El 8 de abril pasado, el presidente Felipe Calderón soltó una bomba política sobre el escenario político mexicano. El senado recibió una iniciativa del ejecutivo que cambiaría fundamentalmente la estructura y operaciones de la compañía petrolera Petróleos Mexicanos (Pemex). Operaciones claves de la empresa paraestatal quedarían a cargo de empresas privadas.
En su propuesta de reforma, Calderón y su Partido de Acción Nacional (PAN) se cuidaron bien de no llamar a modificar la Constitución Mexicana. La propiedad nacional del petróleo es una piedra angular del orgullo nacionalista en México desde que el Presidente Lázaro Cárdenas expropió las compañías privadas el 18 de marzo de 1938. En aquel entonces, los ciudadanos, hartos de la arrogancia y voracidad de las petroleras extranjeras, apoyaron la expropiación donando de todo, desde gallinas vivas hasta las joyas de la familia, para pagar la compensación y recuperar el control del recurso. La Constitución Mexicana es muy clara respecto a quién posee el petróleo mexicano: "La nación tiene el dominio directo sobre todos los recursos nacionales de la plataforma continental … (incluyendo) el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos …"
El presidente anunció la "iniciativa de reforma energética" como un paquete administrativo para salvar a Pemex de una profunda crisis financiera y operativa. Para estos administradores neoliberales, la única forma de salir de esta crisis es recurrir al sector privado. De acuerdo con el gobierno de Calderón, los ciudadanos y políticos mexicanos de hoy deben reconocer que los administradores mexicanos son incapaces de estar a la altura de este lucrativo desafío, los científicos mexicanos no pueden ofrecer la tecnología necesaria, y los consumidores mexicanos prefieren que los servicios públicos estén en manos extranjeras.
Un argumento difícil de vender, dada la historia de la industria petrolera en México y las tendencias actuales en América Latina.
La sangría a Pemex
La campaña para privatizar a Pemex está estructurada sobre miedos y declaraciones exageradas sobre los peligros de no cumplir con lo que el presidente quiere. Un informe reciente de la división de refinerías presenta una crítica acerba: "La industria refinadora se halla en un estado de crisis que afecta negativamente su capacidad para cumplir con sus objetivos de eficiencia y rentabilidad para abastecer la demanda interna de productos del petróleo. Lo anterior también le impide aprovechar las condiciones favorable s en el mercado mundial …"
Prosigue aseverando que no se cuenta con estudios comprehensivos de condiciones de infraestructura, así que las plantas procesadoras experimentan cuatro veces más paros no planeados que en (la Costa Norte del Golfo en los E.U)." Sistemas de transporte, distribución y almacenaje no confiables e insuficientes han provocado una situación que "ha reducido la flexibilidad operativa y limitado nuestra capacidad de respuesta eficiente ante las necesidades del mercado, lo que ha aumentado la vulnerabilidad de las operaciones."
Los gasoductos tienen en promedio 25 años de instalados, con numerosas filtraciones y conexiones ilegales. La falta de capacidad de refinación le costó a Pemex alrededor de $900 millones de dólares en 2000 y el colosal monto de $3,500 millones de dólares para 2007, y la demanda actual dicta una necesidad inmediata de incrementar la capacidad de refinación en 50%. Hoy la empresa dedica a ingeniería en procesamiento y fabricación tan sólo una quinta parte de los recursos que dedicaba a estas actividades hace 20 años.
Actualmente Pemex importa el 40% de productos destilados del petróleo para cubrir las ventas nacionales. El costo de las importaciones ha subido de $5,500 millones de dólares en 2004 a $16,800 millones en 2007, y se espera que la demanda crezca. Las reservas probadas se están agotando rápidamente y se calcula que duren solamente 9.2 años.
Así pues, de acuerdo con los mismos informes gubernamentales, Pemex languidece en una desorganización absoluta, debido en gran parte a un virtual estado de abandono que ha abarcado el último cuarto de siglo. Dada la dependencia de la nación de las ganancias petroleras, ¿acaso no se construyeron nuevas refinerías y se renovaron las antiguas? ¿Por qué se dejó la infraestructura a merced del deterioro?
