El expresidente Elías Antonio Saca fue condenado a diez años de cárcel, esta semana, luego de pactar con la Fiscalía beneficios judiciales a cambio de confesar que desvió fondos públicos para su beneficio y el de algunos funcionarios de su gabinete, lavado de dinero y pagos ilegales a agencias de publicidad durante su gobierno entre 2005 y 2009.
El expresidente deberá devolver más de 260 millones de dólares del dinero, que según la Fiscalía utilizó para comprar terrenos, construir mansiones para él y su familia y para pagar favores a exfuncionarios y agencias de publicidad.
“Este día se ha hecho historia en El Salvador. Estamos sentando un precedente histórico en investigaciones contra la corrupción. Reafirmo mi compromiso de seguir combatiendo los hechos criminales y la corrupción en el país”, reaccionó el fiscal general Douglas Menéndez, unos minutos después que el expresidente fuera condenado por tres jueces en la capital salvadoreña.
Saca se convierte en el primer expresidente salvadoreño en ser enviado a la cárcel por delitos de corrupción y apropiación del dinero público de El Salvador, luego que la Fiscalía inició varias investigaciones por casos que involucran a dos expresidentes más y altos exfuncionarios de gobiernos salvadoreños que aprovecharon de la falta de controles internos en el país para apropiarse de millones de dólares de fondos del Estado.
“Me parece que fue un buen acuerdo, así todos ganaron. La Fiscalía queda bien porque por primera vez logra la condena de un expresidente, pero obvio que Saca saldrá en un par de años, ya que puede que le reduzcan la condena por buena conducta o algo así y al final esta condena se convertiría en una farsa para el país”, valoró al respecto la abogada penal Jackeline Munguía.
A mediados de agosto, Saca, aceptó durante su declaración en el juicio por corrupción en su contra, haber desviado más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado a cuentas personales. Saca también aceptó, haber creado un reglamento interno en Casa Presidencial para el manejo, el control y la fiscalización de los fondos públicos, con el que evadió las auditorías de la Corte de Cuentas salvadoreña.
“Estos gastos se utilizaron para otras finalidades que este servidor dispuso, de forma que las cuentas bancarias se utilizaron para trasladar fondos a las personas que disponía este servidor.” declaró el expresidente el pasado 10 de agosto en la corte.
Y continuó: “Su servidor beneficiaba a otras personas mediante las contrataciones de publicidad y demás sustracciones. Este esquema permitió que se facilitara la apropiación de gastos reservados”.
El expresidente Saca, también dijo en su declaración que, de los fondos públicos extraídos durante su presidencia, se transfirieron más de 400 mil dólares a las cuentas del partido ARENA y según dijo el exsecretario privado de la presidencia del gobierno de Saca, que también fue condenado junto al expresidente, que otra parte de este dinero se utilizó para financiar la campaña electoral de los candidatos a alcaldes y diputados de 2006.
Junto al expresidente Saca, también fueron condenados Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones de Casa Presidencial; César Funes, exsecretario de Juventud, también expresidente de ANDA, entidad encargada del control del agua potable, y además encargado para la utilización de los gastos reservados de la Presidencia; Elmer Charlaix, exsecretario privado de la Presidencia y los empleados de gobierno Pablo Gómez, Francisco Rodríguez y Alberto Herrera.
Al igual que el expresidente, sus exfuncionarios y los tres exempleados de Casa Presidencial deberán pasar entre cinco y 16 años en la cárcel, y pagar millonarias cantidades de dinero para retribuir los fondos que se desviaron mediante una modalidad, que según la Fiscalía, fue creada por Saca especialmente para defraudar al Estado salvadoreño durante su gestión.
“Una persona del campo se roba una gallina y le dan diez años en la cárcel, pero este expresidente se ha robado millones de dólares y solo recibe una pena mínima. Monseñor Romero tenía razón cuando decía que la justicia solo muerde al de los pies descalzos. No creo que esta condena sea justa, con todo ese dinero que se robó Saca, se pudo haber hecho mucho en beneficio del país”, opinó Alberto Alarcón, taxista de la capital salvadoreña.
“Para muchos de los salvadoreños la justicia en nuestro país es un chiste. Diez años de condena no son nada para todo lo que Saca robó, ” dijo al Programa de las Américas Ana María de Cabrera, empleada de San Salvador. “Este tipo de saqueo a las arcas públicas no nos dejan avanzar como sociedad porque es dinero que pudo invertirse en salud, educación e infraestructura”.
