 |
| Familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez se manifiestan adelante de la autoridad mexicana a cargo de crimenes contra mujeres. |
Ninguna crisis contemporánea de derechos humanos en México ha movido la opinión pública mundial más que las violaciones y asesinatos de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua. Protestas masivas que van desde la frontera EEUU-México hasta Europa e India han exigido justicia. Incluso Hollywood abordó el tema, cuando se filmó recientemente un drama importante acerca de los crímenes de Juárez, protagonizado por Antonio Banderas, Jennifer López y Martin Sheen, llamado Verdades que Matan (en inglés, Bordertown). La película multimillonaria no fue lanzada en la pantalla grande en los EEUU por razones desconocidas .
Desde hace ya más de una década, investigadores de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Oficina para América Latina en Washington (WOLA) e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del gobierno de México han visitado la frontera y publicado informes que critican duramente las respuestas de las autoridades hacia los brutales asesinatos.
El Parlamento Europeo, el Congreso de los EEUU, el Senado del estado de Nuevo México y otras entidades han aprobado resoluciones que condenan los feminicidios. Además, se estableció una línea telefónica de la policía para recibir pistas anónimas al otro lado de la frontera de Ciudad Juárez en El Paso, Tejas.
A pesar del clamor internacional, muchos—tal vez cientos—de asesinatos y desapariciones de mujeres jóvenes siguen sin resolverse. Para no permitir que el recuerdo de sus seres queridos muera, las madres de las victimas de feminicidio, y sus partidarios, están tomando acción nuevamente. En el Día Internacional de la Mujer de 2008, manifestantes provenientes de ambos lados de la frontera marcharon hacia el reconocido monumento de la cruz que honra a las mujeres asesinadas y se encuentra en una de las entradas de Ciudad Juárez cerca del Puente de Santa Fe.
"No hay mucho que celebrar este día, porque hay un objetivo común de poner fin a este clima de impunidad y a la respuesta ineficiente de las autoridades," puntualizó Imelda Marrufo, directora de la Red de Organizaciones de la Mujer de Ciudad Juárez.
"Aún existe una verdadera falta de voluntad política para enfrentar el problema con seriedad," concordó Humberto Guerrero, administrador de casos para la organización no gubernamental llamada Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Un reciente informe de CMDPDH, Feminicidios en Chihuahua, ayuda a esclarecer el tema de la impunidad que persiste en Ciudad Juárez y en otras partes de México. El informe contiene un análisis exhaustivo de las obligaciones de México, bajo numerosos acuerdos internacionales de derechos humanos, y detallados comentarios de recomendaciones formuladas por una lista larga de investigadores internacionales y nacionales.
Mientras reconoce esfuerzos oficiales y de múltiples agencias que al menos reconocen los asesinatos y desapariciones de mujeres, la CMDPDH concluye que los parientes de las victimas continúan excluidos del sistema judicial.
En una entrevista, Guerrero cuestionó contenciones por la Procuradora General de Justicia Estatal de Chihuahua, Patricia González, y otros funcionarios mexicanos, que la mayoría de los asesinatos en Ciudad Juárez han sido resueltos y debidamente procesados por el sistema judicial. La oficina de González, la PGJE, ha sido responsable durante mucho tiempo bajo la ley mexicana de investigar y enjuiciar a los feminicidios.
En junio de 2007, en una presentación al Parlamento Europeo, González informó que de 413 casos de asesinato en Ciudad Juárez investigados por PGJE desde el 21 de enero de 1993 al 18 de mayo de 2007, ocho fueron pronunciados suicidios, 264 fueron resueltos y 139 aún se estaban investigando.
"Para comenzar, hay dudas sobre la cantidad de asesinatos de mujeres que han sido reportados," sostuvo Guerrero, "pero creemos que es engañoso el entrar en un juego de números ya que esto distrae la atención del problema principal en estos casos, el acceso al sistema judicial así como la impunidad. Además de eso, no pensamos que las vidas de 50 mujeres son más o menos valiosas que las vidas de 500 o 1,000."
