Por sus impactos en el entorno de las comunidades de los países en desarrollo, la construcción de grandes presas de agua ha aglutinado una amplia gama de opositores. Sus acciones ya han detenido varios proyectos concebidos principalmente con fines de lucrar con los recursos naturales. El mensaje es claro: Habrá más resistencia en el futuro si las instituciones financieras internacionales y los inversionistas en estas obras de infraestructura sigan por la vía privatizadora y no respectan a la voluntad de los pueblos involucrados. América Latina juega un papel clave en hacer llegar el mensaje.
La más reciente manifestación regional del la inquietud creciente fue la III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, celebrada del 17 al 21 octubre de 2005 en Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala. El evento era una parte aguas en el movimiento defensor de los pobladores de las cuencas del mundo y registró avances fundamentales en la lucha hemisférica e internacional. Al fin, el encuentro fue un rotundo éxito por la sociedad civil organizada con fines de modificar los actuales patrones de desarrollo.
Al encuentro se convocaron a las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas de la región Latinoamericana y el Caribe afectadas directa o indirectamente por la construcción de represas, la contaminación de ríos y procesos de privatización de la energía eléctrica, axial como a las organizaciones independientes de ecologistas, derechos humanos, grupos y redes organizadas de la sociedad civil que trabajan y se coordinan en la lucha en torno a estas problemáticas. Más de 400 delegados y delegadas provenientes de 25 países y de 112 organizaciones, incluidos iglesias católicas y evangélicas, frentes, movimientos, y medios de comunicación alternativas, se reunieron como la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar), y con los objetivos claros.
Objetivos de la III Encuentro Latinoamericano Contra las Represas
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Los países representados fueron: Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, España, Italia, Japón, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania e Inglaterra.
Los participantes señalaron al Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otras, como responsables de la violación a los derechos humanos y las privatizaciones en todo el continente. También se abordaron los aspectos legales: reparación de daños; los procesos de integración económicas, los tratados de libre comercio, el Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA). Por primera vez se abordó el tema del desmantelamiento de las presas en el horizonte cercano, la posibilidad que dan las experiencias pasadas, y el cumplimiento del promedio de vida de las mayorías de las represas construidas hace casi 50 años.
Debido a la excelente cobertura radial en vivo desde la página de Indymedia-Chiapas, la voz del evento llegó incluso hasta el continente europeo.
Problema mundial lleva a América Latina de corbata
Los integrantes eran concientes de tratar con un problema mundial. Más de 47 mil grandes presas detienen a 60% de los ríos del planeta. Han resultado en la perdida de 50% de las zonas húmedas, haciendo injusticia ambiental a la vez. Solo en Brasil, más de 2 mil represas, la mayoría hidroeléctricas, han desplazado a 1 millón de habitantes, mientras 20 millones viven sin luz eléctrica, y las que sí la tienen pagan 10 veces más que las industrias extranjeras. En México, el Proyecto Hidroeléctrico La Parota pretende expulsar a más de 20 mil habitantes de 17 localidades en el estado de Guerrero, con la inundación de sus cultivos de subsistencia.
La década de 1960 fue el auge de la construcción de grandes represas en el hemisferio, llegando en promedio a 180 por año. En la década de 1990 disminuyó su construcción en un 40%, principalmente en Estados Unidos donde los cierres de operaciones superan los permisos de construcción y más de 400 represas, la mayoría pequeñas, fueron desmanteladas.
Luego de las firmas de los tratados de libre comercio y con ellos los procesos de privatización del agua, la energía eléctrica, el gas y el petróleo y de la eliminación de las barreras arancelarias, las empresas migran hacía el sur en forma de industria minera, de papel, de maquiladoras, textiles, autopartes, etc. Por ello aumenta la demanda de la energía en los países donde no hay controles ambientales y donde la tierra y la mano de obra son más baratas.
A principios del siglo 21 en Sudamérica existen 979 grandes represas de las cuales más del 60% están en Brasil. En la década de 1960 y 1970 llegó el tope de construcción de represas cuando se inauguraban 17 cada año. La hidroenergía suministra más del 50% de la generación eléctrica en 10 países de la región. El 93% de la electricidad en Brasil proviene de las represas, 73% en Venezuela, 68% en Ecuador, 74% en Perú, 100% en Paraguay; 57% en Chile, y 68% en Colombia.
En la zona Mesoamericana del Plan Puebla Panamá (PPP), abarcando a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y México, aunque casi todos los ríos han sido represados. Sin embargo, un nuevo proyecto los amenaza: el Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC) con el fin de interconectar todo el sistema eléctrico en una sola red, con una sola ley y normatividad para la región, y con el financiamiento del BID y el BCIE. Este proyecto agudizará la deuda externa de los países ya muy empobrecidos y la propuesta de regular a nivel regional deja la reglamentación en manos de las grandes corporaciones trasnacionales pro encima de las soberanías nacionales y abre la puerta a privatizar todo el sector energético y el agua.
