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o
Vía Rápida: O
Se Compone o se Cancela
por Kevin P. Gallagher | 15 de febrero de
2002
En noviembre del año pasado la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó, por un solo voto, una propuesta de ley de “vía rápida”, que otorgaría a la administración Bush rienda suelta para negociar acuerdos comerciales, aunque minimizarán la importancia del medio ambiente. Dada la inminencia de negociaciones críticas en la Organización Mundial del Comercio y de las relativas a un pacto comercial a nivel hemisférico, el Senado estadounidense debe corregir esta deficiencia cuando considere su propia versión de la propuesta de ley.
La propuesta de ley de la Cámara baja está fundada en
el trillado mantra de libre comercio sobre el ambiente: El libre comercio
se traducirá en un aumento en los ingresos-y éstos, por
sí solos, desencadenarán en exigencias de los ciudadanos
a favor de un medio ambiente más limpio-y en una mayor inversión
extranjera-la cual, según se postula, se traducirá en un
mayor uso de tecnologías de producción limpias por el sector
industrial.
El Senado no necesitaría ir lejos para ver lo equivocado y lo
destructivo para el ambiente que puede resultar el seguir este mantra.
Estadísticas recientemente dadas a conocer en México por
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) documentan cómo la degradación ambiental ha aminorado
significativamente los beneficios del crecimiento económico, basado
en el intercambio comercial, en México-la misma nación que
la administración Bush presenta como un ejemplo del éxito
librecambista.
De acuerdo con las cifras del INEGI, todos los principales problemas
ambientales se han agravado desde que México empezó a liberalizar
sus políticas comerciales en los años ochentas. El instituto
estima, por ejemplo, que los niveles de los promedios anuales de erosión
del suelo, de generación de residuos sólidos y de contaminación
atmosférica se han incrementado en un 63% desde 1988, año
en que México inició su transición hacia la integración
económica.
Estas tendencias se han dado a una mayor velocidad que el aumento de
los ingresos (y a pesar de los ingresos en aumento), que supuestamente
debía compensar la contaminación ambiental. Durante el mismo
período, el crecimiento económico real, aunque positivo,
ha sido más bajo que lo prometido, y ha ascendido al 38% (solamente
un 17% en términos per cápita).
Los resultados han sido costosos desde el punto de vista del desarrollo
en México. Los estudios del INEGI estiman que los costos financieros
de esta degradación ambiental han ascendido al 10% del PIB de 1988
a 1999-un promedio de US$36,000 millones en daños cada año
($47,000 millones en 1999). Los costos de estos daños rebasan por
mucho el valor del crecimiento económico en México, el cual
ha sido de sólo el 2.5% anual durante el mismo período,
o equivalente a $14,000 millones al año.
En suma, en México los costos económicos de la degradación
ambiental están superando con creces los beneficios del crecimiento
basado en el intercambio comercial.
La razón de esta dura realidad es muy clara: Como se implementaron
mecanismos adecuados para ayudar a México a administrar su crecimiento
económico de manera sostenible desde el punto de visto ambiental,
el libre comercio ha causado estragos.
Lo anterior es infortunado, porque en los años anteriores a 1994,
cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), México había empezado a mostrar mejorías
en el terreno ambiental. De hecho, el gasto en protección ambiental
se había duplicado y México se había embarcado en
un muy necesario programa de inspecciones ambientales industriales. Sin
embargo, al poco tiempo de la firma del TLCAN y del inicio de dificultades
financieras, la atención prestada al medio ambiente es esfumó.
Según el INEGI, desde 1994 el gasto real en protección
ambiental ha declinado en el equivalente a US$200 millones, o el 45% de
su nivel anterior. Incluso cuando estaban en sus niveles más altos,
las asignaciones para protección ambiental eran ínfimas
en comparación con las de los demás miembros de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); medidas
como porcentaje del PIB, ascendían a sólo la quinta parte
de lo asignado a ese rubro por las otras naciones pertenecientes a la
OCDE. Resulta muy revelador que el número de inspecciones ambientales
también haya disminuido en un 45% durante el mismo período.
