Los ataques terroristas del 11 de septiembre alteraron de forma drástica la economía política tradicional de la inmigración. Los millones de inmigrantes indocumentados—aquellos que cruzaron ilegalmente la frontera o se quedaron después del vencimiento de sus visas—que estaban viviendo y trabajando en los Estados Unidos ya no se consideraban simplemente como una población fantasma o como mano de obra barata excedente. En el debate público y político, los inmigrantes cada vez más eran definidos como amenazas a la seguridad de la nación. La categorización de los inmigrantes como amenazas a la seguridad nacional les brindó una nueva lógica unificadora a las operaciones gubernamentales tambaleantes que hacen cumplir las leyes de inmigración y de control de las fronteras, lo cual ha impulsado hacia adelante la represión de los inmigrantes.
La responsabilidad por la ejecución de las leyes de inmigración y el control de fronteras pasó del Departamento de Justicia al nuevo Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés). En el Congreso de EE.UU., tanto los demócratas como los republicanos apoyaron sin reparos una gran expansión del aparato de control de la inmigración del país—doblando el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y autorizando la triplicación de camas en las cárceles para los inmigrantes.
Hoy día, después del cambio en el debate de inmigración, el presupuesto de más de $15 mil millones de DHS para los asuntos de inmigración ha alimentado una economía de represión de inmigrantes que ha fomentado grandemente la ya inflada industria penitenciaria. Incluso ahora, con la implosión de la economía, los inmigrantes se encuentran detrás de una de las industrias más rentables del país: son el sector de más rápido crecimiento en la nación de la población penitenciaria de EE.UU.
A través del país se están construyendo nuevas cárceles a toda prisa para albergar a los cientos de miles de inmigrantes capturados cada año. Los gobiernos estatales y locales están compitiendo entre sí para atraer a nuevas cárceles para inmigrantes como el elemento central de sus planes rurales de "desarrollo económico".
Mientras que DHS está echando a los inmigrantes de sus trabajos y hogares, las empresas estadounidenses dedicadas al negocio del suministro de camas en las cárceles están engulléndose de ganancias financieras a raíz de la represión de inmigrantes. Aunque es sólo un aspecto de la historia más abarcadora de la inmigración, todo es parte de la nueva economía política de la inmigración.
Gente peligrosa
En el nuevo contexto de seguridad nacional, los inmigrantes indocumentados no son sólo bandidos: Son "personas peligrosas" que amenazan a la patria.
Los dos organismos del DHS que participan en hacer cumplir las leyes de inmigración—la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y Protección de Aduanas y Fronteras (CBP por sus siglas en inglés)—han experimentado aumentos en sus fondos de forma desproporcionada en los últimos años, duplicando su tamaño mientras que el total de los fondos del DHS se ha incrementado por sólo un tercio. La financiación de estos dos organismos aumentará por 19,1% en el 2009, mientras que el presupuesto global de DHS aumentará por sólo 6,8%. La caza de inmigrantes se ha convertido en una de las prioridades principales del DHS. Como dice el DHS, su misión es "prevenir los ataques terroristas contra la nación y proteger a nuestra nación de personas peligrosas".
Los inmigrantes atrapados en las operaciones de captura del DHS, en las redadas policiacas en los lugares de trabajo y por las patrullas fronterizas, fueron los "indicadores de éxito" que el Secretario del DHS Michael Chertoff señaló en su testimonio ante el Congreso el 18 de julio de 2008. Utilizó el aumento dramático en el número de aprehensiones y los "traslados" de inmigrantes como índice para mostrar que el DHS está teniendo éxito en su objetivo de "asegurar la patria y proteger al pueblo estadounidense".
Si bien el aumento del número de inmigrantes siendo arrestados, encarcelados y deportados claramente demuestra que el DHS está ocupado, no demuestran que el DHS está poniendo fin al terrorismo. Ni en sus testimonios ante el Congreso ni en sus comunicados de prensa el DHS jamás presenta pruebas que demuestran cómo el número de inmigrantes capturados mejora la seguridad nacional.
