Lo que sucede en el estado de Chihuahua, México, es una viva (o muerta) ilustración del fracaso del Estado mexicano en la improvisada lucha que el Presidente Felipe Calderón emprendió desde el inicio de su mandato contra la delincuencia organizada.
Sábado 16 de agosto: poco antes de las seis de la tarde tres camionetas de lujo conduciendo a una decena de sicarios llegan afuera de la bodega donde se celebra una fiesta de jóvenes en la población de Creel, enclavada en la sierra de Chihuahua. Aparentemente buscan a dos personas para ultimarlas, pero los ejecutores no conocen la precisión: rafaguean a mansalva reventando cuerpos, segando vidas, entre ellas la de un niño de un año que perece a pesar del gesto heroico de su padre que lo cubre con su cuerpo. Lo inexplicable es que ni en las horas anteriores ni en las posteriores a la matanza se hacen presentes la policía o el ejército en Creel. La única autoridad que está ahí, desde el estallamiento del dolor de las familias es la religiosa.
El sacerdote Jesuita Javier Ávila no funge solamente como pastor de su grey machacada, sino como psicólogo y hasta de perito judicial. Ante la ausencia de todos, las autoridades le piden por teléfono tomar fotos de los cuerpos masacrados mientras policías, ministerios públicos y peritos salen de sus escondites.
Las explicaciones sobre la ausencia de las fuerzas de seguridad en Creel en esos momentos palidecen ante las dudas y las denuncias. Algunos elementos policiacos han denunciado que sus superiores les ordenaron retirarse de la población porque ahí habría ejecuciones. No se ha confirmado, lo único que es cierto es que en esas horas de angustia ni los militares, ni la Policía Judicial Preventiva, ni la policía ministerial estaban en Creel. Al lugar de los hechos acudió solo una patrulla de vialidad.
Ese día el Estado no existió para las familias de Creel. Su derecho humano fundamental, el de la vida, el que da origen al pacto que funda el Estado, no fue cumplimentado. Se ha producido una gravísima violación a los derechos humanos por omisión, dada la ineficacia de todos los órdenes de gobierno. En la desesperación e impotencia totales ante la magnitud de la tragedia y las autoridades omisas, los pobladores de Creel advierten ahora que se harán justicia por su propia mano. El linchamiento como sustituto de la ineficiencia, la cobardía y la complicidad de las autoridades.
La huída o el pasmo de las fuerzas estatales no encuentra a los días siguientes explicaciones sino a lo más "interpretaciones". La procuradora atribuye la masacre a "La Línea", rama del Cártel de Juárez que domina la sierra y el medio rural de Chihuahua. También explica lo obvio: "es un acto de terrorismo para amedrentar a la población".
El Gobernador del Estado después de decenas de muertos, descubre por fin el hilo negro, escucha los llamados que meses antes se le hicieron y plantea "que se revise el operativo Chihuahua porque no está dando resultados".
Va más allá: manifiesta que es necesario "revisar nuestro régimen de libertades individuales y garantías ciudadanas". En el Congreso, la zozobra de las familias de Creel es aprovechada para que los panistas (partidarios del Partido de Acción Nacional) pidan las cabezas de los funcionarios y funcionarias de seguridad priístas (PRI) , y los priístas, de los correspondientes panistas. El gobierno federal procede con presteza a tapar los pozos una vez ahogados los niños: envía docenas de soldados a la Sierra a perseguir a los asesinos que seguramente estarán a buen recaudo no en las casas de seguridad, sino en los municipios enteros de seguridad de que disponen.
Ni el sacudimiento de Creel detiene el río de sangre. Los últimos días las cifras de ejecutados siguen creciendo. Al punto que la población se las preguntas: "¿ Por qué las fuerzas del gobierno no pueden impedir la matanza …? ¿O será que son ellas mismas quienes la perpetran?" El Estado posweberiano: de monopolizador de la violencia legítima, a monopolizador de la ineficacia extrema, o monopolizador de todas las violencias.
