuahua, donde Ciudad Juárez se localiza, registra dos veces más muertes violentas que el estado que le sigue en violencia, Sinaloa. En 2008, la PGR registro 2,044 muertes violentas en Chihuahua; Sinaloa registro 985 (menos ejecuciones que en Ciudad Juárez por si sola). Aún mas, una noticia filtrada desde la policía de Juárez al corresponsal de Narco News, Bill Conroy demuestra que en la primera mitad de 2008 (el único período con información disponible), los homicidios se incrementaron en forma constante—casi sin excepción—mes tras mes. La violencia había alcanzado niveles tan álgidos que un residente de Ciudad Juárez puso un cartel fuera de su oficina que informaba: "Aventar la basura o cadáveres esta terminantemente prohibido." Este mismo hombre fue posteriormente asesinado.
En respuesta al aumento de la violencia en la ciudad más mortífera de México y a declaraciones difundidas en los medios corporativos estadounidenses y por algunos funcionarios del gobierno de EEUU, que la violencia de la guerra contra las drogas esta rebasando la frontera hacia el interior de los EEUU, el gobierno mexicano envió a aproximadamente 5.000 soldados mas a Ciudad Juárez en marzo de este año, como parte de la "Operación Conjunta Ciudad Juárez." Al completar este incremento, 8.500 soldados y 2.300 policías federales militarizados ocuparán la ciudad que cuenta con 1.4 millones de habitantes. Esto significa que habrá un soldado o un oficial de policía militarizado por cada 130 residentes, y cerca de 92 soldados por milla cuadrada.
Miles de soldados han llegado ya a Ciudad Juárez creando de facto, un estado de ley marcial . Los soldados han desarmado a 380 policías de tránsito y los acompañarán mientras realizan sus deberes. Trece militares, entre en activo y jubilados, han tomado el control de la fuerza policíaca de Ciudad Juárez: El General Retirado Julián David Rivera Bretón, quien se dio a conocer en Chiapas cuando era uno de los funcionarios militares a cargo de las operaciones anti-Zapatistas allí, es el nuevo comisionado de policía. Otros doce funcionarios—en activo y retirados—se le unen como jefes de las distintas fuerzas de la policía de Juárez y como jefes de distrito. Los militares también tomarán el control de la prisión de Juárez.
Los medios de inmediato tocaron fanfarrias por el éxito de la Operación Conjunta Ciudad Juárez. Una de las historias más populares fue acerca de la morgue de la ciudad. En una ciudad que está acostumbrada a múltiples asesinatos por día, la morgue de Juárez reportó días enteros sin un solo "incidente" (asesinato). Sin embargo, el director de la morgue Héctor Hawley Morelos declaró a Proceso, que "por supuesto, todos los turnos transcurridos sin incidentes fueron anulados por el motín de la prisión " del 4 de marzo que dio lugar a la muerte de 21 reclusos.
Estadísticas gubernamentales e informes noticiosos muestran una tendencia a la baja en las cifras de crímenes violentos a partir del reforzamiento militarizar, aunque cada uno de los funcionarios de gobierno y cada periódico parecen reportar una cifra diferente de muertos para el estado de Chihuahua y Ciudad Juárez. La oficina del Procurador General de Chihuahua contó 157 asesinatos en enero y 232 de febrero, según El Economista. En marzo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública reporta 31 ejecuciones en Ciudad Juárez (cifra que parece disminuida dado que el Consejo Nacional de Seguridad Pública solamente reporto 178 asesinatos en Juárez para el mes de febrero, cifra muy inferior a la reportada por la Procuradora General del Estado de Chihuahua para el mismo mes).
La pregunta evidente es: ¿La tendencia a baja durará?