Un estudio realizado en el 2007 por el Centro de Acceso a Documentos Transnacionales (TRAC por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse encontró que no ha ocurrido ningún aumento en el terrorismo o en los cargos relacionados a la seguridad nacional en contra de los inmigrantes desde el 2001. De hecho, a pesar del aumento en las operaciones policiacas de Seguridad Nacional, más inmigrantes fueron acusados anualmente en los tribunales de inmigración de delitos relacionados con la seguridad nacional o el terrorismo en un período de tres años a mediados de la década del 90 (1994-96) que en un período comparable (2004-2006) desde el 11 de septiembre. Según el estudio del TRAC, "Una década más tarde, se entablaron cargos de seguridad nacional en contra de 114 personas, una disminución de alrededor de un tercio. Mientras tanto, para el mismo período, los cargos de terrorismo han disminuido por más de tres cuartos, con sólo 12".
Imponer el "régimen de la ley"
En vez de tratar la inmigración como la problemática socioeconómica compleja que es, DHS ha reducido la política de la inmigración a un sistema de crimen y castigo. Al aplicar la lógica simplista de derecho y orden propagada por aquellos con miopía política, DHS considera a los inmigrantes indocumentados no como trabajadores, miembros de la comunidad y madres y padres de familia, sino como delincuentes.
Dejándose llevar por las posturas de los institutos en contra de la inmigración y de las organizaciones asesoras de derecha, Chertoff llegó a DHS con una nueva interpretación de las operaciones del departamento en cuanto a la inmigración y el control de las fronteras: Un compromiso con un régimen normativo estricto para proteger al país en contra de terroristas extranjeros, y para reafirmar el "régimen de la ley".
En el periodo después del 11 de septiembre, el campamento miope se dio cuenta de que el mensaje en sus comunicados sobre la "ilegalidad" y "criminalidad" de los inmigrantes indocumentados adquirió una nueva resonancia. Procedieron a hacer más sofisticado el mensaje de "¿qué es lo que no entiendes acerca de ilegal?" con una mayor elaboración conceptual de la inmigración indocumentada. Los inmigrantes indocumentados ahora representaban una amenaza al "régimen de la ley" dentro de una nación que acababa de ser atacada por bandidos extranjeros.
Su nuevo lenguaje sobre la política de inmigración empezó a surgir por todas partes, desde los pronunciamientos de los grupos de derechos de inmigrantes hasta la plataforma del Partido Demócrata. En lugar de prometer una "vía merecida para obtener la ciudadanía", como lo había hecho en el pasado, el partido declaró que los inmigrantes indocumentados tendrían que "enderezarse con la ley".
De cara al futuro, Janet Napolitano, quien ha sustituido a Chertoff a instancias del Presidente Obama, aunque no es una mano dura en contra de la inmigración, parece estar dispuesta a adoptar la misma lógica de la ley y el orden. Como abogada, ex fiscal federal y gobernadora de Arizona que ha insistido en más control en las fronteras y respaldó una ley vigorosa de sanciones a empleadores, se puede esperar que Napolitano siga el ejemplo de Chertoff y el Partido Demócrata en insistir que las leyes actuales de inmigración sean aplicadas estrictamente "para reafirmar el régimen de la ley".
Los números de la detención de inmigrantes en EE.UU.
Fuentes: "Immigration Enforcement Actions: 2007," Annual Report, Department of the Homeland Security Office of Immigration Statistics, December 2008; "DHS Announces $12.14 Billion for Border Security & Immigration Efforts," Department of Homeland Security, January 2008; Leslie Berenstein, "Detention Dollars," The San Diego Union Tribune, May 2008; "Summary: 2009 Homeland Security Appropriations" Committee on Appropriations, September 2008.