Otros investigadores, entre ellos la autora de El Paso Diana Washington Valdéz, que documentó los asesinatos desde 1993 a 2005 (incluyendo 120-130 crímenes sexuales) para su libro Cosecha de Mujeres, han divulgado muchos más asesinatos que los 413 reconocidos por González. Si los asesinatos reportados en los últimos tres años se agregan a las cifras de Washington, el número de mujeres asesinadas por todos los motivos en Ciudad Juárez supera los 500 desde 1993.
Lo que la socióloga de Ciudad Juárez, la Dra. Julia Monarrez, llama "asesinatos en serie organizados," en los que hasta ocho cuerpos fueron recuperados a la vez en una sola localización y otros asesinatos que muy posiblemente implican el crimen organizado, se destacan como crímenes impunes hasta el día de hoy. Los traficantes de drogas, miembros de pandillas, asesinos en serie, hombres de negocios e incluso oficiales de la misma agencia encargada de investigar los crímenes han sido implicados en diferentes publicaciones de prensa.
La ex-comisionada de feminicidios de Ciudad Juárez bajo el Presidente Vicente Fox y actual fiscal federal de crímenes contra la mujer y tráfico humano, Guadalupe Morfin, reconoció la posible implicación de personal de PGJE en los feminicidios en un informe que divulgó en Los Pinos, la Casa Blanca mexicana, en Junio de 2004. Anteriormente, en noviembre de 2003, representantes de las madres de Ciudad Juárez entregaron personalmente al Presidente Fox en la Ciudad de México una lista de posibles sospechosos de asesinato. Ni uno solo fue detenido.
Según Guerrero, el CMDPDH dio a miembros de la administración del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, una oportunidad para ofrecer sus propios comentarios sobre Feminicidios en Chihuahua antes de que fuera publicado, pero los oficiales no respondieron. En 2007, el abogado de derechos humanos se reunió con el entonces Alcalde de Ciudad Juárez, Héctor "Teto" Murguía, y su ex-jefe de seguridad pública, Marco Antonio Torres. Ambos funcionarios estaban a la defensiva, según Guerrero, exigiendo saber el porque solo se señalaba a Ciudad Juárez.
El segundo al mando y compañero de Torres en el negocio de la radio, Saulo Reyes, fue arrestado por Inmigración y Aduanas de EEUU en El Paso presuntamente por el contrabando de media tonelada de marihuana a los EEUU en enero de este año. Anteriormente, el departamento de Torres fue reconocido por sus esfuerzos contra el crimen en una ceremonia a la que asistieron representantes de la policía de los EEUU. Desde la detención de Reyes, decenas de policías de Ciudad Juárez han muerto en tiroteos, han dejado las fuerzas armadas (las agencias) antes de llegar a ser contactados por los investigadores o han sido arrestados por traficar drogas.
La respuesta del estado
Comenzando a mediados de los años 90, la respuesta de los agentes policiales del Estado de Chihuahua, la policía federal mexicana y oficiales electos a los feminicidios se podría resumir como un ejercicio de negación, retraso, engaño, ilusión, dinero y desvío. Numerosas "investigaciones" se caracterizaron por la falta de investigación, la perdida o robo de evidencia y archivos clave, el maltrato de familiares de las victimas e incluso el ocultamiento de los cuerpos de los seres queridos.
Como reacción a la indignación nacional e internacional, la administración federal del Presidente Fox y la administración del gobernador del estado de Chihuahua, Patricio Martínez, crearon nuevas instituciones, comisiones y burocracias para hacer frente al feminicidio. A partir de 2003, se gastaron millones de dólares en abogados para los familiares de las victimas, compensación de supervivientes y construcción de nuevos hogares para ellos, talleres anti-violencia y campañas publicitarias para la prevención de la victimización de las mujeres.
El informe, Feminicidios en Chihuahua, cita cifras de gobierno que indican que la Policía Federal Preventiva realizó 79,857 revisiones de autobuses de las maquiladoras de transporte laboral y entrevistó 50,133 mujeres en cuanto a las medidas de seguridad desde mayo de 2005 hasta agosto de 2006. En vista de los escándalos posteriores sobre irregularidades generalizadas en el sistema de transporte en autobús, dicha estadística es una que provoca curiosidad.
