La Secretaría del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (DHS por sus siglas en inglés) ha desatado un operativo de redadas a nivel nacional para la cacería de "ilegales fugitivos." El DHS tiene 75 Equipos para Operaciones de Aprehensión de Fugitivos que organizan redadas en todo el territorio de EEUU. De los fugitivos arrestados, sólo un pequeño número son realmente delincuentes, y algunos de los inmigrantes a quienes el ICE esposa y coloca grilletes son ciudadanos estadounidenses o personas ya con residencia legal en los Estados Unidos.
El Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE en inglés), la agencia del DHS a cargo de investigar a los inmigrantes, no deja de emitir continuos comunicados de prensa que proclaman el éxito de sus equipos, cada uno formado por ocho miembros que organizan las redadas coordinadas. Invariablemente, los agentes del ICE afirman que la meta del operativo es "restaurar la integridad" del cumplimiento de las leyes migratorias.
El año pasado, el ICE arrestó 30,048 inmigrantes en estas cacerías masivas de fugitivos; casi el doble que en 2002, y 15 veces el número de atrapados en 2003.
Los fugitivos del ICE no son criminales empedernidos. De hecho en su gran mayoría ni siquiera son delincuentes. La agencia explica que "se define a un fugitivo del ICE como un ilegal que no ha salido de Estados Unidos después de habérsele emitido una orden definitiva de retiro, deportación o exclusión, o que no ha acudido a reportarse con un Oficial de Detención y Retiro tras habérsele notificado que debe hacerlo."
Estos fugitivos designados para su persecución, entonces, no son delincuentes que huyen de la justicia sino inmigrantes que han ignorado comunicados que les envió el ICE o el Departamento de Justicia, o bien que nunca recibieron las órdenes para su comparecencia. En cualquier caso, se les coloca en una lista de casi 600,000 fugitivos que los equipos cazadores de fugitivos de la agencia están rastreando.
El ICE caza además "ilegales criminales", o sea inmigrantes acusados de delitos en Estados Unidos o que tienen antecedentes penales en el país. Sin embargo, el aumento de ilegales criminales puede explicarse simplemente por los inmigrantes que han falsificado un número de seguridad social o reingresado ilegalmente a Estados Unidos y a quienes se añade acusaciones de delitos más graves siguiendo la política de la administración Bush para criminalizar a los inmigrantes.
De incógnitos a fugitivos
La administración Bush comenzó a organizar sus equipos operativos contra fugitivos en febrero de 2002 como parte de su "Guerra contra el terrorismo." Aunque se autorizó una campaña contra inmigrantes incógnitos en 1995 y la misma se reautorizó en 1998, no fue sino hasta 2001 que el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, en inglés), siguiendo órdenes del Procurador General, lanzó la Iniciativa de Aprehensión de Incógnitos en complemento a las nuevas medidas de seguridad de la Ley de Acción Patriótica (en inglés, "Patriot Act") de los Estados Unidos de América.
El DHS, creado por la administración Bush en marzo de 2003, absorbió al programa de incógnitos, estableciendo en su lugar el Programa Nacional de Operaciones contra Fugitivos. Ya no se les llamó "incógnitos" u "ocultos"; ahora se les etiquetó como "fugitivos", reflejando la postura de línea dura del recién creado Departamento.
Hoy existen 75 equipos operativos de siete miembros cada uno, con otros 29 equipos programados para activarse hacia fines de 2008. Repartidos por todo el país, cada equipo tiene asignada su propia área de concentración geográfica, aunque a menudo colaboran en lo que llaman "oleadas" (en inglés, "surges"), el término del ICE para designar escaladas en la persecución de fugitivos que reúnen a otros equipos de la región en la realización de redadas de varios días.
El DHS ha establecido metas ambiciosas para los equipos de persecución de fugitivos.
En su plan estratégico para 2003 Fin de Juego, la Oficina de Operaciones de Detención y Retiro vinculó la eliminación de ilegales con la estrategia de seguridad nacional que siguió al 11 de septiembre:
"Avanzar hacia un porcentaje del 100% de retiro de todos los ilegales eliminables es crucial para que el ICE pueda proporcionar el nivel de cumplimiento de las leyes migratorias necesario para mantener seguros los Estados Unidos. Sin ese paso final en el proceso, las aprehensiones logradas por otros programas del DHS no podrán contribuir verdaderamente a la seguridad nacional."
