Fueron siete días que estremecieron a la región. Empezó con la incursión militar de las fuerzas colombianas en territorio ecuatoriano el primero de marzo. Después de una semana de intensas discusiones prevaleció la calma, pero aún siguen las investigaciones y recriminaciones. Las repercusiones del incidente van más allá de los países andinos.
Día Uno: El ejército y las fuerzas policíacas colombianas lanzaron un ataque contra un campamento del grupo guerrillero colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dentro de territorio ecuatoriano, matando a más de 20 personas.
Día Dos: El Presidente de Ecuador Rafael Correa denunció la violación de la soberanía de su país y calificó de mentiroso al President colombiano. El Presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó a Ecuador y a Venezuela de forjar pactos secretos con la guerrilla .
Día Tres: Ecuador había roto relaciones diplomáticas con Colombia, Venezuela había expulsado al embajador colombiano, y el general colombiano Oscar Naranjo afirmaba que del campamento se habían recobrado computadoras que revelaban el financiamiento venezolano al grupo guerrillero.
Día Cinco: La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una comisión para que investigara la incursion, reiterando su apoyo a la soberanía nacional y señalando que el ataque había "provocado una seria crisis entre [Ecuador y Colombia] que condujo a tensiones graves en la región."
Y entonces, el Día Siete, todos se reconciliaron y se fueron a su casa.
Hasta para un continente famoso por sus relaciones políticas volatiles, los acontecimientos de la crisis andina se sucedieron con rapidez vertiginosa y peligrosas pasiones. Las acusaciones lanzadas desde uno y otro lado sobrepasaron por mucho el intercambio de insultos comunes en el pasado, y descubrieron hondas fisuras y desconfianzas entre las naciones del hemisferio.
La crisis inmediata fue conjurada. Pero las divisiones geopolíticas en la region amenazan con llevar a más conflictos en el corto plazo.
El ataque transfronterizo a las FARC
En las horas previas al alba del primero de marzo, las fuerzas colombianas soltaron una serie de "bombas inteligentes" sobre un campamento de las FARC; Fuerzas policíacas y militares les siguieron ingresando a la provincial limítrofe ecuatoriana de Sucumbíos.
Su principal objetivo era Raúl Reyes (su nombre real: Luis Edgar Devia), miembro de la comandancia de las FARC y posiblemente designado sucesor de Manuel Marulanda por la mala salud de éste. Reyes fue muerto durante el ataque.
La muerte de Reyes representa un golpe grave para la guerrilla y una victoria para el gobierno colombiano. Si bien este último afirmó en un principio que había pasado a Ecuador persiguiendo a la guerrilla, la investigación del sitio por el gobierno ecuatoriano reveló que muchos habían sido asesinados mientras dormían y que el ataque fue premeditado.
No obstante la ilegalidad de la incursión colombiana, difícilmente puede verse a las FARC como víctimas inocentes; su guerra contra el gobierno colombiano abarca ya más de cuatro décadas, y durante ellas, varias negociaciones de paz fallidas. Especialmente durante los últimos 20 años, la guerrilla ha adoptado tácticas ampliamente documentadas y denunciadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Transgresiones que incluyen el reclutamiento forzoso de menores, masacres de comunidades indígenas y campesinas, y financiamiento mediante el narcotráfico y el secuestro. El pasado 4 de febrero cientos de miles de colombianos se manifestaron contra las FARC y el desplazamiento y la violencia que la guerra de guerrillas ha ocasionado en todo el país.
Aunque las FARC sean una némesis del gobierno colombiano, la militarización del conflicto desde que Uribe asumió el poder ha oscurecido las perspectivas de solución pacífica. Los continuos escándalos, que arrojan pruebas de estrechos lazos entre gobierno y grupos paramilitares, han profundizado las divisiones. El creciente armamentismo de ambos lados, consecuencia en gran medida de la ayuda militar estadounidense conforme al Plan Colombia, se ha traducido en una escalada de violencia.
El ataque transfronterizo del 1° de marzo debilitó a la guerrilla, pero intensificó todavía más el conflicto y amenazó con extenderlo a las naciones vecinas. En el corto plazo, frustró las esperanzas de lograr la liberación de los rehenes de las FARC. Los esfuerzos mediadores dirigidos por el presidente venezolano Hugo Chávez habían resultado en la liberación de varios de ellos en los últimos meses, y parecía que las negociaciones obtendrían la liberación de la rehén más notable, la ex senadora y ciudadana francesa Ingrid Betancourt. El Ministro de Asuntos Exteriores francés Bernard Kouchner reveló, poco después del ataque, que Reyes había sido el contacto para negociar su libertad.
La diplomacia regional
Los jefes de estado de Latinoamérica y el Caribe se reunieron en la ya programada cumbre del Grupo de Río el 7 de marzo, en un clima de elevadas tensiones. El Grupo enfrentaba dos tareas: calmar las aguas, y mantener a Washington tan lejos del panorama como fuera posible.
