La intensa campaña de redadas antiinmigración está llenando las cárceles de condados de todo el país con inmigrantes arrancados de sus empleos y hogares. Decenas de miles de inmigrantes arrestados están siendo alojados en las cárceles de los condados, en tanto esperan la fecha de su juicio y posterior deportación.
Con la escalada de las redadas antiinmigrantes, cada vez más comisiones de condados y departamentos policíacos celebran contratos con el gobierno federal para hospedar a los inmigrantes arrestados. La gran mayoría de los gobiernos de los condados o distritos esperan con vehemencia recibir inmigrantes en sus prisiones.
Los pagos "per diem" o por cuota diaria, que perciben de dos agencias federales—el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE , en inglés) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service, USMS)—cubren los déficits de los presupuestos distritales, la contratación de nuevos comisionados, y los proyectos de expansión de prisiones. Aunque algunas localidades se quejan de sobrepoblación en las cárceles y de una dispersión de las prioridades policíacas, cada vez más gobiernos distritales se benefician económicamente de la campaña de redadas antiinmigrantes.
El ICE es la agencia de la Secretaría de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) responsable de "la detención y extracción" de los inmigrantes no autorizados. El USMS es la agencia del Departamento de Justicia que transporta a presos federales, entre ellos inmigrantes aprehendidos. Ambas agencias ofrecen pagos cuota diaria—generalmente mucho más elevados que los que proporcionan las organizaciones policíacas locales—a los gobiernos y empresas privadas que proveen camas para los inmigrantes.
El ICE tiene sus propios centros de detención pero éstos a menudo están llenos o demasiado lejos de donde se realizan las redadas de inmigrantes. Desde el 11 de septiembre de 2001, el gobierno federal de E.U. ha expandido sin cesar el número de camas en sus centros de detención de inmigrantes. La administración Bush ha añadido 13,000 camas a los centros de detención del ICE y a sus "instalaciones de detención subcontratadas" propiedad de empresas privadas. La mayoría de estos centros se ubican al suroeste de E.U. Actualmente hay 32,000 camas en los ocho centros de detención del ICE y en los siete centros de detención de inmigrantes que administran la Corrections Corporation of America y el GEO Group, subcontratados por el ICE.
No obstante este incremento, el ICE continúa bajo intensa presión para hallar espacios para el número creciente de inmigrantes que la agencia ha detenido. Respondiendo a presiones de los restriccionistas de la inmigración, la administración Bush y el Congreso están comprometidos a aumentar los espacios de alojamiento de inmigrantes detenidos. La Reforma de Inteligencia de 2004 autorizó la expansión a 40,000 camas para 2010, y el presupuesto presidencial para 2009 incluye fondos para 1,000 camas, que en su mayoría serán subcontratadas.
Sin embargo, a medida que el ICE eleva el "cumplimiento interno de la ley", la agencia está arrestando grandes cantidades de inmigrantes en áreas rurales distantes de sus 15 centros de detención. La reciente redada del ICE en la planta procesadora de carne Agriprocessors Inc., descrita por el procurador de E.U. en Iowa como "el mayor operativo de cumplimiento de la ley en centros laborales en toda la historia de Estados Unidos", envió a más de 300 inmigrantes a cárceles de condados esparcidos a través de Iowa o a la prisión del estado. La mayoría se han declarado culpables de fraude documental y se les ha sentenciado a penas de hasta cinco meses de prisión.
La redada en Agriprocessors Inc. es ejemplo de otro factor que conduce a un mayor número de detenciones en cárceles y prisiones distritales. En lugar de simplemente aprehender y deportar a los inmigrantes no autorizados, ahora el ICE los acusa de delitos. En el caso Agriprocessors se expidieron órdenes de aprehensión para 697 trabajadores por delitos como "fraude de identidad con agravantes", empleo de una clave fraudulenta de seguridad social, reingreso al país después de haber sido deportado, y empleo fraudulento de una tarjeta de registro de inmigrante ilegal.
La cacería de inmigrantes, una nueva y excitante oportunidad de hacer negocios
Durante los últimos años, el ICE ha alentado a los gobiernos distritales no solo a auxiliarle en la detención, sino también a cumplir la ley antiinmigración. Conforme a los convenios 287(g) del ICE y con la colaboración de su nuevo Centro de Apoyo al Cumplimiento de la Ley, el ICE capacita y encarga a la policía local y suministra fondos para los comisionados y oficiales policíacos. Aunque la reforma a la ley de inmigración de 1996 autorizó el programa, éste no se inició sino hasta después de 2001. En los últimos dos años, los convenios 287(g) se han convertido en "una de las ideas más atractivas y rentables para los funcionarios estatales y locales que se ocupan de la inmigración."
El programa 287(g) está ganando rápidamente nuevos socios estatales y distritales, aumentando su número de solo ocho socios a principios de 2007, a 47 socios actualmente, con 90 organismos policíacos estatales y locales en la lista de espera para celebrar convenios con el ICE. Según esta agencia, desde 2006 se ha deportado o se tienen programados para su deportación a más de 50,000 inmigrantes como resultado del programa 287 (g). Si bien muchos comisariados y departamentos de policía distritales, sobre todo en las zonas rurales, se han unido con entusiasmo a la campaña de redadas de inmigrantes, otros jefes de policía, respaldados por los gobiernos distritales, se han rehusado a aplicar la ley de inmigración arguyendo que ello les distrae de sus responsabilidades de prevención del crimen.