Numerosas comisiones, pocas respuestas
A nivel federal, la Comisión para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez fue establecida y encabezada por la reconocida defensora de los derechos humanos Guadalupe Morfin. Su misión era coordinar la labor de innumerables agencias gubernamentales. Viendo los feminicidios como parte de un desglose más grande de la ley y fábrica social en Ciudad Juárez, Morfin y otros funcionarios del gobierno promovieron el aumento de servicios para los vecindarios más vulnerables de la clase trabajadora. En un momento dado, la rehabilitación de Acequia Madre, la (vieja) zanja principal de riego de la ciudad, fue identificada como una prioridad. Según la opinión de Guerrero y otros empleados de CMDPDH, los programas promovidos por la comisión de Morfin y otras agencias gubernamentales no han sido evaluados sistemáticamente para reformarlos o darle debido seguimiento.
Casi en paralelo con la comisión de Morfin, Fox creó la Fiscalía Especial para Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez como una unidad especial de la Oficina del Fiscal General Federal (PGR). Maria López Urbina, una abogada profesional de la PGR, fue nombrada como investigadora principal. Previamente, mientras trabajaba en Coahuila, un estado donde las violaciones y los asesinatos de mujeres también aumentaron a finales de los años noventa, López Urbina debería haberse familiarizado con el feminicidio.
Los parientes de las victimas se desilusionaron cuando estuvo claro que López Urbina no estaba llevando a cabo ninguna investigación de los asesinatos sino que, por el contrario, estaba limitando sus esfuerzos a identificar empleados de PGJE responsables de alterar las "investigaciones" y obstruir la justicia. Antes de ser transferida de su puesto en 2005, López Urbina identificó 170 oficiales corruptos, según Guerrero, y luego entregó sus nombres a PGJE—la misma agencia que López Urbina ha reconocido como corrupta—para que fuesen enjuiciados.
"La autoridad federal reconoce que la autoridad local incurrió en delitos y que habían fallas," dijo Guerrero, "y simplemente decide regresar la mayoría de las investigaciones a la misma autoridad local a cargo de investigar a dichos funcionarios y, en teoría, de aclarar dichas investigaciones."
Ninguno de los funcionarios de la PGJE que López Urbina nombró estuvo encarcelado gracias a las leyes de prescripción, una variedad de lagunas jurídicas y sospechas de favoritismo. En una flagrante omisión, López Urbina no nombró a ningún agente policial de alto rango u oficial electo de Chihuahua que tuviese autoridad sobre personal de menor rango.
Manteniendo la firme posición de que todas las autoridades deben rendir cuentas, los padres de Minerva Torres, una residente de la ciudad de Chihuahua de 18 años de edad que desapareció en 2001 y después fue encontrada asesinada, presentaron cargos con la PGJE contra el ex-Gobernador Martínez y otros altos funcionarios anteriores por alegadamente ocultar el cuerpo de su hija en unas facilidades del estado por casi dos años. Inaugurado en 2005, el caso esta "prácticamente paralizado," según Lucha Castro, abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en la ciudad de Chihuahua que está trabajando con la familia Torres.
Aunque López Urbina no solucionó un solo asesinato de Ciudad Juárez, el gobierno de Fox decidió ampliar el alcance de su cargo a fin de incluir diversos delitos de violencia contra la mujer en todo México. Al cambiar su cargo a Fiscal Especial para Delitos Violentos contra las Mujeres (FEVIM), la oficina fue encabezada por María Elena Pérez Duarte, otra notoria defensora de la mujer.
Pero poco después, la oficina de Pérez Duarte fue acusada por defensores de la mujer de emitir informes extensos y no obtener justicia en crímenes como las violaciones en masa de mujeres en cárceles por la Policía Federal Preventiva y policías estatales de México en el pueblo de San Salvador Atenco en 2006. De 21 policías estatales detenidos por los ataques de Atenco, 15 fueron exonerados y seis puestos en libertad bajo fianza. Ningún agente federal fue acusado, a pesar de los testimonios de las victimas. En abril 2008, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de la Ciudad de México llevó los casos de 11 víctimas de Atenco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH) en Washington, DC. Las víctimas, por su parte, han informado que han recibido amenazas anónimas.
