Durante fines de febrero y principios de marzo, una ofensiva relámpago de declaraciones de analistas politicos y funcionarios del gobierno y el ejército estadounidense azotó los medios de comunicación, proclamando, alternativamente, que México estaba en riesgo de convertirse en un estado fracasado, al borde de la guerra civil, perdiendo el control de su territorio, y que representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
En la misma frase se nos dijo que el Presidente Calderón, con ayuda del gobierno estadounidense, está ganando la guerra contra el narco, debilitando significativamente al crimen organizado, y restaurando el orden y la legalidad.
Ninguna de estas afirmaciones es cierta; sí son, en cambio, elementos críticos al librar la hipócrita guerra contra el narco en México.
El doble discurso de la guerra antidrogas impregna y define hoy la relación entre Estados Unidos y México. Este lenguaje no se usa para ganar dicha guerra, sino para asegurar el financiamiento y el respaldo público al modelo militar de combate al narcotráfico, pese a las pérdidas y a las pruebas abrumadoras de que las estrategias actuales no funcionan.
La diferencia entre la realidad y la exaltación inducida
México, sobre todo en las ciudades fronterizas y otros puntos clave a lo largo de las rutas de la droga, encara un grave problema, en esos lugares la violencia caracteriza la vida diaria. Pero México no es un estado fracasado, sino un ejemplo trágico de los resultados de políticas fallidas… a ambos lados de la frontera. Ambos gobiernos procuran esconder este simple hecho.
En el pasado, valoraciones exageradas de riesgos, amplificadas por los medios y acompañada de lúgubres advertencias al público, prepararon el terreno para la intervención militar. Comúnmente adoptaron la forma de hipérboles o francas mentiras, como en el más reciente ejemplo de las "armas de destrucción masiva" en Irak.
Aunque no se está contemplando la intervención armada en México, la reciente excitación inducida ha ido aparejada por solicitudes de destacamientos militares en la frontera. El gobernador de Tejas Rick Perry voló a Washington para pedir $135 millones de dólares y 1,000 soldados. Circularon menciones del envío más tropas de la Guardia Nacional junto con los de un drástico incremento de seguridad en la frontera. El gobierno del estado de Tejas anunció un plan de movilización rápida, repleto de tanques y aeronaves, en caso de que México "se derrumbara."
Luego de que el saliente Secretario de Seguridad Nacional Michael Chertoff habló de un plan de contingencia fronterizo, los medios se preguntaron en voz alta si la nueva Secretaria Janet Napolitano sería lo bastante firme, a lo que ella reaccionó calificando la situación como "decididamente prioritaria". El Secretario de Defensa Robert Gates llamó a la guerra antidrogas mexicana "un grave problema", y levantó un torbellino de protestas en México al anunciar que la desaparición de los recelos mexicanos ante el Pentágono había abierto el camino a una colaboración más estrecha. La embajada estadounidense se vio obligada a emitir un comunicado de prensa en el sentido de que Estados Unidos no tenía intenciones de enviar tropas a México.
El Congreso también se lanzó a responder a la retórica. Se ha convocado a audiencias en ambas cámaras, incluyendo la del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales encabezado por Joe Lieberman (senador independiente de Connecticut), quien, según las noticias, buscará "posibles implicaciones de un aumento de la actividad terrorista". Los comités tal vez escuchen testimonies básicamente de personas que confirmen la amenaza percibida en términos sensacionalistas e imprecisos.
El gobierno mexicano ha respondido devolviendo acusaciones a Estados Unidos. Calderón menciona el papel desempeñado por E.U. con su tráfico de armas, lavado de dinero y demanda de narcóticos.
Los motivos detrás del reciente "viaje" varían. Los anuncios alarmistas de un derrumbe mexicano ayudan a "amarrar" la aprobación de medidas para militarizar aún más la frontera sur y obtener jugosos contractos para empresas privadas "de defensa" y seguridad. Los políticos locales descubren que pueden ser la gallina de los huevos de oro a nivel federal.
