Más de tres meses después de que la Armada Mexicana iniciara la "Operación Conjunta Chihuahua" en contra de organizaciones traficantes de drogas en Ciudad Juárez y el Estado de Chihuahua, múltiples acusaciones de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados siguen llegando a la prensa.
Hasta mediados de junio, se habían registrado en la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Juárez, 50 quejas legales en contra del ejército. Las quejas acusan al ejército de cometer abusos de autoridad, llevar a cabo detenciones ilegales, desparecer por la fuerza a ciudadanos, llevar a cabo búsquedas de forma inapropiada, así como infringir daños físicos.
Entrevistada en su oficina con vista a Ciudad Juárez, la Dra. Irasema Coronado, Decana Adjunta para Artes Liberales en la Universidad de Texas El Paso (UTEP), dijo que los estudiantes en su escuela están gravemente alarmados tanto por la creciente narco-violencia como por los actuales despliegues militares al otro lado del Río Grande. Aquellos estudiantes de la UTEP que viven en Ciudad Juárez y viajan diario a la escuela, han sido testigos de detenciones de vecinos y búsquedas en las calles. "La presencia de los militares ha puesto a los alumnos a pensar cuáles serían respuestas propicias si los soldados llegaran a detenerlos en la calle. Ahora los jóvenes se están comportando de una manera extra-educada para evitarse problemas", dijo Coronado.
"Esto es lo que muchos alumnos han hecho, porque no quieren tener problemas con el ejército, ya que algunos de ellos están asustados", dijo. "Otros están muy agradecidos que el ejército esté ahí porque les hace sentir que la ciudad es más segura."
En uno de los peores incidentes en que el Ejército Mexicano ha estado involucrado, tres hombres fueron acribillados por soldados el 8 de junio en un retén militar cerca de Cuauhtémoc, en la parte central de Chihuahua. La historia completa del incidente aún no se sabe, y no es seguro si estas muertes fueron resultado de un intento deliberado por parte de las víctimas para evadir el retén, o si se deben a un accidente debido a que manejaban en estado de ebriedad y/o la falla de los frenos del automóvil en que viajaban las víctimas. Según reportes, los soldados comenzaron a disparar después de que el vehículo de los sospechosos le pegó e hirió severamente a un soldado, el Sargento Ricardo Rojas Hernández, quien después del incidente fue declarado con muerte cerebral.
Un reportero que se encontraba en la escena, Hugo Reyes, de El Diario, fue forzado por los soldados a tirarse sobre la tierra. Un miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Estatal de Chihu a hua (CEDH), el legislador Víctor Quintana, acudió a la zona del incidente pero dice que el acceso le fue denegado por los militares.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua recibió 28 quejas relacionadas al ejército en el mes de mayo, así como 32 quejas más, en su mayoría procedentes de la localidad fronteriza de Ojinaga, durante los primeros 11 días de junio. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH, dijo que habían llegado quejas también de los municipios de Chihuahua, Manuel Benavides, Madera, Guachochi, Delicias, Cuahtémoc, Namiquipa, Bachiniva y Casas Grandes. De acuerdo con Armendáriz, los casos de derechos humanos relacionados con el Ejército son mandados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México para ser atendidos allá.
El investigador de la CEDH, Gustavo de la Rosa Hickerson, argumentó que las violaciones a derechos humanos mostraban un "patrón peligroso". Muchas de las supuestas víctimas, dijo, eran pequeños traficantes de droga o adictos, que habían sido golpeados y torturados. De acuerdo con el oficial, los detenidos habían sido supuestamente expuestos a choques eléctricos, simulaciones de asfixia con bolsas de plástico y cortadas con navajas, en las instalaciones militares. En una ocasión, cuatro mujeres, oficiales de la policía estatal, dijeron que fueron desnudadas y maltratadas por soldados. De la Rosa comparó estos reportes con los ataques de la Guerra Sucia en los años 70, un período de tiempo en que la tortura y las desapariciones fueron ampliamente utilizadas por el gobierno de México en contra de los disidentes y de supuestas guerrillas.
No hubo comentarios inmediatos por parte de las Fuerzas Armadas de México respecto a las quejas de la PGR y la CEDH.
