Los inmigrantes encerrados en el gran reclusorio a las afueras de la pequeña ciudad de Pecos, al oeste de Texas, se amotinaron dos veces en los últimos meses quejándose de la mala atención médica. Sus reclamaciones, desatadas por la muerte de un preso puesto en solitario, se unen al coro de otras muchas en todo el país referentes a la atención médica en los presidios para inmigrantes.
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| El Reclusorio del Condado de Reeves |
La atención médica en el Reclusorio del Condado de Reeves, como casi todos los aspectos del encarcelamiento en Estados Unidos, está subcontratada. Por consiguiente, los inmigrantes presos no saben exactamente quién los encarcela, quién es responsable de prestarles asistencia médica ni a quién deben dirigir sus quejas o informar de sus agravios cuando tienen motivos para ello.
En todo Estados Unidos, pero sobre todo a lo largo de la frontera sudoccidental, cientos de miles de inmigrantes, legales e ilegales, se encuentran en medio de un auge del negocio de la subcontratación para el trato con los prisioneros. La reclusión de inmigrantes está enriqueciendo a un puñado de empresas que son cárceles privadas, y proveedores de atención médica en reclusorios y correccionales mientras suministra un alud de ganancias a los gobiernos condales en las áreas rurales de la nación.
Ya a mediados de los 1980s el Condado de Reeves decidió que la mejor perspectiva para su desarrollo económico estaba en construir una "prisión especulativa". En aquel tiempo, el remoto condado, que ocupa el tramo norte del Desierto de Chihuahua, se tambaleaba económicamente.
Los agricultores de algodón y ganaderos abandonaron sus tierras al bajar los niveles de las aguas subterráneas y aumentar los costos de perforación. El auge petrolero que empezó en los 1950 quebró al irse agotando las reservas. El cierre de la gran mina azufrera de la zona y de una procesadora de alimentos a principios de los 1990s dejó a varios centenares sin empleo.
Con licitaciones que ganaban los proveedores de camas al menor costo y la contratación de personal de guardia para prisiones, en los últimos veinte años el Condado de Reeves expandió la cárcel original de 300 camas hasta el actual complejo carcelario de 3,763 camas. El Reclusorio del Condado de Reeves es hoy el epicentro de la vida económica del condado.
El condado, donde uno de cada tres habitantes vive por debajo del límite de pobreza, proyecta recibir en 2009 un ingreso a sus cofres de 67,200 millones de dólares a partir del negocio de encarcelamiento de inmigrantes. Casi 500 habitantes encuentran empleo en el reclusorio de inmigrantes, que paga a sus guardias $14.95 dólares la hora.
La tercerización o subcontratación de servicios para el reclusorio se explica toda ella en términos de gastos, ingresos y utilidades. En otras palabras, los prestadores de servicios carcelarios—en este caso, principalmente la Oficina Federal de Prisiones (OFP, o BOP en inglés)—busca concretar negocios con las cárceles públicas y privadas que logren los costos más bajos y por ende los costos mínimos por cama por día. A mayor número de presos que ocupan las camas del Reclusorio de Reeves, más elevadas serán las ganancias que entren por concepto de pagos por día, y más altas las utilidades.
El fundamento del negocio de subcontratación de servicios carcelarios es básicamente el mismo que el de cualquier otra empresa, a saber, la suma y sigue de gastos y ganancias.
Pero en el caso del Reclusorio de Reeves, como con veintenas de otras prisiones para inmigrantes, el negocio carcelario es algo más complicado, pues involucra un laberinto de agencias federales, gobiernos locales, contratistas y subcontratistas particualares, bonos públicos e inversionistas privados.
El Laberinto del Condado de Reeves
Sin suficiente espacio en las prisiones del gobierno federal, y renuente a la construcción de nuevas cárceles, La OFP, como la mayoría de agencias federales de detenciones, subcontrata una cantidad creciente de sus "encargados" y casi todos o todos sus detenidos inmigrantes. La OFP subcontrata prácticamente a todos sus "residentes extranjeros delincuentes" a prisiones condales privadas en el Suroeste de E.U.