Quiénes son responsables
Irónicamente, los mismos políticos que propon e n la entrega de la refinación y otras operaciones de Pemex a compañías extranjeras, son los responsables, al menos en parte, de la actual incapacidad de la paraestatal. Lo que todos los informes no mencionan es que gran parte del deterioro de Pemex se fue dando bajo el régimen del mismo partido político que hoy alega que la única manera de salvar a la empresa es dar en contratación operaciones al sector privado. Calderón se desempeñó como Secretario de Energía en la administración de Vicente Fox de 2003 a 2004. Los gobiernos del PAN se han mantenido en el poder por casi ocho años, durante los cuales Pemex superó su marca de ventas debido a los elevados precios internacionales del petróleo. ¿Por qué ese dinero no fue reinvertido en la compañía petrolera con vistas a evitar la crisis actual?
El desangramiento de Pemex fue una decisión consciente política y administrativa tomada por dos razones. En primer término, los fondos trasegados del gigante petrolero enmascararon el verdadero estado de la economía mexicana. La Secretaría de Hacienda utilizó el ingreso de Pemex, especialmente las inesperadas ganancias de los últimos años a las que no se fijó destino en el presupuesto aprobado por el congreso, como una caja chica. Gran parte de este dinero sirvió para saldar deuda extranjera. Una parte desapareció en la corrupción como en el caso Pemexgate, en el que se desviaron fondos para financiar la candidatura presidencial del PRI. Y el resto se acabó en proyectos favoritos de la presidencia. Regímenes sucesivos fueron despojando a Pemex para fines políticos, con poca o ninguna rendición de cuentas al congreso o al pueblo mexicano.
En segundo lugar, los administradores neoliberales buscaron intencionalmente crear un panorama desolador de la empresa paraestatal a fin de que prosperara su ya ardua defensa de una privatización. Sólo presentando un escenario apocalíptico podían esperar que se aprobaran las reformas legislativas claves con respecto a la industria petrolera que finalmente satisfarían los objetivos para la reforma estructural concebida por el Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos y los dirigentes neoliberales de México.
En su ponencia estratégica para el sector privado 2003-2006 para México, el Banco Mundial resaltó lo siguiente:
El sector [energético] requiere de $100 mil millones a $130 mil millones de dólares para mantener el paso del crecimiento económico durante la próxima década. Estos requerimientos de inversión representarán entre el 10% y el 15% del gasto federal anual, y entre 50% y 60% del presupuesto federal para la inversión… Por lo tanto, la reducción de la necesidad de fondos para el sector público a través de la participación del sector privado, sería un elemento crítico para la política del sector. La reforma del sector, junto con la del de los productos petroquímicos, atraería el muy necesitado financiamiento para el crecimiento y la eficiencia, y presentaría oportunidades significativas para el sector privado." La International Finance Corporation (IFC) tiene los planes preparados. La IFC se concentrará en los proyectos pioneros para fines de demostración, al mismo tiempo que el sector amplía la participación privada tanto en la producción como en la distribución (incluyendo distribución de gas y contratos de servicios gaseros y petroleros)." Según el Banco Mundial, en 2006 los hidrocarburos formaban el 38% de las ganancias totales del sector público. Los privatizadores no calculan la pérdida potencial de porciones de las ganancias de Pemex debido a los contractos y bonos para el sector privado.
Aunque existen interrogantes sobre cuán grave es el estado de Pemex, nadie duda que enfrenta serios problemas estructurales y operativos. El debate está en cómo resolverlos. Es claro que la empresa paraestatal también encara una oportunidad históricamente sin precedentes para amasar dinero. Precios elevados como nunca antes, creciente demanda nacional e internacional, materia prima a disposición … Cualquier empresario consideraría ésta una oportunidad ideal para hacer negocio. De hecho la presión de las trasnacionales petroleras para entrar al negocio de Pemex lo indica de manera elocuente.