En "Los asesinatos de Juárez dan luz sobre un emergente ‘cartel militar’," Bill Conroy, corresponsal de Narco News,interpreta una filtración policiaca para concluir que Juárez experimentó un mes de calma en abril de 2008, a partir de la oleada militar desplegada a fines de marzo en Chihuahua. La calma duro poco: los asesinatos se dispararon de un registro de 30 en abril a 115 de mayo. El AFP reportó que las ejecuciones continuaron escalando durante 2008: los meses más violentos en Juárez fueron agosto y diciembre, con 228 y 200 asesinatos respectivamente. El AFP reportó 1,653 asesinatos, lo cual significa que a partir de julio y hasta diciembre de 2008, el promedio mensual fue 198—cifra muy superior a las 112 ejecuciones filtradas por la policía a Conroy en Junio.
Los asesinatos aumentaron durante todo el año de 2008 aun cuando cerca de 2,500 soldados y la policía federal han ocupado Chihuahua desde el mes de marzo del mismo año; esta cifra incluye a 2,026 soldados y a 425 Policías Federales Preventivos. La mayoría de los efectivos del Ejército Federal fueron concentrados en Ciudad Juárez y en la Ciudad de Chihuahua. Los medios han dado a conocer un número creciente de soldados hasta arribar al cálculo de 2,500 soldados sólo en Ciudad Juárez.
Una posible explicación de la breve calma y el subsecuente incremento de la violencia, a pesar de la presencia de los soldados, se encuentra en la capacidad de adaptación y evolución de las organizaciones de traficantes de drogas. Es esta la explicación que propone el Departamento de Justicia de los EEUU del porqué el plan Colombia no ha podido disminuir el cultivo y la producción de drogas en Colombia: los campesinos y las organizaciones criminales se adaptaron a las nuevas circunstancias y realizaron los ajustes pertinentes.
La pregunta sigue al aire: ¿Ahora que hay un incremento de cuatro veces en el número de efectivos del Ejército ocupando la plaza de Ciudad Juárez, podrán las organizaciones de traficantes de drogas adaptarse otra vez?
El "efecto cucaracha"
Algunos informes indican ya, que las organizaciones de traficantes de drogas se están adaptando a sus nuevas condiciones de trabajo en Juárez.
La Procuradora General del Estado de Chihuahua, Patricia González, durante la conferencia "Justicia, Seguridad, y Combate al Crimen Organizado" reportó que, el incremento de la presencia militar, ha causado un "efecto cucaracha." "La lucha [entre los cárteles] continúa" informó a los asistentes a la conferencia. "Se están reorganizando en otras partes del estado." El Universal informa que, mientras que los homicidios han disminuido en Ciudad Juárez, han aumentado un 50% en el resto del estado.
Además, mientras que Chihuahua experimentó una disminución total de homicidios en marzo (los homicidios de Ciudad Juárez concentran al 78% del total de homicidios del estado de Chihuahua, lo que indica que aun cuando están aumentando en el resto del estado, la disminución significativa en Juárez permite que el estado registre una disminución global), otros estados han experimentado aumentos en la cifra de ejecuciones. Según El Universal, los estados son: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, y Sinaloa. Resaltan los estados de Baja California (con 9 ejecuciones en febrero y 25 de marzo), Sinaloa (con 72 asesinatos en marzo, comparados con 43 de febrero), Durango (70 en febrero, 81 en marzo), y Michoacán (donde, a pesar de una campaña militar en curso, los asesinatos del 11 de febrero al 22 de marzo, han doblado sus cifras). Se especula que las organizaciones criminales, al sentir el fuego en Juárez, están poniendo su mira en otras partes del país, más hacia el sur cuyo control también es disputado.
También hay quejas indicando que los abusos a los derechos humanos han aumentado en Juárez a partir del incremento de la presencia militar. Gustavo de la Rosa Hickerson, representante en Chihuahua de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, comentó en un foro en la Universidad de Tejas, que la notoria prisión Abu Ghraib en Iraq "es un juego más amable que lo que los soldados están haciendo aquí (en Juárez)," según reporta El Paso Times.