Anticipándose a una demanda siempre en aumento de lo que la industria carcelaria llama "camas", el Condado de reeves ha emitido una serie de bonos sobre ingresos de proyectos para financiar la construcción y el mantenimiento de su reclusorio siempre en expansión. Convencidos de que el auge del negocio carcelario es perdurable, inversionistas privados compran estos bonos, proporcionando así los 90 millones de dólares que el condado requería para su proyecto carcelario.
El Condado de Reeves funciona como una especie de testaferro o "prestanombres" de la industria carcelaria privada. Al ser gobierno, puede emitir bonos de ingresos que atraigan a los inversionistas porque el ingreso de los bonos (de una porción de los pagos por día que hace el gobierno federal) está exento del pago del impuesto sobre la renta. Como la prisión es una instalación pública, todos los gastos de capital y operativos tampoco pagan impuestos sobre ventas y propiedad.
Los gobiernos federal, estatales y locales pierden todos esos ingresos provenientes de impuestos. Pero la exención del pago de impuestos conserva bajos los costos, lo que hace del Reclusorio del Condado de Reeves en una propuesta atractiva tanto para el gobierno federal como para la industria carcelaria particular.
Aunque el mismo Condado de Reeves dirigía inicialmente la prisión, ahora subcontrata a el Grupo GEO (GEO Group), la segunda corporación carcelaria más grande del mundo, la administración y la dirección de las funciones de la misma. La Correction Corporation of America (Sociedad Correccional de Estados Unidos) también dirigió el reclusorio para el condado durante tres años.
El Grupo GEO no invierte en el reclusorio, pese a la destrucción de parte del mismo por incendio durante los motines recientes. Cada año, factura al condado un respetable cargo por dirección—4,750 millones de dólares en 2008—así como costos administrativos—1,250 millones de dólares también en 2008—para cubrir la nómina de su equipo gerencial de 12 miembros, incluyendo los $125,000 dólares anuales para el vigilante principal.
Los presos inmigrantes, que técnicamente están bajo custodia del gobierno federal, y detenidos en una prisión de propiedad del gobierno, ven únicamente la cara privada de la industria carcelaria estadounidense: es la de Geo Group, que maneja el reclusorio y contrata y supervisa a los cientos de celadores pagados por el condado. El espacio de lujo en el estacionamiento de la prisión se reserva para el "Ejecutivo Geo", para el vigilante y todos los demás altos ejecutivos son funcionarios de GEO que reportan a la sede corporativa de Boca Ratón, en Florida.
El Grupo GEO, que representa los "20 años de evolución de las Correccionales Wackenhut", declara ser un "líder global en la prestación de servicios gubernamentales, subcontratados y diversificados." Fundado con el lema "Pericia Global en Outsourcing" ("Global Expertise in Outsourcing"), el Grupo GEO es una trasnacional especializada en suministrar seguridad y "servicios carcelarios" a gobiernos del mundo entero.
En colaboración estrecha con GEO en el Reclusorio de Reeves, funciona la Asociación de Red Médica (PNA por sus siglas en inglés), una empresa privada que afirma especializarse en atención "correccional a la salud". La PNA es responsable del cuidado médico en la prisión para inmigrantes de Reeves y en otras nueve prisiones manejadas por GEO, entre ellas otras cinco en Texas.
El condado contrató a la PNA antes del contrato de dirección y operaciones con GEO. En el contrato de GEO con el condado se estipulaba explícitamente que los cuidados y atención médicos se dejaban como responsabilidades del condado. Pero el condado ha subcontratado los servicios médicos a la PNA, la cual recibe del condado un pago diario de 5.85 dólares estadounidenses.
El complejo público/privado
Por supuesto, la OFP y otras agencias federales podrían construir y operar sus propias cárceles. Sin embargo, desde los años 1980s el gobierno federal ha incrementado la subcontratación del manejo de sus presidiarios, especialmente de los inmigrantes.