Una víctima de San Salvador Atenco, Cristina Vallas, ha levantado cargos en contra de 140 oficiales mexicanos del sistema judicial, que resguarda el derecho de justicia universal en casos extremos, incluyendo la tortura. El 13 de mayo del 2008, representante Hilda Solis (D-CA) y 95 otros miembros de la Cámara de Representantes estadounidense enviaron una carta al Procurador General mexicano Eduardo Medina Mora y el gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto solicitando una profunda investigación federal de las atrocidades de Atenco. La carta notó que una investigación sobre el asunto empezado por la Suprema Corte mexicana en febrero del 2007 no había avanzado a nivel local ni estatal.
En 2006, Medina Mora fue el director de la agencia federal encargada de enviar policías federales a Atenco—el Ministerio de Seguridad Pública.
La FEVIM distribuyó un cartel de 35 niñas y mujeres jóvenes desaparecidas—entre ellas algunas desaparecidas de fuera de Ciudad Juárez—para su publicación en oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros lugares públicos, pero el cartel no incluyó muchos casos de Ciudad Juárez y Chihuahua, y no ha sido actualizado.
En busca de respuestas acerca de Ciudad Juárez, Atenco y otros casos, la CMDPDH y otros grupos presionaron para que Duarte y Medina Mora declarasen delante del Congreso mexicano. La petición de los activistas, sin embargo, fue congelada cuando Duarte renunció en protesta a la decisión del Tribunal Supremo mexicano en diciembre pasado que absolvió a los funcionarios del Estado de Puebla de cualquier mala práctica relacionada con la extraña detención de la periodista Lydia Cacho. Detenida en Cancún, Cacho fue trasladada a través de México incomunicada y amenazada de violación y muerte luego de haber publicado un libro que expuso una red de pedófilos que eran hombres prominentes de negocios en México y EEUU y con importantes vínculos políticos.
Desde la renuncia de Duarte, la FEVIM se ha ampliado una vez más. Con el nuevo título de Fiscal Especial de Delitos contra Mujeres y de Tráfico Humano bajo la administración de Calderón, su misión ahora incluye la investigación del tráfico de mujeres y niños. Rescatada del reciclaje político, Morfin ha sido designada recientemente para supervisar la nueva agencia. Al igual que López Urbina, y Duarte antes de ella, Morfin no tiene poder fiscal y sólo puede remitir casos a otras divisiones de la PGR para su investigación y sanción penal. Mientras tanto, en medio de las críticas de los activistas de las mujeres, la vieja Ciudad Juárez comisión de Morfin fue integrado en el Instituto Nacional de las Mujeres.
En el ámbito legislativo, tanto la Legislatura del estado de Chihuahua como el Congreso mexicano, que aprobó una ley reciente contra la violencia del género, también se entusiasmó los casos cada vez más notorios de feminicidio. Desde finales de los noventa, varias comisiones de feminicidio su ciclo de vida determinado por las frecuentes elecciones de México, se han establecido, disuelto y restablecido. Una comisión en la Cámara de Diputados de México, encabezada por la diputada feminista Marcela Lagarde, publicó un extenso informe en 2006 que fue lanzado en los medios de comunicación mexicanos como minimizando los asesinatos de Ciudad Juárez mientras que acentuaba un fenómeno más amplio de feminicidio que afligía el país entero.
En 2008, la Legislatura del Estado de Chihuahua puso en marcha otra comisión de feminicidio luego de que las madres de las víctimas ejerciesen presión públicamente sobre los legisladores para que actuasen. Castro, el abogado de los derechos humanos, dijo que los defensores de la justicia esperarán a que la nueva comisión celebre audiencias, revise el cumplimiento de Chihuahua con las recomendaciones nacionales e internacionales y vigile el desempeño de agentes policiales.
