Publicado originalmente el 10 de julio de 2008
El 30 de junio, el presidente George W. Bush promulgó la “Iniciativa Mérida” -más conocida como Plan México- apenas unos días después de que fuera aprobada por el Congreso como parte del proyecto de ley de financiación suplementaria para Irak. La medida tuvo que pasar por varias versiones antes de ser finalmente aprobada por ambas cámaras, ya que los legisladores iban y venían con la administración Bush y el gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón sobre las condiciones de los derechos humanos.
Al final, incluso las débiles condiciones que se habían puesto al proyecto de ley se eliminaron en gran medida. Ambas administraciones se declararon satisfechas con el acuerdo, y el Congreso saludó una nueva era en la cooperación binacional. Pero con los derechos humanos relegados a un segundo plano, la sociedad mexicana y las relaciones entre Estados Unidos y México se enfrentan a un futuro militarizado en el que el poder sin control de unas fuerzas de seguridad abusivas se suma a la alarmante violencia del crimen organizado, en lugar de resolverla.
El paquete final de ayuda de 400 millones de dólares difiere poco en contenido y concepción de la versión original presentada por el presidente Bush el 22 de octubre del año pasado. De acuerdo con la propuesta de Bush y la autorización de la Cámara de Representantes, el paquete completo de tres años podría destinar hasta 1.600 millones de dólares a México, los países centroamericanos y caribeños en concepto de ayuda a la seguridad para diseñar y llevar a cabo medidas antinarcóticos, antiterroristas y de seguridad fronteriza.
México y Estados Unidos afrontan el reto conjunto de disminuir el crimen organizado transnacional y deben cooperar para fortalecer el Estado de derecho y detener el tráfico ilegal de drogas y armas a través de la frontera. Pero en la prisa por etiquetar el Plan México en el suplemento para Irak y demostrar el apoyo a México a los votantes latinos, muchos legisladores prestaron poca atención a los detalles de la medida. La iniciativa contiene defectos fatales en su estrategia. Su enfoque militar de la lucha contra el narcotráfico aumentará la violencia relacionada con las drogas y los abusos de los derechos humanos y dará lugar a una incapacidad para alcanzar sus propios objetivos.
Aunque se presenta como un esfuerzo sin precedentes para luchar contra el creciente tráfico de drogas y la violencia relacionada con el crimen organizado en México, la “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” va mucho más allá de detener el flujo de drogas ilegales. Reestructura fundamentalmente la relación binacional México-Estados Unidos, replantea los problemas económicos y sociales como cuestiones de seguridad y militariza la sociedad mexicana.
Debido a los cambios que tuvieron lugar para obtener la aprobación de la medida, ahora debemos esperar al informe de gastos del Secretario de Estado a mediados de agosto para conocer los detalles precisos de gran parte del plan. En la versión de Bush, más de la mitad del paquete se destinaba a las fuerzas militares y policiales mexicanas, con 205 millones de dólares sólo para las fuerzas armadas. En la versión aprobada por el Congreso, la ayuda militar se redujo a 116,5 millones de dólares este primer año, lo que podría significar que se retrasará la entrega de uno de los dos aviones de patrulla marítima de 50 millones de dólares y de algunos de los helicópteros de vigilancia de 13 millones de dólares, o que se destinará un mayor porcentaje a las fuerzas policiales, o una combinación de ambas cosas.
La reducción de la ayuda militar apenas tendrá consecuencias prácticas. Tanto el ejército como las fuerzas policiales han sido acusados de violaciones de los derechos humanos documentadas y aún no resueltas legalmente. Al mismo tiempo, no se asigna dinero para el tratamiento de la drogadicción y la reducción de daños en ninguno de los dos países, y el colosal paquete de “cooperación” ignora los graves problemas que existen en Estados Unidos, como la entrada de drogas ilegales, la venta y el consumo generalizados, el tráfico transfronterizo de armas y el blanqueo de dinero.
Este paquete de ayuda situaría la relación binacional de Estados Unidos con uno de sus aliados más cercanos y sensibles en el ámbito de cuestiones de seguridad vagamente definidas. Al tiempo que ordena un enorme aumento de la ayuda a México, no incluye fondos para abordar de una vez por todas la brecha de pobreza y las necesidades de desarrollo de nuestro vecino del sur. También encierra a la administración entrante en la desastrosa estrategia antiterrorista de Bush de primeros ataques y diplomacia de cañonera aplicada a una nación fronteriza, justo en un momento en que el público estadounidense está exigiendo un cambio en la política exterior.
A los miembros de los grupos de derechos humanos de México y Estados Unidos no les queda otra opción que vigilar los resultados de esta política equivocada. Esta tarea debe llevarse a cabo con la más amplia participación ciudadana para que cuando el Plan México vuelva a ser objeto de asignaciones pueda ser evaluado con base en resultados reales y no en veleidades políticas. Los congresos de Estados Unidos y México también deberían insistir en que la estrategia de seguridad apoyada por esta ayuda se someta a criterios específicos de revisión.
Para iniciar un debate público sobre los peligros inherentes al Plan México, primero es importante entender qué es.
¿Qué es el Plan México?
El Plan México, o Iniciativa Mérida, fue presentado tras meses de anticipación y herméticas negociaciones como una “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” de tres años y 1.400 millones de dólares. Los miembros del Congreso de EE.UU. se quejaron inmediatamente de que la administración Bush no proporcionó ninguna información a los miembros del comité del Congreso hasta que el acuerdo estuvo cerrado.
La solicitud para el año fiscal 2008 de 550 millones de dólares -500 millones para México y 50 millones para América Central- se adjuntó al proyecto de ley de asignaciones suplementarias para Irak. El 26 de junio, el Congreso aprobó el proyecto de ley con ligeras variaciones. La parte correspondiente a México se redujo a 400 millones de dólares en el primer tramo, y la ayuda a Centroamérica aumentó a 65 millones de dólares, incluidos Haití y la República Dominicana.
El Secretario de Estado debe presentar un plan de gastos al comité de asignaciones para mediados de agosto. Los detalles facilitados hasta ahora revelan 116,5 millones de dólares para el ejército mexicano y 73,5 millones para “reforma judicial, desarrollo institucional, lucha contra la corrupción y actividades relacionadas con el Estado de derecho”. Lo que sigue es un desglose del plan original. A pesar de la falta de cifras ajustadas, la versión del Congreso parece seguir estas mismas líneas, con reducciones en algunas partidas.
Bajo la rúbrica de Financiación Militar Extranjera, el Plan México asigna hasta 116,5 millones de dólares para las Fuerzas Armadas mexicanas, alrededor del 30% del total. El paquete original incluía la compra de ocho helicópteros Bell (a 13 millones de dólares cada uno, con entrenamiento, mantenimiento y equipo especial) para el Ejército Mexicano y dos aviones de patrulla marítima CASA 235 (a 50 millones de dólares cada uno, con mantenimiento) para la Armada del país.
El Plan México también asigna 48 millones de dólares para “Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley” en México. La ayuda directa a la policía y las fuerzas armadas representa más del 40% del paquete. La mayor parte de este dinero acaba llenando los bolsillos de las empresas de defensa para la compra de equipos de vigilancia, inspección y seguridad, y para formación. La Policía Federal mexicana recibe la mayor parte de esta financiación, mientras que Aduanas, Inmigración y Comunicaciones reciben el resto.
El resto de las asignaciones solicitadas por Bush para 2008 se compone de 112 millones de dólares en la categoría de “Estado de Derecho” para la Procuraduría General de la República y el sistema de justicia penal. Este dinero está destinado a software y formación en seguimiento de casos y centralización de datos. La iniciativa original también destinaba 12,9 millones de dólares al infame Servicio de Inteligencia Mexicano (CISEN) para investigaciones, equipo forense y labores antiterroristas, y a otros organismos, entre ellos el Instituto de Migración, para la creación de una base de datos sobre inmigrantes. El gobierno estadounidense se asigna a sí mismo 37 millones de dólares del paquete de Bush para gastos administrativos.
