Tiene a millones de ciudadanos de la derecha llamando al Congreso, respaldando legislación
y escribiendo manifiestos en defensa de la soberanía estadounidense. Aparece en las presentaciones
públicas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, se ha introducido en los debates
en los tiempos televisivos de mayor audiencia, y un candidato presidencial—Ron Paul—lo utilizó como
tema central de su (efímera) campaña.
Nada mal para un plan que ni siquiera existe.
La teoría conspirativa de la Unión de Norte América o North American Union (NAU)
como es conocido en inglés, es un ramal de un convenio trilateral, ése sí auténtico,
denominado el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de Am érica del Norte (ASP AN). Cultivada
por temores xenofóbicos y el oportunismo político, la NAU no tardó en rebasar a
su progenitora de existencia real. La confusión entre ambas ha hecho difícil distinguir
los hechos. Un poco de historia ayudará.
El salto imposible del ASPAN a la NAU
Luego de que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) entró en vigor
en 1994, los tres gobiernos signatarios iniciaron pláticas para la expansión de los alcances
del convenio. México, en particular, esperaba negociar una solución al problema fronterizo/migratorio.
Sin embargo, el proceso se vio frenado en seco por los ataques terroristas contra el World Trade Center
en Nueva York.
Finalmente en 2005, en una reunión cumbre entre los Presidentes George W. Bush y Vicente Fox
y el Primer Ministro Paul Martin en Waco, Texas, los planes para una integración estrecha entre
los tres países avanzaron con el lanzamiento oficial de la ASP. En el contexto político
posterior al 11 de septiembre, la inmigración quedó fuera de las negociaciones. Los intereses
de seguridad estadounidense, junto con las metas corporativas de obtener términos aún más
favorables para la inversión y el comercio regional, pasaron a dominar la estrategia.
A medida que los poderes ejecutivas de Canadá, Estados Unidos y México conspiraban para
expandir el TLCAN a espaldas de tres pueblos escépticos, un comité especial independiente
patrocinado por el Consejo de Relaciones Internacionales hizo circular la idea de una integración
más estrecha bajo la denominación de Comunidad Norteamericana. Su ponencia, publicada en
mayo de 2005 y financiada por Archer Daniels Midland, Merrill Lynch e Yves-Andres Istel, no la escribió una
red clandestina de conspiradores contra la soberanía de Estados Unidos, como los críticos
de la NAU quieren hacernos creer, sino un grupo de gente seria, principalmente ex funcionarios gubernamentales
y representantes de las grandes empresas.
Este grupo percibía la integración regional como la creación de una "comunidad" que
compartiera fines comerciales, ambientales y de seguridad. Propone sacrificar los instrumentos de la
política nacional en aras de objetivos regionales en aspectos como la creación de un perímetro
común de seguridad, un tribunal permanente del TLCAN que dirima controversias, ampliando el Tratado
a sectores restringidos o excluidos, y la adopción de un acuerdo sobre recursos y una estrategia
energética conjuntos. En efecto, algunas de estas recomendaciones pueden muy bien amenazar la
democracia en las tres naciones. Pero el informe no plantea la adopción de una moneda común
ni tampoco un solo gobierno regional, y de hecho declara que una "unión" en términos
similares a los de la Unión Europea no es el enfoque acertado para América del Norte.
La ponencia fue un ejercicio académico que pretendió alcanzar a quienes elaboran las
políticas. Si bien algunas de sus recomendaciones fueron recogidas en las pláticas del
ASPAN sobre todo en cuanto a sugerencias sobre cómo mejorar los negocios transnacionales, muchas
de ellas perdieron fundamento ante la realidad y tomaron el camino de la vasta mayoría de recomendaciones
sobre políticas.
Por otro lado, el ASP AN estableció grupos de trabajo, reglas, recomendaciones y acuerdos que
han causado un formidable—y casi ignorado—impacto sobre las reglas y políticas existentes. Se
trata de una compleja red de negociadores que trabajan sin supervisión del congreso estadounidense,
sin derecho del público a la información y sin participación de la sociedad civil.
No obstante, el mundo corporativo está ampliamente representado; al organismo asesor del ASP AN, llamado "Consejo para la Competitividad de América del Norte", lo forma un verdadero "Quién
es Quién" de las mayores transnacionales con sede en el continente.
Aunque la falta de transparencia y la agenda corporativa y de seguridad dominada por Estados Unidos
son causa de gran preocupación, no constituyen evidencia de una conjura para instituir una Unión
Norteamericana. Entre las conjeturas más extravagantes de quienes fomentan el miedo a la NAU,
está el alegato de que el ASP AN amenazará la soberanía de Estados Unidos de América
y eliminará las fronteras. La idea de una unión regional que suprima la soberanía
estadounidense se encuentra a años luz de la política de Bush de acción unilateral
y desdén de las instituciones y las leyes internacionales. Muy al contrario, los preceptos de
política exterior de la administración Bush señalan a un regreso a la creencia neoconservadora
de que el mundo sería un lugar mejor precisamente si el gobierno de Estados Unidos lo manejara
todo.