La iniciativa de Chihuahua está encabezada por María Ávila Serna, legisladora del Partido Verde mexicano, quien también sirvió en la comisión de Lagarde cuando era congresista federal hace varios años. Cuando era más joven, Ávila trabajó en la oficina de la PGJE que se encargaba de investigar los feminicidios de Ciudad Juárez en el período 1995-96; los activistas de derechos humanos culpan a la oficina por fabricar chivos expiatorios en los asesinatos y la tortura de algunos sospechosos. En los últimos años, Ávila perdió a dos parejas en tiroteos, asesinados al estilo del crimen organizado.
En el estado de Chihuahua la ley actual permite cometer un feminicidio y permanecer indemne. Un estatuto de limitaciones de 14 años significa que muchos de los primeros feminicidios no pueden ser procesados con éxito en los tribunales estatales que aún tienen jurisdicción sobre los casos. El estatuto de limitaciones ha sido una preocupación de los defensores de la justicia por muchos años, pero los legisladores de Chihuahua aún pueden remediarlo. La pérdida de tiempo crítico es claramente preocupante para los familiares de las víctimas y sus partidarios. La activista de la ciudad de Chihuahua, Norma Ledezma cuya hija Paloma Angélica Escobar fue violada y asesinada en 2002, dijo que en el primer día de múltiples desapariciones se perdieron pistas importantes, entre ellas las de su hija. El cuerpo de Paloma, una estudiante de computación de 16 años de edad, fue localizado cerca de la sede de la policía estatal de Chihuahua.
La coordinadora de la organización no-gubernamental Justicia para Nuestras Hijas, Ledezma ha tomado nota de la forma en que muchas investigaciones han sido malhechas. En una entrevista, ella culpó a la indiferencia institucional por la persistente impunidad. "No son tontos, no son estúpidos", dijo Ledezma. "Ellos no hicieron nada porque no les interesó." Aunque la PGJE ha creado una unidad de investigación especial, dirigida por Jesús Manuel Fernández, para sondear los asesinatos de Chihuahua, Ledezma dijo que no había progreso significativo que divulgar en los 26 casos tramitados por su organización.
Una situación similar, o peor, prevalece a nivel federal. Ignorando evidencia abundante que apoya lo contrario, el PGR no reconoce oficialmente la presencia de asesinatos en serie organizados en las matanzas de Ciudad Juárez, sino que insiste en el tema de la violencia doméstica o "crímenes de pasión" mencionado frecuentemente por las autoridades de Chihuahua. Desde 2006, dos informes del PGR han comentado sobre la pregunta del feminicidio en serie. La posición del PGR se asimila a campañas existentes de algunos negocios en Chihuahua, líderes de medios y políticos que pintan su ciudad como la víctima de una "leyenda negra" confabulada por activistas internacionales sindicales que detestan el libre comercio, comunistas y otros que quieren dañar la reputación de un centro de negocios internacional incipiente.
Se debe notar que descarrilamientos de la justicia similares a los registrados en Chihuahua han ocurrido en otras partes de México. Dos ejemplos relevantes son los casos de la estudiante de la escuela de computación Olga Lidia Osorio, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien fue salvajemente violada y asesinada en 2003, y de Sara Benazir de 15 años, una estudiante de preparatoria en Tijuana que fue aventada de un vehículo en movimiento y luego atropellada por otro vehículo. Como muchos otros crímenes en Chihuahua, un sospechoso en el caso del crimen en contra de Benazir se identificó rápidamente pero logró eludir la justicia; el joven en cuestión es un familiar de dos individuos empleados por el sistema de justicia de Baja California.
Consecuencias predecibles
En su extremo, la impunidad en masa esta sembrando condiciones en las que personas ajenas se atraen a Ciudad Juárez simplemente por su reputación como un paraíso para asesinos. El pasado mes de diciembre, por ejemplo, un residente de los EEUU alegadamente mató una joven cerca de Ruidoso, Nuevo México, y luego manejó con el cadáver a través de la frontera a Ciudad Juárez donde prendió el cuerpo de la víctima en fuego. El hijo de la mujer de tan solo dos años de edad se mantuvo en el asiento trasero del vehiculo, y fue abandonado posteriormente por el alegado asesino para vagar solo las calles en la noche de la ciudad fronteriza.
