Han pasado 35 años del cruel asesinato de cuatro religiosas estadounidenses a manos de la Fuerza Armada de El Salvador. Durante la conmemoración de la muerte de las religiosas, organizaciones sociales exigieron que el Estado salvadoreño reabra el caso, investigue y condene a los jefes militares que en 1980 ordenaron y respaldaron el crimen que conmocionó al país y a la comunidad internacional.
Pese a que dos años después del asesinato un juzgado salvadoreño condenó a cuatro soldados que participaron en el crimen, que incluyó torturas y violación, contra las religiosas estadounidenses, muchos consideran que la impunidad en el caso Maryknoll continúa porque los altos mandos militares que dieron las órdenes de asesinar a las mujeres nunca estuvieron en el banquillo de los acusados.
“La Fiscalía debe cumplir su papel y abrir una investigación para evitar que se siga promoviendo la impunidad en el país. El Estado salvadoreño continúa teniendo una deuda al no investigar y castigar a los responsables del asesinato de las cuatro religiosas”, dijo en conferencia de prensa el procurador de Derechos Humanos de El Salvador, David Morales.
De acuerdo a las declaraciones del procurador, los mandos militares del Estado Mayor y del Ministerio de la Defensa supieron del crimen, facilitaron las condiciones para que este se cometiera y protegieron a los oficiales que dieron la orden de asesinar a las religiosas en las afueras de San Salvador el 2 de diciembre de 1980.
Con la condena de los cuatro soldados en 1982 el Estado salvadoreño cerró el caso y desde entonces no se habla más sobre el crimen. El Ministerio de la Defensa Nacional ha reiterado públicamente en varias ocasiones que los documentos sobre crímenes ocurridos durante la guerra civil en El Salvador son parte de un archivo privado y clasificado que le pertenece al Estado.
“Estamos aquí para honrar la memoria de las cuatro mujeres que fueron asesinadas cruelmente por la Guardia Nacional, apoyada por el gobierno de Estados Unidos en 1980. Estoy conmovida de estar aquí exigiendo que haya justicia por las cuatro religiosas para que se esclarezca este crimen tan brutal”, dijo Clair White, hija del exembajador de Estados Unidos en El Salvador, Robert White, entre 1980 y 1981, quién falleció este año.
El exembajador White exigió al Gobierno salvadoreño la investigación del caso, y advirtió a dos de las religiosas una noche antes del crimen, “cenaron en casa con mi familia esa noche y al terminar mi padre hablo con ellas. Mi padre les dijo que había un plan para asesinarlas y les pidió que regresaran a Estados Unidos, pero ellas dijeron que debían quedarse en El Salvador cumpliendo con su trabajo de servicio”, dijo la hija del exdiplomático.
El horrendo crimen
Las cuatro religiosas asesinadas, trabajaron varios años en Nicaragua y El Salvador apoyando a víctimas de la guerra en zonas conflictivas. Maura Elizabeth Clarke, de Belle Harbour, New York, había estado 20 años en Nicaragua y había escrito en su diario personal que “como americanas, tenemos una responsabilidad con lo que pasa en América Latina”.
Ita Catherine Ford, de 40 años origianaria de Brooklyn, New York, sirvió como misionera en Bolivia, Chile y El Salvador. Dorothy Kazel, 49 años de Cleeveland, Ohio y la laica Jean Donovan, 27 años, también de Cleeveland realizaban tareas de asistencia en comunidades pobres en la zona norte y central de El Salvador, durante 1980, uno de los años más violentos de la guerra civil salvadoreña.
Maura Clarke e Ita Ford, llegaron para trabajar a El Salvador el mismo día del asesinato del obispo mártir Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, poco tiempo después se reunieron con las otras dos religiosas Maryknoll.
Aunque en ese período habían incrementado los asesinatos de sacerdotes y religiosas cometidos por grupos paramilitares y de derecha en el país, las misioneras decidieron continuar con su labor de servicio a los pobres y se dedicaban desde entonces a trasladar víveres, ropa y artículos de primera necesidad para los afectados por el conflicto armado entre los departamentos de La Libertad y Chalatenango, este último fuertemente golpeado por la guerra.
A finales de noviembre de 1980, Maura Clarke e Ita Ford salieron del país para participar en el congreso de las religiosas Meryknoll que se realizó en Managua, Nicaragua y al regresar a El Salvador se encontraron con Jean Donovan y Dorothy Kazel en el aeropuerto salvadoreño.
De acuerdo a algunos documentos que presentó el exembajador White durante las investigaciones, la Fuerza Armada salvadoreña había seguido los pasos de las religiosas durante meses y en los documentos a los que tuvo acceso el exembajador constaba que los militares salvadoreños afirmaron que las Maryknoll eran parte de un plan que tenía el grupo guerrillero Fuerzas Populares de Liberación para realizar un ataque.
El vuelo en que regresaban Maura e Ita se retrasó varias horas. A eso de las ocho de la noche cuando las religiosas se encontraron en el lobby del aeropuerto, dos soldados informaron a un superior que las mujeres habían llegado al país y que se habían reunido con las dos religiosas para trasladarse hacia San Salvador.
En la carretera hacia San Salvador, el vehículo en el que conducían las religiosas fue detenido en un reten militar. Cuatro soldados, vestidos de civil, les dijeron a las mujeres que debían acompañarlas y se las llevaron en un vehículo militar hacia Rosario de la Paz, una zona rural del departamento de La Paz.
Los documentos y las investigaciones del caso concluyeron que ahí las cuatro religiosas fueron torturadas cruelmente, violadas y asesinadas brutalmente una por una. Uno de los soldados que fue condenado por el crimen dijo en su declaración que la orden dada por los jefes militares era “matarlas pero antes hacer que la pasaran muy mal”.