Un patrón nacional
Los cargos de violación a derechos humanos por parte de soldados involucrados en la guerra antidrogas de Felipe Calderón no solamente se limitan a Chihuahua. En Michoacán, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió alrededor de 400 quejas en contra del ejército de enero a finales de marzo de este año, según reportes del periódico La Jornada. En Morelia, el periodista Ignacio Roque Madrid, del diario La Crónica de Hoy acusó a los soldados de haber entrado en su casa el 14 de febrero, amenaza ndo y por haberle apuntado con armas. En marzo, periódicos locales publicaron fotografías de una mujer severamente golpeada, María Birruete Monroy, después de que fue arrestada por el ejército en el poblado de Zinejuácaro.
En 2006 y 2007, la CNDH hizo cuatro recomendaciones a la Secretaría de Defensa de México acerca de las quejas relacionadas con soldados en los Estados de Michoacán, Sinaloa y Coahuila. Los supuestos abusos incluían violaciones masivas, detenciones arbitrarias y homicidios. En Chihuahua, los oficiales electos han expresado su preocupación por los supuestos abusos del Ejército. El mes pasado, el Congreso Estatal de Chihuahua exhortó al Secretario de Defensa a castigar a cualquier soldado involucrado en abusos. El Presidente del Congreso Estatal, Jorge Alberto Gutiérrez Casas, posteriormente pidió a los oficiales del Ejército que aclararan el caso de la balacera en el retén militar en Cuauhtémoc.
"Vamos a pedirle a la rama legislativa que no haya violaciones a derechos humanos en una lucha que está enfocada al crimen organizado, porque lo que pasó en el retén no justifica la respuesta de los militares", dijo Gutiérrez a la prensa local. "El ejército es una de las instituciones que tiene más prestigio y credibilidad ante los ojos de la ciudadanía, y por esta razón, no debemos permitir que situaciones aisladas terminen por desacreditar la confianza que la sociedad ha depositado en ellos."
Plan México
Los reportes de quejas de derechos humanos en Ciudad Juárez y Chihuahua llegaron en un momento en que el Congreso de Estados Unidos se encontraba debatiendo la propuesta de apoyo anti-drogas de la Administración de Bush hacia México, conocida como la Iniciativa Mérida, o Plan México. Los legisladores le añadieron algunas condiciones sobre derechos humanos a la propuesta, pero tanto los representantes del gobierno de Bush como los de Felipe Calderón, sesionaron fuertemente en contra de éstas, debido a que representaban una afronta a la soberanía nacional mexicana.
Activistas de derechos humanos en México y el extranjero han sostenido por mucho tiempo que la intervención del Ejército Mexicano en la lucha antidrogas constituye una violación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estipula que el ejército no deberá actuar en asuntos internos en tiempos de paz. Presionados por la escala en la narco-violencia, muchos legisladora mexicanos, empresarios y líderes civiles han acordado que el Ejército es la única fuerza capaz de hacerle frente a las fuertemente organizadas y bien armadas fuerzas privadas de los distintos sindicatos de la droga.
El 26 de junio, el Senado de Estados Unidos aprobó la Iniciativa Mérida con cláusulas de derechos humanos "diluidas", prometiendo al Gobierno Mexicano 400 millones de dólares para el año fiscal 2008-09. De este apoyo, 116.5 millones serán destinados al Ejército Mexicano. El Presidente Bush aprobó la iniciativa y la convirtió en ley el 30 de junio, dentro de la cuenta de gastos de la guerra en Iraq y Afganistán.
La Dra. Kathy Stadut, profesora de Ciencia Política en la UTEP, dijo que mucho del presupuesto aprobado para el Ejército Mexicano será "reciclado" a los Estados Unidos en la forma de ventas en armas y otras cosas por compañías estadounidenses. "Creo que tenemos que cuestionarnos acerca de qué online casino tan útil será este dinero y si las armas compradas con él estarán en "buenas manos" o en "malas manos" en este escenario de militarización en México," dijo Staudt.