¿Petróleo mexicano, utilidades extranjeras?
En la campaña publicitaria tiempo antes de la iniciativa de reforma, las estaciones de radio repetían sin cesar el lema "el petróleo es nuestro, vamos por él." Las palabras procuraban imprimir en la conciencia pública que el gobierno no estaba realmente privatizando el petróleo mexicano y que era necesario que la iniciativa despegara para que todos los mexicanos se beneficiaran de ella.
En efecto, el gobierno de Calderón insiste en que su actual iniciativa no privatizará el petróleo mexicano. Ciertamente las compañías extranjeras "no poseerían las reservas petroleras, estimadas en 29 mil millones de barriles de petróleo (aproximadamente la misma cantidad que en Estados Unidos) y en 29 millones de millones de pies cúbicos en cuanto al gas. Lo que la iniciativa hace es privatizar la administración de los aspectos más rentables, es decir la refinación, el procesamiento y el transporte.
Ésta no es la primera iniciativa para abrir la industria paraestatal a la inversión privada y extranjera. Al paso de los años, presidentes partidarios del libre mercado han adoptado muchos métodos para circunvenir el mandato constitucional. Se definió a los productos petroquímicos como secundarios, y se les abrió a la inversión privada. Los contratos de servicios se ampliaron para que incluyeran la exploración y otras áreas hasta entonces inaccesibles.
La última iniciativa de Calderón da un gigantesco paso adelante. Por primera vez, las empresas extranjeras podrían participar en la refinación y la distribución. Los contratos propuestos no entregan ganancias sobre ventas directamente al sector privado, pero otorgan "beneficios graduados" por "buen desempeño" .
Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas y fundador del partido de la oposición Partido de la Revolución Democrática (PRD) dice que lo anterior es igual a contratos de riesgo, pero ocultos bajo un velo semántico. La Constitución prohíbe el acto de contratar. "En el caso del petróleo y los hidrocarburos o los minerales radiactivos … no se permitirá concesión alguna y cualquiera que pueda haberse otorgado será suspendida, y la nación llevará a cabo la explotación de estos productos." Como tal, la reforma en su estado actual infringe la Constitución.
Lo que es más, la iniciativa puede muy bien ser una pendiente resbaladiza hacia la privatización total de la industria. Desde hace bastante tiempo la derecha ha querido privatizarla, pero el régimen de Fox nunca tuvo el respaldo ni la sagacidad política para lograr este objetivo. Ahora el ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), dividido en cuanto a las reformas, podría aprobar la iniciativa formando un bloque con el PAN para ganar la mayoría. Con las raíces nacionalistas del PRI en conflicto con los elementos neoliberales entre sus mismas filas, el resultado es aún incierto.
Vamos por el gas
La razón preponderante de que el gobierno mexicano y las trasnacionales quieran romper las restricciones de una empresa propiedad del estado yace hasta el fondo de las aguas del Golfo de México. Ahí, Pemex reporta reservas de más de 29 mil millones de barriles de crudo. Llegar hasta él exigiría perforar 1,500 pozos de exploración para poder descubrir petróleo en 300. Hasta ahora el avance ha sido apenas de dos pozos al año.
La perforación en aguas profundas en el Golfo de México constituye más de tres cuartas partes de la producción mar adentro. El alto precio del petróleo y las nuevas tecnologías han vuelto esta clase de perforación económicamente más atractiva. Según un informe de los Servicios de Administración de Minerales (Minerals Management Services) del gobierno estadounidense, entre 2007 y 2011 se planea una inversión de más de $305 mil millones de dólares en perforación en aguas profundas, en comparación con $204 mil millones de dólares entre 2002 y 2006; gran parte de este incremento se debió a la intensificación de actividades en áreas de aguas profundas al Oeste de África, en América Latina y en el Golfo de México.