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Los inmigrantes son un negocio
Los imperativos políticos—la protección de la patria y hacer cumplir el "régimen de la ley"—durante los últimos ocho años han predominado sobre las fuerzas económicas que históricamente eran las que establecían la política de la inmigración. Aunque el mercado de trabajo de inmigrantes persiste, el aumento en los riesgos tanto para el empleador como el trabajador, junto con la recesión económica, parecen estar ejerciendo presión hacia abajo en la oferta y también en la demanda.
Pero incluso en la economía en decaimiento, la represión de inmigrantes ha fortalecido a otras fuerzas del mercado. Ansiosos de obtener lucro a raíz de la detención de inmigrantes, las empresas privadas penitenciarias y los gobiernos locales se están precipitando para suplir a DHS y al Departamento de Justicia con las cárceles necesarias para albergar a los cientos de miles de inmigrantes capturados por ICE y agentes de la Patrulla Fronteriza.
En la industria penitenciaria, la cama es un eufemismo para un lugar entre rejas. Incluso el Presidente Bush habló del idioma de cárcel-cama mientras platicaba sobre la política de inmigración. Al visitar el valle del Río Grande en el sur de Texas en el 2006 para promover la represión de inmigrantes, el presidente dijo: "Las camas son nuestra prioridad número uno".
El número de camas para los inmigrantes detenidos en centros de DHS se ha incrementado en más de un tercio desde el 2002. En la actualidad hay 32.000 camas disponibles para la población rotante de inmigrantes en el camino a la deportación, y otras 1.000 están programadas para entrar en línea en 2009. Esto no incluye las camas para los inmigrantes bajo la custodia de DHS que son proporcionadas por prisiones de condados y estatales, y por el Buró de Prisiones Federales.
Debido a la insistencia de miopes de la política de inmigración como el Rep. Tom Tancredo (R-Colorado), la Ley de Reforma de la Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 contenía una autorización para 40.000 camas adicionales para acomodar a los inmigrantes bajo la custodia del gobierno de EE.UU.
Al comenzar la represión de los inmigrantes hace dos años, ICE denominó su promesa de tener disponibles camas en centros de detención o prisiones para todos los inmigrantes arrestados "Operación Reservación Garantizada". El Departamento de Justicia tiene una iniciativa similar para asegurar que el Servicio de Alguaciles de EE.UU. (USMS por sus siglas en inglés) tenga camas disponibles para los detenidos—como 180.000 al año, de los cuales más del 30% están detenidos por cargos de inmigración.
La mayor parte de las camas de prisión por las cuales ICE y la Oficina del Interventor Federal de Detención del Departamento de Justicia tienen contratos son con gobiernos locales; ICE tiene más de 300 acuerdos intergubernamentales con los gobiernos de condados y ciudades para detener a inmigrantes, mientras que el DOJ tiene 1.200 acuerdos de esa naturaleza. En muchos casos, en particular con los contratos para cientos de camas de prisiones, el gobierno local luego subcontrata con una empresa privada de prisiones para operar la instalación.
Las camas de prisión significan pagos per diem del gobierno federal que están muy por encima de lo que cuesta una habitación de hotel en las comunidades rurales donde se encuentran la mayoría de estas prisiones de inmigrantes. Con las cuotas per diem fluctuando entre $70 y $95 por cada inmigrante detenido, los gobiernos locales y las empresas privadas están apresurándose para ampliar las instalaciones existentes o crear otras nuevas.
Dependencia en los inmigrantes
El aumento en la detención de inmigrantes que salvó la industria en el 2000 (véase el recuadro) se convirtió en un poderoso auge en la demanda de camas de prisión para inmigrantes después del 11 de septiembre y la consiguiente represión de inmigrantes. La Corrections Corporation of America (CCA) ha reportado ganancias financieras arrasadoras durante los últimos años, en gran medida debido a la fuerza de la creciente demanda de sus "clientes" de ICE y USMS.
