La privatización del agua está tomando auge en América Latina. A pesar de reveses y derrotas que han sufrido en lugares como Puerto Rico, Bolivia y Uruguay, las transnacionales del agua se disponen a apropiarse de los recursos hídricos de la región –ríos, acuíferos, pozos y sistemas de acueductos–, empleando en su hábil discurso los conceptos de "descentralización", "participación de la sociedad civil" y "desarrollo sustentable".
En abril de 2005 se realizó en la Ciudad México el Primer Taller Popular en Defensa del Agua, actividad convocada por el Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular de México (CASIFOP) y el Instituto Polaris de Canadá. Ahí se reunieron más de 400 personas de todo México y varios países del hemisferio americano. Los participantes, que incluyeron campesinos, pueblos indios, sindicalistas, integrantes de movimientos urbanos, investigadores, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, compararon notas y compartieron vivencias de sus luchas respectivas contra la privatización del agua. Además, contemplaron posibles caminos hacia la consolidación y adelanto de la defensa del líquido como un derecho humano para todos, manejado de manera sustentable, democrática y responsable.
En el Taller se identificaron las diversas modalidades de la privatización del agua en las Américas:
- Privatización de los servicios municipales de agua en zonas urbanas. En esta modalidad, que es la más obvia pero no la única, corporaciones transnacionales se apropian de las redes de distribución y plantas purificadoras con el aval de nuevas legislaciones en torno al agua.
- Privatización de los territorios y biorregiones. Para citar un documento de CASIFOP: "Las empresas que comercian y/o necesitan masas de agua para sus actividades, van por la privatización de territorios y biorregiones enteras para garantizarse el uso monopólico del recurso, protegidas por cambios en las legislaciones."
- Privatización por desviación de aguas. Mediante canales que desvían ríos enteros fuera de su cauce natural y la construcción de megaproyectos de infraestructura como hidrovías y represas, se provee agua abundante para usuarios industriales y agronegocios a costa de las necesidades básicas de millones de indígenas y campesinos.
- Privatización por contaminación. Cuando los grandes usuarios corporativos contaminan el recurso mediante su uso y abuso (por ejemplo industrias mineras, petroleras, papeleras, eléctricas y monocultivos agroindustriales intensivos en el uso de agrotóxicos), imposibilitan el que sectores menos pudientes puedan usarlo.
- Privatización por el embotellamiento de agua. Cuatro transnacionales controlan gran parte de este próspero negocio (Coca-Cola, Pepsico, Nestlé y Danone). Estas compañías y sus filiales obtienen agua mediante subsidios estatales asombrosamente generosos y favorables y la venden en botellas de plástico a mil o diez mil veces lo que les costó conseguirla.
- Monopolio de las tecnologías. Y encima de que las grandes industrias despilfarran y contaminan el agua que es de todos, también controlan las tecnologías para su extracción y purificación. "A través de control monopólico de mercados y patentes de tecnología, los destructores del recurso se presentan como los salvadores, a los cuales todos tenemos que pagar", expresó Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, una de las participantes del Taller en Defensa del Agua.
La ofensiva ideológica-publicitaria en pro de la privatización se fundamenta en tres premisas cuestionables:
- Crecimiento poblacional: "Cada vez hay más y más gente que debe tener acceso a recursos de agua cada vez más escasos y sobreexplotados, lo cual provoca tensiones y conflictos sociales." Este argumento tiende a simplificar crasamente la compleja problemática social en torno a los recursos naturales. Presume que no existen desigualdades económicas extremas, o que si existen no son de consecuencia alguna.
- Justo valor económico: "Se despilfarra el agua porque la gente la obtiene gratuitamente o a precios artificialmente bajos. Por lo tanto, si su precio reflejara su verdadero costo ecológico y económico, la gente evitaría su abuso y uso excesivo." Dicen los ejecutivos de empresas privatizadoras de agua que los precios que cobran son altos porque el agua es un negocio costoso y riesgoso y sus empresas deben manterse rentables para poder competir. Pero los precios altos que cobran estas firmas no están basados en racionalidad de mercado o criterios de sustentabilidad ecológica. Las compañías aparentemente independientes que operan acueductos municipales son casi todas subsidiarias de una media docena de empresas transnacionales que se coordinan entre sí y se dividen los mercados globales. El dinero que recaudan de sus abonados no se invierte en mantenimiento y expansión de redes existentes sino en sus planes de expansión global y en jugosos dividendos y salarios ejecutivos.