La iniciativa de reforma energética de la presente administración define la sustentabilidad como la capacidad de reemplazar el petróleo extraído con reservas nuevas. La evaluación de Pemex advierte con alarma que de 2000 a 2007, 230 descubrimientos prometieron acceso a 5,700 millones de barriles de crudo, mientras que la producción durante el mismo período ascendió a 12,500 millones de barriles. "La diferencia entre las reservas descubiertas y la producción significa que en cuanto al petróleo crudo y el gas asociado no alcanzamos una tasa de restitución por lo que se produjo a partir de las reservas (conocidas)…"
La noción de que sustentabilidad significa alcanzar una tasa de substitución para un recurso no renovable es un abierto desafío a los conceptos de desarrollo sustentable. Lo que se "sustenta" a través de esta política es la dependencia de los combustibles fósiles.
Este enfoque de "entrarle hasta el fondo" a la explotación de las reservas de petróleo y gas de México ha causado consternación entre los ecologistas. Empero las cuestiones del ambiente y el desarrollo sustentable han estado hasta hace muy poco prácticamente ausentes del debate.
El Premio Nobel de Química mexicano Mario Molina deplora la concentración exclusiva en la industria petrolera tanto de la izquierda como de la derecha. "Centrar el debate únicamente en el petróleo implica una óptica miope, dado que la fuente de combustible nos alcanzará para diez o quince años cuando mucho. Es urgente que México se vuelva hacia fuentes de energía alternativas como la solar o la eólica," afirma.
La reforma hace mención de la energía alternativa pero no establece programas ni marcas de avance en esta área. El Centro para la Investigación Energética de la UNAM informa que México podría abastecer 30% de su demanda total de energía a través de fuentes de energía renovables para el año 2025.
La reversión de las privatizaciones en Latinoamérica
La propuesta de Calderón marcha a contracorriente de lo que está aconteciendo en el resto del hemisferio. Un informe emitido para 2007 por el Baker Institute revela que el 77% de las reservas mundiales de petróleo están en manos de compañías nacionales, aunque con participación de capital privado en diversas fases tal como en Petrobras en Brasil. En América Latina la tendencia es hacia elevar la participación, regulación y papel del estado en la distribución de las ganancias. Naciones que experimentaron medidas drásticas de privatización en las pasadas décadas de reformadores neoliberales, están regresando al control público de sus recursos naturales. La razón es simple: las petroleras trasnacionales saquearon y contaminaron los países donde estaban perforando.
En Ecuador, comunidades indígenas entablaron una demanda ambiental colectiva contra Chevron-Texaco por contaminar la selva y dañar la salud de las poblaciones indígenas. El gobierno ecuatoriano se halla en negociaciones con las petroleras internacionales para aumentar el control de los activos del petróleo. Recientemente el presidente Correa llevó una propuesta a naciones europeas para apoyar un plan de sustentabilidad que conserve el petróleo ecuatoriano en el subsuelo. La propuesta,al parecer recibida favorablemente, haría que los países europeos y la comunidad internacional compensen a Ecuador $350 millones de dólares por no extraer todo su petróleo de la zona ambientalmente sensible cerca del parque Yasuní.
Poco después de su elección a la presidencia de Bolivia, Evo Morales decretó la nacionalización de compañías petroleras privadas el 1° de mayo de 2006. Los ingresos por petróleo y gas se incrementaron de $172 millones de dólares en 2002 a $1,570 millones de dólares en 2007. Este mes de mayo, Morales avanzó a la segunda etapa para colocar las industrias petrolera y gasera en poder del estado, con planes para compensar a cuatro compañías extranjeras privadas por su tenencia accionaria para control de políticas, incluyendo a la gigante Repsol, de España.
En muchos casos, los gobiernos han sido capaces de negociar tratos con empresas extranjeras manteniendo sus operaciones conforme a los nuevos términos, lo cual indica que incluso cuando se les requiere pagar mayores regalías y perder tenencia accionaria de control, las trasnacionales siguen considerando la extracción de petróleo en países en desarrollo una empresa atractiva.