La racha de pánico respecto al derrame de la violencia desde México surge también cuando el Congreso se encuentra estudiando la última partida de la Iniciativa Mérida, ahora inserta dentro de la cuenta ómnibus de gastos. La Iniciativa Mérida, diseñada por la administración Bush, es el vehículo de $1,400 millones de dólares para reforzar la guerra contra el narco iniciada por el presidente mexicano Felipe Calderón en 2006. La Iniciativa proporciona ayuda de militares a militares para la lucha interna que libran unos 40,000 soldados mexicanos, e impone capacitación de Estados Unidos a las policías y organismos forenses, penales y judiciales.
El doble lenguaje en la guerra contra el narco y su deconstrucción
El doble discurso en la guerra antidrogas permite a los arquitectos de dicha guerra justificar las respuestas militares que ella promueve, pese a resultados deficientes o contraproducentes, y sirve para darle la vuelta al fracaso y presentarlo como éxito. La descripción exagerada de amenazas infantiliza a la sociedad por el miedo, al mismo tiempo que abre el camino a medidas bélicas y patriarcales.
Ahora que la excitación inducida se ha apoderado de la agenda mediática y ha ido penetrando en las percepciones del público, es importante determinar las dimensiones y naturaleza auténticas del problema, deconstruyendo, o separando los elementos, de este doble lenguaje:
En primer lugar, los "hechos" presentados para probar la teoría de México como estado fracasado o amenaza para la seguridad nacional son casi todos erróneos. He aquí unos cuantos ejemplos:
* "En México hubo más muertes violentas que en Irak en 2008." El Iraq Body Count (Conteo de Muertes en Irak) calcula un total de muertes de civiles en 2008 de entre 8,315 y 9,028. El gobierno mexicano coloca la cuenta correspondiente para el mismo año en 6,290, cifra que incluye muertes de soldados y policías a diferencia del conteo iraquí.
* "El 70% de los mexicanos tienen miedo de salir ante el nivel de delincuencia." Esta estadística se ha citado sin su fuente. Es ridícula. En una encuesta reciente, a nivel nacional, los mexicanos nombraron la situación económica por encima del crimen como el mayor problema del país por un margen de dos a uno. Yo vivo en la Ciudad de México con mi familia, y nuestras actividades prácticamente no se han visto afectadas.
* "El gobierno mexicano ha perdido el control de amplias regiones del país." No se ofrecen hechos que respalden esta afirmación. Hay algunos pueblos y vecindarios donde bandas de delincuentes cobran a los negocios locales y prestan servicios. Eso no quiere decir que no haya presencia del estado, y sólo hay descontrol en una proporción del país relativamente pequeña.
En segundo lugar, los hechos usados para demostrar que la violencia Mexicana "se está desparramando" – la "frase du jour"- a los Estados Unidos, cuando se llegan a dar, son aún más especiosos:
* Phoenix ocupa hoy el segundo lugar del mundo en secuestros por rescates con 366 casos, siguiendo a la Ciudad de México con 6,000. . Se supone que creamos que esta clasificación es per cápita, pero no se nos dice de dónde proviene, cómo se llega a ella, o quien la hace. El periodismo chapucero es importante para la propagación del doble lenguaje.
Más allá de la falta de fuentes sobre la categoría o metodología, la inexactitud de la afirmación estriba en lo que no se dice: "Secuestro por rescate" conjura imágenes del rapto de miembros acaudalados de la sociedad, y ese no es el caso. Según Claudine LoMonaco, quien cubre ese ramo para Arizona Public Media, la inmensa mayoría de los secuestros son de trabajadores indocumentados por sus propios contrabandistas, en un intento de arrancarle más dinero a sus familias.
Cierto que es un problema, y ciertamente es secuestro, pero es un problema muy distinto del derramamiento de la violencia mexicana del narcotráfico mexicana como se lo está retratando. Aquí, otra política prohibicionista, la que prohíbe a seres humanos, es la que ha creado una industria de delincuencia organizada que se alimenta insaciablemente de sus propias mercancías: los inmigrantes mismos. La doble desgracia de las víctimas es quizá el ejemplo más acuciante de a dónde conducen las políticas perversas de estos tiempos modernos.
La cifra de 6,000 secuestros para la Ciudad de México tiene orígenes igualmente turbios. La cifra del Citizens’ Institute for Crime Studies (Instituto Ciudadano para Estudios sobre el Crimen), se deriva de tomar el número de crímenes violentos reportados, multiplicarlo por casi diez para que refleje la tasa asumida de casos no reportados, y multiplicar el resultado por .05% para separar los secuestros del resto de los delitos. Es un estimado con mucho de adivinanza, no un conteo.
