Miguel Flores llegó a Estados Unidos en 1999, y tiene Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés, desde 2001. Desde entonces, mantiene con su trabajo a sus padres de 68 y 71 años que viven en El Salvador. Pero ahora las cosas cambiaron y ellos podrían perder esa estabilidad que han tenido por tantos años.
La comunidad de salvadoreños que vive en Estados Unidos amparada al TPS recibió este lunes un golpe bajo y fuerte. El gobierno de Donald Trump canceló el programa, afectando así a más de 200 mil salvadoreños que residen en el país desde hace más de 15 años.
“Sabíamos que esto venía, pero no es justo. Y lo que este gobierno está haciendo es usar tácticas psicológicas y emocionales para golpear a la comunidad migrante. Esta es una decisión política, anti inmigrante de parte de esta administración”, dijo al Programa de las Américas el salvadoreño Omar Henríquez, coordinador de la Alianza Nacional TPS y portador del beneficio cancelado.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en un comunicado oficial en el que se confirmó la medida, que El Salvador ha superado las condiciones negativas relacionadas a los desastres naturales por las que se otorgó el TPS a los salvadoreños.
“Las condiciones causadas por los terremotos de 2001 ya no existen. Por lo tanto, bajo la ley vigente el TPS actual debe ser cancelado. Para permitir una transición ordenada, el gobierno ha decidido otorgar un período de gracia de 18 meses para que las personas puedan arreglar su salida de Estados Unidos o buscar una alternativa legal para obtener un estatus migratorio legal”, se lee en el comunicado.
La decisión de cancelar el programa no solo ha causado conmoción entre la comunidad migrante salvadoreña. En menos de un año, el gobierno de Trump ha cancelado el TPS para los ciudadanos de cuatro de los diez países a los que Estados Unidos había otorgado el beneficio desde 2001.
“Una vez más, Estados Unidos ha dado la espalda a la promesa de otorgar refugio para quienes sufren violencia y persecución en sus países. En los últimos seis meses el gobierno de Trump canceló la protección que ha salvado vidas, empujando a más de 250 mil personas a condiciones inestables en sus países. La realidad de estas acciones vergonzosas debe estar presente en la conciencia de todos los estadounidenses”, remarcó Oscar Chacón, de Alianza Américas.
Algunos senadores y políticos han expresado su rechazo a la medida que consideran otro ejemplo más de la política anti inmigrante y racista que marcó la campaña electoral y que sigue marcando la política del gobierno de Trump.
“Primero la administración Trump canceló el Estatus de Protección Temporal para 2,500 nicaragüenses. Después para unos 60 mil haitianos. Ahora el presidente Trump marcó otro item en su agenda anti inmigrante con la cancelación del TPS para 200 mil salvadoreños”, escribió en su cuenta de Twitter la senadora Elizabeth Warren.
La cancelación del TPS no solo afecta a los portadores del beneficio, sino también a más de 100 mil niños y adolescentes, hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos. La separación de estas familias tendrá un impacto gravísimo para los padres e hijos, para la comunidad inmigrante y para las comunidades en general en los dos países.
Los salvadoreños ahora tienen hasta septiembre de 2019 para encontrar una alternativa que les permita cambiar su estatus o para vender sus propiedades y hacer las gestiones necesarias si regresan a El Salvador.
Deportaciones masivas
Ahora el peor temor de la comunidad inmigrante es que con la cancelación, la administración Trump inicie operativos de redadas y procesos de deportaciones masivos de quienes están desde hoy en el limbo legal con la cancelación del TPS.
“Las órdenes de deportaciones que fueron desactivadas con la entrada en vigencia del TPS pueden volverse a activar con esta cancelación y en los casos que los portadores tengan algún conflicto con la ley también puede haber procesos de deportación”, explicó el abogado Luis Paoli.
A Miguel le preocupa que sin el amparo, perdería todo y volvería a las sombras. Muchos como él, perderían su estabilidad legal, seguro social, salud, su licencia de conducir, el permiso de trabajo y por supuesto la oportunidad de trabajar en una compañía que le permite tener un empleo digno.
“Lo que más me preocupa es perder todos estos beneficios que tengo… ya no podría seguir trabajando en la misma compañía”, dice Miguel.
No todos migrantes corren peligro de ser deportados de inmediato. Por eso las organizaciones civiles que apoyan a los que actualmente están bajo el programa de TPS recomiendan a los afectados buscar asistencia legal, buscar abogados especializados en leyes de inmigración en el país para estar informados y para saber si hay alguna opción que les permita cambiar su estatus.
“No va a haber deportaciones inmediatas masivas. Estados Unidos no tiene la capacidad de hacer redadas y procesos de deportaciones masivas. Lo que puede pasar es que si una persona se encuentra en un lugar donde hay procesos puede ser detenido. Por eso ahora lo más importante es informarse y saber si su caso particular tiene opciones para regularizar su estatus”, dice Yanira Arias de la Alianza Americas.