Cuarenta por ciento del total de los ingresos de CCA proviene de tres contratistas federales: el Buró de Prisiones, el Servicio de Alguanciles de EE.UU. y ICE. En la planilla que presentaron en el 2007 a la Comisión de Valores y Bolsas (SEC por sus siglas en inglés), CCA declaró: "Dependemos de asignaciones de fondos del gobierno". El Presidente de la CCA William Andrews le advirtió a los inversionistas que los altos rendimientos de la compañía se pudieran ver amenazados por un cambio en el ambiente político: "La demanda para nuestras instalaciones y servicios se pudiera ver afectada negativamente por la relajación de los esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración … o mediante la despenalización de ciertas actividades que actualmente están prohibidas por nuestra legislación penal".
Pero para comprender qué tan bien le está yendo al negocio penitenciario y cómo los inmigrantes son claves para el lucro de las cárceles, se puede escuchar la teleconferencia trimestral de noviembre del 2008 entre las empresas penitenciarias y las principales compañías inversionistas de Wall Street.
La CCA hizo alardes de que contó con un aumento de $33,6 millones en el tercer trimestre sobre el año anterior, mientras que los ingresos aumentaron 15% durante el mismo período. Antes conocida como Wackenhut, GEO Group, la segunda mayor empresa penitenciaria de la nación, experimentó un aumento en sus ganancias de 29% durante el 2007. Cornell Companies, otra empresa privada de prisiones que encarcela a los inmigrantes, reportó un aumento del 9% en sus ingresos netos en el tercer trimestre.
Las empresas penitenciarias privadas no están preocupadas de que la barrida del Partido Demócrata signifique menos camas. El 3 de noviembre el presidente de GEO Group George Zoley le aseguró a sus inversionistas: "Estas iniciativas federales dirigidas a los extranjeros criminales para detenerlos y deportarlos a través del país seguirán impulsando la necesidad para las camas de detención de inmigrantes durante los próximos años, y estas iniciativas han sido plenamente financiadas por el Congreso de forma bipartidista".
Haciendo frente al temor de los inversionistas de que los descensos recientes en los flujos de la inmigración indocumentada puedan apagar los rendimientos de las compañías, el presidente ejecutivo y de la junta de CCA John Ferguson dijo, "A pesar de que hemos visto la disminución de cruces fronterizos y de aprehensiones en el último par de años, estamos realmente hablando de una población de más de 12 millones de inmigrantes ilegales que residen en los Estados Unidos".
El jefe de la CCA les aseguró a los inversionistas que la dependencia de la empresa en los inmigrantes detenidos no es un factor de la política sino de las fuerzas policiacas. "La Oficina Federal de Prisiones, el USMS, Inmigración y Aduanas están cumpliendo con obligaciones derivadas de la legislación por las cuales son responsables. … Es de esperar que seguirán utilizando al sector privado para cumplir con sus obligaciones legislativas y requisitos legales".
Los ejecutivos de las empresas penitenciarias incluso intiman que la crisis económica engrosará sus negocios. Cuando un representante de una empresa inversionista le preguntó sobre un posible descenso en los inmigrantes detenidos, James Hyman, el presidente de Cornell Companies, comentó: "No nos parece que veremos una disminución en la necesidad de camas de detención, particularmente en una economía con el desempleo en aumento entre los trabajadores estadounidenses".