Lo lograron. Tras una sesión matinal llena de invectivas, el Grupo obtuvo del gobierno colombiano una disculpa y la promesa de no repetir incursiones en territorio extranjero. Las fotografías tomadas al final de la cumbre mostraban a Uribe y a Correa en un cordial apretón de manos.
La OEA enfrentó también una prueba crítica de su relevancia. El 5 de marzo aprobó una resolución por la cual se formaba una comisión especial encabezada por el secretario general para visitar ambos países y presentar un informe ante una junta de ministros de relaciones exteriores. La resolución no escatimó palabras al describir la acción colombiana como una "violación de la soberanía y la integridad territorial de Ecuador, y de los principios de la ley internacional."
El 17 de marzo, después de 14 horas de discusión entre aquellos a favor de condenar la incursión y aquellos dirigidos por Estados Unidos y Colombia en contra de dicha condena, la OEA aprobó otra resolución que reafirmó los principios en su carta de "respeto a la soberanía y abstención de amenazas de uso de fuerza." Se resolvió lo siguiente:
"4. Rechazar la incursión de fuerzas militares y policíacas colombianas en el territorio de Ecuador en la provincia de Sucumbíos, el 1° de marzo de 2008, llevada a cabo sin el previo conocimiento o consentimiento del Gobierno de Ecuador, puesto que fue una violación clara de los Artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.
5. Tomar nota de la disculpa plena por los acontecimientos ocurridos y el compromiso de Colombia, expresados por el Presidente de ésta al Grupo de Río, de que los mismos no se repetirían bajo ninguna circumstancia.
6. Reiterar el firme compromiso de los estados miembros de combatir amenazas a la seguridad provocadas por actos de grupos irregulares u organizaciones criminales, en especial los asociados con el narcotráfico."
Amenaza de desbordamiento
Pese a los esfuerzos del Grupo de Río, la OEA y la sociedad civil, la pesadilla de otros países latinoamericanos es que el conflicto colombiano se desborde sobre las fronteras de las naciones vecinas e inflame el conflicto en toda la región. Inmediatamente después de la incursión los gobiernos de Ecuador y Venezuela ubicaron tropas en sus fronteras, y Chávez advirtió que cualquier incursión en suelo venezolano podría desatar una guerra. Panamá teme igualmente un posible estallido de violencia entre las FARC y los paramilitares que empeoraría los problemas en su faja fronteriza. Ataques de paramilitares contra unidades de las FARC que han cruzado hasta la región del Golfo de Darién han desplazado a las comunidades indígenas en la densa jungla de ese sitio limítrofe entre Panamá y Colombia.
La administración Bush no está lejos de esta ecuación. El antagonismo entre el gobierno de Bush y el de Chávez, ambos conocidos por sus excesos retóricos y rigidez ideológica, ha desembocado en una franca batalla por ganar alianzas en la región. Chávez, revelando ciertas simpatías hacia la guerrilla, pidió guardar un minuto de silencio a la muerte de Reyes mientras que los diplomáticos de Washington justificaban el ataque del gobierno colombiano en Ecuador, criticaban a Venezuela y convocaban a tomar medidas más enérgicas para el combate al terrorismo.
En América Latina ha habido especulaciones sobre la oportunidad y una estrategia más amplia detrás de este ataque. Wellington Sandoval, el ministro de defensa ecuatoriano, hizo un recorrido de la frontera con Colombia para comprobar que a lo largo de sus 270 kilómetros no había tropas colombianas. Hizo notar que el ejército ecuatoriano había estado a punto de capturar a Reyes en noviembre pasado y cuestionó el hecho de que el ejército colombiano hubiera esperado para atacar hasta que el líder guerrillero ya se encontraba dentro de Ecuador. "¿Por qué esperaron a que él pasara a Ecuador para atacarlo?" preguntó Sandoval. "¿Trataban de involucrarnos? Lamentablemente desde algún tiempo ha existido un plan malévolo para implicar a Ecuador en el Plan Colombia … una guerra que no es nuestra."
El uso de equipo satelital estadounidense para interceptar señales que condujeron al campamento, y la especulación sobre otras formas de participación, han alimentado los temores de que el ataque forme parte de un plan más amplio. El presidente Correa, en su programa de radio semanal el 15 de marzo, externó su sospecha de que el ataque formó parte de un "plan desestabilizador" dirigido a retener la base aérea de EEUU en Manta, Ecuador, que el presidente ha jurado que expulsará en cuanto expire su arrendamiento actual en 2009. Asimismo acusó a "Míster George W. Bush" de participar en una "campaña criminal de desprestigio" en contra de su gobierno.
El analista del Programa de las Américas Raúl Zibechi expresó su opinión de que "la estrategia contemplada en el Plan Colombia no consiste tanto en ganar la guerra interna como derramarla hacia los países limítrofes como una forma de neutralizar su creciente autonomía de Washington. Militarizar las relaciones entre Estados siempre es buen negocio paa quienes apuestan a apoyar a la hegemonía a través de la superioridad militar."
