¿Por qué se ha incrementado el precio de la tortilla en México? Por tres razones básicas. Primera y más importante, por el acaparamiento y la especulación del maíz blanco por parte de los grandes monopolios agroindustriales. Segunda, por el incremento en insumos básicos para la producción, traslado e industrialización del grano: diesel, electricidad y gasolina. Tercera, por la subida del precio del maíz en el mercado mundial, como resultado de su uso en la producción de etanol.
México es el cuarto productor mundial de este cereal. El año pasado cosechó 22 millones de toneladas, principal—aunque no exclusivamente—de grano blanco. Se trata de un volumen muy lejano al producido por Estados Unidos: 280 millones de toneladas durante 2005, en lo esencial de maíz amarillo. Este país controla más de 70% del mercado mundial.
A diferencia de la mayoría de los países productores que utilizan sus cosechas como forraje, en México, así como en parte importante de América Latina, el destino del grano es el consumo humano. Somos una cultura nacida del maíz.
Trayectoria de maíz en México
Durante décadas la Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) desempeñó un papel fundamental en la regulación de los mercados del país, acopiando, importando y distribuyendo el grano. Como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) eso se terminó.
Entre 1994 y 1998 funcionó como comprador de última instancia. En 1998, Ernesto Zedillo le dijo a las grandes comercializadoras (Maseca, ligada con ADM; Minsa, asociada con Corn Products Internacional y Arancia, y Cargill, fusionada a Continental) que debían encargarse del mercado nacional. Así, las funciones de un monopolio estatal que, a pesar de la corrupción funcionaba razonablemente bien, fueron trasladadas a monopolios privados que tienen como objetivo la ganancia rápida.
El desmantelamiento de la Conasupo fue un paso central en la privatización del mercado maíz-tortilla. Otras medidas gubernamentales en esa dirección fueron la liberación del precio de la tortilla a comienzos de 1999, y la desaparición de Fidelist, un programa de subsidio a la adquisición de este alimento que atendió 1.2 millones de familias en zonas urbanas marginadas.
Un gran cambio adicional fue el que se produjo con las modificaciones en la forma de procesar el grano. Durante muchos años la tortilla se elaboró mediante un proceso de nixtamalización, en la que molineros y tortillerías desempeñaban un papel clave. Esto comenzó a cambiar desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en el que se impulsó la elaboración de este alimento a partir de la harina industrializada en lugar de la masa de nixtamal.
El cambio en este proceso productivo provocó un fuerte conflicto entre los actores económicos ligados a ellos, que, en su momento, se conoció como la guerra de la tortilla. El pleito redujo drásticamente la importancia de los dueños de molinos y tortillerías. En 2003, 49% de la producción de este alimento estaba en manos de los grandes industrializadores, y Grupo Maseca sola tenía el control de 70% de esa franja del mercado. En los cinco años recientes, en alianza con las grandes cadenas de venta al menudeo, esa porción ha crecido significativamente.
Situación nacional relaciona con el precio internacional
Los industrializadores mexicanos son, simultáneamente, acaparadores del grano local e importadores. Ellos controlan importantes inventarios y pueden administrar oferta y demanda para hacer subir o bajar los precios según convenga a sus intereses. Adquirieron parte significativa de la cosecha primavera-verano de Sinaloa (con mucho, el principal estado productor de la República, con casi 10 millones de toneladas durante el pasado ciclo primavera-verano) a un precio de mil 350 pesos (US$30) la tonelada. Se calcula que fácilmente tienen en sus manos alrededor de un millón de toneladas de maíz. Y con sus existencias han jugado a la especulación, encareciendo artificialmente el precio del producto. Esa misma tonelada del grano de Sinaloa, colocada en la ciudad de México, tiene hoy un costo de 3 mil 500 pesos (US$320), es decir, 2 mil 150 pesos (US$197) más del que se pagó por ella.
Es cierto que el precio del maíz en el mercado mundial ha aumentado en los meses recientes como resultado de la utilización del grano para elaborar etanol. Pero ese incremento no tiene relación con el precio que tiene dentro del país. En la Bolsa de Chicago se cotiza en alrededor de US$144 la tonelada, esto es, menos de la mitad de la cantidad a la que se vende en la ciudad de México.
El costo del diesel, la gasolina y la electricidad, todos ellos insumos necesarios para el transporte y el procesamiento del grano, subieron durante los últimos meses de la administración de Vicente Fox, impactando el precio de la tortilla. Pero esos insumos constituyen, tan sólo, 30% de los costos de producción.