Lo que es más, la estadística incluye miles de casos de un delito común del que no solemos pensar como secuestro: el llamado "secuestro express", uno que dura de dos a tres horas, con el propósito de retirar efectivo de cajeros automáticos. Así, lo que realmente tenemos en esta cifra, de la que la prensa estadounidense se ha servido ampliamente y la ha trompeteado como prueba del descenso de México a la ilegalidad, no es sino un cálculo aproximado, inflado con el delito mucho más común de robo. Al separar los elementos del doble lenguaje es importante cuidarse siempre de las estadísticas.
Otra táctica común en los reportes de prensa que llevaron al senador John McCain y a otros a convocar a audiencias y hacer declaraciones calamitosas, es citar casos de violencia horripilante y sangrienta, en el lado Mexicano. A estos reportajes se añaden entonces declaraciones de que este tipo de violencia puede filtrarse al otro lado de la frontera, sin evidencia alguna de que lo haya hecho.
Algunas veces se mencionan hechos contradictorios, que ocupan un lugar secundario junto al sensacionalismo, que es considerado la verdadera noticia. Por ejemplo, en un artículo del New York Times titulado "Ola de Violencia del Narco Penetra a Arizona desde México, dicen Funcionarios", señala al final del artículo que el homicidio y los delitos violentos en el condado de Maricopa sobre la frontera de Arizona ha disminuido durante los últimos años. Algunos de los artículos sobre el ataque de Pánico en El Paso por el derramamiento del crimen, también consiguieron mencionar que la ciudad tiene una de las tasas de homicidio más bajas en todo el país, mas sepultaron el hecho bajo una andanada de declaraciones alarmistas.
Otra "prueba" para demostrar el derrame procedente de los carteles mexicanos de la droga desafía a la lógica. La llamada "Operation Xcellerator" en Estados Unidos, un operativo que, se informa, condujo al arresto de más de 700 individuos relacionados con el cartel de Sinaloa, se presenta como evidencia del peligro que viene de México cuando en realidad se trata de una red criminal dentro de Estados Unidos, manejada por ciudadanos estadounidenses y que negocia con compradores estadounidenses. Por supuesto que tiene ligas con el suministro extranjero, pero ello no cambia la naturaleza trasnacional –no mexicana- de la amenaza.
Al interrogársele luego de su testimonio ante el Comité congresional de asuntos Fronterizos e Internacionales el pasado 23 de febrero, el Director de Seguridad Nacional contestó que "Sí, totalmente eso (la violencia que se desparrama) ha ocurrido." De eso no hay ninguna duda. Sin embargo los indicadores del "derrame" de los que se habló durante la audiencia, a falta de un incremento en el crimen, incluyeron casos de ciudadanos estadounidenses tratados por heridas sufridas en Ciudad Juárez, solicitantes de asilo y amenazas contra ciudadanos estadunidenses. Ninguno de estos casos constituía una verdadera infiltración de la delincuencia en México hacia adentro de la sociedad de Estados Unidos.
Tales aseveraciones y otras similares, aunque carentes de fundamento, se acumulan hasta formar una masa crítica que empuja a un consenso público para la puesta en práctica de políticas peligrosas y alucinatorias –esta vez no allá lejos en Irak, sino ante nuestra misma puerta. Como el modelo al que imita: la "guerra contra el terrorismo" de Bush- a la guerra contra el narco en México se la monta sobre una estructura de delirio sensacionalista, medias verdades, omisiones, y francas mentiras.
El significado de "éxito"
El ejemplo más conspicuo del doble lenguaje en el combate al narco es su definición de "éxito". Aunque supuestamente México está al borde del derrumbe, miembros de la administración Obama, el Congreso y el Pentágono han proclamado de manera unánime –y contradictoria- que desde que el Presidente Calderón lanzó su ofensiva contra el crimen organizado en diciembre de 2006, su gobierno ha logrado grandes progresos contra el narcotráfico y el poder de los carteles de la droga, y que el gobierno de Estados Unidos debe respaldar esta guerra contra el narcotráfico.
Pero esta afirmación no resiste un escrutinio serio.