A pesar de que Chihuahua y las autoridades federales reclaman que los feminicidios son un capítulo del pasado, desapariciones y asesinatos recientes encajan en un patrón familiar y sórdido. En correos electrónicos, Marisela Ortiz, la portavoz de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, otro grupo de familiares de las víctimas, alertó al público de la desaparición de tres adolescentes en Ciudad Juárez durante enero y febrero de este año. Una de las jóvenes desaparecidas, Adriana Sarmiento Enríquez de 15 años, desapareció de una preparatoria en la que también estudiaban al menos otras tres víctimas de feminicidio en años anteriores.
El 10 de marzo de 2008, dos días después del Día Internacional de la Mujer y un día después de que siete personas fueron asesinadas en una guerra de armas entre soldados mexicanos y un sospechoso gatillero de un cartel de drogas, una adolescente de la ciudad de Chihuahua, Paulina Elizabeth Lujan, desapareció y luego fue encontrada violada y asesinada de la misma manera que mas de dos docenas de otras jóvenes de la capital del estado entre 1999 y 2007, según informes de la prensa y de organizaciones no gubernamentales.
El PGJE ha acusado a dos hombres del crimen a Lujan, pero la madre de uno de los sospechosos fue citada recientemente diciendo en la prensa de Chihuahua que su hijo fue obligado físicamente a confesar, una práctica muy común en varios feminicidios anteriores en los cuales chivos expiatorios han sido creados.
En dos otros recientes episodios, restos de mujeres se recobraron en el Valle de Juárez al principio de mayo de 2008, mientras otra mujer posiblemente asesinada se descubrió a las afueras de la ciudad de Chihuahua solo días antes y no muy lejos del lugar donde en el 2003 Diana Jazmin Garcia, víctima de asesinato, fue encontrada. Asesinatos y desapariciones de mujeres jóvenes, ya sea entre 1993-96, 2001-2003 o 2008, coincide con revueltas violentas dentro de los rangos del crimen organizado. Tanto en Ciudad Juárez y Chihuahua, la geografía de cementerios clandestinos para hombres víctimas del crimen organizado y mujeres víctimas de crímenes sexuales es frecuentemente la misma.
El juego del adiestramiento y la reforma
Chihuahua y los oficiales federales de México frecuentemente culpan el penoso estado de investigaciones previas en una falta de recursos, manejo descuidado, adiestramiento pobre y la ausencia de tecnología moderna como equipo de ADN.
En respuesta, varias agencias estadounidenses del orden público, incluyendo al FBI, han ayudado al PGJE y a otras agencias del orden público mexicanas con adiestramiento relacionado a escenas del crimen, consejo a los medios de comunicación y ayuda técnica en casos individuales de asesinato. Entre otros contribuidores está el Procurador General del estado de Nuevo México, que ha firmado acuerdos con el PGJE para proveer adiestramiento y ayuda técnica y para colaborar en un programa anti-tráfico humano sin fronteras.
Cuando se le preguntó más temprano durante este año en la estación pública de radio KUNM en Nuevo México si la colaboración Nuevo México-Chihuahua abarcaría asesinatos a mujeres, el Procurador General de Nuevo México, Gary King contestó con un rotundo no. Según King, Patricia González le dijo que los feminicidios eran mas bien una cuestión de violencia domestica más que de tráfico de humanos.
La ayuda principal de EEUU a la PGJE es un programa de $5 millones de dólares patrocinado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Diseñado para ayudar al Estado de Chihuahua en la reforma de sus códigos jurídicos, la iniciativa de USAID fue subcontratada a Sistemas de Gestión Internacional, una empresa privada en Washington, DC que ofrece ayuda al exterior con la ejecución de programas en Irak, Afganistán y otros países, según el Centro para la Integridad Pública.
"El gobierno del estado de Chihuahua ha adoptado los principios de transparencia en su visión de una comunidad más segura y regida por la libertad y la democracia", dijo el Embajador de los EEUU en México, Tony Garza, mientras que aplaudió el proceso de reforma legal a principios de 2006.