- El fracaso del Estado: “Como administrador del recurso, el Estado ha fracasado, no sólo a causa de su corrupción, incapacidad y falta de inversión en la infraestructura sino también mediante su promoción de una cultura paternalista de ‘agua barata para todos’, que ha resultado en despilfarro y sobreexplotación.” Sin embargo, en los países del Sur el aparente fracaso del Estado se debe a una multiplicidad de factores externos, incluyendo el peso de la incosteable deuda externa y las políticas de ajuste estructural impuestas por la banca multilateral que requieren que prácticamente se desmantele el estado.
"Las trasnacionales manipulan los datos de la crisis para justificar el despojo y aumento de la privatización, culpando a la gente común, los campesinos y los servicios públicos por mal uso y administración", dice Ribeiro. "Por todo ello, es imprescindible construir nuestros propios mapas de la crisis y de los caminos para enfrentarla."
México, paradigma para la privatización
Más de 400 representantes de comunidades indígenas, organizaciones del movimiento urbano popular y obreros de la Comisión Nacional de Agua asistieron al Taller. Una de las conclusiones indiscutidas fue que México es la cabeza de puente de la ofensiva privatizadora regional. Mientras que en otros países latinoamericanos se han librado grandes luchas populares en defensa del agua y hasta obtenido algunas victorias –como en la ciudad boliviana de Cochabamba–, en México "la privatización del agua ocurre cotidianamente y cada vez en más puntos del país, mientras que la resistencia o las manifestaciones de rechazo de la misma se dan de manera dispersa y son percibidas en la mayor parte de los casos como problemáticas locales", según Karina Atayde y Thais Vega, investigadoras de CASIFOP.
En México se emplean sofisticados mecanismos y argumentos en pro de la propiedad privada del agua para ablandar y fragmentar la oposición y para dificultar el que sectores críticos perciban el cuadro amplio y los verdaderos designios de los privatizadores. Las transnacionales del agua desean presentar a México como una vitrina para exhibir al mundo las virtudes de la privatización.
La tendencia a la privatización del agua en México se remonta a 1983, cuando el presidente Miguel de la Madrid impulsó cambios al artículo 115 de la Constitución que descargaron sobre los gobiernos municipales la responsabilidad del suministro del agua.
Estos cambios legales parecerían de primera intención una movida en pro de una genuina descentralización y un control local y democrático sobre el recurso. Pero según CASIFOP, "al haber transferido la responsabilidad del suministro a las autoridades municipales, el gobierno federal no sólo entregó las redes de infraestructura, sino además le heredó todos los problemas de la gestión, acumulados durante décadas: fugas, redes obsoletas y en malas condiciones, administración corrupta e irregular, entre otros, en un contexto de urbanización desenfrenada."
En 1992 el proceso privatizador se afianzó con la aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales, tras la cual numerosos municipios concesionaron el manejo de sus aguas a filiales de empresas transnacionales como la francesa Vivendi, incluyendo Aguascalientes, Saltillo y la ciudad México.
En su intervención inicial en el Foro en Defensa del Agua, el profesor Andrés Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, describió la realidad del falso descentralismo de la política de agua del gobierno:
“La vía de la compartimentalización distingue los tres grandes tipos del uso del agua (urbano, rural e industrial), pulveriza la privatización de los usos urbanos mediante una estrategia de municipalización de los manejos, los contratos y los mercados de agua (…) Atomiza la privatización de los usos rurales al localizarlos sea en los diversos sistemas de riego o en las montañas y las selvas de México.