Prudentemente, el Congreso ha comenzado a fijar hitos mensurables en las partidas presupuestales, para evitar los los atolladeros militares y presupuestarios del pasado. La Iniciativa Mérida contiene cuatro "medidas de desempeño": Quebrantar el poder y la impunidad de organizaciones criminals; dar asistencia a los gobiernos mexicano y centroamericanos para que fortalezcan su control fronterizo aéreo y marítimo; mejorar la capacidad de los sistemas de justicia en la región; cortar drásticamente la actividad de pandillas en México y Centro América y reducir la demanda de drogas en esa región.
En cualquier otro contexto, medidas de desempeño tan obviamente débiles, vagas y parciales se considerarían inútiles para una evaluación auténtica. Evitan cumplir su objetivo anunciado al no ser posible medirlas tal como están escritas, y al no contener indicadores de éxito o fracaso. Dado el fracaso del similar Plan Colombia en la satisfacción de sus objetivos, como lo demuestra una reciente evaluación de la GAO, (Contraloría General de E.U.), la omisión puede haber sido intencional.
Por ejemplo, el segundo rubro en la lista: dar asistencia a los gobiernos, no es una medida de desempeño, a menos que exportar bienes y servicios de la defensa estadounidense sea ciertamente la meta principal. Es plausible que una mejora de la capacidad de los sistemas de justicia pudiera medirse en procesos judiciales abreviados y una proporción mayor de condenas en relación con arrestos, pero esos datos aún no se hallan disponibles. Será interesante ver si se recopilan con exactitud y se presentan en fecha posterior.
En cuanto a la medida que depende de cercenar la actividad de pandillas y la demanda de narcóticos, Estados Unidos excluyó su propio mercado: la fuerza impulsora de la actividad del narcotráfico. La medida de desempeño exige que la iniciativa demuestre una disminución de la demanda de drogas únicamente en los países del sur. Ignorando los dictados del sentido común, la Iniciativa Mérida no contempla financiamiento alguno para la reducción de la demanda de drogas estadounidense.
Lo anterior nos deja con el primer hito. Los indicadores comunes de un quebrantamiento del "poder y la impunidad de organizaciones criminales", conllevarían, por lógica, una disminución en la producción de drogas ilícitas y un aumento de su confiscación, atacando así los ingresos de los carteles. También implicaría más arrestos y menos confrontaciones violentas. Podemos comparar estas metas con los hallazgos del Informe Internacional de Estrategias para el Control de Narcóticos de 2009 para comprobar si la primera entrega del plan de $1,400 millones de dólares está rindiendo los resultados esperados.
Entre 2007 y 2008 el cultivo neto de opio y cannabis en México se incrementó. La producción de goma de opio, heroína y cannabis, de todo ello, aumentó. La erradicación tanto de amapolas como de cannabis disminuyó significativamente desde principios de la guerra contra las drogas en 2006. Mientras tanto, todos los decomisos de goma de opio, heroína, metanfetaminas, cannabis y cocaína, disminuyeron significativamente. La destrucción de laboratorios se redujo a casi la mitad. Además, advierte el informe, el consumo de drogas entre los jóvenes mexicanos se está elevando.
El modelo de "guerra contra las drogas" mantiene que debía estar ocurriendo lo contrario. De hecho, la única estadística que podría interpretarse como positiva en el informe es un aumento de arrestos. Pero para valorar de verdad esto como progreso, necesitaríamos conocer también las cifras de condenas.
Las conclusiones de la Sección del Informe dedicada a México, ignoran descaradamente sus propios datos: "La reestructuración de las fuerzas de seguridad, aparejada con la sólida participación del ejército en la lucha por desmantelar las principales organizaciones del Narcotráfico (DTO, ó ONT), ha demostrado su eficacia. Estos esfuerzos condujeron a numerosos arrestos de los principales narcotraficantes, el descubrimiento de laboratorios clandestinos del narco, y un notorio declive en la importación de metanfetaminas y sustancias precursoras." Curiosamente, no se ofrecen estadísticas para la última afirmación.
Se somete al informe a grotescas contorsiones para convertir la reducción a la mitad de decomisos de drogas ilícitas en un "éxito": "Las agencias estadounidenses para el cumplimiento de la ley atribuyen esta reducción a un mejor desempeño que ha obligado a los narcotraficantes a buscar rutas o negocios alternativos."