En base a numerosas fuentes investigadas por CIEPAC, existen planes documentados de al menos 340 presas en la zona del PPP que amenazan a alrededor de 170 ríos entre los que se encuentran los más grandes y bellos en la región, a una gran cantidad de biodiversidad, de sus especies de plantas, árboles, animales y peces únicos en el mundo. También están amenazados cientos de sitios arqueológicos, lugares sagrados y cementerios; tierras fértiles e infraestructura (carreteras, escuelas, clínicas, casas, puentes, etc.) y miles y miles de campesinas e indígenas. La construcción de estas represas agudizara más el impacto negativo social y al medio ambiente.
Dar respuesta al reto requiere de valor
Ante esto los pueblos resisten con saldos de golpeados, perseguidos, encarcelados, asesinados, amenazados y desplazados. Y pese a las mentiras, engaños, trampas y otras acciones por parte de empresas y gobiernos, los pueblos siguen en marcha y movilizaciones, en reuniones, encuentros y fortaleciendo redes y organizaciones para defender la vida de todos y todas en búsqueda de alternativas.
El siglo 21 amanece con muchas luchas y resistencias. El I Encuentro Internacional de Afectados por las Represas y sus Aliados llevado a cabo en Curitiba (1997), Brasil, y su llamado al Día Internacional de Acción Contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida cada 14 de marzo, fue retomado por otros procesos que se fueron conformando en los años inmediatos. El nuevo siglo inició con el II Encuentro Continental contra las Represas en Argentina (2002) y el II Internacional de Afectados por las Represas y sus Aliados en Tailandia (2003). Las redes se empezaron a tejer en la lucha y resistencia por la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de un desarrollo sustentable.
La resistencia que se encontraba aislada en Centroamérica logró organizarse bajo el I Foro Mesoamericano contra las Represas (2002) y al siguiente año se llevó a cabo en Honduras y luego en El Salvador (2004) fortaleciendo sus alianzas y estrategias. Las movilizaciones nunca antes vistas el 14 de marzo empezaron a ser visibles. A partir de los Foros Mesoamericanos se constituyó el Frente Petenero contra las Represas (2002), el Frente Chiapaneco contra las Represas (2003) y el Movimiento Mexicano contra las Represas y por la Defensa de los Ríos (2004) e iniciaron a consolidarse las resistencias en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, entre otras entidades y países.
En Honduras se fortalecieron las luchas de resistencia de muchas organizaciones entre ellas la del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). En Costa Rica la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) y otras organizaciones mantienen una resistencia grande contra los proyectos de represas. En El Salvador el Grupo Bajo Lempa fortalece su resistencia mientras que en Panamá las organizaciones como el Equipo de Acompañamiento a la Lucha contra los Embalses de Caritas Panamá, las comunidades indígenas Kuna y el Movimiento 10 de Abril en Defensa del Rió Tabasara (M-10) fortalecen su lucha.
En Sudamérica la lucha y la resistencia continúa. En Colombia militan contra la presa Urra. En Bolivia oponen a las represas Pavas, Arrazayal y el Bala sobre el Río Beni que inundaría territorios indígenas. En Brasil, el gobierno promueve la construcción de ocho represas en los ríos Tocantis y Araguaia, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del mundo. Aquí el BID prestaría los recursos a la empresa Tractebel de Bélgica a quienes los pobladores han presionado por medio de marchas y otras acciones. En el Río Tibagi se pretenden construir cuatro represas que inundarían las últimas regiones de selva húmeda de la costa Atlántica, tierras indígenas y 40 sitios arqueológicos. Todos estos casos son tan solo pequeño ejemplos de las resistencias en el continente.
Síntesis de experiencia revela obstáculos, retos
En la reciente reunión de Cubulco, se elaboró un síntesis de las experiencias de los siguientes 13 países: Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica, México y Estados Unidos. El documento recopiló los obstáculos y desafíos que enfrentan a los pobladores de las cuencas, axial como una relación de las estrategias y acciones implementadas, con sus respectivos errores.
Se identificó como obstáculo principal el modelo de producción impuesto por el gran capital. La crisis petrolera que justifica al gran capital intensificar la explotación de la hidroenergía con la construcción de cada vez más presas, axial como la tendencia a privatizar la energía eléctrica y los recursos naturales y estratégicos en la lógica del mercado, fortalecen las alianzas entre el gran capital en manos de unas cuantas corporaciones trasnacionales del agua y la energía eléctrica. Estas muchas veces portan nombres locales o están camuflajeadas en otras empresas como son Unión FENOSA, Endesa, Iberdrola, Alcoa, Suez y Vivendi, y cuentan con el respaldo de los gobiernos