El presupuesto propuesto para 2009 de 450 millones de dólares para México es prácticamente el mismo, con una mayor proporción para la policía que para el ejército, suponiendo que para entonces la notoria corrupción entre estos organismos se habrá remediado al menos parcialmente, una suposición dudosa en el mejor de los casos (120 millones de dólares para las fuerzas armadas y 252 millones de dólares para la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley).
Todos estos programas están dirigidos a los objetivos de interdicción de la oferta, aplicación de la ley y vigilancia -incluido el espionaje doméstico- de acuerdo con el modelo de “guerra contra las drogas” desarrollado en Estados Unidos a principios de los años 70 bajo el mandato del entonces presidente Richard Nixon.1 Este modelo militar ha demostrado ser históricamente ineficaz a la hora de alcanzar los objetivos de eliminar el tráfico ilegal de drogas y disminuir el crimen organizado, y está estrechamente relacionado con un aumento de la violencia, la inestabilidad y los poderes presidenciales autoritarios.
La versión del Congreso añade un millón de dólares para apoyar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. También añade una serie de condiciones que no se encontraban en la versión de Bush. La primera establece que “el quince por ciento de estos fondos no podrá ser comprometido hasta que el Secretario de Estado informe por escrito a los Comités de Asignaciones que el Gobierno de México está:
(1) mejorando la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales federales, y trabajando con las autoridades estatales y municipales para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales estatales y municipales, a través de mecanismos que incluyan el establecimiento de comisiones de quejas policiales con autoridad e independencia para recibir quejas y llevar a cabo investigaciones efectivas;
(2) establecer un mecanismo de consultas periódicas entre las autoridades gubernamentales mexicanas competentes, las organizaciones mexicanas de derechos humanos y otras organizaciones mexicanas de la sociedad civil pertinentes, para formular recomendaciones relativas a la aplicación de la Iniciativa Mérida de conformidad con el derecho mexicano e internacional;
(3) garantizar que los fiscales civiles y las autoridades judiciales investiguen y enjuicien, de conformidad con el derecho mexicano e internacional, a los miembros de la policía federal y las fuerzas militares que hayan cometido presuntas violaciones de los derechos humanos, y que la policía federal y las fuerzas militares cooperen plenamente con las investigaciones; y
(4) hacer cumplir la prohibición, de conformidad con el derecho mexicano e internacional, sobre el uso de testimonios obtenidos mediante tortura u otros malos tratos.”
Esta lista no exige nada que el gobierno mexicano no esté obligado a hacer actualmente. En la mayoría de los lugares, ya existen mecanismos de denuncia policial y la condición no es clara sobre cuál debe ser el seguimiento legal de una denuncia. Los ciudadanos mexicanos atestiguarán que, en la mayoría de los casos, no existe ninguno.
La segunda condición crea un nuevo organismo, pero ese grupo se reduce a hacer recomendaciones sobre la aplicación de la Iniciativa Mérida. Tiene incluso menos dientes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha emitido decenas de recomendaciones que han sido ignoradas por las fuerzas de seguridad y los organismos gubernamentales.
Por último, la prohibición de la tortura en México representa un avance en el ámbito jurídico, pero ha sido papel mojado en la práctica. De hecho, la Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos documentó decenas de casos de tortura en su visita de 2007 a Oaxaca, Chiapas y San Salvador Atenco. El número de casos -agravado por la falta de persecución legal- llevó a la Comisión a calificar la situación de los derechos humanos en México de “extremadamente crítica”.2
En cualquier caso, el condicionamiento de los derechos humanos por parte del Congreso de Estados Unidos ha sido un arma de doble filo. En el pasado se ha aplicado con criterios evidentemente políticos, y con frecuencia carece de normas claras de evaluación, hasta el punto de que incluso muchos grupos de derechos humanos rechazan esta práctica. México siempre se ha opuesto al proceso de “certificación” por el que el Congreso de Estados Unidos decidía si una nación podía recibir ayuda antinarcóticos, y el proceso se modificó posteriormente para que México quedara exento de la certificación desde 2002. El embajador Garza intentó rápidamente apaciguar las susceptibilidades mexicanas, alegando que los requisitos de la Iniciativa Mérida no equivalían a una certificación.3 Las condiciones finales sólo exigen un informe previo, sin que Estados Unidos verifique el cumplimiento con posterioridad a la entrega del paquete de ayuda.
La conexión con el TLCAN
La “Iniciativa Mérida” recibió su nombre de una reunión entre los presidentes Bush y Calderón en Mérida, en la península mexicana de Yucatán, en marzo de 2007. La historia oficial es que el presidente Calderón, ya comprometido con una “guerra contra las drogas” que se basa en gran medida en el uso del ejército en la interdicción de suministros, solicitó la ayuda de Estados Unidos en la reunión de Mérida y, tras negociar los detalles, el gobierno estadounidense accedió.
Con el énfasis puesto en los esfuerzos antinarcóticos, en el periodo previo al anuncio del paquete en octubre, ambos gobiernos presentaron estudios y estadísticas para apoyar la tesis contradictoria de que el narcotráfico y la violencia relacionada en México habían alcanzado un punto de crisis, y que la ofensiva de Calderón contra los cárteles de la droga estaba funcionando.
Esta no es la verdadera historia de los orígenes del plan. El concepto de la administración Bush de una estrategia de seguridad conjunta para América del Norte se remonta al menos a la creación de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (ASPAN) como ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).4 Cuando los tres líderes norteamericanos se reunieron en Waco, Texas, en marzo de 2005, pusieron en marcha un proceso secreto de negociaciones entre miembros de los poderes ejecutivos y representantes de grandes empresas para facilitar los negocios transfronterizos y crear un perímetro de seguridad compartido. Las reuniones posteriores, incluida la cumbre trilateral de abril de 2008 en Nueva Orleans, ampliaron estos objetivos en medio de crecientes críticas5.
A través de la ASPAN, la administración Bush ha tratado de empujar a sus socios comerciales norteamericanos hacia un frente común que asuma la responsabilidad compartida de proteger a Estados Unidos de las amenazas terroristas, promover y proteger el modelo económico de libre comercio y reforzar el control global estadounidense, especialmente en América Latina, donde el Departamento de Estado ve una amenaza creciente debido a la elección de gobiernos de centro-izquierda. Aunque la cooperación internacional para hacer frente al terrorismo es un objetivo loable y necesario, la estrategia de seguridad nacional de Bush6 conlleva graves violaciones de la soberanía nacional de sus países socios, un mayor riesgo de ser blanco de ataques como aliados militares de Estados Unidos y amenazas a las libertades civiles de los ciudadanos de los tres países.
Además, el modelo antiterrorista, ejemplificado por la invasión de Irak, ha provocado un aumento de la inestabilidad y la actividad terrorista en todo el mundo.
Extender el concepto de integración económica norteamericana a cuestiones de seguridad nacional a través de la ASPAN a puerta cerrada plantea serias dudas sobre cómo se define la seguridad y quién la define.
Thomas Shannon, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, lo expresó sin rodeos en un discurso pronunciado el 8 de abril, afirmando que la ASPAN “entiende América del Norte como un espacio económico compartido y que como espacio económico compartido necesitamos protegerlo, y que necesitamos entender que no protegemos este espacio económico sólo en nuestras fronteras, que tiene que ser protegido más ampliamente en toda América del Norte. Y a medida que hemos trabajado a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para mejorar nuestra relación comercial e intercambios, también hemos trabajado para mejorar nuestra cooperación en materia de seguridad. Hasta cierto punto, estamos blindando el TLCAN”.7
La ASPAN pretende fijar políticas que no cuentan con consenso y que no han sido debatidas entre la opinión pública ni en el seno del Congreso. Grupos de ciudadanos de los tres países han pedido que se detengan las negociaciones del ASPAN debido a la falta de representación laboral, medioambiental y civil, y de transparencia ante el público. En el frente de la seguridad, el concepto de la administración Bush de una seguridad basada en el ejército y no en la diplomacia y la política social es fuertemente cuestionado en Estados Unidos y rechazado de plano entre la gran mayoría de mexicanos y canadienses.