Debido a la situación de violencia que vive El Salvador, la mayoría de los migrantes no considera como opción viable el regresar a su país. Muchos de estos no quieren llevar a sus hijos adolescentes a su tierra para no ser expuestos a las pandillas y a la delincuencia.
“Quiero ir a El Salvador a visitar a mis padres, pero hoy por hoy regresar a mi país no es una opción. Nadie nos garantiza seguridad en nuestro país. Hay sitios que son focos de violencia, de extorsiones y no quiero vivir eso”, agrega Miguel.
La lucha por la residencia permanente
“Esta decisión es algo que nos empuja a continuar con más razón en nuestra lucha que empezamos hace unos meses. No descansaremos hasta que logremos nuestro objetivo que es la residencia permanente. En los últimos meses hemos puesto rostro a los tepesianos y vamos a continuar en nuestra lucha”; dijo Cecilia Martínez, de la Alianza Nacional.
De acuerdo al cabildeo que las organizaciones civiles y los grupos de beneficiarios del TPS han realizado entre algunos miembros del Senado estadounidense, hasta ahora tienen el apoyo de 33 congresistas y de muchos políticos locales donde se concentran los grupos más grandes de migrantes.
“Ya tenemos un precedente de 300 mil salvadoreños que obtuvieron su residencia con la ley Nacara. Por eso nosotros vamos a continuar el cabildeo con lo políticos del Senado y con los políticos locales. Por lo menos en el estado de New York tenemos el apoyo de la senadora Kirsten Gillibrand, quien le ha pedido ya al gobernador Cuomo que se pronuncie a favor de los tepesianos”, dijo Omar Hernández de la Alianza Nacional TPS.
Nacara es una ley que Estados Unidos aprobó en 1997 como opción para ciudadanos de Nicaragua, El Salvador y Cuba, después de la desaparición de la Unión Soviética. Aunque esta puede ser una opción para algunos tepesianos, no toda la comunidad inmigrante está informada al respecto.
Además, hay inmigrantes amparados al TPS que no cumplen con los requisitos que las leyes estadounidenses establecen para optar a un cambio de estatus con el fin del TPS. Miguel es uno de ellos.
Para que un inmigrante beneficiado con TPS pueda iniciar el proceso de residencia tiene que estar casado con un ciudadano americano, o residente permanente. Miguel es soltero. También los tepesianos pueden cambiar su estatus si sus hijos nacidos en Estados Unidos solicitan la residencia para sus padres, pero la mayoría de los hijos de tepesianos apenas están en la adolescencia. Miguel no tiene hijos.
El muro por inmigrantes
La cancelación del TPS no es la única medida que afecta mayormente a los inmigrantes latinoamericanos. El año pasado, en septiembre, unas semanas antes de cancelar el TPS para los nicaragüenses y los haitianos, la administración Trump también canceló DACA, programa que beneficiaba a miles de jóvenes que ingresaron a Estados Unidos como menores no acompañados durante el gobierno de Barack Obama.
Al igual que el TPS, Trump puso punto final a DACA, pero dejó en las manos del Congreso la alternativa de encontrar una salida legal que permita que los “dreamers”, beneficiarios de DACA, puedan continuar en Estados Unidos, misma situación que está pasando con el TPS.
Cuatro días antes del anuncio de la cancelación del TPS, Trump se reunió con líderes del Senado del partido Republicano y la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders confirmó que además el mandatario se reunirá con representantes del partido Demócrata.
Y aunque no hay más detalles sobre lo tratado en esa reunión, Trump dejó claro que para que republicanos y demócratas puedan negociar el futuro de los “dreamers” y otras opciones legales para los inmigrantes las negociaciones deben incluir los fondos para la construcción del tan prometido muro fronterizo. Se especula que esa negociación incluye el futuro de los tepesianos.
“Vamos a tener un muro, recuerden eso. Necesitamos un muro para evitar la entrada de narcotraficantes, de delincuentes violentos y cárteles criminales. Cualquier legislación sobre DACA debe asegurar la frontera con un muro, necesitamos frenar la inmigración ilegal”, dijo Trump.
Entre septiembre de 2017 y los primeros ocho días de enero de 2018 Trump ha cumplido con sus promesas de campaña que denotan la postura anti inmigrante que caracterizó la campaña electoral del republicano.
La administración Trump no solo ha cancelado DACA y dejado en el limbo a miles de jóvenes estudiantes y emprendedores. Ahora con la cancelación del TPS más de 350 mil inmigrantes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití están en peligro y además, en este periodo el gobierno estadounidense canceló la lotería de visa para ciudadanos de estos países.