Especuladores de la detenciónPuede que haya un auge nuevo en la detención de inmigrantes, pero la noción de que los inmigrantes cautivos son un buen negocio se remonta a dos décadas atrás. Los inmigrantes fueron los primeros prisioneros de la industria. Todo empezó en 1983 cuando una tertulia de republicanos acaudalados de Tennessee decidieron que las prisiones privadas eran justo lo que el país necesitaba para resolver los problemas de los motines, la sobrepoblación y los costos en aumento de las cárceles. Formaron la Corrections Corporation of America (CCA), con la misión de "proveer en asociación con el gobierno servicio público cabal", y tuvieron éxito en persuadir a la administración de Reagan de ayudar a lanzar la privatización de las prisiones al lograr que el Servicio de Inmigración y Naturalización (la agencia de la cual desciende ICE) le expidiera un contrato para mantener a los inmigrantes encarcelados en Houston. Wackenhut Corrections (recientemente renombrada GEO Group), una empresa de servicios privados de seguridad, se expandió a la industria privada penitenciaria cuando entabló un contrato en 1987 para operar un centro de detención de inmigrantes de INS en Colorado. Valiéndose de su experiencia en la detención de inmigrantes, CCA y Wackenhut pronto se dedicaron a solicitar que estados y condados establecieran pactos para prisiones privadas, mientras ganaban docenas de contratos con el gobierno federal. Sin embargo, el entusiasmo inicial del gobierno a todos los niveles se aguó con la incidencia cada vez mayor de escándalos de abuso en las prisiones de CCA y Wackenhut, lo cual llevó a algunos estados a cancelar contratos y sacar a prisioneros. No obstante la detención de inmigrantes una vez más salvó a CCA, Wackenhut y otras empresas de prisiones privadas oscilantes. La ley de inmigración del 1996 que amplió las pautas para la deportación de inmigrantes indocumentados y legales empezó a cobrar vigencia, lo cual resultó en un aumento creciente en la demanda federal para más camas para inmigrantes detenidos, las cuales la industria privada de prisiones estaba muy dispuesta a suplir.
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Las cárceles de inmigrantes como desarrollo económico
Cientos de gobiernos locales también están intentando sacarle partido a esta demanda creciente para camas para inmigrantes detenidos, abriendo sus cárceles a los inmigrantes bajo custodia de ICE y del Departamento de Justicia y construyendo cárceles nuevas para satisfacer el aumento previsto en la demanda.
Las consideraciones financieras tienen mucho peso en las comisiones de condados y departamentos de sheriff que se encuentran apretadas por carencia de fondos. Por ejemplo, el Sheriff Roger Mulch le dijo a los comisionados del Condado de Jefferson (Illinois) a finales de febrero de 2008, "ICE, durante los últimos tres meses, ha estado muy interesado en hacer negocios con nosotros". Cada localidad negocia independientemente con ICE y el USMS para establecer la cantidad de los pagos per diem, y según la demanda de los federales aumenta para camas de cárcel locales, los departamentos de sheriffs de condados están negociando cada vez mayores cuotas.
A lo largo de la frontera de México y Estados Unidos, particularmente en Texas, las cárceles son una industria en auge. Cerca de la ciudad fronteriza de Del Río, la Instalación de Correcciones Val Verde del condado, que es propiedad de y es operada por GEO Group, sólo tenía 180 camas hace ocho años. Hoy, después de su segunda expansión de 600 camas, en esta cárcel de máxima seguridad caben 1.425 presos.
En el Condado de Willacy en Texas, el gobierno del condado abrió el centro de detención de inmigrantes más grande del país en 2006, y actualmente se encuentra procurando un contrato federal para establecer uno de los tres nuevos centros de detención para familias inmigrantes.
El Comisionado del Condado Ernie Chapa, explicando cómo el gobierno del condado depende financieramente de encarcelar a los inmigrantes, dijo: "Nos encantaría tener 2.500 [inmigrantes ilegales], pero sabemos que no va a ser… Si recibimos entre 2.200 y 2.300, estaremos muy contentos".
Al participar en la celebración de apertura de la nueva cárcel para los inmigrantes, la Juez del Condado de Willacy Simone Salinas dijo, "Estamos orgullosos de haber podido incorporar a estas nuevas camas de detención en un tiempo récord, lo que resultará en el mejoramiento de la seguridad fronteriza, no sólo para los residentes del condado, sino también para nuestra nación".
"Se habla de desarrollo económico, pues he aquí donde está", Salinas le dijo a un reportero, señalando que la cuota inicial que recibirá el condado es de $ 2,25 al día por cada cama ocupada.