En este contexto, en lugar de revisar las políticas y abrirlas al debate público, la administración Bush ha lanzado su avance más audaz hasta la fecha en el contexto de la ASPAN: el Plan México. Se especulaba con que el plan se anunciaría en la reunión de la ASPAN de Montebello en agosto de 2007, pero quizá debido a la presencia de manifestantes de la ASPAN en esa reunión, el presidente Bush retrasó varios meses la presentación oficial de la “Iniciativa Mérida”. Sin embargo, las dos últimas reuniones de la ASPAN han incluido debates sobre el Plan México y el Departamento de Estado ha sido claro sobre su papel crucial dentro del marco económico y de seguridad general de la ASPAN.
Es importante comprender las raíces del Plan México en la agenda de integración profunda de la administración Bush. El plan implica mucho más que un programa de ayuda temporal para luchar contra los cárteles de la droga. Modifica estructuralmente las bases de la relación binacional de forma que se enfatizan permanentemente los aspectos militares por encima de la tan necesaria ayuda al desarrollo y de las modificaciones en la política comercial y de inversión. El alcance de la Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional demuestra que va mucho más allá de una guerra conjunta contra las drogas y consolida políticas fracasadas de aplicación de las leyes de inmigración, militarización de la frontera, políticas de integración económica, ataques antiterroristas a las libertades civiles e intromisión de las fuerzas de seguridad en la política social y la diplomacia internacional. Para ello, la administración saliente de Bush ha contado con el apoyo de dos aliados económicamente dependientes para tratar de asegurar que sus políticas serán irreversibles bajo una presidencia demócrata en Estados Unidos.8
¿Qué falla en el Plan México?
El Plan México encarna una lógica de confrontación que puede criticarse en los once puntos siguientes:
El modelo de “guerra contra las drogas” no funciona.
México tiene un grave problema con el tráfico ilegal de drogas y la violencia relacionada con el narcotráfico. Pero hay más de una forma de resolverlo.
La Iniciativa Mérida parte del pretexto erróneo de que la interdicción, la aplicación de la ley y el enjuiciamiento acabarán por frenar el narcotráfico transfronterizo ilegal. Los estudios han demostrado que el tratamiento y la rehabilitación son 20 veces más eficaces para reducir el tráfico ilegal de drogas.9 Sin embargo, la Iniciativa de Mérida no incluye ni un céntimo10 para tratamiento o rehabilitación en ninguno de los dos países.
En contra del objetivo declarado de reducir el tráfico binacional de drogas, la administración Bush ha recortado recientemente los fondos destinados a programas nacionales de tratamiento y prevención. Este enfoque va en la dirección equivocada.
El modelo de la oferta fracasa por una razón obvia: donde hay un comprador habrá un vendedor. Y como se trata de un mercado negro, el vendedor debe pertenecer al crimen organizado y puede obtener enormes beneficios libres de impuestos.
La experiencia del Plan Colombia revela las trampas del Plan México que ahora se presenta al Congreso. El Plan Colombia es un paquete similar de ayuda militar estadounidense diseñado para combatir la guerra contra las drogas. Desde su inicio en 2000, ha contribuido a arraigar la violencia y la corrupción en ese país sudamericano, al tiempo que no ha logrado reducir los flujos de droga hacia Estados Unidos.
En los últimos siete años del Plan Colombia, el gobierno de Estados Unidos ha gastado unos 6.000 millones de dólares supuestamente para combatir la guerra contra las drogas; el 76% de esa cantidad se ha destinado al ejército colombiano. Los resultados son bien conocidos: Colombia sigue siendo la principal fuente de cocaína en el mercado estadounidense, el precio ha bajado y la pureza ha aumentado. A pesar de las campañas de fumigación, devastadoras para el medio ambiente, numerosos estudios demuestran que la superficie plantada de coca ha aumentado o se ha mantenido constante.
Como consecuencia de las medidas enérgicas, los cárteles de la droga han adoptado equipos y formas de organización más sofisticados, y han estrechado sus relaciones con los cárteles mexicanos. En un efecto globo, se abre una nueva ruta cuando se cierra una antigua y nuevos capos de la droga ascienden en las filas cuando los líderes existentes son encarcelados o asesinados.
Además de su fracaso a la hora de detener la producción, procesamiento y tránsito de cocaína, el Plan Colombia se ha extendido en ayuda al gobierno derechista colombiano en su guerra contra los insurgentes guerrilleros izquierdistas. La participación del gobierno estadounidense en los esfuerzos contra la insurgencia fue autorizada por el Congreso en 2003, cuando acordó ampliar formalmente el alcance del Plan Colombia para autorizar el uso de ayuda militar más allá de las actividades antinarcóticos y levantar las restricciones anteriores. Como resultado, el periodista de investigación Frank Smyth escribió que en 2001 Colombia había superado a El Salvador como el mayor esfuerzo contrainsurgente de Estados Unidos desde Vietnam.11
Con la llegada de armas y dinero para las fuerzas armadas colombianas, la violación de los derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y el asesinato de civiles se ha generalizado tanto que resulta alarmante incluso para los defensores del Plan Colombia. En la reciente autorización de nuevos fondos para el plan, la Cámara de Representantes aprobó una versión que recorta la ayuda militar, reduce las fumigaciones y condiciona la ayuda a requisitos más estrictos en materia de derechos humanos. La ayuda total al gobierno de Colombia sigue siendo enorme y en gran medida militar, pero junto con el probable rechazo del Tratado de Libre Comercio con Colombia debido a preocupaciones sobre los derechos humanos y laborales, marca un mínimo reconocimiento en el Congreso de que el modelo de guerra contra las drogas en esa nación simplemente no está funcionando como se pretendía.
El resultado hoy es que un consumidor de drogas tiene igual, si no mayor, acceso a la cocaína en las calles de las ciudades estadounidenses y es más barata y potente que nunca.12 Colombia sigue siendo la fuente número uno de cocaína para el mercado estadounidense. Más de 3,8 millones de personas han sido desplazadas de sus comunidades, los grupos paramilitares responsables del 80% de las violaciones de los derechos humanos campan a sus anchas y Colombia es una sociedad militarizada atrapada en la violencia intestina.
Esta experiencia debería analizarse cuidadosamente antes de replicar un modelo fracasado con graves daños colaterales en el tejido social de una nación aliada. Aunque México es un país muy diferente -no hay guerra civil ni guerrilla generalizada-, vale la pena tener en cuenta las lecciones del Plan Colombia en vísperas del Plan México. El fracaso del modelo de guerra contra las drogas en Colombia y Afganistán parece justificar, como mínimo, una actitud cautelosa hacia su aplicación en otros países, especialmente en uno tan cercano geográfica y económicamente como México.
Financiar y equipar a las fuerzas de seguridad mexicanas en el actual contexto de corrupción e impunidad empeorará los problemas, reducirá el papel de la sociedad civil en la reforma e inhibirá la construcción de instituciones democráticas.
Desafortunadamente, las fuerzas de seguridad mexicanas son actualmente más parte del problema que de la solución. El informe de 2007 del Departamento de Estado sobre los derechos humanos13 en México señala: “La corrupción siguió siendo un problema, ya que muchos policías estaban implicados en secuestros, extorsiones o proporcionando protección o actuando directamente en nombre del crimen organizado y los narcotraficantes. La impunidad era generalizada hasta el punto de que las víctimas a menudo se negaban a presentar denuncias.”
Miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad mexicanas a nivel local y nacional mantienen estrechos vínculos con los narcotraficantes, trabajando para ellos directamente en muchas partes del país. El ejército ha sido tradicionalmente más independiente de esta dinámica, pero su despliegue en el interior del país en la guerra contra el narcotráfico está aumentando su implicación y dando lugar a violaciones de los derechos humanos. Muchos desertores de las fuerzas armadas, que ascendieron a 17.000 sólo el año pasado, reciben formación antinarcóticos y luego la transmiten al servicio de cárteles de la droga muy bien pagados. Los tristemente célebres Zetas (una red de narcotraficantes formada por antiguos agentes de las fuerzas de seguridad y militares) ilustran la capacidad letal de los grupos entrenados por militares que operan con los cárteles de la droga.
El equipamiento militar también acaba en manos de los cárteles. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos informa de que el 90% de las armas decomisadas al crimen organizado en México procedían de Estados Unidos, muchas de ellas registradas a nombre del ejército estadounidense.14 El senador Alfonso Sánchez Anaya informó al Congreso mexicano de que en México circulan ilegalmente 15 millones de armas.15 En Irak, una investigación reveló la existencia de miles de armas “desaparecidas” que se cree que están en manos de insurgentes y delincuentes. El mercado negro de armas está en auge. Dada esta situación, la probabilidad de que el material militar estadounidense acabe en las manos equivocadas es más bien una fatalidad.
Al excluir los programas comunitarios de prevención, tratamiento y rehabilitación, las iniciativas de vigilancia vecinal y otras medidas que crean un papel más activo para la sociedad civil, la iniciativa tiende a convertir a la ciudadanía en un protectorado de las fuerzas armadas. La redefinición de la delincuencia como una amenaza para la seguridad nacional también la aleja del ámbito comunitario.
No se trata de vilipendiar a las fuerzas armadas, la policía y el gobierno mexicanos. Entre sus filas se encuentran muchos individuos honestos y valientes, y algunos han dado su vida luchando contra la corrupción. Declaraciones extremas como la de Tom Tancredo el 8 de noviembre de 2007, quien dijo: “El grado de corrupción dentro del gobierno y el ejército es tan grande que es difícil ver dónde termina el gobierno y dónde empiezan los cárteles”, responden más a una mentalidad de “México aporrea” que a una preocupación seria por los verdaderos retos a los que se enfrenta México.
Pero esta es la realidad de la situación y el reto para la política binacional de Estados Unidos es apoyar medidas efectivas para limpiar la corrupción y acabar con la impunidad, al tiempo que se desarrollan mecanismos de cooperación para combatir el crimen transnacional.
Algunas organizaciones han pedido que se apruebe la Iniciativa Mérida con un proceso de certificación de derechos humanos adjunto. Se trata de objetivos contradictorios, ya que el propio plan empeorará las violaciones de los derechos humanos. Dar armas, equipamiento militar, capacidad de espionaje y vigilancia, y formación a unas fuerzas de seguridad con un historial de abusos que el sistema judicial no puede o no quiere controlar es como echar gasolina al fuego. Ignorar las causas profundas de la actividad delictiva y la demanda del mercado hace muy probable que la ayuda militar potencie la delincuencia y alimente la corrupción.
La certificación de los derechos humanos, aunque bienintencionada, no ha funcionado en Colombia. Los puntos de referencia de la evaluación han sido móviles y a menudo definidos políticamente. Además, muchos países los consideran una forma de intervención.
El Plan México promueve la militarización de la sociedad mexicana con pocos controles legales o sociales.
El modelo de hacer frente al tráfico, la venta y el consumo de drogas con medios militares aumenta la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde éstas ya son débiles puede crear serios obstáculos para una transición a la democracia.
La ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, advirtió sobre el uso del ejército en las calles en su última visita a México. “Entiendo que haya quien diga que a veces hay que recurrir a una fuerza más poderosa como el ejército, pero me parece que a largo plazo es francamente peligroso”, declaró Arbour a la cadena de televisión Televisa. “El ejército no debería hacer el trabajo de la policía “16.
El general José Francisco Gallardo, el mayor defensor de las garantías de los derechos humanos en el Ejército mexicano y un erudito constitucional que fue encarcelado por sus esfuerzos, afirma: “Aquí lo que se debería hacer es formar una policía nacional que lleve a cabo estas funciones y que no dependa de los militares… La presencia del ejército en asuntos que no son de su competencia desplaza las facultades constitucionales de la autoridad civil, federal, estatal y municipal y va en contra del art. 21 de la constitución”. 21 constitucional”.
Cuando se le preguntó si la estrategia de Calderón de militarizar la guerra contra el narcotráfico podría conducir a un retorno a la “Guerra Sucia” de los años 70, Gallardo -como joven soldado, uno de los pocos miembros de las fuerzas armadas que protestaron contra la tortura y los asesinatos que marcaron ese periodo- dijo al autor: “Ya estamos viviendo un retorno a la Guerra Sucia”.18 Citó la práctica generalizada de la tortura y las detenciones arbitrarias como prueba de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el México contemporáneo.
El informe de 2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México19 recomendó la retirada gradual del ejército de la guerra interna contra las drogas. Militarizar la sociedad involucrando al ejército en funciones internas más allá de su mandato constitucional constituye una amenaza para la democracia. Como es bien sabido en América Latina, la militarización de la sociedad y de la ideología durante la Guerra Fría allanó el camino a dictaduras militares que asesinaron a civiles y retrasaron décadas el progreso hacia la democracia. Se espera que aumenten las violaciones de los derechos humanos.
El corolario de un mayor apoyo militar en asuntos internos es el aumento de fuerzas paramilitares incontroladas, como ha ocurrido en Colombia. En México, el uso de paramilitares se ha limitado en gran medida a los ataques contra las comunidades zapatistas en el estado sureño de Chiapas.20 Desde 2006, las organizaciones paramilitares se han utilizado en el estado de Oaxaca para reprimir los movimientos sociales e indígenas de la zona. Es probable que el aumento de la militarización de la sociedad mexicana conlleve un incremento del alcance y la actividad de estos grupos.
Ambos gobiernos se han apresurado a defender el plan afirmando que no se desplegarán tropas estadounidenses en suelo mexicano. Una diferencia importante entre la versión doméstica de la guerra contra las drogas y la que el gobierno estadounidense ha aplicado en otros países es el uso del Ejército. Cuando se inició el modelo de guerra contra las drogas, la sobreextensión militar en Vietnam, un sistema de reclutamiento impopular y la adicción a las drogas entre los soldados, así como las prohibiciones constitucionales, descartaron el uso del Ejército. La versión para la exportación ha incluido tanto ejércitos estadounidenses como del país de origen. El Plan Colombia envió tropas estadounidenses a Colombia, pero el Congreso ha mantenido un tope de tropas. En la actualidad, una situación similar de sobreextensión militar, debida ahora a la guerra de Irak, impone restricciones prácticas al uso de tropas estadounidenses.
Sin embargo, el despliegue de tropas estadounidenses no puede ser la única medida de militarización para evaluar la Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional. La guerra contra el narcotráfico en América Latina la libran en mayor medida mercenarios del sector privado y ejércitos nacionales entrenados por el ejército estadounidense. El Plan México sigue esta estrategia, por las razones antes mencionadas y, en particular, para evitar irritar las sensibilidades mexicanas respecto a la soberanía nacional. La militarización mediante la creación de ejércitos nacionales para luchar dentro de sus propias fronteras y el envío de empresas privadas como Blackwater puede ser incluso más peligrosa para México que la presencia de tropas estadounidenses. Los mecanismos de rendición de cuentas son débiles o inexistentes.