La mayoría de inmigrantes arrestados y retenidos por la policía distrital no son delincuentes, sino trabajadores migrantes a quienes les faltan los documentos apropiados para vivir y trabajar en Estados Unidos. Pero el ICE describe la nueva colaboración federal-distrital más como un programa para la seguridad nacional que para el cumplimiento de las leyes de inmigración.
"El terrorismo y la actividad criminal se combaten con mayor eficacia a través de un enfoque de participación de múltiples agencias y autoridades," dice el ICE en su descripción de sus nuevos convenios de colaboración con agencias locales de para el cumplimiento de la ley. "Las policías estatales y locales desempeñan un papel crítico en la protección de nuestra patria porque a menudo son los primeras entidades que responden en el sitio donde ocurre un incidente o ataque contra Estados Unidos.
En el transcurso de sus tareas diarias, con frecuencia encontrarán delincuentes nacidos en el extranjero e infractores migratorios que representan una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública."
A los críticos de la participación creciente de las fuerzas policíacas de condados en los arrestos y detenciones de inmigrantes, les preocupa que ello conduzca a arrestos basados en perfiles raciales, desaliente la cooperación de los inmigrantes con la policía local, divida a las comunidades y distraiga a las policías y comisionados de asuntos de seguridad pública más urgentes. La presión ejercida por los restriccionistas de la inmigración, que alegan que los inmigrantes ilegales representan una amenaza auténtica a la seguridad y el bienestar públicos, a menudo logran hacer a un lado estas preocupaciones en la discusión pública.
En última instancia, las consideraciones económicas son de enorme peso para las comisiones y los departamentos policíacos y de alguaciles de los condados. Como dijo el alguacil Roger Mulch a los comisionados del Condado de Jefferson (Illinois), a fines de febrero pasado, "El ICE, durante los últimos tres meses, ha estado ansioso de hacer negocios con nosotros." Cada localidad negocia independientemente con el ICE y el USMS para fijar las tarifas de los pagos cuota diaria, y a medida que aumenta la demanda federal por camas en los condados, los departamentos de alguaciles negocian tarifas cada vez más altas.
En Carolina del Norte, el alguacil Terry Johnson recientemente consiguió persuadir a la Comisión del Condado de Alamance a estar de acuerdo con la solicitud del ICE de convertir al condado en un eje de detenciones y cumplimiento de leyes migratorias, argumentando los beneficios financieros de la detención de inmigrantes, subrayando que con los contratos para detenciones con el ICE y el USMS, el condado probablemente ganará en 2008 entre $5.5 y $6 millones de dólares. Solamente en febrero, el condado ganó $400,000 dólares en "alquiler de camas". Para hacer más espacio para los inmigrantes, el alguacil recomendó que el condado comprara unidades modulares de bajo costo para instalarlas en el anexo a la cárcel.
En Arkansas, el alguacil del Condado de Washington Tim Helder explicó a la comisíon distrital que alojar presos federales en la cárcel del condado ha mantenido el presupuesto de la cárcel en números negros. "cuando puedo obtener más dinero por retener a los presos de alguien más, y tenemos el espacio, ¿por qué no voy a hacerlo?", dijo Helder. "Para mí simplemente tiene sentido." No sólo dinero, sino en mayor cantidad de lo que el estado u otros distritos pagan por usar la prisión. El ICE y el USMS pagan $48 dólares diarios, mientras que el condado sólo cobra a las agencias policíacas una tarifa nominal de $10 dólares. "Pagamos pero que muy bien", afirmó un funcionario del USMS.
El Alguacil Helder dice que puede meterse a la cárcel a presos federales junto a cualquier otra clase de presos. "Lo que lo hace atractivo es que podemos alojarlos en todos estos hoyos que tenemos", comentó. Los fondos del ICE y el USMS han permitido al condado cubrir el déficit presupuestal en el Condado de Washington, Arkansas, por el centro correccional construido en 2005, y permitirá al condado ampliar la prisión en los próximos dos años para hacer frente a la cercana explosión en la población carcelaria.
En Virginia, el ICE dice que prefiere la cárcel del Condado de Arlington por su cercanía a las oficinas y tribunales federales. En abril pasado, la estancia promedio para las 82 personas en prisión fue de 52.56 días, con algunos inmigrantes acumulando 260 días. "[El dinero federal] solo nos ayuda a compensar los costos que de todos modos tendremos que erogar", dijo la mayor Susie Doyel, de la oficina del alguacil del condado. "Creo que esto es definitivamente provechoso para el condado." El condado cobra del USMS y el ICE una cuota diaria de $91 dólares: mucho más alta que los $8 dólares diarios que obtiene del estado por alojar a los prisioneros locales.
A Judy Greene, de Justice Strategies, crítica prominente de las actuales prácticas de detención de inmigrantes, le preocupa que el ICE haya creado un mercado nacional de contratos de camas de prisiones, y afirma que este mercado "ha imbuido en el sector público conceptos como que el ampliar las cárceles locales generará ‘utilidades para el bolsillo de todos’".
Todos los observadores del sistema inmigratorio en Estados Unidos están de acuerdo en que sus políticas no sirven. No confronta adecuadamente los factores de oferta y demanda que impulsan los flujos migratorios; no considera en absoluto la difícil situación que viven los 12 a 13 millones de inmigrantes que han formado su hogar en Estados Unidos; provoca la propagación de abusos contra los derechos de los inmigrantes, y crea una economía y una sociedad paralelas, marginales.
Es claro que el gobierno federal ha fracasado en la creación de un sistema de inmigración sustentable. Pero involucrar a los gobiernos y policías distritales en el cumplimiento de las leyes migratorias no es la solución. Antes bien, simplemente extiende el fracaso a nuevos niveles de gobierno.