La Fiscalía tiene a otros expresidentes en la mira. Mauricio Funes, sucesor de Saca, fue condenado en un juicio civil por corrupción, lavado de 351 mil dólares, también de fondos del Estados y por encubrimiento de actos ilícitos durante su gobierno. Esta semana el fiscal general dijo que investigan el desvío de más de 30 millones de dólares provenientes de donaciones del gobierno de Taiwán hacia Casa Presidencial. Según dijo el fiscal a los medios de comunicación, el expresidente Funes habría autorizado el uso de ese dinero para pagar viajes para su familia, operaciones cosméticas para la actual pareja del exmandatario y también para la compra de terrenos a nombre de terceras personas.
Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde 2016 y constantemente argumenta que es inocente en sus redes sociales. Tiene una orden de captura porque, además, hay un proceso penal en su contra por los mismos delitos. Sin embargo, Nicaragua y El Salvador no tienen un tratado de extradición y según informó el mismo expresidente Funes fue contratado por el gobierno del presidente Daniel Ortega como asesor de su gobierno.
Francisco Flores, predecesor de Saca, aunque no fue condenado porque falleció durante el proceso judicial en enero de 2016, quedó manchado por la corrupción y será recordado como el expresidente que desvió más de 15 millones de dólares, provenientes de donaciones de cooperación de Taiwán, para ayuda a damnificados por el terremoto de 2001, a cuentas del partido de derecha ARENA.
Un sistema creado para la corrupción
Saca confesó: “El 1 de julio de 2004, emití el Reglamento Interno de Funcionamiento para el Manejo, Control y Fiscalización de los Fondos Públicos, Gastos Reservados y Secretos de la Presidencia de la República”.
El propósito de este reglamento era ocultar actividades de inteligencia del Estado, clasificación, manejo y protección de la información y deberes de guardar secretos de los colaboradores de la presidencia. Pero en realidad el fin de este manual era disfrazar el desvío de los fondos públicos, reflejado como gastos de actividades que no pueden ser transparentes por la seguridad del gobierno.
Para aplicar el funcionamiento de este reglamento, el expresidente nombró a Elmer Charlaix, su exsecretario privado, para que él realizara todas las solicitudes de fondos ante el Ministerio de Hacienda, para que así, estas parecieran transparentes.
Con este reglamento, además el presidente autorizó de forma legal a Charlaix para que abriera cuentas bancarias a título personal para trasladar los fondos públicos y de ahí desviarlos a pagos ilegales, desvío de fondos para el partido de derecha y pagos de sobre sueldo para funcionarios del gobierno de Saca a quienes se les pagaba en secreto entre 5 mil hasta 10 mil dólares.
Estos sobresueldos fueron pagados en efectivo, desde la partida secreta de Casa Presidencial y según dijo Saca, se manejaban como “gastos compensatorios” para la seguridad del Estado.
“Consideré que dicha normativa, le permitía (al secretario privado) la aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos y aprovechar su uso para finalidades distintas a las que establecía el presupuesto de Casa Presidencial y apropiárselos en beneficio personal y de otras personas y de esta manera evadir las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado”, relató el expresidente.
Para desviar otra parte del dinero público, Saca también pactó con cuatro agencias de publicidad que ayudaron trasladar los fondos de Casa Presidencial a las cuentas de sus empresas radiales. Estas cuatro agencias recibieron el 20%, de 100 mil dólares que la presidencia les pagaba por contratos que en realidad no existían. Luego, las agencias trasladadas a las cuentas de las empresas de Saca los 80 mil restantes, como pago por servicios que nunca se brindaron.
Además, durante su mandato, el expresidente ordenó el pago de 10 mil dólares mensuales a su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, pese a que la ley salvadoreña exige que el trabajo de esta figura no sea remunerado.
Y ese no fue el único “gasto” que salió de los fondos públicos para la esposa del expresidente. También, se utilizó el dinero del Estado para pagar las deudas de las tarjetas de crédito de la exprimera dama y para gastos personales de viajes no oficiales.