"El ICE se concentra en expulsar a los ilegales delincuentes de nuestras comunidades y en restaurar la integridad de nuestro sistema de inmigración legal nacional," dice Julie L. Myers, Secretaria Adjunta del ICE. "Quienes participan en un correcto proceso legal pero huyen cuando pierden sus casos en los tribunales serán localizados, aprehendidos y expulsados."
Como parte de su plan estratégico Fin de Juego en 2003, el ICE se fijó el objetivo, para 2012, de eliminar la acumulación de fugitivos registrados. Al principio puso también un énfasis determinante en medir su progreso por el número de "ilegales delincuentes" arrestados más que en el de "ilegales incógnitos" que carecen de antecedentes penales. Pero desde entonces el ICE ha abandonado la norma del ilegal delincuente. Como observó un informe del DHS sobre el programa, "la productividad" de los equipos se veía inhibida por ese lineamiento. Ahora el ICE mide la "productividad" del programa por la cantidad total de ilegales fugitivos, ilegales, delincuentes e infractores de leyes de inmigración atrapados, y por la reducción de la acumulación de prófugos registrados.
En enero de 2006 el ICE se fijó una meta de 1,000 aprehensiones anuales por cada equipo operativo de persecución de fugitivos … una meta que empuja a los equipos a realizar "barridas" de las zonas designadas. El ICE sigue afirmando que sus equipos operativos para arrestar fugitivos conceden la "más alta prioridad" a casos que involucran "ilegales que representan una amenaza para la seguridad nacional y comunitaria."
Según el ICE, las prioridades de dichos equipos, en orden de importancia, son: "1) los fugitivos que son una amenaza para la nación; 2) los fugitivos que atentan contra la seguridad de la comunidad; 3) fugitivos con antecedentes penales violentos; 4) ilegales delincuentes; y 5) fugitivos no delincuentes."
Pero estas prioridades no aseguran que los equipos perseguidores de fugitivos no vayan a detener inmigrantes que no son delincuentes ni prófugos. La red que tienden es tan amplia que en ocasiones los equipos arrestan tanto a ciudadanos como a inmigrantes que están en proceso de nacionalización, difundiendo así el temor en las comunidades latinas y de inmigrantes.
Operativos sin orden judicial
Para realizar redadas en hogares de inmigrantes, el ICE no requiere de orden judicial. Legales o no, los inmigrantes que no son ciudadanos naturalizados carecen de los mismos derechos constitucionales de que gozan los ciudadanos. Cuando los agentes del ICE en sus cazadoras o "rompevientos" azules con la palabra "Policía" estampada en la espalda tocan a la puerta de la casa de un sospechoso de ser fugitivo, no portan orden judicial ni tratan de presentar evidencia alguna.
La policía del ICE puede interrogar a ilegales sospechosos sobre su situación migratoria, y registrarlos y catear sus hogares sin orden judicial. Tampoco tienen que leerles a los ilegales sus derechos conforme a la disposición llamada Miranda. Los inmigrantes arrestados tienen derecho a los servicios de un abogado, pero deberán encontrarlo y pagar sus honorarios.
Los tribunales de inmigración forman parte del Departamento de Justicia, pero no de un sistema judicial con jueces. Más que auténticos tribunales, constituyen audiencias administrativas.
Como lo hizo notar el artículo que escribió Julia Preston para el New York Times: "Aun los inmigrantes que han vivido aquí legalmente por muchos años, afirman abogados, pueden verse en problemas con las leyes de inmigración por infracciones menores o faltas leves. Una solicitud extemporánea de renovación de papeles para una visa o un citatorio por llevarse un artículo menor de una tienda pueden evolucionar velozmente a una orden de que se aplique el peor castigo: la deportación. Los inmigrantes que impugnan tales órdenes tienen derechos de fianza más limitados que los delincuentes estadounidenses y pueden transcurrir años tras las rejas mientras sus casos avanzan penosamente por el sobrecargado sistema judicial."
