El Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización dice NO a la Iniciativa Mérida y las bases militares estadounidenses

Más de 800 representantes de organizaciones de toda América Latina se abrieron paso hasta la ciudad de La Esperanza, al norte de Honduras, para pronunciarse enérgicamente contra la militarización de sus naciones y comunidades. Luego de tres días de talleres, los partícipes leyeron su declaración final a las puertas de la Base Militar estadounidense en Palmerola, Honduras, a unas horas de la sede de la conferencia. La primera demanda en su lista fue el cierre de ésta y de todas las demás bases militares de EEUU en Latinoamérica y El Caribe. Hacia el fin de la manifestación, los muros de la base lucían cientos de mensajes y demandas pintados con aerosol en vivo contraste con su austeridad carcelaria.

Palmerola, también llamada Base Aérea Soto Cano, revivió algunos terribles recuerdos entre los cientos de participantes centroamericanos. El gobierno de Estados Unidos instaló la base en 1981 y la utilizó para desencadenar las operaciones ilegales de los contras sobre el gobierno nicaragüense. También la usó para transportar ayuda aérea a las operaciones contrainsurgentes en Guatemala y El Salvador y para capacitar a tropas estadounidenses en técnicas de contrainsurgencia durante las guerras sucias que produjeron más de 100,000 muertes; actualmente es la base para la "guerra antidrogas" patrocinada por Estados Unidos.

El II Encuentro Hemisférico Frente a la Mil i tarización convocó asimismo a la detención inmediata de la recientemente lanzada "Iniciativa Mérida", el nuevo Caballo de Troya de la administración Bush para volver a militarizar la región. La dec l aración relativa estipula que la medida "profundiza la injerencia militar norteamericana y contribuye a la militarización de nuestros países"; representantes de las naciones de Am é rica Central y de México, incluidas en el paquete de asistencia militar, se comprometieron a un proceso de monitoreo de fondos y de oponerse a futuras asignaciones de fondos. La Iniciativa Mérida fue anunciada por el presidente Bush como una iniciativa de colaboración "contra el narcotráfico, antiterrorismo y en pro de la seguridad fronteriza" en octubre de 2007.

Este modelo expande la ignominiosa doctrina de seguridad nacional de 2002 para imponerla ahora como el modelo de seguridad encabezado por Estados Unidos para el hemisferio. Es un enfoque que ofrece contratos de defensa colosales a las corporaciones estadounidenses y extiende el despliegue militar y policíaco para atacar problemas que van desde tráfico de drogas a inmigración ilegal y busca extender la hegemonía militar de Estados Unidos sobre tierras extranjeras. En Colombia y en otras áreas de su aplicación, ha probado tener los efectos de una escalada de violencia, su inutilidad para reducir los flujos de drogas, y el aumento y expansión de violaciones a los derechos humanos.

Entre las 14 resoluciones de la conferencia, otras tres rechazan aspectos de la Iniciativa: son "la derogación de todas las leyes antiterroristas que atentan contra los pueblos y criminalizan la lucha social" y que son resultado directo de la presión de Estados Unidos para imponer el desastroso paradigma antiterrorista de Bush; la demanda de "reemplazar el modelo militarizado de ‘guerra contra el narcotráfico’ con medidas de participación ciudadana, salud comunitaria, etcétera;" y "el pleno respeto de los derechos de los migrantes y la cancelación del "muro de la vergüenza" en la frontera EEUU-México."

Aunque en la superficie América Latina experimenta un período de relativa calma tras la brutalidad de las dictaduras militares y las guerras sucias, los dirigentes de movimientos sociales en todo el continente describieron un contexto de agresión y represión que se intensifica. Las organizaciones indígenas y campesinas que ocupan territorios codiciados por las trasnacionales se han vuelto blanco de desplazamientos forzados. Los movimientos sociales que protestan contra la privatización y los acuerdos de libre comercio son ahora tildados de terroristas y sus miembros encarcelados conforme a nuevas leyes antiterroristas que apenas alcanzan a servir como fachada legal de una represión abierta. El uso del ejército para combatir el narcotráfico se ha vuelto común y suele ocultar otras agendas de los poderosos; y las fuerzas policíacas se presentan a lidiar con los jóvenes como si el solo hecho de ser joven ya fuera un crimen.

Al examinar las amenazas de militarización en sus sociedades, los conferencistas emplean una definición más dilatada que la simple presencia de tropas y bases militares. "El Militarismo", declara la Campaña por la Desmilitarización de las Américas, es "la presencia diaria de la lógica militar en nuestra sociedad, en nuestras formas de economía, en nuestros vínculos sociales, y en la lógica de la dominación de género y la supuesta superioridad natural de los hombres sobre las mujeres." Mediante este concepto, la conferencia abarcó la profunda necesidad de modificar el sistema educativo y las normas sociales, de trabajar desde dentro de las comunidades y asimismo presentar demandas para el cambio de las condiciones externas que afectan dichas comunidades.

