Luego de casi cuatro décadas luchando por la tierra urbana y por la construcción de sus casas, las cooperativas de viviendas por ayuda mutua se enfrentan al gobierno progresista del presidente uruguayo Tabaré Vázquez porque criminaliza las ocupaciones y pone trabas a los préstamos.
" Estamos frente a gente que sabe gobernar y sabe cómo pegarle a los gremios", dice el secretario general de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM ), Daniel de Souza . Para esta organización que nació en 1970, en un período de crecimiento de los movimientos sociales de Uruguay, lo que está sucediendo bajo un gobierno de izquierda les parece desconcertante: "Esto no es una cuestión espontánea. Estos gobernantes no son nuevos, los que están en el Ministerio de Vivienda llevan casi veinte años gobernando Montevideo."
Los dirigentes de FUCVAM consideran que en los próximos meses deberán esforzarse en revertir las nuevas leyes y reglamentaciones, a las que consideran un "retroceso legal", ya que de lo contrario las conquistas del movimiento social estarán en peligro. En junio, la justicia procesó con prisión a cinco cooperativistas que habían ocupado un terreno en Punta del Este, lo que puede ser un anticipo de la nueva actitud del gobierno.
Historia: 500 cooperativas, 22 mil familias
Las casi 500 cooperativas de vivienda agrupadas en FUCVAM, son el resultado de tres grandes oleadas de lucha por la tierra, que se tradujeron en la construcción de algo más de 20 mil viviendas. Entre 1970 y 1972, más del 40% de los recursos estatales para vivienda se destinaron al financiamiento de las cooperativas. La federación fue creada el 24 de mayo de 1970 en la inauguración de la primera cooperativa, en la pequeña localidad de Isla Mala en el interior del país. En ese período se crean gran cantidad de cooperativas a partir de los sindicatos, que construyen complejos habitacionales que en algunos casos superan las 800 viviendas. Nacen unas 150 cooperativas y FUCVAM se extiende a casi todo el país.
El segundo salto del movimiento se registró en 1989. Era un año electoral y la presión por vivienda había sido postergada por la dictadura (1973-1985), al punto que a comienzos de esa década se multiplican los asentamientos urbanos ilegales donde viven desocupados e inmigrantes rurales. En julio de ese año, luego de una masiva asamblea, cuatro cooperativas ocupan tres terrenos. En noviembre Tabaré Vázquez gana las elecciones en Montevideo y crea una "cartera de tierras" fiscales que comienzan a ser negociadas con el movimiento cooperativo.
En los siguientes años unas 250 cooperativas acceden a la tierra y muchas comienzan la construcción de las viviendas, en una década plagada de movilizaciones, entre las que destacan ocupaciones a los ministerios de Vivienda y Economía. En estos momentos unas dos mil familias de unas 30 cooperativas están construyendo.
Las ocupaciones del 1989 son sentidas como un parteaguas por los miembros del movimiento. "La ocupación de tierras era hasta ese momento un fenómeno básicamente espontáneo", que se desarrollaba con "un bajo perfil, con poca visibilidad, evitando la notoriedad del hecho ‘ilegal’1. FUCVAM optó por el camino inverso: había que ocupar para hacerse visible. De alguna manera la cultura ‘obrera’, fundacional del movimiento cooperativo comenzaba a fusionarse con las medidas que los movimientos de nuevo tipo comenzaban a implementar en América Latina". En ese período acuñaron el concepto de considerarse "los sin tierra urbanos".
El tercer impulso se registró el año pasado, bajo el actual gobierno. La presión por vivienda, luego de una década de ajuste estructural y de la crisis de 2002, se reflejó en la creación de un centenar de grupos cooperativos luchando por conseguir tierras. Para desbloquear la situación, decidieron ocupar en octubre de 2006 un predio de la empresa estatal de ferrocarriles abandonado desde hace 40 años. En las negociaciones consiguieron 20 predios en los que se instalaron 40 cooperativas.
"Todavía tenemos 30 cooperativas sin tierra", dicen en la federación. En casi 40 años el movimiento construyó viviendas para 22 mil familias mientras unas cuatro mil esperan acceder a tierras para comenzar los trámites.
Cárcel a los ocupantes
En abril el Parlamento aprobó una ley que establece penas de cárcel desde tres meses a tres años a quienes ocupen tierras. La sorpresa es que todo el Frente Amplio apoyó la nueva ley pese a que el Ministro de Vivienda, Mariano Arana, se mostró contrario a lo decidido por los diputados oficialistas.
En FUCVAM están dispuestos a desafiar la ley. El 28 de julio, junto a trabajadores rurales (cañeros, cortadores de caña del norte) que ocupan un predio de 32 hectáreas, realizaron un acto en Montevideo y una marcha hasta el palacio de gobierno. Rechazan una ley que, en su opinión, "criminaliza" las ocupaciones. De Souza, el secretario general, dijo que en septiembre comenzarán las ocupaciones que se harán "en forma organizada", "no anárquica". Otros dirigentes aseguraron que desde el gobierno buscan "criminalizar la protesta, la capacidad de movilización de los sectores populares que son, en última instancia, la única garantía de hacer alguna transformación sobre esta estructura tan injusta que tenemos de la riqueza".