A menos que aparezcan controles y equilibrios que hasta ahora no se han revelado, el Plan México podría contribuir a la creación de un Estado policial en México. Esto supone una amenaza especial para las mujeres. Además de lo ocurrido en San Salvador Atenco (mayo de 2006), las fuerzas de seguridad se han visto implicadas en violaciones y torturas sexuales en casos ocurridos en Oaxaca, Zongolica y Coahuila.
El Plan México amplía los poderes presidenciales de México, sesgando un débil equilibrio de poderes.
El modelo de guerra contra el narcotráfico siempre ha tenido esto como objetivo tácito: fortalecer el poder ejecutivo sin contrapesos efectivos ni transparencia, restando facultades a otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos.21 En México, que apenas sale de décadas de autoritarismo presidencial, avanzar en esta dirección podría borrar años de construcción de un equilibrio de poderes más efectivo.
Desde su muy disputada elección por medio punto porcentual en 2006 y las acusaciones de irregularidades sostenidas en parte por las instituciones electorales, el presidente Calderón se enfrenta al reto de consolidar su gobierno. Las políticas de Estados Unidos deberían fomentar un proceso de reconciliación política y no depender de las fuerzas armadas para reforzar los poderes presidenciales.
Tras su toma de posesión, Calderón se forjó rápidamente una imagen de fuerza en las armas. Envió más de 24.000 soldados a ciudades y pueblos mexicanos y creó un cuerpo de élite de fuerzas especiales bajo su supervisión directa.
El mensaje de una presidencia débil reforzada por una fuerte alianza con el ejército no ha pasado desapercibido para los ciudadanos mexicanos. Mientras algunos creen que es la única forma de atacar la inseguridad pública, otros han criticado(22) los tintes represivos, el peligro de volver al presidencialismo, el aumento de las violaciones de los derechos humanos, los cuestionamientos constitucionales y las amenazas a las instituciones democráticas civiles.
Para la administración Bush, el modelo de guerra contra las drogas sirve para afianzar las políticas económicas pro-corporativas y la influencia militar estadounidense en la región. Cuando Estados Unidos exporta su “guerra contra las drogas” se convierte en una poderosa herramienta para intervenir y presionar a otras naciones para que asuman como propios los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Este papel de policía mundial crea dependencia de los servicios militares y de inteligencia estadounidenses y militariza la diplomacia. El Pentágono asume el liderazgo de la política internacional, mientras relega el derecho internacional y la diplomacia a un distante segundo plano.
El modelo de guerra contra las drogas se extiende invariablemente a la represión de la oposición política en los países donde se ha aplicado, desdibujando los límites entre la guerra contra las drogas, contra el terrorismo y contra la oposición política.
Un informe de 2004 documenta el impacto del aumento de la ayuda militar estadounidense en América Latina y concluye que “con demasiada frecuencia en América Latina, cuando los ejércitos se han centrado en un enemigo interno, la definición de enemigos ha incluido a los opositores políticos del régimen en el poder, incluso a los que trabajan dentro del sistema político como activistas, periodistas independientes, organizadores sindicales o líderes de partidos políticos de la oposición”.23
La persecución de los disidentes está bien documentada en muchos periodos de la historia de México, incluida la actualidad. La Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos escribe en sus conclusiones preliminares de un viaje de investigación en febrero de 2008: “Se han producido detenciones arbitrarias generalizadas de miembros de movimientos sociales y, en ocasiones, de miembros de sus familias por el mero hecho de estar relacionados con ellos. Es normal que los detenidos sean sometidos a torturas y malos tratos físicos. Para justificar las detenciones se utilizan pruebas falsas… “24
Los periodistas que informan sobre la violencia estatal o relacionada con los cárteles de la droga también son víctimas del silenciamiento selectivo. El Comité para la Protección de los Periodistas sitúa a México en el 10º lugar del mundo en su “Índice de Impunidad”. Colombia, tras casi una década de recetas del Plan Colombia para aumentar el Estado de derecho, ocupa el cuarto lugar en el índice de asesinatos impunes de periodistas.25
El Plan México replica indiscriminadamente el modelo antiterrorista de Bush, poniendo en riesgo las instituciones democráticas y los derechos civiles y humanos en México, donde la amenaza del terrorismo internacional es prácticamente inexistente.
Las medidas antiterroristas incluidas en el Plan México ignoran el hecho de que la amenaza para Estados Unidos y la amenaza para México no son equivalentes en tamaño o naturaleza, como tampoco lo son los contextos políticos. México está saliendo de un régimen autoritario, con muchas instituciones y prácticas no democráticas todavía intactas y signos crecientes de un retorno a la impunidad y al gobierno de los caciques políticos.
Obligar a México a adoptar medidas antiterroristas de emergencia que incluyan vigilancia nacional, escuchas telefónicas, registros sin orden judicial -la “ley Gestapo” (que es como se refieren a ella los medios de comunicación mexicanos) propuesta por el gobierno de Calderón que fue derrotada por la protesta popular- y definiciones de la protesta social como actividad delictiva podría dañar las frágiles protecciones de las libertades civiles y las instituciones democráticas. La Iniciativa Mérida incluye financiación para sistemas de espionaje dirigidos a la ciudadanía nacional y equipos de vigilancia. Las reformas dictadas en el marco de la ASPAN han autorizado el arresto domiciliario y otras medidas consideradas una violación de los derechos, pero comunes en Estados Unidos ahora bajo la Ley Patriota.
Dado que la definición de “terrorismo” del gobierno estadounidense es tan amplia y ambigua, el modelo antiterrorista ha conducido a la expansión de las misiones y a ataques contra la disidencia interna. La Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional constituye un peligroso peldaño en ese proceso.
El Plan México intensifica el conflicto fronterizo al considerar la inmigración a través de la misma lente militar que el terrorismo y el crimen organizado.
Al incluir la “seguridad fronteriza” y centrarse explícitamente en los “flujos de bienes y personas ilícitos”, la iniciativa equipara a los trabajadores inmigrantes con el contrabando ilegal y las amenazas terroristas. Esto ignora tanto las causas profundas de la emigración mexicana como la demanda real de mano de obra inmigrante en Estados Unidos.26
La Declaración Conjunta de la Iniciativa Mérida(27) dice: “Nuestro objetivo compartido es maximizar la eficacia de nuestros esfuerzos en la lucha contra las organizaciones criminales para desarticular el tráfico de drogas (incluidos los precursores químicos), el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas y el contrabando de divisas, así como la trata de personas.”
Los millones de dólares asignados al instituto de inmigración se centran en reforzar la frontera sur de México mediante la vigilancia, la recopilación de datos biológicos y un programa de trabajadores invitados guatemaltecos y de control fronterizo. México tiene una historia de ofrecer refugio a los centroamericanos y aceptarlos en su sociedad. Esto ha ido cambiando a medida que el gobierno estadounidense ha presionado a México para que intercepte a los migrantes centroamericanos antes de que lleguen a la frontera norte.
El Plan México avanza en ese proceso y aumenta la participación mexicana para detener también a sus propios migrantes en la frontera norte. Poner la inmigración en el mismo saco que las amenazas terroristas ya ha servido para promover la estrategia del gobierno estadounidense de militarizar la frontera norte. La frontera entre Estados Unidos y México es un ejemplo de cómo los programas antiterroristas estadounidenses conducen a la militarización, la pérdida de soberanía nacional y la violación de los derechos humanos e incluso la muerte de los migrantes. Para los trabajadores mexicanos expulsados de un puesto de trabajo por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, ser atrapados como criminales por su propio gobierno en la frontera es una cruel ironía.