Pese a días de testimonios que a veces condujeron a la ira y al llanto, los delegados a la conferencia expresaron, por sobre todo lo demás, esperanza. La nueva constitución de Ecuador, y la decisión de expulsar la base militar de Estados Unidos en Manta, fueron citadas como prueba de progreso.

De la conferencia emergieron tanto planes concretos para la acción como un consenso alentador: las dimensiones del desafío pueden ser abrumadoras, pero el sueño de una paz duradera proporciona la luz irresistible al final del túnel. La declaración concluye con la siguiente nota: "… que por medio de campañas y acciones a nivel de base y con proyección nacional y continental, nos posibilitará alcanzar en un día no lejano el sueño de vivir libres de violencia, exclusión y guerra."

La Inciativa Mérida también fue tema de discusión en el Foro Social Américas que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala del 7 a 12 de octubre. Más de 100 personas asistieron al taller organizado por el Programa de las Américas para analizar la Iniciativa y las repercusiones en la militarización de México y Centroamérica, la soberanía nacional, y la criminalización de migrantes y movimientos sociales. La Asamblea de Movimientos Sociales (ASM) que agrupó a representantes de organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, sindicalistas, pobladores(as), migrantes, artistas, LBGTI, jóvenes y niños(as), entre otros sectores, incluyó el siguiente párrafo en su declaración final:

"Vivimos también el empuje de la lucha de los movimientos sociales, que tiene como eje central la lucha por la derrota definitiva del neoliberalismo, y que se expresa en una agenda de lucha y resistencia plural: como la lucha contra la militarización, y contra los planes del imperio como la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas, la Cuarta Flota. Exigimos el cierre definitivo de las bases militares norteamericanas y la cancelación inmediata de la IV Flota."

La declaración de la ASM también reafirmó "que la autonomía de las mujeres es condición para construir relaciones igualitarias en una nueva izquierda en las Américas libre de lacras del patriarcado." Se pronunció por  "un pacto ético de no violencia y equidad" al interior de los movimientos,  y "el derecho de las mujeres a decidir con libertad sobre sus vidas, cuerpos, sexualidades y territorios que habitan."

Resumen de la Declaración Final del II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización "Para callar las armas, hablemos los pueblos", La Esperanza, Intibucá, Honduras, 3 al 6 de octubre de 2008

Durante los días 3 al 6 de octubre en La Esperanza, Intibucá, Honduras, se llevó a cabo el II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización donde se dieron cita más de 800 delegadas y delegados de 175 organizaciones y de 27 países (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Haití, República Dominicana, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Australia, España, Italia, Holanda, Estados Unidos y Canadá), así como hermanas y hermanos de los Pueblos Originarios de Indoamérica (Mapuche, Aymara, Mayas, Lencas, Garífunas, Chorotegas, Emberá katíos del Altosinú, entre otros).

Frente a la crisis del sistema capitalista se alza en el mundo una crisis múltiple (energética, alimentaria, ambiental, financiera, social y política). Con ello, la militarización se agudiza y sus efectos se recrudecen en el intento del sistema por controlar los espacios, los mercados y los recursos naturales. En nuestro hemisferio la militarización se hace evidente de múltiples formas. En su sentido más amplio, la violencia militar, institucional y policíaca son parte de esta continua escalada de represión, ocupaciones y saqueo de recursos naturales, que responde a la imposición del modelo económico neoliberal.

En este contexto, desde el movimiento social luchamos por nuestros derechos, tierras y territorios. Por eso, diversas redes y organizaciones del continente nos hemos vuelto a articular en un esfuerzo estratégico y urgente para retomar voluntades y definir líneas de acción que permitan avanzar de modo más coordinado y efectivo ante la amenaza continental y global que representan la militarización, las guerras y la represión.

Ante ello consideramos:

