Las autoridades guatemaltecas han detenido a por lo menos 18 oficiales militares de alto rango ayer con cargos de crímenes contra la humanidad y desaparición forzada, de acuerdo a los reportes de la prensa local.
Los arrestos incluyen los generales jubilados Benedicto Lucas Garcia, a cargo del ejército bajo el finado dictador su hermano Romeo Lucas García, y Manuel Antonio Callejas y Callejas, conocido por sus altos cargos durante la guerra sucia y su manejo concurrente de las redes del crimen organizado.
Los crímenes de los que están acusados se derivan de las operaciones realizadas desde la base militar en el departamento de Coban entre 1981 y 1988, incluyendo actos que forman parte del genocidio del Maya Achi. En las exhumaciones en la base en el 2012 recuperaron los restos de cerca de 550 víctimas. A pesar de que sean solo una fracción de los cientos de miles asesinados que se calcular que se llevaron a cabo en Alta y Baja Verapaz desde la base, fue un importante paso para conseguir evidencia.
Los arrestos continúan. En una conferencia de prensa en enero 6 los procuradores declinaron proveer información específica sobre las órdenes de arresto pendientes. Los periodistas sugieren que existen como 25 órdenes de arresto. Se espera que las audiencias preliminares comenzarán este viernes. No existe la posibilidad de que sean puestos en libertad durante el juicio mientras con estos cargos.
Los procesos son el resultado de más de 20 años de esfuerzos por las víctimas, además de los fuertes logros para enfrentar la corrupción en el sistema de justicia, promovido por activistas de los derechos humanos y reforma judicial. ADIVIMA, la asociación de Maya Achi por las victimas de genocidio, es la co-demandante en la prosecución, a la par de las asociaciones nacionales de víctimas, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala. (FAMDEGUA) y el Grupo de Ayuda Mutua, (GAM).
Desenterrando crímenes del pasado y del presente
El general jubilado que estaba a cargo de la base Coban durante la mayoría de la violencia, Ricardo Méndez Ruiz, sin duda hubiera sido uno de los arrestados pero murió e1 primero de enero de este año. Méndez Ruiz mantuvo un alto perfil en Guatemala en los últimos años debido a las actividades de su hijo del mismo nombre. El joven Ricardo Méndez Ruiz es director de la Fundación Contra Terrorismo, la cual ha promovido quejas malintencionadas contra los que buscan la justicia por los crímenes cometidos durante la guerra sucia de Guatemala como una forma política de persecución, apoyada por los influyentes militares jubilados.
Méndez Ruiz formalmente acusó a Orlando López, el Procurador Especial para los Derechos Humanos quien estuvo a cargo de la investigación que llevó a los arrestos, como “asociación ilícita” por su rol en la prosecución en marcha de previo dictador Efraín Ríos Montt por el genocidio de Ixil Maya.
De igual manera, Méndez ha acusado a Fredy Peccerelli, director de la internacionalmente conocida Fundación Antropología Forense de Guatemala que llevó a cabo las exhumaciones en 2012, de crímenes evidentemente ridículos tales como hacerse pasar por un juez por haber proporcionado su testimonio como experto en el juicio de Ríos Montt. El hecho de que estas y otras prosecuciones similares no han sido cerradas, sirve como recordatorio de que el sistema judicial en Guatemala todavía tiene muchos retos que superar.
La preocupación por la seguridad de las personas que buscan justicia en Guatemala aumentado con la llegada del entrante presidente, Jimmy Morales, fundador del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN). El último presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue obligado a renunciar en septiembre del 2015 para enfrentar cargos de corrupción, y su partido, el Partido Patriota (PP), parcialmente colapsó después del escándalo. Los analistas describen al FCN como ‘el Plan B’ para las redes políticas que formalmente apoyaban al PP. El FCN y el PP son ambos dominados por los militares jubilados.
El nuevo congreso electo convino su primera sesión a mediados de enero. En el primer día del término de cuatro años de los legisladores, los procuradores pidieron al Congreso impugnar al recién electo congresista del FCN y previo militar, Edgar Justino Ovalle Maldonado, para que pueda enfrentar cargos de crímenes contra la humanidad y desaparición forzada.
