No es el momento de restringir la capacidad del Estado. Es hora de repensar el modelo de libre comercio.
El camino hacia el "libre comercio"—definido por el Gobierno de George W. Bush y sus antecesores—está ahora en una encrucijada. La presidencia de Obama, la oposición en los países en vías de desarrollo a los tratados estilo NAFTA, y la crisis económica global son factores que convergen en esta coyuntura, abriendo una ventana de oportunidad para repensar el modelo y exigir términos que favorezcan al desarrollo equitativo.
Durante los ocho años del Gobierno de Bush, se elaboró una ideología y una práctica que presentaba al libre comercio como si fuera la condición sine qua non de todo progreso moderno, desde el crecimiento económico hasta la seguridad y la libertad. Cuando sus representantes encontraron oposición en la OMC y otras instancias multilaterales, el Gobierno estadounidense centró su batalla en los TLC bilaterales y con pequeños grupos de países con menos poder de negociación. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) se volvió el modelo y América Latina la región en donde centrar esfuerzos. Bush ha firmado tratados con 10 países de la región y ya en sus últimos días sigue presionando para apuntar a Colombia y Panamá en la lista.
La importancia de esta estrategia para el Gobierno de Bush tenía que ver con cimentar las bases de una globalización en condiciones sumamente favorables para el movimiento de productos y capital trasnacional, utilizando el acceso al gran mercado estadounidense como incentivo para imponer el cambio de reglas y leyes nacionales. Estas van desde asegurar la exclusividad de propiedad intelectual aun en medicamentos esenciales, a limitar la capacidad estatal de definir medidas de protección de consumidores y políticas para promover el desarrollo, entre otras.
Pero también va más allá de lo económico. Los tratados iban a ser el eje de la reconstrucción de la hegemonía estadounidense en el hemisferio y la base para ampliar su presencia no solo en el terreno económico sino también en cuestiones de seguridad. La "Estrategia de Seguridad Nacional" del Presidente Bush pos-9/11 contiene un capítulo completo (IV) que afirma una relación causal entre el modelo de libre comercio y la capacidad de EEUU para "defender, preservar y extender"su seguridad nacional en el mundo. En este sentido, ha utilizado los TLC como vehículo para extender su agenda de seguridad en la región. La ampliación de NAFTA hacia la Alianza de Seguridad y Prosperidad, sin aprobación de los congresos, creó una instancia en donde los países de América del Norte son presionados para asumir la política de defensa de EEUU que se caracteriza por su unilateralidad, agresividad y violación de derechos civiles.
Este esquema de libre comercio no logró implantarse por completo en la región por la resistencia del MERCOSUR y los países andinos. La reunión "Caminos a la Prosperidad" en Panamá el 10 de diciembre pasado fue el último intento del Gobierno de Bush de amarrar su proyecto, ahora basado en una coalición del Pacífico que lo aisla de los esfuerzos de integración sur-sur que llevan acabo los otros países de América Latina. Los obstáculos son muchos. En campaña, el presidente electo Obama se opuso al TLC con Colombia, llamó a renegociar el NAFTA, criticó la reubicación de la producción estadounidense fuera del país, y dijo que los tratados de libre comercio han beneficiado a las empresas a costo de los trabajadores. Afirmó que no está en contra del libre comercio, sino a favor de unas modificaciones al modelo. Por otro lado, la desregulación y concentración que han acompañado al libre comercio ha llevado a una crisis económica que está lejos de tocar fondo. Mientras el G-20 proclama que la solución debe ser más libre comercio, el mismo Gobierno estadounidense adopta medidas de subsidio y rescate que no permite a los países en desarrollo bajo las reglas de los tratados.
Para enfrentar la crisis, los países pobres requieren un máximo margen de maniobra para aplicar medidas anticrisis, incluyendo apoyo a los sectores vulnerables y un papel más activo del Estado en la economía. No es el momento de restringir la capacidad del Estado con una camisa de fuerza que son las reglas de los TLC, ni de aumentar la polarización de riqueza que ha sido el resultado de este modelo económico. Es hora de repensar el modelo de libre comercio.