El lanzamiento de la "guerra antidrogas" que condujo al encarcelamiento masivo de los usuarios y vendedores de drogas al menudeo de bajo nivel creó el escenario para esta nueva era de subcontratación del manejo de presos. Ante el número creciente de presos convictos y el aumento en la inmigración ilegal, las prisiones y centros de detención públicos se sobrepoblaron; pero en los niveles federales o locales no había suficiente voluntad política para invertir el dinero de los impuestos en la construcción de nuevas prisiones.
Convenientemente, el ascenso de la derecha política a finales de los 1970s y especialmente durante la administración Reagan trajo una nueva y ampliamente adoptada convicción ideológica que favoreció la disminución del papel gubernamental y la privatización. En 1983, enfrentado a los números crecientes de inmigrantes detenidos, el Servicio de Inmigración y Naturalización, con la bendición del presidente Reagan, comenzó a subcontratar el manejo de los inmigrantes.
Si bien el SIN dio el primer paso hacia la subcontratación de detenidos federales a cárceles privadas, el U.S. Marshals Service (Comisariado de Estados Unidos) y la Oficina de Prisiones a la larga le siguieron. Al principio, casi todas las subcontrataciones se hacían directamente a empresas privadas. La Corporación Correccional de Estados Unidos (CCA) y la Wackenhut se iniciaron en el negocio carcelario al subcontratar el manejo de inmigrantes para el SIN entre 1983 y 1985.
Durante los últimos veinte años, los gobiernos de condados se han subido a la explotación de la subcontratación de servicios carcelarios, usualmente en colaboración con la industria carcelaria privada. CCA, GEO y otras empresas carcelarias privadas se han lanzado sobre la oportunidad del financiamiento público para construir y conservar las prisiones que manejan.
Actualmente hay veintenas de condados que han seguido el ejemplo del de Reeves, construyendo prisiones nuevas con bonos sobre ingresos de proyectos para alojar a presos subcontratados de agencias federales y gobiernos estatales. Estos condados, generalmente pobres y de zonas rurales, constituyen un componente fundamental de la industria de la subcontratación de servicios carcelarios en Estados Unidos.
Lo que comenzó como una privatización de una responsabilidad básica del gobierno, durante los últimos veinticinco años ha evolucionado hasta convertirse en un complejo carcelario en donde dominan los inversionistas y las corporaciones privados mas con una nueva y cada vez más amplia participación del gobierno local.
Como en el caso del Condado de Reeves, el negocio carcelario es un complicado laberinto con cuyo manejo lucran corporaciones como GEO. Empero la floreciente industria carcelaria privada en Pecos y otros lugares depende fundamentalmente del gobierno para obtener un suministro constante de presos, pagos por día en mayor abundancia, e incluso para el capital para construir y mantener ese laberinto carcelario privado.
Cuando la Oficina de Prisiones firmó su contrato más reciente con el Condado de Reeves para suministrarle hasta 3,753 camas para "residentes extranjeros delincuentes", fue el Grupo GEO, no el condado, quien anunció el nuevo contrato. En su boletín de enero de 2007 a publicaciones de negocios, el Grupo GEO alardeó de que creía "que el Complejo de Detención del Condado de Reeves (en adelante, "el Complejo") es la mayor instalación correccional y de reclusión bajo dirección privada del mundo."
Forma parte de un complejo mucho más formidable, inmensamente lucrativo. En una época en que la mayor parte de las demás industrias se está contrayendo, la industria carcelaria privada continúa en ascenso. El Grupo GEO alcanzó otro año récord en 2008 cuando su ingreso neto subió a más del 14%.
La clave del lucrativo renglón fundamental del complejo carcelario, lo son los presos inmigrantes subcontratados por el Condado de Reeves. Aun cuando se amotinaban para exigir una asistencia médica decente, estos inmigrantes subcontratados eran una fuente primordial de utilidades para el complejo carcelario público/privado.