La Iniciativa Mérida es vista como una expresión de soporte a la guerra antidrogas del gobierno de Calderón, y fue aprobada con gran apoyo hacia la ofensiva de Calderón. Pero la Operación Juntos Chihuahua, uno de los más importantes operativos lanzados hasta la fecha como parte de la ofensiva en contra del crimen organizado ha tenido, ciertamente, resultados "mixtos", hasta para sus propios objetivos. De acuerdo con el periódico de Ciudad Juárez "Norte", el Ejército mexicano dijo haber detenido a 70 personas, entre ellas el teniente del Cártel de Juárez, Pedro Sánchez Arras, así como haber incautado 91 armas y 37 vehículos desde el inicio de la operación militar. Más aún, se le dio crédito al ejército por confiscar 31 toneladas de marihuana, así como cantidades variadas de heroína, metanfetaminas y píldoras ilegales. Curiosamente, el Norte reportó que el ejército había incautado solamente alrededor de 10 libras de cocaína, en una región que es legendaria por sus exportaciones de "oro blanco" a los Estados Unidos. Ninguno de los líderes de los cárteles en guerra ha sido arrestado hasta ahora.
La violencia crece
Tal vez lo más importante, es que el despliegue de la operación no ha puesto un alto a l a violencia. De hecho, un análisis del número de homicidios en Ciudad Juárez antes y después del inicio del operativo muestra que la violencia, de hecho, se recrudeció desde que el ejército llegó a finales de marzo. De acuerdo con datos de la prensa, 210 personas fueron asesinadas del 1 de enero al 31 de marzo. A partir del 1 de abril—unos cuantos días después de que el operativo comenzara—al 1 de julio, por lo menos 333 otras personas habían sido asesinadas.
Con la cuenta de cuerpos subiendo rápidamente a 600, Ciudad Juárez ha sufrido una cantidad desproporcionada de la violencia generada por la guerra antidrogas en México en 2008. De acuerdo con un reporte de "Justice in México", un proyecto del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, 1,751 personas fueron asesinadas en todo México del 1 de enero al 20 de junio de este año, en ataques violentos relacionados al narcotráfico.
En una declaración alarmante, el Alcade Reyes le dijo a El Paso Times que las autoridades locales sabían que una grande y violenta confrontación entre cárteles rivales era inminente a principios del año. Reyes dijo que el gobierno local incluso conocía la fecha en que la violencia comenzaría y le pasó el dato a las autoridades federales. De acuerdo con el relato de Reyes, la información estaba disponible casi tres meses antes de que una operación gubernamental, diseñada supuestamente para contener la violencia, fuera anunciada.
Aún cuando la narcoviolencia ha sido característica de Ciudad Juárez, el nivel de violencia en 2008 no tiene precedentes. De acuerdo con las estadísticas oficiales del Estado—que muchos creen que no reflejan los números reales de asesinatos—el Diario de Juárez reportó que el 13.3% de los 3,955 homicidios reportados en Ciudad Juárez desde 1994, corresponden a los primeros seis meses de 2008. En la ciudad fronteriza, tantas personas han sido asesinadas este año, que la morgue local se quedó sin espacio. Aunado a esto, nuevas manifestaciones de violencia, que nunca se habían presentado en Ciudad Juárez, han aparecido junto con el operativo militar. Por ejemplo, una docena de negocios han sido incendiados por presuntos elementos de cárteles. En el internet, organizaciones rivales de drogas pelean una cyber-guerra, con todo y videos amenazadores y mensajes insultantes. En un giro extraño, los individuos seleccionados para ser asesinados han comenzado a recibir "llamadas de cortesía" que le piden a la víctima despedirse porque hoy será su último día.
En otra práctica nunca antes vista en la frontera, se han colgado listas con nombres de individuos a ejecutar, así como "narco-pendones" en monumentos públicos y puentes peatonales. La colocación de estos letreros está incluso programada para que suceda en las horas de mayor exposición y tráfico.
Un mensaje especialmente críptico fue recientemente dejado por un individuo desconocido, en una cruz conmemorativa de mujeres víctimas de violación y asesinato. El mensaje era una lista de cuatro oficiales de policía. El mismo día, el cuerpo de una joven no identificada, con el mismo perfil de las víctimas anteriores de violación y asesinato, apareció a las afueras de Ciudad Juárez.
Una oleada de secuestros por dinero ha igualmente sacudido al público, llevando a los dueños de deshuesaderos y negocios relacionados a irse a huelga en protesta. "Estamos en un total estado de no-gobernabilidad, " declaró Laurencio Barraza, de la Organización Independiente Popular, al periódico El Norte. En la batalla del Siglo XXI por la lucrativa "plaza" de drogas en Ciudad Juárez, una guerra psicológica acompaña a la guerra física.