”El proceso de privatización del agua muestra entonces una variada estrategia de avance espacial: una estrategia atomizante de los ámbitos de conflicto y negociación del agua, según el cual el manejo del agua urbana queda en manos de los municipios mientras el agua rural queda en manos de los dispersos sistemas de riego que existen en el país. Ello permite a los grandes capitales transnacionales del agua poder negociar con entidades políticas de pequeña escala territorial.
”Como las empresas resultantes supuestamente son de pequeña escala municipal, la gente piensa que en sus municipios tratan con compañías locales de escala menor, sin darse cuenta de que en realidad son una de las mil caras de alguna gigantesca empresa transnacional de multiservicios, empresa que usa con habilidad envidiable la subcontratación, para debidamente desentenderse al momento en que empiecen los problemas sociales por la habitual entrega de malos servicios.”
La realidad de la privatización de servicios de agua en México
Los casos de las urbes de Cancún, Saltillo y Aguascalientes son ilustrativos. En la ciudad de Cancún, paraíso turístico en la costa caribeña, la primera compañía privada que administró el sistema de agua fue Azurix, una subsidiaria de la famosa y desgraciada compañía estadounidense Enron. Después de su aparatosa quiebra, llegó Ondeo, subsidiaria de la empresa francesa Suez, que financió la compra con un préstamo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Según la organización no gubernamental estadounidense Public Citizen, "las inversiones comprometidas están todavía por realizarse y por tanto las aguas residuales son descargadas en el mar Caribe."
En Saltillo, en el estado de Coahuila, el sistema fue concesionado a una compañía propiedad del municipio y de la corporación española Aguas de Barcelona. Durante los dos primeros años de la concesión, las tarifas subieron de 32% a 68%, en contra de los términos acordados, que establecen que los aumentos no debían superar la inflación. Informa Public Citizen que los miembros de la junta directiva que trabajan para el municipio no han podido imponerse a las decisiones tomadas por los integrantes españoles del consejo.
En Aguascalientes, cuyo sistema de agua fue concesionado a una subsidiaria de la trasnacional francesa Vivendi, las tarifas están entre las más altas de México. Pero estas tarifas altas no han resultado en un manejo sustentable del recurso; el acuífero del que depende la ciudad está cerca del agotamiento. Aunque las autoridades no lo reconocen, sostiene Public Citizen, la región será de las primeras del país que sufrirá una crisis de abasto de agua que obligue a una drástica reducción de los planes de expansión económica.
Estos tres casos contrastan con el sistema de agua de la ciudad de Monterrey, que está controlado una agencia pública. "Como algunas otras en el norte del país, esta entidad pública ha tenido éxito en asegurar una amplia disponibilidad del servicio mientras reduce las pérdidas de agua a través de redes y colectores de sus clientes", según el diario La Jornada.
En 2001 se creó el Programa para la Modernización de Prestadores de Servicio de Agua y Saneamiento (Promagua) para darle financiamiento a los municipios para mantener sus sistemas de agua. Pero la ayuda de Promagua, que fue financiado con un préstamo del Banco Mundial, está condicionada a que los municipios faciliten la participación del capital privado.
El sector privado entonces impone sus propias condiciones. Según CASIFOP, "las empresas privadas se rehúsan a establecer cualquier tipo de convenio con autoridades municipales si éstas no se comprometen a resolver rezagos en la infraestructura por medio de inversión estatal (es decir, deuda pública), a incrementar las tarifas antes de que ingrese el capital privado, a absorber los costos para ‘eliminar la incertidumbre’ respecto de los derechos de propiedad, a garantizar la continuidad de la concesión y a asumir la responsabilidad de ampliar la red de infraestructura, nuevamente por medio de más endeudamiento externo."
Según Luis Hernández Navarro, muchos de los préstamos del Banco Mundial a México han tenido como condición la privatización y la recuperación del costo total del agua. "En su lenguaje, la ‘recuperación del costo’ se refiere tanto a la eliminación de los subsidios gubernamentales como al incremento de los pagos que los consumidores deben hacer para tener acceso al servicio. Esto significa que las empresas operadoras encargadas de proveer de agua potable deben cubrir todos sus gastos de operación y mantenimiento mediante los cobros a los consumidores, sin recibir subvenciones gubernamentales."