El monto del aumento en el precio de la tortilla es absolutamente injustificado. Ni el incremento en los insumos ni la revaloración del maíz en el mercado internacional justifica las cantidades a las que se vende a los consumidores. El problema central es la especulación de los grandes acaparadores.
Esta especulación ha sido favorecida por el modelo de mercado que se creó a raíz de la entrada en vigor del TLCAN, del desmantelamiento de las agencias y empresas estatales de desarrollo y de la privatización salvaje. Se trata de un mercado claramente ineficiente, casi monopólico, y especulativo. Un mercado en el que, gracias a políticos como Luis Téllez y Santiago Levy, el gobierno mexicano se cortó los brazos que le permitían intervenir para poner orden.
Cargill nunca pierde en México
Cuando el precio de la tortilla sube hasta las nubes, la transnacional Cargill gana. Si se importa maíz de Estados Unidos, se beneficia. Si, por el contrario, el cereal se exporta a otras naciones, recibe subvenciones. Cuando se licita el uso, aprovechamiento y explotación de terminales granaderos en puertos, se queda con ellas.
Cargill, fundada hace 140 años, es la segunda empresa privada más grande del mundo. Trabajan para ella 149 mil empleados en 72 países. La revista Fortune la ubica en el lugar 20 de las compañías más importantes del planeta. Se dedica a la compra, procesamiento y distribución de granos y otros productos agropecuarios. Se describe a sí misma en un folleto publicitario como "la harina en su pan, el trigo en sus tallarines, la sal en sus frituras. Somos el maíz de sus tortillas, el chocolate de su postre, el edulcorante de su gaseosa. Somos el aceite de su aderezo y la carne, cerdo o pollo que usted come en la cena. Somos el algodón de su ropa, la terminación de su alfombra y el fertilizante de su campo."
La trasnacional comenzó a tener presencia en México hace más de 80 años, cuando incursionó en operaciones forestales en el noreste. Dos décadas después recuperó sus actividades, ahora en el área agrícola. En 1972 inauguró su primera oficina en territorio nacional con seis empleados. El TLCAN primero, y la desaparición de Conasupo abrieron enormes huecos en el mercado nacional de granos que fueron ocupados por el gigante. Desde entonces, su presencia en la agroindustria mexicana es imparable.
El TLCAN establece que las importaciones de maíz estadunidense pueden requerir sujetarse a cupos establecidos cada año que, de rebasarse, deben pagar un arancel. Sin embargo, el gobierno mexicano eliminó unilateralmente esta protección, permitiendo el ingreso de mayores volúmenes de grano sin pago. Tan sólo entre 1994 y 2001, las importaciones fuera de cuota ascendieron a casi 13 millones de toneladas. Las grandes agroindustrias como Cargill y ADM vendieron la mayoría del maíz que México compró en Estados Unidos, beneficiándose enormemente de la importación del cereal sin pagar arancel. De paso, se beneficiaron del subsidio oculto presente en los créditos a la exportación que Washington otorga.
Los recursos destinados a los programas de pignoración, almacenaje, maniobras, flete y cabotaje para que la cosecha de maíz de Sinaloa sea trasladada a lugares remotos, así como para permitir su entrada al mercado de manera escalonada en el tiempo, han sido generosamente otorgados a Cargill. Cuando, como sucedió durante 2006, la trasnacional exporta cientos de miles de toneladas del cereal a otros países, el gobierno mexicano subvenciona el negocio.
Los productores comerciales de maíz blanco en nuestro país reciben por su producto un precio acordado con el gobierno llamado precio objetivo. Este es mayor al establecido en el mercado internacional más los costos de fletes y almacenajes desde la referencia de Nueva Orleáns hasta el punto de consumo en México (conocido como precio de indiferencia). Esta diferencia entre precio objetivo y precio de indiferencia puede fluctuar entre 450 y 500 pesos (US$40-45) la tonelada, que paga el gobierno y no las empresas comercializadoras del grano, las cuales sólo desembolsan el precio de indiferencia. Cargill, como una de las más importantes acopiadoras del cereal, obtiene así, de manera indirecta, un importante subsidio.
En 2002 la Comisión Federal de Competencia autorizó a Cargill el uso, aprovechamiento y explotación de una instalación portuaria especializada en Guaymas, Sonora, junto con el Grupo Contri, cuya actividad preponderante son silos para el acopio, conservación, mantenimiento, almacenamiento y comercialización de toda clase de granos, principalmente trigo, maíz y sorgo. El gigante controla, además, el puerto de Veracruz, entrada principal de las importaciones graneleras.