El desafío lanzado
Al asumir la presidencia tras una disputada elección en 2006, Calderón, en lugar de buscar la reconciliación nacional, se embarcó de inmediato en la ruta que le presentaban el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial y otros agentes de la globalización corporativa, conocidos como la "tercera generación" de reformas de ajuste estructural.
Las reformas calderonistas también avanzan hacia dos objetivos esenciales para la estrategia de seguridad de Bush promovidas en el contexto del Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, en inglés SPP). El primero es desarrollar la seguridad energética de E.U. garantizando su acceso a colosales reservas en aguas profundas del Golfo de México, incluyendo la porción que pertenece a México. De unos 53,800 millones de barriles de crudo que se estiman como reservas potenciales de México, se cree que alrededor de 55% yacen bajo miles de pies de agua, sal y tierra en las aguas profundas del Golfo.
El segundo objetivo es abrir la producción y el mercado de petróleo y gas a las compañías extranjeras. El Consejo Norteamericano para la Competitividad o CNAC (en inglés, North American Competitiveness Council (NACC), que es el documento del sector privado adjunto al ASPAN, expone las metas para 2008: "Emitir un análisis de hitos de progreso que ilustre las fallas de desempeño financiero y operativo de PEMEX" (la evaluación del 30 de marzo cumple este requisito) y "liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de los productos refinados." Esto último lo cubren las reformas propuestas. Chevron se encuentra entre los miembros del NACC que participan directamente en las negociaciones trilaterales del ASPAN.
Su Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), ya cuenta con la aprobación de las reformas. Un informe del BIRD elaborado durante el gobierno de Fox declara: "En el sector energético el Banco apoyará las principales medidas que se esperan de la reforma contempladas por el gobierno en los sectores del petróleo, gas natural y electricidad. Se espera que dicha operación sea respaldada por un servicio AAA para la revisión del sector energético." Se han citado reiteradamente demoras en la reforma estructural de la industria petrolera y gasera—léase privatización—como uno de los principales obstáculos para los planes del banco en México.
Los planificadores neoliberales han codiciado por años la iniciativa de reforma de Pemex, pero el rechazo popular a ella la ha demorado. La respuesta inmediata de la oposición demostró justamente cuán verdaderamente incendiaria es la reforma energética en la política mexicana de hoy. El Frente Amplio Progresista tomó las tribunas de ambas cámaras del Congreso exigiendo un debate nacional acerca de las reformas a Pemex.
Prevalecieron. El primero de una serie de 23 foros públicos para debatir la reforma energética se celebró el 13 de mayo de 2008.
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha estado librando una enérgica campaña en todo el país llamando a preparar movilizaciones masivas contra la privatización de la industria petrolera. Aunque su partido, el PRD, está siendo destruido por luchas internas, López Obrador posee una capacidad formidable para movilizar partidarios, y el asunto de Pemex les motiva tal vez mucho más que cualquier otro tema político actual. Ha organizado brigadas para la defensa del petróleo tanto de mujeres (llamadas Las Adelitas, por las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana) como de hombres.
Aquí hay mucho más en juego que mitos nacionalistas o aun el control de la mayor empresa de América Latina. Las reformas a Pemex marcarán un rumbo para la integración regional y el futuro económico de México. La reforma representa oportunidades de negocios potencialmente excelentes para las ya atiborradas trasnacionales petroleras y una prórroga para la economía estadounidense dependiente de los combustibles (fósiles).
Al mismo tiempo, la perforación en aguas profundas implica serios riesgos ambientales y costos económicos. La dependencia de los combustibles y el rápido agotamiento del petróleo restante dejan mínimas esperanzas a las futuras generaciones. El plan como es actualmente no toma en consideración el aumento de emisiones ni la conservación de energía para el futuro. Ceder en contratación partes de Pemex significa también la pérdida de un instrumento de desarrollo que puede aprovecharse para el bien público.
El público tiene el derecho y la necesidad de participar en este debate crucial por el futuro de México y de la región como un todo.