Las instituciones “paralelas” en materia ambiental creadas
por el TLCAN establecieron algunos importantes antecedentes, pero carecen
de las herramientas para reparar los daños. Cuando mucho, México
recibe solamente una tercera parte de los US$9 millones del presupuesto
anual de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América
del Norte (CCAAN). La CCAAN ha sido efectiva en llevar a cabo su mandato-limitado-,
el que permite que los grupos ciudadanos den seguimiento a los avances
en materia ambiental y convoquen esfuerzos transnacionales de intercambio
de información e investigación en Norteamérica. Pero
el impacto de los US$3 millones que la CCAAN gasta al sur de la frontera
es exiguo al lado de los déficit presupuestales en México
y del costo de la degradación ambiental allí, que es equivalente
a US$47,000 millones.
Una lección destaca de manera clara: El Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), que la administración Bush
busca crear a través de la propuesta de “vía rápida”
es un importante retroceso para las políticas comerciales de EE.UU.
en relación con el ambiente.
El Tratado de Libre Comercio firmado recientemente entre EE.UU. y Jordania,
por ejemplo, incorporó estipulaciones ambientales en el núcleo
mismo del acuerdo comercial. Lejos de emular este progreso, el ALCA, hoy
por hoy, carece incluso de las estipulaciones ambientales limitadas que
se incluyeron en el acuerdo paralelo del TLCAN.
El texto del ALCA también incluye polémicas estipulaciones
relativas a la inversión, semejantes a las del TLCAN, que permite
que los inversionistas privados extranjeros demanden a las naciones del
hemisferio por normas ambientales consideradas “equivalentes a una
expropiación”. De nuevo, a este respecto México sirve
como ejemplo de lo que el destino le depara a las Américas bajo
el ALCA. En conformidad con las reglas de inversión del TLCAN,
en octubre pasado se le obligó al gobierno de México a pagar
US$16.7 millones a la Metalclad Corporation, cuya matriz está en
EE.UU., porque las autoridades locales electas se negaron a permitirle
a la compañía construir un depósito de desechos tóxicos-en
un lugar ambientalmente delicado.
Con demasiada frecuencia, los líderes en materia ambiental del
Senado se quitan la camiseta ambientalista cuando se trata de aprobar
políticas comerciales. Senadores como Lincoln Chafee, John Kerry,
Jim Jeffords, Joe Lieberman y Paul Millstone deberían encabezar
la carga para introducir una propuesta de ley de vía rápida
más verde en el Senado.
Ningún autoproclamado ambientalista debe apoyar una propuesta
de ley sobre políticas comerciales que no incluya la cuestión
del ambiente en el mismo seno del acuerdo, que no cree mecanismos para
que EE.UU. y sus socios comerciales orienten de una manera sustentable
el crecimiento económico basado en el intercambio comercial y que
no prohíba que los inversionistas extranjeros demanden a los países
miembros debido a sus regulaciones ambientales.
Kevin P. Gallagher es un asociado de investigación en el Instituto
de Desarrollo Global y Medio Ambiente, que pertenece a la Fletcher School
of Law and Diplomacy y a Tufts University. Su libro, International Trade
and Sustainable Development (editado conjuntamente con Jacob Werksman)
será publicado por la editorial Earthscan en el otoño de
este año.
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Publicado por el
Programa de las Américas del Interhemispheric Resource Center (IRC).
Todos los derechos reservados.
Cita recomendada:
Kevin P. Gallagher, “Vía rápida: O Se Compone o se
Cancela”, Comentario del Programa de las Américas, 15 de febrero
de 2002 (Silver City, NM: Interhemispheric Resource Center, www.us-mex.org ).
Ubicación
en Internet:
http://www.americaspolicy.org/commentary/2002/sp_0201compone.html