Un año más tarde, un nuevo acuerdo con ICE para otras mil camas fue recibido con entusiasmo por algunos funcionarios en lo que es uno de los condados más pobres de la nación. El nuevo juez del condado Eliseo Barnhart dijo que la expansión del centro de detención de inmigrantes gestionado por CCA traerá "empleos que se necesitan en el Condado de Willacy y significa ingresos, los cuales necesitamos desesperadamente".
"Es casi como un mercado de futuros. Las empresas de prisiones privadas están apostando en la expansión del sistema de detención de inmigrantes, y básicamente los especuladores de prisiones están convenciendo a las comunidades a hacer esto", le dijo al Denver Post Bob Libal, el director de Grassroots Leadership en Austin y un organizador con la Organización de Texanos del Sur Opuestos a las Prisiones Privadas. "Es un mercado truculento, pero un mercado de todas maneras", dijo Libal.
La nueva economía política de la inmigración
Lo que empezó como una guerra en contra del terrorismo se ha convertido en una guerra en contra de los inmigrantes. El acercamiento de "sólo hacer cumplir la ley" de la política de inmigración actual ha creado un lío de nuevos problemas, incluyendo una serie de asuntos de derechos humanos y cuestiones financieras asociadas con la detención y expulsión anual de los inmigrantes. La represión de inmigrantes ha dado lugar a un complejo de cárceles, centros de detención y prisiones que no están regulados, y que generan beneficios financieros a partir de la represión de inmigrantes.
Al inicio de una nueva administración y nueva era, la economía política de la inmigración es decididamente antiinmigrante. Factores políticos y económicos se han combinado para crear un entorno hostil para los inmigrantes indocumentados, tanto en el presente como en el futuro. Es posible que la reforma de la política de inmigración no sea de la más alta prioridad, pero la administración de Obama y el nuevo Congreso harían bien empezando a abordar el reto de transformar la economía política de la inmigración.
Los primeros pasos podrían incluir expresar más cuidadosamente la intersección de la inmigración, el régimen de la ley y la seguridad nacional. Napolitano debiera explicar que la verdadera amenaza para el régimen de la ley es no tener una política de inmigración que proporcione una vía legal hacia la integración de los 11 millones de inmigrantes que ya están dentro de los Estados Unidos.
Lo que es más, ella haría bien en desarticular los vínculos establecidos por la administración Bush entre los inmigrantes y los terroristas. Al mismo tiempo, se debe apreciar una relación más estrecha entre la política de inmigración y la política económica, y se debe proteger en contra de la explotación laboral, teniendo en cuenta la necesidad económica doméstica.
En lugar de una política basada en una evaluación calmada de los costos y beneficios de la mano de obra inmigrante a la economía de EE.UU., la actual política de inmigración se ha visto sumida en la política del miedo, el resentimiento, el nativismo y en echar culpas. La política de inmigración de "sólo hacer cumplir la ley" ha fomentado un complejo penitenciario nacional de inmigrantes que se nutre de números siempre en ascenso de inmigrantes detenidos. Como dijo el Comisionado de Condado Ernie Chapa, "Siempre que los números estén altos, es bueno para el condado ya que traen más ingresos".
FUENTES:
"Immigration Enforcement: The Rhetoric, The Reality," TRAC Immigration, 2007; "Corrections Corp. of America Q3 2008 Earnings Call Transcript," Seeking Alpha, noviembre 2008; "The GEO Group, Inc. Q3 2008 (Qtr End 9/28/08) Earnings Call Transcript," Seeking Alpha, noviembre 2008; "Cornell Companies Inc. Q3 2008 Earnings Call Transcript," Seeking Alpha, noviembre 2008; "Mulch: Jail May Soon House Immigrants", Register News febrero 2008; "Willacy County Goes $50 Million More In Debt to Expand MTC’s Tent City," Texas Prison Bid’ness Blog, agosto 2007; "Federal detention center in Willacy to expand," The Monitor, julio 2007; "Inmate count continues to climb at detention center," Brownsville Herald, abril 2008.