Amenazas verdaderas e imaginarias
Un estudiante de licenciatura en ciencias políticas podría decirles quién prevalecerá si
negociadores de Canadá, Estados Unidos y México se reúnen para establecer una estrategia
común (una pista: no será México, ni Canadá). Descrita oficialmente como "… una
iniciativa encabezada por la Casa Blanca entre Estados Unidos y las dos naciones con las que comparte
fronteras—Canadá y México—para aumentar la seguridad y fomentar la prosperidad entre los
tres países por la vía de una mayor cooperación", el ASP AN presenta una amenaza
mucho más palpable para la soberanía de los dos socios menores del TLCAN. Los canadienses
son quienes más activamente se han opuesto al ASP AN, no por miedo a una NAU mítica, sino
ante amenazas reales a su capacidad de proteger la salud del consumidor, sus recursos naturales y el
ambiente. Las reglas del ASP AN obligarían a la apertura a la producción petrolera en áreas
ecológicamente delicadas y canalizarían el abastecimiento de agua hacia las necesidades
de Estados Unidos. De igual manera, las organizaciones cívicas mexicanas han protestado contra
las presiones, provenientes del ASP AN, para la privatización del petróleo mexicano y
la facilidad para una mayor intervención de Estados Unidos en el sistema de seguridad nacional
de México.
Ambos temores se han hecho patentes en los últimos meses. Se espera que el presidente Felipe
Calderón anuncie cualquier día de éstos un plan para privatizar sectores de la empresa
petrolera paraestatal PEMEX. El Plan México (también conocido como Iniciativa Mérida),
actualmente en estudio por el congreso de Estados Unidos, va muchísimo más allá que
cualquier otra medida en la historia de la relación binacional hacia el desarrollo de un (así llamado)
perímetro común de seguridad, dentro del cual equipos gubernamentales de Estados Unidos
y empresas contratistas de defensa privada capacitarían fuerzas de seguridad, coordinarían
la acumulación de inteligencia y proporcionarían equipo de defensa para su empleo contra
amenazas internas. Pocos países en el mundo han mostrado esta disposición para asumir esta
clase de riesgo.
Por lo que toca al avance hacia una América del Norte sin fronteras, los años transcurridos
desde la implantación del ASP AN han demostrado un endurecimiento de la frontera entre Estados
Unidos y México nunca antes vista en la historia moderna. Quince mil agentes de la Patrulla Fronteriza,
6,000 miembros de la Guardia Nacional y un muro fronterizo desmienten poderosamente cualquier idea de
que el gobierno estadounidense se proponga eliminar fronteras al mismo tiempo que avanza hacia una secreta
Unión Norteamericana.
¿Cortina de Humo de la Derecha?
Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que la conspiración de la NAU se ha extendido
como un virus entre los populistas de la derecha en Estados Unidos?
¿Cómo explicar que un mito sin base alguna ganara el respaldo de millones, entrara a
los debates de los candidatos presidenciales y se convirtiera en objeto de 20 resoluciones estatales
y una resolución federal?
Dada la carencia absoluta de información fehaciente que reafirme la existencia de un plan secreto
para crear una Unión Norteamericana, es tentador suponer que la alarma de la NAU se haya hecho
correr como una cortina de humo que distrajera la atención de los asuntos que verdaderamente confronta
EEUU. Al canalizar las inseguridades de los trabajadores estadounidenses blancos hacia la creencia en
un ataque contra la soberanía de Estados Unidos, el mito de la NAU oscurece las realidades que
el TLCAN ha generado: pérdida de empleos, inseguridad laboral, la oleada de inmigración
ilegal, y tensiones raciales que resultan de presentar a los inmigrantes como si fueran invasores. Lo
anterior es conveniente tanto para los políticos derechistas como para las élites gubernamentales
y empresariales a los que los primeros atacan, porque entre las verdaderas soluciones a estos problemas
se hallarían medidas que para la derecha son anatema, incluyendo la sindicalización, la
aplicación efectiva de los derechos laborales, una reforma migratoria comprehensiva y la regulación
del mercado internacional. En cambio, entonces, las opciones de solución son descartadas mediante
la redefinición del problema como una conspiración de élites antiestadounidenses.
Pero adherirse a una teoría conspirativa para contradecir otra teoría conspirativa sería
absurdo. Es improbable que la cortina de humo de la NAU se haya cocinado en un solo lugar. El mito de
la NAU aprovecha y explota tradiciones y temores profundamente arraigados de muchos estadounidenses y
así se ha ganado un público de tal magnitud; un público predispuesto a defender
comunidades ficticias contra amenazas externas, antes que enfrentar la compleja labor de desenredar la
madeja de contradicciones dentro de sus comunidades reales, producto de un modelo de integración
económica que genera inseguridad y desigualdad.
En este contexto, la indignación contra una NAU inexistente no debe confundirse con la crítica
creciente a la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad. El ASP AN ha procedido a modificar
estatutos de regulación nacionales, y a crear comités empresariales cerrados sin la participación
de voces laborales, ecológicas ni ciudadanas. Las negociaciones del ASP AN aseguran un vehículo
para incrementar la integración corporativa que ya ha eliminado empleos, empobrecido a trabajadores
y amenazado al ambiente a través de las fronteras.
También ha servido para extender la peligrosa doctrina de seguridad de Bush tanto a Canadá como
a México, no obstante su falta de popularidad en esos países y entre el público
estadounidense. Su último vástago, la llamada Iniciativa Mérida o Plan México,
con un costo de $1,400 millones de dólares, expandiría un modelo militarizado de lucha
contra los problemas reales del narcotráfico y el contrabando de seres humanos, que conduciría
a mayor violencia y extremas tensiones binacionales.
La NAU es una cortina de humo: su propósito es distraer nuestra atención de los problemas
internos que tienen más que ver con capas de políticas contradictorias y desafíos
desatendidos que con cualquier tipo de conspiración contra Estados Unidos.
Ya es hora de separar las amenazas falsas de las auténticas. Una buena forma de empezar es
exigir transparencia en las pláticas tripartitas (el 21 y 22 de abril próximos en Nueva
Orleans), y un debate público informado sobre la integración regional.