Medios cómplices de la corrupción
El escándalo de corrupción de la presidencia de Saca, alcanza también a los medios de comunicación. El expresidente admitió haber designado un sueldo mensual de 10 mil dólares al periodista y expresentador de televisión, Jorge Hernández, íntimo amigo de Saca, a cambio de coberturas y entrevistas favorables en uno de los consorcios de televisión más grandes del país: Tele Corporación Salvadoreña, conocida como TCS.
Con fondos públicos, el expresidente llevó de viaje a varias visitas oficiales a Jorge Hernández y a un motorista que trabajaba en sus empresas. Para dar publicidad favorable a su gobierno llevó al periodista a Irac en 2005, para congraciarse con Estados Unidos, siendo el único presidente de la región en autorizó el envío de tropas militares para apoyo al ejército estadounidense.
Una vida de lujo
Saca también confesó que con el dinero desviado de los fondos públicos compró propiedades para su familia, construyó una lujosa mansión que tiene gimnasio, una capilla privada, salón de belleza para la exprimera dama, una cancha de fútbol y hasta plantaciones de café.
Luego que la Fiscalía confiscara la propiedad que está ubicada en una exclusiva residencial en las faldas del volcán de San Salvador el fiscal general, Douglas Menéndez dijo: “Es un palacete con lujos, que su servidor nunca había visto. Es sorprendente el lujo en esta propiedad, parece la mansión de un emir, se nota que no tuvieron miseria en gastar el dinero de los ciudadanos”.
Durante los allanamientos a las propiedades del expresidente la Fiscalía también reportó que se incautaron en el lugar varios automóviles de lujo.
La corrupción del gobierno de Saca contó también con la complicidad de la banca privada, que no puso ninguna objeción u obstáculos a las personas que se encargaron de mover el dinero de los fondos públicos hacia las cuentas personales,disfrazadas con nombres de proyectos de gobierno y de cobrarlo.
Los bancos involucrados, nunca informaron sobre operaciones sospechosas cuando el exsecretario privado de Saca, abrió las 16 cuentas bancarias en diferentes bancos, donde fueron depositados los fondos de Casa Presidencial y este movimiento tampoco contó con la autorización de la Dirección General de la Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Algunos empleados de estas instituciones financieras rindieron su declaración durante el juicio como testigos y dijeron que el presidente del banco sabía sobre las transacciones realizadas por el exsecretario y los empleados de Casa Presidencial, pero no información al respecto. Hasta el momento no existe ninguna investigaciones en contra del banco o de sus empleados relacionadas a la corrupción del expresidente Saca.
“Lo que hizo el expresidente Saca, fue utilizar a algunos empleados para desviar el dinero. Los empleados de Casa Presidencial solo seguían órdenes, esta modalidad para utilizar los fondos públicos se operativizó. Ahora los empleados de Casa Presidencial no van a querer seguir operativizando el manejo de los fondos reservados de la presidencia porque aquí, en este caso se han dado un ejemplo, pero se ha castigado más a los empleados y no a los verdaderos responsables del desvío del dinero público”, explicó el abogado Roberto Claros, defensor de uno de los exempleados de la Presidencia salvadoreña.
Estados Unidos ha presionado en varias ocasiones para que el gobierno salvadoreño cree un plan que permita la instalación de una comisión internacional como la CICIG de Guatemala, para el combate a la corrupción. Sin embargo, los partidos políticos se rehúsan a apoyar la creación de una instancia independiente contra la corrupción por considerar que esta interfiere en la independencia de Estados.
El año pasado, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), difundió los resultados de su encuesta ciudadana al respecto de la creación de una comisión como la CICIG. Según esta consulta, el 96.6% de los salvadoreños que opinaron, respondieron que están de acuerdo con que se cree una comisión que investigue casos de corrupción en el país y que el gobierno debería apoyarla.
La creación de esta entidad, además es una de las condiciones que Estados Unidos y su congreso han impuesto a El Salvador para continuar con el desembolso de los fondos para la Alianza para la Prosperidad y otros proyectos financiados con fondos norteamericanos.
Ante la negativa del gobierno salvadoreño y de los partidos políticos para crear esta entidad anticorrupción, Estados Unidos y otros países de la Unión Europea que aportan cooperación financiera para El Salvador, han mostrado su apoyo incondicional a la Fiscalía salvadoreña, sin referirse a la creación de una entidad como la CICIG.
