La decisión del gobierno brasileño de legalizar la comercialización del maíz genéticamente modificado (GM) de Monsanto, YieldGard®, en febrero, fue el más reciente asalto para Brasil por parte de la industria de la biotecnología agrícola. La aprobación llegó apenas meses después de que el activista de derechos sobre la tierra, Valmir Mota de Oliveira, fuera derribado a punta de pistola por una milicia armada en el lugar experimental Sygenta Seeds para semillas de soja GM en el estado de Paraná durante el octubre pasado. Mientras que la demanda global (y especulación financiera) por los biocombustibles de Brasil aumenta, Big Biotech está determinada a pelearse por el botín—a como dé lugar.
En medio de la baja económica global, los gigantes de la biotecnología se encuentran una prosperidad repentina—debido en gran parte a la expansión de la industria de los agrocombustibles. En enero, las consecuencias financieras mostraron las acciones de Monsanto valoradas en 137% durante el 2007 , ba tiendo un récord en la Bolsa de Valores de Nueva York. En febrero, Syngenta—la mayor productora de biotoxinas en control de un tercio del mercado mundial de semillas—publicó sus resultados del 2007, mostrando un incremento en ventas del 11% alcanzando los $9.2 billones. Para ambas corporaciones, Latinoamérica destaca prominentemente: fue la mejor región para Syngenta en el 2007, en donde las ventas de biotoxinas y semillas aumentaron un 37%—más alto que en ninguna otra región del mundo.
Brasil—una creciente potencia en combustible, alimento y agrícola—tiene una importancia estratégica particular para la expansión continua tanto territorial de los bionegocios como económica. Brasil es el mayor exportador mundial de etanol, el mayor productor de etanol de caña de azúcar, el segundo mayor productor de semillas de soja (el país produjo casi la cuarta parte del cultivo mundial en el 2007), y el tercer mayor productor de maíz.
Horas antes de la victoria de Monsanto en Brasilia, la compañía anunció que Brett Begemann, Vicepresidente Ejecutivo de Global Comercial Business, diría más tarde a los inversionistas durante una presentación en Goldman Sachs de Nueva York que el 40% de las acciones de Monsanto en el mercado de semillas maíz brasileño "sirve como una base" para el maíz YieldGard® que se comercializaría después durante el mismo día, "una vez que fuera aprobado por los funcionarios brasileños". Según la publicación, las semillas de soja Roundup Ready® de Monsanto representan un 55% de la superficie total de semillas de soja plantadas en Brasil durante esta temporada, y que la compañía espera penetrar en un 90% al mercado de semillas de soja en el país para finales de la década.
Expansión ilegal hacia Brasil
Begemann no mencionó que la expansión de Roundup Ready® en Brasil fuera realizada de manera ilegal. En enero, el Ministro brasileño de Ciencia y Tecnología—quien apoyó la comercialización de YieldGard®—reconoció que las sojas y algodón GM fueron legalizados solamente hasta después de haber sido pasados de contrabando en y plantados en el país. Diversas organizaciones de sociedad civil reclaman que Monsanto actuó ilegalmente en la consumación de los hechos: durante los inicios de ésta última década, Monsanto sabía que un gran número de granjeros al sur de Brasil estaban metiendo y plantando de contrabando sus semillas Roundup Ready desde Argentina; posteriormente utilizó ésto para presionar al gobierno brasileño a legalizarlos. Meses después de que Luiz Inácio Lula Silva ganara las elecciones en el 2002, las semillas de soja GM fueron legalizadas para la temporada de cultivo 2003-2004 y Monsanto comenzó a vender legalmente y a recolectar las ganancias reunidas para las semillas de soja Roundup Ready® en el país.
Begemann se jactó que su herbicida Roundup® podría entregar hasta $1.4 billón de ingreso bruto en el 2008, debido a una mayor área plantada de soja Roundup Ready®. Las semillas de soja Roundup Ready® están genéticamente diseñadas para resistir el glifostato, el cual es un herbicida vendido por Monsanto bajo el nombre de Roundup®. El glifostato es el pesticida agrícola más comúnmente utilizado en el mundo, y se ha sido demostrado que causa daño a los sistemas reproductores en los mamíferos, y que mata la fauna, como por ejemplo a los anfibios.
No fue sorpresa que Begemann no mencionara que el diputado federal brasileño Abelardo Lupion, del Partido del Frente Liberal, actualmente se encuentra bajo investigación federal en cuanto a por qué Monsanto le vendió una granja en Paraná por el precio de sólo dos tercios de su valor en el mercado. Lupion es un miembro de la bancada ruralista, la cual representa los intereses políticos de la élite terrateniente rural. En mayo del 2006, el periodista Solano Nascimento publicó un artículo en el Correio Braziliense con evidencia de que a cambio de la compra subvencionada de la granja de Monsanto, Lupion hizo uso de su influencia política para legalizar el glifostato en el 2003.