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel declaró en una carta a Correa: "No hay justificativo alguno para la agresión de parte del gobierno colombiano y su presidente Alvaro Uribe, en la frontera ecuatoriana. Acción apoyada por los Estados Unidos, buscando provocar un conflicto armado regional para desestabilizarla y llevar a un enfrentamiento entre pueblos hermanos …"
De bombas a mercados
Al tiempo que las naciones latinoamericanas condenaban por unanimidad el bombardeo y la incursión militar en territorio ecuatoriano, el gobierno de Estados Unidos defendía la decisión de Uribe de atacar unilateralmente a un país vecino. Se informó que el Subsecretario de Estado John Negroponte dijo que la operación fue "justificable", y el vocero de la Casa Blanca Tom Casey dijo el 3 de marzo que el gobierno estadounidense "apoya la necesidad del gobierno colombiano de atajar y responder a las amenazas planteadas por esta organización terrorista", dejando notablemente de condenar el ataque. Casey y la Secretaria de Estado Condoleezza Rice convocaron a una solución diplomática y criticaron el despliegue venezolano de tropas sobre su franja fronteriza.
Ignorando inexplicablemente el derecho internacional, Barack Obama y Hillary Clinton se abstuvieron de condenar el ataque del gobierno colombiano dentro de una nación vecina. Clintón llegó incluso a reprender a Ecuador y a Venezuela por "criticar las acciones de Colombia para combatir los grupos terroristas en la región fronteriza" e instó a ejercer mayor presión sobre Venezuela a fin de "cambiar el curso". Al excusar el bombardeo poniéndolo en el contexto de la creciente influencia de Venezuela en la región, Clinton parece apoyar el argumento de que los fines justifican los medios, un alegato que de manera patente erosiona la gobernabilidad global y prepararía el escenario para medidas más agresivas de todas pas partes involucradas.
Recientemente, la administración Bush ha utilizado la escalada de tensiones en la región andina para intentar apresurar la aprobación del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia. En un discurso a dirigentes de negocios hispanos, el presidente Bush afirmó que la no aprobación del acuerdo sería pronto aprovechado por "antagonistas en América Latina que dirían que no cabía confiar en que Estados Unidos apoyara a un amigo."
"El acuerdo con Colombia", continuó Bush, es crucial ahora mismo para la seguridad nacional y los intereses económidos de Estados Unidos y es demasiado importante para dejar que lo detengan la política." Sus señalamientos apuntaban a los líderes demócratas del Congreso, que se han mostrado renuentes a aprobar el acuerdo basándose en las violaciones de derechos humanos y en el asesinato de dirigentes sindicales en Colombia.
Irónicamente, este esfuerzo por lograr que se apruebe el acuerdo comercial coincide no sólo con el ataque ilegal, sino con la intensificación de las violaciones a los derechos humanos de las últimas semanas en Colombia. El 6 de marzo los sindicatos organizaron una marcha a nivel nacional contra la violencia paramilitar, responsable del 80% de todos los crímenes contra la humanidad en la guerra colombiana como lo informa la Organización de las Naciones Unidas. Un asesor de Uribe insinuó que las FARC estaban organizando estas movilizaciones; a poco de terminar las mismas, varios de sus organizadores e importantes líderes sindicales fueron asesinados.
Aunque los demócratas se declararon contrarios al acuerdo de libre comercio con Colombia, ha habido algunos indicios de que estarían dispuestos a negociar su aprobación si se extrae del gobierno colombiano la promesa de una mejor protección a los derechos humanos, y se prevén más fondos de ajuste comercial para trabajadores estadounidenses desplazados. A muchos organismos sindicales y civiles en Estados Unidos no les satisfaría este tipo de compromiso, por lo que han convocado a una moratoria en la celebración de estos acuerdos, de la cual se han hecho eco, hasta cierto punto, los principales candidatos presidenciales demócratas.
La Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (RECALCA) advierte que el argumento de que un acuerdo de libre comercio con EEUU disminuiría la pobreza y los conflictos es discutible especialmente ahora, con la economía estadounidense en recesión, y la economía colombiana en franco debate respecto a la protección de determinados sectores del mercado nacional para evitar desplazamientos laborales y cierre de empresas.
El 16 de marzo la estrella de rock colombiano Juanes organizó el concierto "Paz sin Fronteras" sobre un puente internacional entre Venezuela y Colombia. Miles de jóvenes de ambas naciones acudieron a escuchar el concierto y pedir que hubiera paz.
Los jefes de gobierno en el hemisferio y pueblos de las naciones implicadas en la crisis andina insiten en que la única solución es una solución pacífica. Que Estados Unidos apoye esa convicción dependerá, en alto grado, de su defensa y vigilancia de parte de ciudadanos estadounidenses.