Si en agosto fue Creel, el 9 de octubre es el bar Río Rosas en la ciudad de Chihuahua el espacio de la masacre. Un comando de siete encapuchados ejecuta a 11 personas, entre ellas al periodista David García Monroy. Cuatro de los muertos tenían antecedentes penales, los demás, se fueron a tomar una cerveza al lugar y al momento equivocado. En su huída rumbo a Ciudad Juárez los sicarios se enfrentaron a policías federales con el saldo de dos muertos de cada lado.
En lo que va del año 65 personas han sido ejecutadas en siete masacres en toda la vastedad de Chihuahua. Desesperado ya, ante el fracaso del operativo que él mismo avaló, el gobernador Reyes Baeza declara que "la PGR nos ha abandonado", aduciendo que no participa en las investigaciones ni en los operativos y que hasta ahora la Federación no ha cumplido con enviarles los 70 ministerios públicos federales que prometió al firmar el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el 25 de agosto. Luego el Gobierno del Estado entrega a la PGR cerca de 580 expedientes de hechos de sangre ligados con la delincuencia organizada para que los investigue y los atraiga por ser su materia.
A diferencia de la masacre de Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre, Calderón no se ha hecho presente en el estado, ni ahora ni cuando la matanza de Creel. El propio gobernador se queja que de la Federación no ha habido "siquiera una llamada".
Ahora sí, el ejecutivo del estado tiene que reconocer lo que hace mucho tiempo se le observó y él no reconoció: el Operativo Conjunto Chihuahua en el que participan el Ejército, las policías federales y las estaduales, es un gran fiasco. Se caracteriza más por los fracasos en contener las acciones de la delincuencia organizada y por los abusos a los derechos humanos que por resultados eficaces. No sólo eso, en realidad lo de conjunto no se da. No hay una estrategia común, por ejemplo, durante los operativos el Ejército acude a la policía estatal no a la federal. En los cateos, en las detenciones, brillan por su ausencia los agentes del ministerio público federales, violándose el precepto constitucional de que las fuerzas militares deben estar siempre sujetas a las autoridades civiles.
Por otro lado, es de observarse la total ineficacia de otras instancias federales: los tres vehículos en que huyeron los sicarios habían sido robados en El Paso Texas apenas unas semanas antes. Las armas que portaban indudablemente fueron introducidas de los Estados Unidos. Y, sin embargo, ni las autoridades aduanales, ni las policías federales fueron capaces de detectar los vehículos y las armas asesinas cuando pasaron a este lado de la frontera.
Lo que revelan toda esta incapacidad, toda esta descoordinación, toda esta serie de bloqueos mutuos es que no sólo en Chihuahua, sino en toda la república el esquema calderoniano de los operativos conjuntos es un fracaso total. El amontonar soldados por varias partes del país, lejos de disuadir a los narcotraficantes y sus sicarios, incrementa exponencialmente el riesgo de la población civil, que ahora tiene que cuidarse por todos lados: de la irrupción de sicarios en los lugares donde despliega su vida cotidiana, de las balas perdidas, de los atropellos a sus derechos por parte de las policías y del Ejército.
La estrategia de Calderón en los operativos conjuntos no tiene como propósito primero recuperar o construir la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos. Su objetivo básico es mezquino y mucho más limitado: mediante un gran despliegue de fuerza militar y desplantes mediáticos concitar a la unidad de la población y a partir de ella generar algo de la legitimidad nunca ganada en las urnas.
Entonces no puede uno dejar de acordarse de la Guerra de las Malvinas en 1982. En ese año, un grupo de generales represores, llegados al poder de la Argentina por un golpe de estado intentaron construir la unidad nacional y legitimarse convocando al pueblo a luchar por una causa justa: la recuperación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Sin una estrategia consistente, mal armados, mal pertrechados, con comandantes que pensaban más en su supervivencia y en su provecho personal, llevaron a decenas de jóvenes argentinos a la muerte en la fría desolación del Atlántico Sur. Guerra vacua, perdida desde antes de declararla, no pagada por los generales, sino por la población civil. A eso suena la guerra contra el crimen organizado que emprendió, por cierto vestido de militar, Felipe Calderón.