Después de que el glifostato fuera legalizado en Brasil, las ventas globales de Monsanto de Roundup aumentaron arriba del 30%. A principios del 2004, el periódico Post-Dispatch de St. Louis , EEUU informó que a pesar de una pérdida de $97 millones para Monsanto en aquel trimestre, Brasil "florecía" y "se estaba convirtiendo en una ubicación brillante" para la corporación, la cual también tuvo durante el primer trimestre unas ventas netas de mil millon es de dólares—un aumento del 22% a comparación del año anterior. La inesperada ganancia, según el periódico, se atribuyó en parte al "desempeño mejorado en general de Brasil". Según Asistencia y Servicio para Proyectos en Agricultura Alternativa (AS-PTA), una ONG con base en Río de Janeiro, Monsanto actualmente controla el 80% del mercado brasileño para el glifostato, y ha elevado su precio aproximadamente un 50% desde su comercialización hace cinco años.
Un estudio reciente sobre los impactos ambientales de soja GM en Brasil, realizado por investigadores del Departamento Brasileño del Servicio de Investigación Agrícola, encontró cuatro especies de hierbas comunes que han desarrollado una resistencia al glifostato, representando lo que podría llegar a ser un "problema muy grande". El glifostato causa la creación de super-hierbas más difíciles de controlar, las cuales requieren de mayores dosis de sustancias químicas. En lugar de reducir la necesidad de las agrotoxinas—como sus defensores reclamaron alguna vez—en realidad, la tecnología GM ha aumentado su uso.
El rechazo del maíz GM por parte de las agencias de gobierno y grupos de sociedad civil
La comercialización del maíz YieldGard® de Monsanto—también resistente al glifostato—fue rechazada tanto por la Agencia Nacional para la Vigilancia Sanitaria (ANVISA) como por el Instituto Brasileño para el Medio Ambiente (IBAMA). ANVISA demandó que la información presentada por Monsanto no demostró que el maíz fuera seguro para el consumo humano. IBAMA no permitió la liberación del maíz debido a la inevitable contaminación de las variedades nativas de semillas y de los sistemas de agricultura biológica, así como la evidencia de que el uso del glifostato aumentara dramáticamente después de la legalización de soja GM.
Como respuesta a la decisión del CTNBio en permitir la comercialización de YieldGard®, los movimientos unidos en La Vía Campesina declararon, "la decisión política del gobierno de Lula de colocar la agropecuaria por sobre la salud de la población, del medio ambiente y la agrodiversidad, es una inmensa irresponsabilidad que marcará su mandato. Los estudios presentados por las compañías en cuanto a la toxicidad y los alérgenos fueron completamente inadecuados". Semanas antes, el gobierno francés había rechazado ya el maíz YieldGard®.
Represión de los movimientos sociales
Las familias que rechazan la servidumbre y el desplazamiento se están organizando en movimientos sociales rurales tales como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), uno de siete movimientos sociales brasileños unidos en La Vía Campesina—la organización internacional campesina más grande del mundo. Estos movimientos utilizan las ocupaciones y otras formas de acción pacífica directa para presionar al gobierno y a la sociedad por una reforma agraria, soberanía de alimento, sistemas sustentables de alimento y combustible, y por la protección de la biodiversidad, sistemas de riego y tierras. Mientras la organización y movilización de estos movimientos contra los aumentos de las multinacionales agropecuarias, se enfrentan con una creciente violencia y represión tanto como la hegemonía de la agropecuaria se va consolidando.
Mota de Oliveira, un miembro de La Vía Campesina y del MST, fue asesinado por una milicia armada el 21 de octubre, durante la tercera ocupación de los movimientos del sitio experimental ilegal para soja en Santa Tereza del Oeste, Paraná. Mientras Brasil ya tiene una tasa alta de asesinatos de activistas de la tierra, el asesinato de Mota fue significativo debido a ser el primero durante una ocupación organizada por La Vía Campesina y el primer asesinato en Brasil realizándose en la propiedad de una agropecuaria multinacional.
Los movimientos ocuparon primero el sitio de Syngenta en marzo del 2006, después de que descubrieran que la compañía y otros 12 grandes granjeros de la región cultivaban y probaban ilegalmente las sojas y maíz GM dentro de la zona federal de la frontera del Parque Nacional Iguaçu—declarado Patrimonio Mundial por las Naciones Unidas en 1996. IBAMA multó a Syngenta por aproximadamente medio millón de dólares por el crimen (mientras los demás granjeros apelaron sus multas, perdieron y subsiguientemente pagaron, Syngenta continúa negándose a pagar—incluso a pesar de que un juez federal apoyara la multa en diciembre).