Cargill tuvo un pequeño percance en tierras mexicanas, cuando en 2001 el Congreso aprobó un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la fructosa (edulcorante elaborado a partir del maíz). La trasnacional importaba cerca de 385 mil toneladas anuales del producto. El asunto se zanjó en tribunales comerciales internacionales. México perdió el pleito.
Señalada como una de las principales responsables del alza al precio de la tortilla, compró y almacenó 600 mil toneladas de maíz de Sinaloa a mil 650 pesos (US$60) la tonelada, que meses después vendió en 3 mil 500 pesos (US$320). Ahora, con la liberación de los cupos de importación del cereal, para supuestamente bajar los precios, obtendrá un nuevo beneficio. Según Lorenzo Mejía, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, “los molinos no podremos importar y buscaremos los servicios de Cargill”.
La empresa ha rechazado las acusaciones y ante la ola de indignación, negó ser “el maíz de sus tortillas”. “Cargill—expuso en un comunicado—comparte con los consumidores, los industriales de la masa y la tortilla, así como con la industria pecuaria, su preocupación por el alto precio que el maíz ha alcanzado en las últimas fechas.” Responsabilizó del incremento al libre mercado y aseguró que la adquisición del grano mexicano por parte de porcicultores nacionales originó presiones al alza.
La quiebra de un modelo
El alza en el precio de la tortilla ha puesto al descubierto la debilidad del Estado mexicano frente a los monopolios. Quienes controlan la comercialización e industrialización del maíz pueden organizar una corrida inflacionaria y salir impunes. El Ejecutivo no cuenta con armas para combatir en esa guerra.
La respuesta del gobierno federal ante el incremento ha sido lastimosa. Cierra unas pocas tortillerías y difunde su acción en los medios de comunicación como si fuera una ofensiva frontal contra el abuso y esas empresas las culpables de lo que sucede. Las acusa de no anunciar el precio de venta de su producto a la vista del público o de alterar las básculas. Lo cierto es que, más allá de que algunos de sus dueños se han aprovechado de la situación, ellos no son los responsables principales del aumento.
El Ejecutivo federal anuncia que próximamente va a permitir la importación de maíz blanco sin pago de arancel. Pero resulta que quienes van a adquirir el cereal son, en parte, los responsables del aumento, los mismos que controlan ya los inventarios. Y las importaciones van a golpear a los agricultores y campesinos del país, van a inundar el mercado con grano de mala calidad al tiempo que contaminarán sus sembradíos con variedades transgénicas y aflatoxina.
Por supuesto, la administración de Felipe Calderón calla la información sobre quiénes son los especuladores. ASERCA 1 tiene un reporte detallado de ellos. Con la actual estructura de acopio y venta, en la que el gobierno federal subsidia la comercialización, cuenta con un informe preciso de quiénes tienen en sus bodegas el maíz. Sin embargo, esta alza no proviene, tan sólo, de la incapacidad del gobierno para intervenir razonablemente en los mercados. El menos interesado en que se presentara una crisis como ésta es el Presidente de la República. El incremento en el precio le abre un enorme boquete a su gobierno, ya de por si necesitado de legitimidad y sobre todo frente a la población más pobre. De paso, abona el terreno para que la inflación crezca.
Desde la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994 la tortilla ha incrementado su precio en 738%. Como resultado de ello, su consumo por persona ha disminuido. Además, ha empeorado su calidad.
La alimentación de los mexicanos depende ahora mucho más de Estados Unidos. Las semillas criollas se han infectado con variedades transgénicas de importación. La migración rural ha hecho de muchas comunidades poblados desiertos, habitados por ancianos, mujeres y niños. Una parte sustancial de la producción de cereal se ha trasladado a zonas de riego, que deberían estar dedicadas a otros cultivos. Frente a otros cultivos, cuyos precios sufrieron una fuerte caída ante la apertura comercial, el maíz se convirtió en un cultivo relativamente rentable.
Hoy vivimos una nueva guerra de la tortilla que, a diferencia de la vivida en los años 90 entre distintos empresarios, enfrenta a los grandes agroindustriales y la población pobre. Se trata de una guerra en la que el gobierno de Felipe Calderón ha tomado claramente partido en favor de los monopolios que lo apoyaron para que llegara a la Presidencia de la República.
Notas
- En www.infoascerca.gob.mx, por SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).