Pero el problema de fondo no parece ser el legal, sino el modelo económico. FUCVAM asegura que de las 14 mil viviendas prometidas por el gobierno sólo se van a construir unas tres mil por año en estos cinco años. De no cambiar el modelo, "va a seguir la emigración del campo a la ciudad y cuando llegan acá y no tienen trabajo son doblemente expulsadas a la periferia", dicen los cooperativistas.
Problemas con el gobierno progresista
Un movimiento urbano diferenteEl movimiento para la construcción de viviendas de forma cooperativa y por ayuda mutua, es una modalidad por la cual un grupo de familias (entre 10 y 200) constituyen grupos asociados que funcionan de forma democrática. Luchan por la tierra, la ocupan o la compran con financiación estatal o de ONGs, y luego construyen sus viviendas en base al esfuerzo familiar. Pasan por cuatro etapas: conseguir el reconocimiento legal, elegir una institución de asesoramiento técnico, conseguir la tierra y obtener el préstamo para construir. Hombres y mujeres trabajan en pie de igualdad en la construcción de las viviendas aportando todos la misma cantidad de horas de trabajo, gestionan el proceso de diseño y construcción con la asamblea como medio de tomar resoluciones, y luego administran el complejo habitacional. El propietario de las viviendas es la cooperativa, las familias tienen derecho al uso pero no las pueden vender sin autorización del colectivo. Los cooperativistas construyen todas las viviendas sin saber quién ocupará cada una de ellas. El día que se inauguran, se realiza un sorteo y cada familia ocupa la que le corresponde. La participación de las mujeres en todas las etapas, incluyendo la construcción, marca una diferencia con otros movimientos sociales. FUCVAM tiene además una escuela de formación y una planta industrial que provee materiales a las cooperativas. La participación igualitaria en los trabajos, la asistencia a asambleas y el aporte económico son obligatorios para todos los asociados. Los barrios cooperativistas están en su mayor parte en las periferias de las ciudades. Muchos grupos de cooperativas cuentan con guarderías para niños, clínicas de salud y locales comerciales autogestionados por los propios vecinos. El movimiento cuenta además con 22 bibliotecas y 17 gimnasios en los barrios de Montevideo. Los reglamentos de cada cooperativa son discutidos durante largo tiempo en asamblea. |
El Ministerio de Vivienda elaboró un Reglamento de Cooperativas que mereció duras críticas de la federación. El objetivo del ministerio es ordenar y mejorar el sistema de acceso al crédito, y así poder planificar en mejores condiciones el uso adecuado de los recursos. El nuevo reglamento establece que las cooperativas de vivienda podrán solicitar financiamiento del Estado únicamente en ocasión de los llamados a Postulación de Proyectos Cooperativos que se realizarán una vez al año.
Según el arquitecto Benjamín Nahoum, asesor de FUCVAM, el nuevo reglamento "puede significar un serio obstáculo para el desarrollo del sistema cooperativo"2. "El resultado final es perverso", porque una cooperativa invierte en todo el proceso un mínimo de dos a tres años. Por ello, "no puede estar sujeta a ganar o perder un concurso" del que no conoce las bases al comenzar el proceso. "Parece que no se tuviera claro—concluye Nahoum—que una vez que un grupo se forma, consigue el terreno y el instituto trabaja sobre un proyecto, tienen que tener la seguridad de que en algún momento el programa se va a concretar. Porque en ese caso nadie se va a sentir estimulado a tomar ese camino. ¿Es esto lo que se busca? Esperamos que no".
Las relaciones entre los cooperativistas y el Ministerio de Vivienda no son buenas, pero están destinadas a empeorar. Por un lado, la derecha presiona en el parlamento. Las críticas de FUCVAM apuntan a política global del gobierno. Sienten que la vivienda no está entre las prioridades del gobierno.
"Qué casualidad que nunca hubo problema con la cartera de tierras y en los dos años que tenemos gobierno de izquierda tuvimos que ocupar para poder tener tierras", apunta de Souza. Desde 1989 no realizaban ocupaciones. Sienten que con la nueva legislación no podrán ocupar tierras y el acceso a los préstamos para la construcción serán cada vez más lentos.
El 15 y 16 de septiembre fucvam realizará una asamblea nacional en la que deberán definir los próximos pasos. Lo más probable, estiman los dirigentes, es que se adopte un plan de movilizaciones ya que se estaría produciendo un cambio en las bases.
Es algo muy similar a lo que está sucediendo en otros países con gobiernos progresistas, como es el caso de la relación entre el Movimiento Sin Tierra de Brasil y el gobierno de Lula. Las críticas al gobierno de Tabaré Vázquez se formulan ahora en voz alta. "Ellos hacen como que dialogan, pero no escuchan, no ceden nada", concluye de Souza.