La ocupación de Syngenta por parte de La Vía Campesina recibió apoyo internacional, y en noviembre del 2006, Roberto Requião, el Gobernador de Paraná, firmó un decreto de intención para expropiar el sitio en el interés de los ciudadanos. El decreto de Requião fue una enorme victoria política para los movimientos sociales y un golpe a los intereses de los agro-negocios.
Aún así, Syngenta pudo volcar el decreto de Requião en tribunales estatales y federales, como resultado del poder del ruralista de bancada y su creciente alianza con agronegocios multinacionales. En julio del 2007, después de que los movimientos fueran forzados a desocupar el sitio por segunda vez, Syngenta contrató a la Compañía de Seguridad NF para proteger su lugar de cualquier posible ocupación futura. Durante los meses siguientes, los abogados para el MST informaron a la administración local que los guardias en Syngenta estaban acosando a las familias en un establecimiento cercano del MST con cañonazos y otros tipos de conductas amenazantes.
Estos incidentes provocaron diversas investigaciones estatales y federales sobre las actividades de la Compañía de Seguridad NF, y en septiembre del 2006, una redada en la sede de la compañía encontró municiones ilegales. En los meses precedentes a su asesinato, Mota había estado recibiendo amenazas de muerte debido a su cooperación con estas investigaciones, y en julio, los abogados de Mota habían solicitado la protección del programa nacional de protección a testigos. Justo una semana antes de su asesinato, Mota había testificado en una audiencia federal sobre la proliferación de milicias armadas en Paraná del Oeste para combatir las actividades de los movimientos sociales.
Otro cliente de la Seguridad NF fue Alessandro Meneghel, el Presidente de la Sociedad Rural de Paraná del Oeste (SRO), una organización que representa los intereses de grandes hacendados en la región—y un antiguo enemigo del MST. El decreto de Requião para expropiar el sitio de Syngenta enfureció a Meneghel, quien declaró, "Para cada invasión de tierra que ocurra en la región, habrá una acción semejante por parte de la SRO. No permitiremos que los productores rurales sean insultados por movimientos políticos ideológicos de cualquier tipo". En el momento del asesinato de Mota, Meneghel—quien admite que algunos miembros de la SRO son clientes de Syngenta—estaba contratando a guardas de seguridad NF para emprender desalojos ilegales y violentos de ocupaciones del MST mediante la formación de milicias armadas.
Mientras Meneghel ha sido acusado por cargos de formación ilegal de pandillas, y el dueño de la Seguridad NF ha sido acusado del asesinato de Mota, Syngenta sigue indemne. Muy probablemente las conversaciones secretas que sucedieron entre Syngenta, Meneghel y la Seguridad NF jamás sean del conocimiento público, pero cuando sucedió el asesinato de Keno, la ocupación ya había costado a Syngenta decenas de millones de dólares, y quizás habría interrumpido gravemente las operaciones de la compañía en su mercado más estratégico. El asesinato de Mota destaca los conflictos que surgen cuando el creciente poder y la organización de los movimientos sociales rurales del país vienen mano a mano con los negocios multinacionales, los cuales son reforzados mediante su alianza con la élite terrateniente—y un velo de permiso estatal impune.
A todo vapor con el auge de los agrocombustibles
Con el auge de los agrocombustibles de Brasil rebobinándose, el gobierno brasileño no muestra señales de frenar la gran onda biotecnológica o de hacerse responsable por sus crímenes. Con la aprobación del Decreto de Independencia Energética y de Seguridad Estadounidense en dici e mbre del 2007, el gobierno de EEUU desencadenó una tendencia de agrocombustibles mediante el mandato anual de 36 mil millones de galones de agrocombustibles para el año 2020—un aumento a la quinta potencia sobre los niveles actuales. Debido a que EEUU es geográficamente incapaz de producir esta cantidad, un gran porcentaje está designado a venir desde Brasil.
EEUU es ya el mercado más grande de Brasil. En el 2006, el 13.5% del etanol utilizado en los EEUU fue importado. En el 2005, los EEUU importaron 31 millones de galones de etanol de Brasil; en el 2006, este número saltó a los 434 millones de galones. El empuje de Monsanto para legalizar el maíz GM fue sin duda en anticipación al auge de los agrocombustibles: ya que la infraestructura para el etanol en los EEUU es diseñada para el maíz, y para evitar la tarifa de importación de $ 0 .32 en etanol de caña de azúcar que entra a los EEUU, la agropecuaria opera en aumentar la exportación de maíz proveniente de Brasil a los EEUU. Mientras tanto, Syngenta y Pioneer aguardan la legalización de sus variedades de maíz GM en Brasil.