La inmigración ilegal no es un problema que pueda resolverse con medidas de seguridad draconianas. Nuestra experiencia con las medidas militarizadas de seguridad fronteriza hasta la fecha demuestra que son extremadamente caras, y la criminalización de los inmigrantes conduce a un aumento de la hostilidad y la violencia que erosiona las comunidades. La pérdida de mano de obra también perjudica a las empresas locales.
Una política mejor reconocería la inmigración como resultado de la integración económica y ajustaría en consecuencia el comercio, la inversión y los programas de desarrollo comunitario en ambos países. La generación de empleo, el desarrollo de infraestructuras locales y los programas destinados a regular los flujos migratorios y prevenir conflictos contribuirían en gran medida a mejorar la seguridad fronteriza a corto y largo plazo.
La reforma de los sistemas judicial y penitenciario mexicanos requiere voluntad política en México, no dinero de los contribuyentes estadounidenses.
Los 112 millones de dólares asignados para 2008 en la parte de “Estado de derecho” de la Iniciativa Mérida a la Procuraduría General de la República y otros organismos de justicia penal incluyen principalmente sistemas de tecnología de la información para centralizar la recopilación de datos, laboratorios forenses y formación para el sistema judicial y el personal encargado de hacer cumplir la ley. Aunque algunos los consideran la parte “blanda” de la iniciativa, estos programas plantean serias dudas sobre su eficacia e idoneidad.
En primer lugar, para aumentar el “Estado de derecho” lo que México necesita realmente es voluntad política -no recursos adicionales- para que la reforma funcione. Por poner un ejemplo: el asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez se ha convertido en un caso conocido internacionalmente y ha recibido millones de dólares del gobierno mexicano y de organismos internacionales para resolver los crímenes. Se han formado numerosas comisiones que se han ido desvaneciendo sin dar resultados.28 Un equipo de forenses de última generación llamado para analizar las pruebas que aún no habían sido destruidas redactó un informe. Aunque concluyeron su investigación, el informe no se ha hecho público. Los activistas de derechos humanos cercanos a los casos creen que podrían implicar a personas con poder económico y político.
En segundo lugar, las leyes y el sistema jurídico mexicanos no son iguales a los de Estados Unidos. Mientras que los departamentos de policía y otras agencias tienen acuerdos de formación y cooperación desde hace tiempo, un gran plan del gobierno estadounidense para formar y reformar el sistema legal mexicano es visto como una intervención negativa por muchos juristas mexicanos. Jueces mexicanos de la Suprema Corte y de tribunales inferiores han manifestado públicamente sus objeciones a los fondos estadounidenses para el sistema judicial. Durante años, los miembros del sistema judicial se han resistido a los intentos de las instituciones financieras internacionales de imponer programas de gobernanza que obliguen a reformar el sistema judicial mexicano, no porque el país no necesite mejorar en este ámbito (el sistema judicial es notoriamente malo), sino porque sólo México puede renovar su sistema judicial. El Plan México rompería esa resistencia y exigiría planes y formación estadounidenses tanto en el sistema judicial como en el penitenciario.
El gobierno estadounidense haría mejor en mejorar su propio sistema judicial en el esfuerzo conjunto por controlar el tráfico ilegal de drogas y el crimen organizado. El hecho de que Estados Unidos sea el mayor mercado de drogas ilegales indica un pésimo historial en el control de la venta al por menor, la distribución y el consumo de drogas ilegales. Además, se ha demostrado que medidas como las sentencias obligatorias por drogas discriminan racial y económicamente; considérese que los afroamericanos representan el 13% de los consumidores de drogas y el 59% de los condenados.29 Las condenas por drogas, normalmente para consumidores y no para traficantes y líderes del crimen organizado, han provocado un hacinamiento en las cárceles estadounidenses. Aunque este método no ha demostrado ser el más eficaz para abordar el problema, el sistema penitenciario privatizado de EE.UU. crea incentivos de mercado para encarcelar a consumidores ocasionales de drogas y a inmigrantes, que forman parte de la Iniciativa de Mérida. Esto desvía los recursos y la atención de la persecución de los líderes del crimen organizado y, dado el ya peligroso hacinamiento de las cárceles mexicanas, podría dar lugar a violentos motines.
El Plan México no representa una verdadera cooperación binacional.
Varios miembros del Congreso han anunciado la Iniciativa Mérida como un paso sin precedentes hacia la cooperación binacional. Argumentan que el gobierno de Estados Unidos reconoce implícitamente su responsabilidad en el tráfico transnacional de drogas al ofrecer el paquete de ayuda a México para combatir el crimen organizado.
De hecho, el plan hace recaer la responsabilidad de la guerra contra las drogas en México y no incluye medidas de contrapartida para reducir el mercado estadounidense, mejorar el control aduanero en el lado norte de la frontera, reducir la venta al por menor y la distribución, eliminar el tráfico ilegal de armas y perseguir el blanqueo de dinero, todos ellos problemas localizados firmemente en Estados Unidos.
Además, aunque el Presidente Calderón ha anunciado la medida como un ejemplo de que el gobierno estadounidense está dispuesto a asumir su parte en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y el aumento del crimen organizado, el grueso del presupuesto de la iniciativa nunca llegará a México. Además del 40% que se gastaría en los helicópteros militares y aviones de vigilancia, la mayor parte del resto del presupuesto se destina a contratistas de defensa y empresas de tecnología de la información (TI) en forma de desembolsos para equipos de inteligencia, software y hardware, y formación. Una gran parte de este presupuesto va directamente a las empresas de defensa y TI del sector privado estadounidense y al gobierno de Estados Unidos, no a las agencias gubernamentales y de seguridad mexicanas.
Mientras algunos atacan el plan por los recursos destinados a un México que “no lo merece”, el Plan México bien podría terminar siendo otro barril de cerdo de las empresas de defensa.
El Plan México viola la soberanía mexicana.
El Plan México incluye el entrenamiento de la policía y las fuerzas armadas mexicanas utilizando técnicas, tecnología y prioridades estadounidenses. Pocas naciones aceptarían este arreglo en el área vital de la seguridad nacional. A medida que crece la red de agentes antinarcóticos y de aduanas y las unidades de entrenamiento estadounidenses en México, disminuye proporcionalmente la capacidad del país para aplicar políticas basadas en sus propias necesidades y prioridades nacionales.
Los mexicanos siempre han sido protectores de su soberanía. Los funcionarios del gobierno estadounidense suelen considerar la reticencia de México a participar en acciones militares y policiales conjuntas con Estados Unidos como si se tratara de un flashback hipernacionalista, pero México ha guardado su neutralidad en asuntos exteriores y la opinión pública ve con escepticismo la política exterior estadounidense, especialmente desde la invasión de Irak, y la mayoría prefiere cierto grado de autonomía respecto a los intereses de seguridad de Estados Unidos.
La opinión pública estadounidense rechazaría el Plan México si se invirtieran los papeles. Imagínese la siguiente noticia en el periódico de la mañana:
“El Plan Estados Unidos, financiado en su totalidad por el gobierno mexicano, colocará agentes antidroga mexicanos en las aduanas fronterizas y en puntos clave del interior, como Laredo, Kansas City, Miami y Nueva York. Un nuevo sistema de escuchas telefónicas, producido por SPY-MEX y supervisado por agentes de inteligencia mexicanos, vigilará las comunicaciones privadas de ciudadanos estadounidenses sospechosos de estar implicados en el crimen organizado, mientras aviones de fabricación mexicana sobrevuelan comunidades que se cree están situadas a lo largo de las rutas del narcotráfico. El ejército estadounidense, desplegado recientemente en ciudades de todo el país para luchar contra la guerra del narcotráfico, recibirá armas y entrenamiento de México”.
Los periódicos y blogs estallarían con gritos de reconquista mexicana y sacrificio de la soberanía estadounidense. Sin embargo, no hay prácticamente nada en este escenario que no esté ya sobre la mesa para México.