  • Que la militarización es el principal factor de la violación de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vivienda, la salud, la educación, etc., y en especial los derechos generales y particulares de los pueblos indígenas y negros;
  • Que la militarización también se expresa con violencia, represión e intolerancia a la diversidad sexual, obstaculizando la creación de una cultura inclusiva y de paz para todas y todos sin discriminación;
  • Que la militarización genera saldos de presos políticos, torturas y desapariciones forzadas y una fuerte criminalización hacia los jóvenes y maras, con consecuencias no sólo individuales sino también colectivas;
  • Que la militarización es la máxima expresión del patriarcado, donde las mujeres son las principales víctimas de la violencia, sus cuerpos se convierten en el campo de batalla y son consideradas botín de guerra;
  • Que la militarización se basa en prácticas de reclutamiento forzoso y engañoso que violan los derechos y rompen con el futuro de los jóvenes, lleva a la represión de movimientos antiguerra;
  • Que la militarización genera un mayor número de migrantes que son criminalizados bajo las leyes antimigratorias aprobadas en los EEUU y la Unión Europea, y son víctimas de violaciones de sus derechos humanos; la militarización de las fronteras lleva a la muerte de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad o en el intento de cruzar las fronteras, siendo los más vulnerables las mujeres y los niños;
  • Que la militarización constituye una amenaza a los movimientos campesinos debido a la represión de sus demandas por reformas agrarias integrales y soberanía alimentaria;
  • Que la militarización es el mecanismo de control del capital sobre los recursos estratégicos y la energía, y viola los derechos de las comunidades sobre ellos y sus decisiones sobre su tierra y territorios;
  • Que el capitalismo no puede existir sin su estructura militar de dominación. En nuestro hemisferio esta estructura actualmente incluye la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas, el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, la Fuerza Delta, el Comando Sur, la Cuarta Flota;
  • Que la militarización va acompañada de un terrorismo mediático, de una estrategia de manipulación y de miedo, de una ideología militar caracterizada por el colonialismo mediático, entre otras formas de dominio y enajenación;
  • Que la militarización se alienta con la supuesta "guerra contra el narcotráfico" como la perfecta excusa para militarizar la sociedad y las estructuras del Estado;
  • Que la militarización es la respuesta a la criminalización de la protesta social concebida como amenaza al sistema de dominación bajo las llamadas "Leyes antiterroristas" que siguen el modelo estadounidense de la Ley Patriota;
  • Que la militarización impulsa el crecimiento del presupuesto militar, favoreciendo a su gran industria en los sectores público y privado, generando deudas externas, y desviando recursos que podrían destinarse a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales;
  • Que la militarización es un instrumento para la implementación y la seguridad de los megaproyectos de infraestructura e inversión del gran capital transnacional, como son los casos del Plan Puebla Panamá, la Iniciativa de Infraestructura Regional para Suramérica (IIRSA), los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Asociación.

EXIGIMOS:

  1. El cierre definitivo de todas las bases militares norteamericanas y de cualquier otra nación extranjera en América Latina y el Caribe, y la prohibición a los traslados o aperturas de nuevas bases en nuestro continente;
  2. La cancelación inmediata de la IV Flota que vulnera la soberanía de los pueblos;
  3. El retiro inmediato de la Minustah en Haití y su reemplazo por delegaciones de solidaridad, cooperación técnica, reconstrucción, así como la cancelación de la deuda externa ilegítima que lo ahoga;
  4. La cancelación de proyectos de infraestructura y megaproyectos que violan el pleno derecho de la población latinoamericana, indoamericana y caribeña a sus territorios y recursos ancestrales;
  5. El fin del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida que profundizan la injerencia militar norteamericana y contribuyen a la militarización de nuestros países;
  6. La derogación de todas las leyes antiterroristas que atentan contra los pueblos y criminalizan la lucha social;
  7. El pleno respeto de los derechos de las mujeres y el fin inmediato de la violencia sexual, la prostitución y la trata de mujeres donde están ubicadas las bases militares y las zonas de conflicto;
  8. El retiro de tropas norteamericanas y todo intento de militarización de la Triple Frontera, y respeto a los territorios y soberanías de los pueblos del sur.
  9. El reemplazo del modelo militarizado de "guerra contra el narcotráfico" con medidas de participación ciudadana, salud comunitaria, etcétera;
  10. El pleno respeto de los derechos de los migrantes y la cancelación del "muro de la vergüenza" en la frontera EEUU-México;
  11. El respeto a nuestro derecho a tener, manejar y operar nuestros propios medios de comunicación; hacemos un llamado al fortalecimiento y a la creación de redes de medios propios, indígenas, populares, comunitarios y alternativos, así como a recuperar espacios públicos para la comunicación directa;
  12. Acceso a la información inmediata y precisa sobre cuánto del presupuesto nacional se dedica a financiar la militarización, para poder desarmar dichos presupuestos y exigir que los recursos se utilicen para el bienestar de toda la población;
  13. El levantamiento del bloqueo a Cuba sobre todo en este momento en que sufre, junto a los hermanos y hermanas de Haití, las consecuencias de los huracanes Gustav e Ike;
  14. El fin de la violencia secesionista y la intervención del gobierno de los Estados Unidos en Bolivia.

Los participantes del II Encuentro contra la Militarización,

  • Saludamos la decisión del pueblo y el gobierno ecuatoriano de cerrar definitivamente la Base militar de Manta en 2009.
  • Nos solidarizamos con el pueblo boliviano y su lucha por la integridad de su territorio y su soberanía.
  • Saludamos la construcción de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos y de relaciones de equidad.

Considerando todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por un mundo y un continente desmilitarizado, desarmado, libre de guerra, miseria y violencia. Estos días han permitido que profundicemos en el conocimiento de la realidad común que enfrentamos, así como identificar y formular las líneas de acción estratégicas que, como movimientos populares, nos permitan enfrentar la permanente agresión y criminalización que sufren nuestros pueblos y movimientos. Esto queda reflejado en nuestro Plan de Acción continental contra la militarización, que por medio de Campañas y Acciones a nivel de base y con proyección nacional y continental, nos posibilitará alcanzar en un día no lejano el sueño de vivir libres de violencia, exclusión y guerra.

Para callar las armas, hablemos los pueblos!

Con la fuerza ancestral de Iselaca y Lempira, se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

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