Guerrero y otros activistas de derechos humanos aceptaron la iniciativa con cautela, la cual incluye cambios, tales como los juicios orales, por primera vez. "Nosotros no lo vimos como algo negativo al principio," dijo Guerrero, "pero el problema es que todo el dinero, toda la inversión no ha beneficiado a todos los casos que sufrieron irregularidades o corrupción por parte de los funcionarios. (USAID) aún no ha impactado esos casos."
El logro mayor del programa fue su ayuda al reconocido equipo argentino de antropología forense en identificar al menos 27 cuerpos de víctimas no identificadas en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, la publicación del tan esperado informe final del equipo, que se espera sea crítica de algunos funcionarios del Estado de Chihuahua, se ha retrasado.
Inspeccionando el paisaje, los activistas de derechos humanos ven una discrepancia entre los objetivos de la reforma de la administración de Reyes González y la impunidad en numerosos feminicidios. Con respecto a la incapacidad de PGJE de conducir investigaciones genuinas, muchos familiares y defensores de la justicia piden su retiro del campo. El grupo Nuestras Hijas de Ciudad Juárez insta a la contratación de profesionales, investigadores externos, posiblemente incluyendo extranjeros, para encontrar a las mujeres desaparecidas. Guerrero destacó que el gobierno federal mexicano necesita asumir plenamente el cargo de las investigaciones de feminicidio, un paso que desde hace mucho tiempo evade debido a las sensibilidades sobre los derechos del Estado y el "federalismo" de México.
Paralelos de la guerra sucia
Después de años de feminicidios, es posible comparar la respuesta del estado mexicano con la sonda de la Guerra Sucia contra presuntos guerrilleros y disidentes en los años 1960 y 1970 del gobierno de Fox. Manejado por Ignacio Carrillo Prieto, la investigación de cuatro años de la Guerra Sucia identificó militares, policía y funcionarios electos responsables de desaparecer y probablemente ejecutar cientos de personas.
Al tope de la lista estaba el ex Presidente Luis Echeverría, que enfrentó cargos presentados por Carrillo Prieto por la masacre de estudiantes en la Ciudad de México. El fiscal de la Guerra Sucia también persiguió varios casos en contra de otros ex-funcionarios por una variedad de crímenes, pero Echeverría y compañía lograron escapar el encarcelamiento. Entretanto, un testigo clave fue asesinado, archivos fueron robados y culpables probables fallecieron antes de que pudiesen hacer frente a la ley y familiares y defensores de derechos humanos amenazadas, acontecimientos similares han empañado los casos de feminicidio.
Por ejemplo, justo antes de que la película Verdades que Matan se estrenara en México, la abogada Lucha Castro y miembros Nuestras Hijas de Regreso a Casa recibió amenazas de muerte similares por teléfono o mensaje de texto. La amenazas en contra de Nuestras Hijas hicieron referencia específicamente a la película como un motivo, y Amnestía Internacional mandó un aviso solicitando acciónes urgentes para apoyar a las activistas.
Algunos activistas, como la ex-residente de Ciudad Juárez Judith Galarza, coordinadora actual de la FEDEFAM, una asociación de familiares de presos políticos y desaparecidos en América Latina con sede en Caracas, sostienen que existe una relación directa entre la Guerra Sucia y los feminicidios. En una reciente visita a la frontera, Galarza reiteró cómo varios ex policías de alto rango en el Estado de Chihuahua implicados en el crimen organizado comenzaron sus carreras como policías activos en la Guerra Sucia. La hermana de Galarza, Leticia, fue desaparecida por las fuerzas de seguridad mexicanas a finales del decenio de 1970.
Institucionalmente, la PGR era la principal agencia federal involucrada en las investigaciones de feminicidio y la Guerra Sucia. Ya que trabajaban bajo jefes con nombramientos políticos, los fiscales especiales de la Guerra Sucia y la mujer no gozaban de una verdadera independencia. De hecho, los fiscales trabajaban para una agencia con un conflicto de interés en las sondas. En los feminicidios en Ciudad Juárez y la Guerra Sucia, la policía empleada por la PGR fue implicada en crímenes y atrocidades en materia de derechos humanos.