Cuando en su testimonio ante las comisiones del Senado mexicano, la canciller Patricia Espinosa mencionó las actividades antiterroristas “para detectar terroristas(30) que pudieran intentar atacar a nuestro vecino”, sus comentarios provocaron las críticas de los legisladores como prueba de que Estados Unidos pretende imponer su propia agenda antiterrorista.
Aunque se ha descartado la presencia de tropas estadounidenses en México, la sociedad civil mexicana ha empezado a reaccionar ante lo que considera una intromisión excesiva de Estados Unidos. El entrenamiento militar estadounidense en el marco del Plan México ha suscitado preocupación a ambos lados de la frontera.
El papel de los contratistas privados en la aplicación del paquete sigue sin estar claro y es fuente de consternación. Una fuente de seguridad afirma que Blackwater será probablemente el principal beneficiario, a pesar de su manchada reputación tras los tiroteos contra civiles iraquíes. La corrupción en los contratos relacionados tanto con la formación como con la compra de material parece una certeza, dada la experiencia reciente en Irak(31).
Tampoco ayuda el hecho de que se añadiera a la solicitud de financiación suplementaria para Irak. Cualquier vínculo entre el Plan México y la doctrina de seguridad estadounidense de Bush aplicada en Irak aumenta las sospechas entre los políticos y el público mexicanos.
El Plan México divide a América Latina
Para la administración Bush, el Plan México desempeña un papel explícito en su estrategia geopolítica global en el hemisferio. México es uno de los dos únicos gobiernos de extrema derecha entre los principales países del hemisferio. El otro, Colombia, ha recibido miles de millones de dólares de ayuda militar estadounidense, también originalmente como parte de una “guerra contra las drogas” que pronto se amplió a una alianza militar global. La insistencia del presidente Bush en presionar a los demócratas para que aprueben el Tratado de Libre Comercio con Colombia en el contexto de la Cumbre Trilateral Norteamericana de Nueva Orleans revela los objetivos geopolíticos subyacentes de la administración en América Latina. Según la Doctrina de Seguridad Nacional de Bush, este tipo de alianza requiere adherirse a las premisas de dicha doctrina, incluidos los ataques preventivos, la acción unilateral y el desdén por el derecho internacional.
La administración Bush ha desarrollado una política de “con nosotros o contra nosotros” hacia sus vecinos latinoamericanos. En diversos grados, considera la ola de gobiernos de centro-izquierda (Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Paraguay) como una amenaza para sus intereses estratégicos. Los movimientos para modificar las economías de mercado internacionales, aumentar la implicación del Estado en la redistribución de la riqueza y el control público de los recursos naturales y los servicios básicos, y las reformas constitucionales para reconocer los derechos de los pueblos indígenas se consideran generalmente contrarios a los intereses de Estados Unidos.
La administración y los think tanks de derechas que han desarrollado la estrategia formulan explícitamente la política de seguridad hemisférica en términos de hegemonía estadounidense. Thomas Donnelly, del American Enterprise Institute, llama al hemisferio occidental “la tercera frontera de Estados Unidos”(32) y sostiene que “la hegemonía estadounidense en el hemisferio es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Stephen Johnson,(33) subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Defensa, estableció recientemente la conexión entre el Plan México y el intento de Washington de recuperar su influencia en un contexto geopolítico en declive.
“Si bien parece existir una corriente a favor de un mayor compromiso con Estados Unidos, hay Estados desafiantes como Venezuela, Cuba y, en cierta medida, Bolivia y Ecuador. Por ahora, Venezuela y Cuba son claramente hostiles a Estados Unidos, a la democracia de estilo occidental y a los mercados, e intentan activamente contrarrestar nuestra influencia. Nuestro reto no es enfrentarnos a ellos directamente, sino trabajar mejor con nuestros aliados democráticos y vecinos amigos.”
El Plan México es visto como una oportunidad histórica para que Estados Unidos gane influencia militar en México y lo utilice como plataforma en la batalla ideológica con Venezuela y Cuba et al. Se trata de una estrategia peligrosa y equivocada para las relaciones internacionales en el hemisferio, donde el respeto mutuo y la autodeterminación deberían ser los principios rectores de una paz duradera. También compromete las relaciones de México con sus vecinos del sur.
Las relaciones internacionales sólidas deben basarse en mecanismos de cooperación entre naciones que han establecido cada una políticas de seguridad nacional basadas en sus propias necesidades. Lo que tiene preocupados a los legisladores y a la sociedad civil a ambos lados de la frontera es el alcance del Plan México en la refundición de la relación binacional, para crear lo que la administración Bush llama “un nuevo paradigma para la cooperación en materia de seguridad.”
Oposición al Plan México
A pesar de la falta de información pública, muchas organizaciones se han manifestado en contra de la Iniciativa Mérida. Además de las dudas sobre la eficacia del modelo de guerra contra el narcotráfico para eliminar el tráfico de drogas ilegales, una de las críticas más fuertes y frecuentes se refiere al pobre historial de derechos humanos y a la corrupción de las fuerzas de seguridad mexicanas que recibirían directamente la ayuda. Numerosas organizaciones de derechos humanos de ambos lados de la frontera basan su oposición al plan en casos de violaciones flagrantes que nunca han sido investigados ni enjuiciados en México. Algunos ejemplos bastan para ilustrar sus preocupaciones.
1. En una carta de 30 de abril de 2008 dirigida a William Delahunt, del Subcomité de Organizaciones Internacionales, Derechos Humanos y Supervisión de la Cámara de Representantes, la AFL-CIO manifestó su oposición a la Iniciativa Mérida, citando “violaciones sistemáticas y a menudo violentas de derechos laborales fundamentales” y nombrando específicamente dos casos. El primero es el asesinato del líder del Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas de México, Santiago Rafael Cruz, sin que las autoridades hayan hecho ningún seguimiento de las pruebas que indican un vínculo entre sus actividades sindicales y su asesinato. El segundo tiene que ver con “un ataque a gran escala contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos” por parte del gobierno de Calderón y la empresa minera Grupo México, en el que han sido asesinados tres miembros del sindicato sin que se haya investigado ni procesado a nadie, y la falta de seguimiento de la responsabilidad de la empresa en la muerte de 65 mineros en una explosión en la mina de Pasta de Conchos en febrero de 2006.34
La carta afirma: “Sin mejoras significativas y concretas en los mecanismos institucionales para eliminar a los criminales, proporcionar formación en derechos humanos y establecer una supervisión civil efectiva, es probable que la financiación adicional a estas fuerzas de seguridad empeore la corrupción y la violencia.”
2. En 2006, las fuerzas de seguridad estatales y federales reprimieron por la fuerza las protestas de los ciudadanos del estado de Oaxaca, en el sur de México, entre los que se encontraban maestros sindicalizados, estudiantes, pueblos indígenas y habitantes de la ciudad. Grupos paramilitares y francotiradores a sueldo participaron también en un esfuerzo orquestado para derrotar al movimiento que pretendía destituir al gobernador del estado, acusado de fraude y violencia, y mejorar las condiciones de trabajo de los maestros y las condiciones de vida en las comunidades en las que trabajan. Las organizaciones de derechos humanos documentaron el asesinato de 23 personas, así como numerosos casos de abusos, tortura, detención arbitraria y encarcelamiento injusto. El asesinato de líderes del movimiento ha continuado hasta la fecha y ha elevado el número de víctimas mortales a 62, según la Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos.35 Entre los muertos se encuentra el periodista estadounidense Brad Will, cuyos asesinos fueron grabados en vídeo. A pesar de las pruebas, el Estado se ha negado a investigar seriamente o procesar a los autores de estos crímenes y la Fiscalía General Federal archivó el caso. Grupos estadounidenses se oponen a las asignaciones a las fuerzas de seguridad mexicanas basándose en este caso sin resolver y en otros similares.