Con las detenciones, el riesgo para los defensores de la justicia ha aumentado. Los militares arrestados todavía tienen lazos cercanos con las redes del crimen organizado en Guatemala. Grupos criminales en complicidad con los políticos operan regionalmente en el “Triángulo Norte” en Centro América, (Guatemala, Honduras y El Salvador) que en la mayoría son responsables por algunos de los altos niveles de asesinatos en el mundo.
Su influencia dentro del sistema de justicia de la región ha garantizado los altos niveles de impunidad por sus crímenes. En el 2008, la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), apoyada por las Naciones Unidas, comenzó una operación para combatir la infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia. Esta infiltración había permitido que figuras como el antiguo General Manuel Antonio Callejas y Callejas operararan con impunidad redes masivas del crimen organizado.
En junio del 2010 un abogado conocido por sus conexiones con el crimen organizado fue nombrado como Procurador General, pero fue forzado a renunciar a las dos semanas cuando el primer director del CICIG, el español Carlos Castresana, renunció en protesta. Este proceso abrió el paso hacia el nombramiento de la célebre reformista, la antigua Procuradora General Claudia Paz y Paz. Bajo Paz y Paz, los enjuiciamientos de crímenes contra la humanidad fueron permitidos y procesados, provocando la ira del personal de los militares jubilados, como Ricardo Méndez. El gobierno de Pérez Molina rehusó renovar su término a principio del 2015.
Los expertos guatemaltecos e internacionales han advertido sobre la composición de las redes de estos criminales. En el 2004, el gobierno de los Estados Unidos revocaró las visas de Callejas y Callejas bajo sospecha de actividad en el tráfico de drogas. Callejas y Callejas fue considerado como el actor principal de la camarilla de militares que eran la sombra del poder detrás de nominales oficiales electos después de la transición ficticia a una democracia civil.
Otros miembros de esta camarilla incluía a Otto Pérez Molina, el saliente presidente ahora encarcelado enfrentando cargos de corrupción, y el fallecido antiguo Coronel Fernández Ligorria, cuyo hijo, Luis José Fernández Chenal, fue el segundo en rango entre los congresista del PP en el congreso saliente. Fernández Ligorria murió en el 2011, pero sirvió en la base de Coban y de seguro hubiera sido implicado en esta investigación.
En 1996, Fernández Ligorria fue señalado por reportes investigativos de haber colocado una bomba ese enero en un auto estacionado en un vecindario de Washington, DC, el cual que pertenecía al abogado que estaba asistiendo a Jennifer Harbury, ciudadana americana casada con el comandante de la guerrilla guatemalteca Efraín Bamaca, matado en el conflicto. En ese tiempo, Harbury, estaba descubriendo evidencia de que Pérez Molina supervisó la clandestina detención ilegal de su esposo, tortura prolongando y presunta ejecución extrajudicial, y que la CIA pagó por la información obtenida por su tortura.
Al que instaló la bomba nunca se le enjuició. Fernández Ligorria estaba asistiendo al Colegio Inter American Defense, aunque reportes del 1995 le implicaban en tráfico de drogas y una red de robo de autos, a la par de Callejas y Callejas. Años después fue acusado por periodistas guatemaltecos de ser un comandante de los Zetas.
Uno de los arrestados, Byron Barrientos, sirvió cuatro años de 2004 hasta 2008, convicto por el robo de Q81 millones, sobre $10 millones de dólares del gobierno mientras servía como Ministro del Interior en el 2000 y 2001.
Los arrestos reportados incluyen a:
- Ismael Segura Abularach,
- Pablo Roberto Saucedo Mérida
- César Augusto Ruiz Morales
- Juan Ovalle Salazar
- Manuel Antonio Callejas Callejas
- Gustavo Alonzo Rosales Garcia
- Hugo Ramiro Zaldaña Rojas
- Francisco Luis Gordillo Martínez
- Raúl Dahesa Oliva
- Carlos Humberto Rodríguez López
- Edilberto Letona Linares
- Edgar Rolando Hernández Méndez
- José Antonio Vásquez García
- Byron Humberto Barrientos Díaz
- Manuel Benedicto Lucas García
- Carlos Augusto Garavito Morán
- Luis Alberto Paredes Najera
- César Augusto Cabrera Mejía
Annie Bird es Directora de Derechos y Ecología [annie@rightsandecology.net / twitter: @rights_ecol / Rights and Ecology listserv] y frecuente colaboradora al CIP Programa de las Américas www.americas.org
Traducción al español: Elena Duran