El informe estadounidense reconoce el escandaloso aumento de la violencia, pero en ninguna parte dice que de 2007 a 2008 las muertes relacionadas con las drogas se elevaron en más del 100% (de 2,500 a 6,290). Enfrentado todavía con otra realidad inconveniente, el informe concluye: "El aumento de la violencia puede deberse al éxito de la agresiva campaña contra el crimen del Presidente Calderón que ha desplegado ampliamente al ejército en registros y planes de seguridad regional, mientras utiliza con mayor eficacia otros instrumentos como las extradiciones."
El gobierno de Estados Unidos encuentra una excusa especulativa para casi todos los malos resultados relacionados en su propio informe. En el doble lenguaje de la guerra antinarco mexicana, que el crimen organizado se ramifique a nuevas regiones y nuevas empresas –el tráfico de seres humanos, por ejemplo- es un signo positivo. La violencia es progreso. El asesinato es indicador de éxito.
Hacia la información auténtica y la corrección de políticas
El crimen organizado no es el actor único y principal en la relación México-Estados Unidos. Compartimos una relación rica y altamente integrada, con intereses y retos comunes pero responsabilidades diferentes. Cada nación debe asumir sus propias responsabilidades para enfrentar las amenazas trasnacionales, que son muy reales.
Una solución verdadera a la violencia del combate al narco y el poder del crimen organizado requeriría que ambos gobiernos dejaran de jugar a culparse mutuamente y reconocieran que el crimen trasnacional es eso, trasnacional. Su crecimiento es un fenómeno de la globalización. El crimen trasnacional se intensifica como resultado de la conveniente frecuencia de cruces fronterizos que hacen imposible la inspección efectiva, sistemas financieros internacionalizados y sin escrúpulos para trasladar y lavar mega ingresos, y otros subproductos de la globalización. Se necesitan mecanismos de cooperación, pero señalar a México como responsable es una grave equivocación.
En segundo término, ambos países necesitan cortar de tajo contratos de patronazgo político a subcontratistas "de defensa" y empresas de seguridad privadas, e introducir la salud pública en la ecuación. En todo el mundo se intensifica el llamado a tratar a los drogadictos como pacientes y no criminales, y a lidiar con el tráfico de drogas ilícitas, por lo menos en parte, a un nivel comunitario a través de programas de rehabilitación, prevención y reducción de daños. Entre tanto, la guerra mexicana contra el narco avanza en dirección completamente opuesta.
En tercer lugar, un enfoque Nuevo significa abrir el debate a todas las opciones, incluso la legalización. En su mayor parte la discusión en Estados Unidos ha echado abajo esta opción como prematura, inviable o inmoral. Ya es hora de devolverla al debate junto con estudios serios de los impactos potenciales, positivos y negativos, de una abrogación selectiva de leyes prohibicionistas.
Eso es precisamente lo que la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia encabezada por los antiguos presidentes y combatientes al narcotráfico Fernando Enrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México proponen en su dictamen recientemente emitido, en donde declaran la guerra contra las drogas como un fracaso y llaman a un "cambio paradigmático."
Los autores declaran: "La traumatica experiencia colombiana es una referencia útil para que los países no cometan el error de adoptar las políticas prohibicionistas de E.U. y avancen en la búsqueda de alternativas innovadoras." Ellos sugieren que México, un "epicentro de actividades violentas", podría tomar la iniciativa para fomentar el debate global sobre las actuales políticas del gobierno estadounidense y convocan a Europa y a Estados Unidos a tomar seriamente el desafío de disminuir su propia demanda.
El cambio de paradigma que proponen se concentra en la salud pública, la disminución del consumo y la apertura al debate, considerando incluso la legalización de la posesión de mariguana. "La cooperación binacional" pregonada en Washington y en la prensa conduce a una confrontación devastadora, sin salida. La verdadera cooperación binacional que persiga estas soluciones más humanas y duraderas podría poner fin a los costos sociales y la violencia colaterales de las fracasadas guerras contra el narco. En el largo plazo, probablemente sean más eficaces para luchar contra el crimen organizado. No pueden ser menos eficaz, de ninguna forma, que la guerra contra las drogas que hoy libran los gobiernos de México y de Estados Unidos.