La más reciente Ley de Aguas Nacionales, aprobada por el Congreso de la Unión en 2004, fue un paso sustancial en la privatización de la infraestructura y el suministro de agua potable. Según el BM el "nuevo marco legal constituye una oportunidad única para profundizar el proceso de reforma" del sector. "La nueva legislación afina los mecanismos para lograr la exclusión de la población del proceso de toma de decisiones sobre las políticas y la gestión real del líquido, para trasladarlo a las grandes empresas," plantea Hernández Navarro.
Alternativas de la sociedad civil
Nadie mejor que las organizaciones de la sociedad civil para articular alternativas al modelo imperante de privatización del agua. "Como alternativa a las tendencias privatizadoras, por un lado, y centralistas, por otro, en cuanto a la gestión del agua, proponemos un modelo de gestión local y participativo en el que las comunidades elaboren y ejecuten, en coordinación con las instancias públicas competentes, las políticas relacionadas con la protección, conservación y uso equitativo sostenible y sustentable del recurso" declararon los participantes del Foro del Agua de la Sociedad Civil Centroamericana, celebrado en el verano de 2005.
Continúa la declaración: "Exigimos que se abran espacios y se faciliten los recursos necesarios a las organizaciones sociales para participar en la elaboración e implementación de dichas políticas, las cuales deberán estar plasmadas en leyes y demás cuerpos normativos que hagan efectivo este modelo de gestión, como única forma de garantizar el respeto al derecho humano de acceso al agua."
Uno de los principales objetivos del Taller en Defensa del Agua celebrado en México fue comenzar a preparar la sociedad civil para el próximo Foro Mundial del Agua, a ser celebrado en la ciudad capital en marzo de 2006. Este Foro, que tiene lugar cada tres años desde 1997, reúne a los principales responsables de la toma de decisiones sobre el manejo de agua a nivel nacional, representantes de dos tercios de los gobiernos del mundo, empresas que hacen negocio con el agua, entidades no gubernamentales, miembros de la comunidad científica y agencias de la ONU. El Foro está dedicado a diagnosticar y adelantar los procesos de privatización del líquido a nivel mundial, y surge como iniciativa del Consejo Mundial del Agua, institución que fue fundada en 1996 junto con la Asociación Mundial del Agua. La misión de ambas agrupaciones es consolidar los procesos de privatización a nivel planetario. Una de sus principales estrategias es involucrar activamente a la sociedad civil en la gestión del manejo del agua, con el doble propósito de desplazar al estado y crear situaciones de crisis en las que la empresa privada figure como la única salvación.
Cuando se celebre el Foro, estarán ahí presentes las organizaciones populares y de la sociedad civil y los pueblos indígenas para decirle a los delegados y al mundo que los procesos de privatización no son legítimos ni resuelven los problemas del abasto de agua, y que existen alternativas reales para proveer el líquido a un costo razonable, sin destrucción ambiental y sin la injerencia de corporaciones transnacionales.
Maude Barlow, activista canadiense y co-autora del libro "Oro Azul", participó en el Taller y en entrevista con Radio Mundo Real dio un mensaje a los gobiernos de América Latina: “Entiendo que los estados de América Latina atraviesen dificultades para financiar el sistema público de suministro de agua y sé que tienen además una gran deuda con el Primer Mundo. Pero cometen un gran error al permitir que estas corporaciones se instalen en sus comunidades y administren el sistema de agua sólo por las ganancias que eso genera. Esto provoca aún más pobreza, más contaminación. Las corporaciones no asumen ningún riesgo, sino que obtienen todos los beneficios. Es la gente local la que se arriesga, y es el Banco Mundial el que paga para que las corporaciones estén libres de riesgo. Es muy importante que los gobiernos digan ‘no’ a estas corporaciones. En definitiva no están allí para llevar agua a la gente, no están allí porque les preocupe la gente, ni para ayudar a los gobiernos. Están allí para hacer dinero. Cuando dejen de hacer dinero se irán. Mi mensaje para Suez es que se consigan un trabajo honesto.”