Otros casos destacados son los asesinatos de Ciudad Juárez; los asesinatos, torturas y violaciones de manifestantes bajo custodia policial en la comunidad agrícola de San Salvador Atenco36 en 2006; y la periodista Lydia Cacho, que fue detenida y amenazada tras escribir un libro que revelaba la implicación de importantes industriales y políticos en una red de pedofilia.
Desde que fue enviado a librar la guerra contra el narcotráfico, el Ejército mexicano ha acumulado un alarmante número de denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidos varios incidentes de tiroteos mortales en puestos de control, violaciones y brutalidad. El Informe sobre Derechos Humanos en México 2007 del Departamento de Estado de Estados Unidos37 señala informes sobre la participación de las fuerzas de seguridad en “homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad; secuestros, incluso por parte de la policía; abusos físicos; condiciones carcelarias deficientes y de hacinamiento; detenciones y encarcelamientos arbitrarios; corrupción, ineficacia y falta de transparencia en el sistema judicial; confesiones coaccionadas mediante abusos físicos permitidas como prueba en los juicios; … corrupción en todos los niveles de gobierno; … violencia, incluidos homicidios, contra las mujeres …”.
En febrero y marzo de 2008, la Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos investigó la situación de las violaciones de derechos humanos en los estados sureños de Chiapas, Oaxaca y Atenco. La comisión realizó más de 650 entrevistas a víctimas de abusos. Concluyó: “La CCIODH sostiene que los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas ejemplifican una situación más generalizada caracterizada por un patrón de comportamiento continuado y habitual por parte de distintas autoridades federales, estatales y, en algunos casos, locales. Este modelo de comportamiento puede entenderse claramente como la política del Estado”.
El argumento de los grupos que se oponen al Plan México no es que, dado el deplorable estado de sus sistemas judicial y policial, México no merezca el paquete de ayuda estadounidense, como si se tratara de una especie de recompensa por buen comportamiento. Esta es una postura presuntuosa: el pueblo mexicano necesita y merece el apoyo de Estados Unidos para programas de desarrollo. El problema es el tipo de ayuda prevista en el Plan México. Empoderar (y enriquecer) a las instituciones corruptas y abusivas antes de reformarlas empodera a los abusadores, y potencialmente profundiza y consolida la corrupción.
Uno de los grupos de derechos humanos más importantes de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirma: “La Iniciativa Mérida se caracteriza por la falta de una perspectiva de derechos humanos, un enfoque de seguridad humana que confunde la seguridad de los Estados con la seguridad de los seres humanos… Es hora de que la comunidad internacional deje de apoyar políticas miopes como ésta”.
A pesar de las preocupaciones de que las protecciones mexicanas de los derechos humanos y las libertades civiles son insuficientes para garantizar que la ayuda letal y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad no se utilizarán contra civiles inocentes, muchos grupos de derechos humanos y políticos apoyaron el Plan México, pidiendo que se añadieran condiciones de derechos humanos.38 Estas condiciones, como se ha mencionado, se abandonaron en gran medida. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos se quedan ahora con un papel de vigilancia no vinculante ante un previsible aumento de las violaciones de los derechos humanos.
La necesidad de un plan mejor
México se encuentra en una coyuntura crítica. Sus débiles instituciones democráticas se han visto sacudidas y desacreditadas por su inadecuada respuesta a la polarización electoral y a la enorme desigualdad social que destina a millones de personas a la pobreza o a la emigración. Los abusos contra los derechos humanos siguen caracterizando a gran parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El sistema de justicia sigue ligado a poderosos intereses y carece de independencia del gobierno federal y de los gobiernos estatales y locales.
México puede aceptar el reto de fortalecer las instituciones democráticas o puede volver a caer en el gobierno de la fuerza y el autoritarismo.
En esta coyuntura crítica, la Iniciativa Mérida supone un retroceso potencialmente devastador.
A pesar de la gravedad de la situación de México, sigue faltando un diagnóstico cuidadoso.
Frente a un problema real -la fuerza de los cárteles de la droga en México y Estados Unidos- el Plan México prescribe soluciones que reproducen la lógica de la fuerza y el control patriarcal en que se basan los cárteles de la droga. Luego aplica estas soluciones no sólo a una sangrienta batalla frontal contra los narcotraficantes, sino a una multitud de complejas amenazas a la seguridad con profundas raíces en la sociedad mexicana.
Antes de poner al ejército en las calles -con todos los riesgos legales, políticos y prácticos que ello conlleva-, el dramático aumento del consumo de drogas en México debería tratarse como una epidemia sanitaria y abordarse de una vez mediante la educación, las opciones para los jóvenes y la rehabilitación. La guerra contra las drogas de Calderón incluye la construcción de centros de tratamiento, pero se centra en la oferta y la represión, y el Plan México incluye exclusivamente acciones de represión e inteligencia. El principal resultado hasta ahora ha sido desatar la violencia en la mayoría de las regiones del país. La muerte, detención o extradición de cabecillas ha desencadenado luchas por la sucesión y renovadas guerras territoriales. Mientras tanto, no está claro que el precio y la disponibilidad de las drogas ilegales se hayan visto afectados en los mercados estadounidense o mexicano.
Tanto Estados Unidos como México deberían rechazar las asignaciones que ponen el énfasis en una solución militar a su drogodependencia compartida. Irónicamente, la única parte de la política antidroga de Nixon que realmente funcionó -la expansión de los servicios de tratamiento- es la que menos se ha emulado. El brazo militar-policial de la “guerra contra las drogas” ha demostrado ser no sólo un fracaso, sino una amenaza para los mismos valores sociales que dice defender.
La prioridad debe ser desarrollar planes nacionales y mecanismos de coordinación binacional que funcionen, y cuyos efectos colaterales -como la militarización, los abusos a los derechos humanos y la sofisticación de los elementos criminales- no anulen los beneficios. Si algo se sabe sobre el armamento en los conflictos es que, independientemente del bando al que se arme -y las armas acaban invariablemente en ambos bandos-, la violencia aumenta.
El mero alcance de la Iniciativa Mérida refleja el enfoque militar/policial de la administración Bush en cuestiones de seguridad internacional, justo cuando esas estrategias han tocado fondo en popularidad dentro de Estados Unidos. Cualquier administración entrante debería tener la libertad de desarrollar políticas nuevas y más efectivas con uno de sus vecinos más cercanos, en lugar de verse encerrada en políticas fracasadas e impopulares de la administración saliente.
Las principales organizaciones de derechos humanos de México y Estados Unidos ya se han pronunciado en contra de la Iniciativa Mérida. Pronto se votará en el Congreso estadounidense. Para evitar los escollos de esta política, un plan binacional más eficaz debería abordar las causas profundas, desarrollar mecanismos de coordinación binacional y asumir las responsabilidades y obligaciones de Estados Unidos.
Notas finales
- Véase Carlsen, Laura “Plan México”, FPIF, http://www.fpif.org/fpiftxt/4684
- CCIODH Español.http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=1552012.
- Véase Laura Carlsen, “Integración profunda: La expansión antidemocrática del TLCAN”, http://americas.irc-online.org/am/4276.
- Véase http://americas.irc-online.org/am/5178 para un análisis de esta reunión.
- “National Security Strategy Sept. 2002”, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf
- Thomas Shannon, Discurso ante el Consejo de las Américas, 3 de abril de 2008.
- Shannon lo afirmó explícitamente en el discurso citado: “Tanto Canadá como México han atravesado transiciones políticas y han mantenido su compromiso con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad. Somos el único país que aún no ha pasado por una transición política, pero lo haremos en breve. La esperanza del Presidente Bush es que con esta reunión de Nueva Orleáns, que será la cuarta de la ASPAN a nivel de dirigentes, se institucionalice efectivamente un compromiso estadounidense.