Décadas más tarde, miles de familiares de ambos períodos de violencia aún no tienen respuestas reales sobre por qué o qué ha sucedido con sus seres queridos. Cuatro generaciones de mexicanos han sido afectadas física, emocional o económicamente de una u otra manera por dichas matanzas, incluyendo los abuelos, padres y hermanos de las víctimas, las propias víctimas y los huérfanos abandonados.
Mario Alberto Solórzano, director jurídico de CMDPDH, dijo que la larga serie de feminicidios en Ciudad Juárez y Ciudad de Chihuahua han "aterrorizado" la sociedad y sometido a los ciudadanos a la "violencia institucional".
En una presentación en México en 2003, Baltasar Garzón, un juez español conocido internacionalmente, denominó la impunidad en los feminicidios como un crimen contra la humanidad que era material posible para la Corte Penal Internacional.
¿Última oportunidad para la justicia?
Mientras que los archivos de los casos de homicidio, los que no se han perdido, permanecen en las oficinas policiales de México, los familiares de las víctimas de las épocas de la Guerra Sucia y el feminicidio están buscando apoyo en las comisiones internacionales de derechos humanos y los tribunales. De acuerdo con la adhesión de México a acuerdos como la Convención de 1994 Belem do Pará, otros acuerdos en materia de derechos humanos y tratados que protegen a la mujer de la violencia, los defensores de los derechos de la mujer están tratando de sentar precedentes para la ley nacional e internacional.
A finales del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica aceptó escuchar los casos de tres jóvenes mujeres asesinadas en 2001: Laura Berenice Ramos, Claudia Ivete González y Brenda Esmeralda Herrera. Junto con otras cinco víctimas, las tres mujeres fueron encontradas brutalmente asesinados en un campo algodonero de Ciudad Juárez en noviembre de 2001. Como parte del sistema de la Organización de Estados Americanos, el tribunal dicta resoluciones obligatorias para los Estados miembros, incluyendo a México.
En Washington, la CIDH, que no tiene el poder obligatorio de un tribunal, sino que es el primer paso antes de llevar un caso a Costa Rica, esta finalizando una revisión de seis años de dos casos representados por la CMDPDH: Paloma Escobar, y una mujer desaparecida, Silvia Arce, cuya desaparición en Ciudad Juárez en 1998 fue vinculada a empleados de la PGR por testimonios de su madre. Además de las denuncias sobre Escobar y Arce, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está considerando actualmente el caso de Minerva Torres.
Solórzano caracterizó el adelanto del caso Escobar, en particular, como un avance importante puesto que comisionados de derechos humanos se interesaron en las concordancias entre los asesinatos de Ciudad Juárez y Ciudad de Chihuahua. En la práctica, durante mucho tiempo las autoridades del Estado de Chihuahua han tratado a los asesinatos en las dos ciudades como delitos separados, aunque las víctimas desaparecieron y fueron asesinadas de la misma manera; algunas incluso asistieron a diferentes ramas de la misma escuela privada.
Según Solórzano, los familiares de Arce y Escobar están buscando recomendaciones de la comisión de Washington para lograr que la Ciudad de México de cumplimiento a las anteriores realizados por las Naciones Unidas: completar las investigaciones de los asesinatos a fin de llevar a los delincuentes ante la justicia finalmente; y realmente investigar a agentes policiales que obstruyen la justicia. Solórzano confía en que las acciones de las instituciones afiliadas a la OEA ayudarán a que México respete sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
"El diálogo del estado mexicano, a través de su cuerpo diplomático, no refleja sus acciones," sostuvo Solórzano. "Es por eso que cuando las resoluciones son emitidas, confiamos en que ya no sólo será parte de un diálogo sobre la política exterior de derechos humanos del gobierno mexicano, sino que la aplicación de esas resoluciones se convertirá en una realidad para las personas señaladas como víctimas en estos casos."
Norma Ledezma no pierde la fe sobre la posibilidad de un cambio de dirección y de historia. Aunque a menudo admite sentir que se esta enfrentando a un "monstruo", Ledezma insistió en que se continuará su lucha hasta descubrir la verdad sobre el asesinato de Paloma. "Dios me dio esta fuerza para continuar. Se lo debo a mi hija", dijo. "Buscamos justicia para nuestras hijas—eso es todo."