Al día siguiente, el sacerdote estadounidense Paul Schidler informó al exembajador White sobre la desaparición de las religiosas y el hallazgo del vehículo en el que conducían, el carro había sido quemado en otro lugar en las afueras de la capital salvadoreña. El exembajador y varios funcionarios del gobierno estadounidense pidieron directamente al ministro de Defensa, Guillermo García y al director de la Policía Nacional, Reynaldo López Nuila para que buscaran a las religiosas.
Sin embargo, el 4 de diciembre a eso de las diez de la mañana, el embajador White recibió una llamada del obispo católico Arturo Rivera y Damas para informarle que habían encontrado los cuerpos de las religiosas. La Iglesia Católica creó una comisión especial para ir al lugar junto con un grupo de monjas Maryknoll para reconocer los cuerpos que fueron enterrados en una fosa común porque no los reconocieron.
Un juez de Santiago Nonualco, ordenó la exhumación de los cuerpos para que los cadáveres de las religiosas fueran reconocidos. Unas semanas después de la exhumación, el juez que ordenó la diligencia, fue secuestrado cuando se transportaba en un bus del transporte público para ser asesinado. Al día siguiente las autoridades informaron que encontraron su cuerpo en una zona rural de la capital.
Un caso sin justicia
El exembajador White presionó para que el gobierno del presidente Duarte iniciara la investigación por el asesinato de las cuatro religiosas y detuviera a los oficiales que habían dado la orden de matar a las Maryknoll “a la brevedad posible”. Estados Unidos cortó la ayuda que daba al país y le advirtió al presidente salvadoreño que de no detener a los responsables no recibiría más apoyo estadounidense.
En mayo de 1982 fueron detenidos cuatro soldados y un oficial de la Fuerza Armada señalados como los responsables del asesinato de las cuatro religiosas. Documentos desclasificados de Estados Unidos a los que tuvo acceso el Programa de las Américas dicen que el sargento Luis Colindres Alemán, estuvo a cargo de la operación para asesinar a las estadounidenses y además señalan a dos altos jefes del Estado Mayor Militar.
Los cabos Margarito Pérez Nieto y Alirio Elber Orantes, fueron quienes informaron de la llegada de las religiosas al aeropuerto de El Salvador el 2 de diciembre de 1980. El exembajador White exigió al Gobierno salvadoreño que se incluyera el testimonio de estos dos soldados porque fueron quienes se comunicaron con el oficial al mando de la operación para asesinar a las religiosas. Sin embargo, ambos fueron asesinados poco tiempo después que iniciaron las pesquisas.
Durante el proceso judicial, los soldados Carlos Joaquín Contreras Palacios, Francisco Orlando Contreras, José Roberto Moreno Canjura, Daniel Canales Ramírez y Salvador Rivera Franco, fueron condenados por el asesinato de las religiosas Maryknoll. En el juicio se determinó que estos hombres fueron quienes se llevaron a las mujeres hasta el sitio donde las asesinaron y también participaron en las torturas.
Sin embargo, ocho años después los soldados Ramírez y Moreno quedaron en libertad por buen comportamiento. El resto, quienes confirmaron que fue el sargento Colindres Alemán fue quien ordenó el asesinato, cumplieron con su pena de 30 años en una cárcel común en San Salvador, pero no hay más rastro de ellos. Los oficiales al mando del Ministerio de la Defensa y del Estado Mayor nunca fueron alcanzados porque la Ley de Amnistía vigente en El Salvador les ampara.
En documentos y cables de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador que fueron liberados después de la investigación del crimen de las cuatro religiosas Maryknoll, a los que tuvo acceso el Programa de las Américas, y reclasificados para que los familiares de las víctimas no pudieran analizarlos, se señaló a dos jefes del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada salvadoreña como los responsables de ordenar el crimen.
Guillermo García, ministro de Defensa, y Eugenio Vides Casanova, jefe de la Guardia Nacional entre 1979 y 1983 fueron los oficiales señalados en los documentos y también en el informe de la Comisión de la Verdad que investigó crímenes que ocurrieron durante la guerra civil. Ambos emigraron a Estados Unidos en 1989 donde se instalaron como residentes en el estado de Florida.
En 2000, un grupo de abogados contratados por familiares de las religiosas demandaron penalmente a los generales Guillermo García y Eugenio Vides Casanova pero fueron declarados inocentes por la corte de Florida. En 2003 la Corte Suprema de Estados Unidos negó la apelación de los abogados demandantes. Dos años después en otro juicio, ambos generales fueron condenados por la misma corte a pagar $54 millones a tres víctimas de tortura de la guerra civil.
En 2009, ambos militares retirados fueron notificados sobre su proceso de deportación por haber cometido y asistido crímenes de guerra y violaciones a derechos humanos sin denunciar ninguno de los casos. Vides Casanova fue detenido en marzo de 2015 en su residencia en Palm Coast, Florida y deportado un mes después hacia El Salvador. García perdío recientemente la batalla legal para mantener su residencia en Estados Unidos y está a la espera de su deportación.
“Estamos aquí para recordar el trabajo, la entrega y la pasión de las cuatro hermanas mártires que fueron asesinadas hace 35 años. Después de tantos años su legado sigue con nosotros y por eso estamos aquí para honrar ese legado y para pedir que se haga justicia”, dijo Mary Beiley de la congregación Maryknoll.
Carmen Rodríguez, es periodista en San Salvador, El Salvador, y tiene cinco años de experiencia en el periodismo digital. Su especialización es el tema de Seguridad y Judicial y ha sido colaboradora para el Programa de las Américas desde 2014.