Anunciándose simplemente como "Police" o "Policía", los agentes del ICE catean los hogares en redadas al alba, en busca del fugitivo perseguido. Aunque con mucha frecuencia no encuentran al prófugo, pero ello no implica que se marchen con las manos vacías. Por rutina, las redadas rinden "resultados colaterales", o inmigrantes que no figuran en el banco de datos de fugitivos, pero que están en el país sin los documentos apropiados.
Los inmigrantes fugitivos son difíciles de hallar, no necesariamente porque se escondan, sino porque a menudo el gobierno carece de información sólida. De acuerdo con un informe del DHS de 2006, casi la mitad de la información en el "Sistema de Control de Ilegales Deportables" del ICE—una base de datos de inmigrantes cuya deportación está ordenada—era incorrecta o incompleta. Esta falta de información precisa sobre dónde viven los inmigrantes "objetivo", no sólo significa que los equipos del ICE suelen fracasar en encontrar al fugitivo, sino también que en la práctica, esta policía del ICE entra a hogares de otros inmigrantes indocumentados a quienes simplemente arrestan como "resultado colateral".
En el nivel nacional, tales arrestos colaterales constituyen alrededor del 30% del total de los arrestos de los equipos de persecución de fugitivos. De los 30,048 inmigrantes atrapados en redadas de fugitivos en 2007, más de 8,000 eran infractores colaterales de leyes migratorias.
Más daños colaterales
El DHS no ha podido demostrar que sus operativos para la aprehensión de fugitivos estén arrestando inmigrantes que atenten contra la seguridad nacional. En lugar de aumentar la seguridad interna, la escalada de redadas de los equipos de persecución de fugitivos está desembocando en un patrón preocupante de abusos contra los derechos humanos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que se ven atrapados en las citadas "oleadas".
Adriana Aguilar, ciudadana estadounidense que vive en East Hampton, NY, entabló una demanda por la vía civil contra el ICE por violar sus derechos conforme a la Cuarta Enmienda constitucional cuando agentes del ICE irrumpieron en su habitación, donde dormía con su hijo de cuatro años de edad, deslumbrándola con sus lámparas antes de interrogarla.
El 11 de junio pasado, en un discurso acerca de las prácticas de detención y arresto del ICE, citando diversos ejemplos de ciudadanos de EEUU que habían sido hostigados por la agencia, el senador demócrata por New Jersey Robert Menendez declaró ante el Senado: "El deseo legítimo de lograr el control de nuestras fronteras se ha convertido con demasiada frecuencia en una cacería de brujas contra los hispanoamericanos y otros individuos de color." Ciudadanos estadounidenses, continuó, "son señalados por su raza, perseguidos por su color—se les niega todo derecho fundamental garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. El sentido común es vencido por la histeria y los agentes de la intolerancia atropellan reiteradamente las protecciones legales a que tiene derecho cada estadounidense."
Los Equipos para Operativos de Aprehensión de Fugitivos del Departamento de Seguridad Nacional tipifican los problemas creados por el Operativo Antiinmigración de la administración Bush. Al incorporar la política migratoria a la estrategia para la seguridad nacional, la administración trata a los inmigrantes como criminales y amenazas a la seguridad. Oleadas, resultados colaterales y fugitivos son los nuevos términos acuñados para esta guerra en casa.
Es indudable que se infringe la política migratoria. Pero la línea dura del Departamento de Seguridad Nacional respecto a la inmigración—adoptada de los restriccionistas antiinmigración—no está reparando una política rota y fracasada sino creando un nuevo daño colateral en la forma de hogares destruidos, derechos violados y un clima de miedo.
Una nueva administración necesita revisar la política migratoria. Sí, los fugitivos deben ser perseguidos y arrestados, pero que sean prófugos reales, inmigrantes auténticamente criminales que se dan a la fuga, no inmigrantes que luchan por ganarse una vida para ellos y sus familias.
Debe restaurarse la integridad de la política migratoria, y el primer paso para ello debe ser extraer la política migratoria de la influencia corruptora del Departamento de Seguridad Nacional, en cuya óptica los inmigrantes son una amenaza para esa seguridad nacional en lugar del complejo tema socioeconómico que realmente es.