De la Rosa dijo a Reuters, "Vi, en un punto de revisión, a un oficial de la policía federal abrir la blusa de una mujer y meter su mano debajo del sujetador (buscando drogas) en medio de la calle, en medio del día, enfrente de mil personas, y rodeado totalmente por soldados armados."
Reuters también reporta que cuando menos un distribuidor de carros usados se está quejando de que los soldados lo están extorsionando al exigir dinero de su negocio.
Acusan al ejército también de haber asesinado a dos hombres, de secuestrar a un tercero, y de golpear a un cuarto hombre en un reten carretero, todo en una semana.
En el primer caso, los testigos cuentan que los soldados entraron a la casa de Eduardo González Ramírez de 41 años, a las 2:30 PM el 9 de abril, lo aventaron a su cuarto de baño en donde lo golpearon, y después se lo llevaron. Se encontró su cuerpo sin vida al día siguiente tirado en una intersección de Juárez; con la pelvis fracturada y habiendo recibido fuertes golpes en la cabeza.
En el segundo caso, Sergio Fernández y Javier Rosales habían salido a temprana hora del 7 de abril a comprar cerveza cuando un vehículo militar marcado con los números 2321370 se acercó. Los soldados, que estaban bajo comando de un Capitán Molina, agarraron a los dos jóvenes y los lanzaron dentro del vehículo. Fernández cuenta que los soldados los acusaron de vender drogas y los torturaron, pero que Rosales recibió el castigo peor debido a sus tatuajes. Los soldados presuntamente acusaron Rosales de pertenecer a la pandilla de Los Aztecas, razón para aplicarle mayor tortura, dice Fernández. Los soldados, procedieron a arrojarlos detrás de una colina. Rosales murió de sus lesiones; Fernández logró llegar a la casa de su madre. Su familia fue a buscar el cuerpo de Rosales donde Fernández les dijo que lo había dejado. El cuerpo había desaparecido. Lo encontraron al día siguiente en un lugar en el cual ya lo habían buscado sin éxito.
Cuando Fernández intentó poner una queja con autoridades tanto locales como federales, no encontró quien se la aceptara. El gobierno dijo que investigaría únicamente si el Secretario de la Defensa de México les confirmara que los secuestradores eran miembros del ejército. Los militares, por supuesto, negaron que sus soldados hubieran participado en el secuestro y asesinato, lo que significa que el caso esta cerrado por ahora.
En el tercer incidente, los soldados detuvieron al electricista Julio Escamilla Torres el 13 de abril, en una intersección para revisarlo. Al encontrar los desarmadores que utiliza para trabajar, los soldados lo acusaron de usar las herramientas para asaltar gente. Lo golpearon profusamente, rompiendo varias costillas y dañando gravemente su pierna.
El Comisionado para los Derechos Humanos, De la Rosa, resumió el clima prevaleciente en la Ciudad Juárez ocupada, cuando le dijo a un grupo de la Universidad de Tejas que si llegaban a un reten del ejército, "Les aconsejo detenerse. Porque si quieren cruzar el reten sin detenerse, les van a disparar a la cabeza."
* Como en cualquier estadística acerca de las muertes acreditadas a la guerra contra las drogas, es, por supuesto, imposible saber cuántas de estas "muertes violentas" son atribuibles al crimen organizado y cuántas son asesinatos que no tienen relación con el crimen organizado. La policía que investiga, y también los reporteros que escriben acerca del crimen organizado, frecuentemente reciben amenazas de muerte o son ejecutados. Por lo tanto, muchas muertes violentas nunca se investigan y nunca se resuelven. Sin embargo, está generalmente aceptado (incluso por el gobierno) que la mayoría de las muertes violentas están relacionadas con el crimen organizado, y que las muertes violentas, relacionadas o no con el crimen organizado, representan una medida de seguridad o de su carencia en una nación en la guerra.
