¿A quién puede alimentar el libre mercado? Crisis alimentaria e integración alternativa en Centroamérica

 

Por Carlos G. Aguilar Sánchez

“Con la libertad de mercado todavía se puede alimentar al mundo” Robert Zoellick, Presidente del Grupo Banco Mundial, 2011

“Algunas instituciones como el Banco Mundial y el FMI, así como algunos gobiernos, están ahora abogando por invertir más en agricultura, por incrementar la ayuda alimentaria para los países pobres importadores de alimentos y liberalizar más los mercados para que los países puedan mejorar sus ingresos mediante la exportación. Muchos argumentan que necesitamos modelos de producción más intensivos, lo que para ellos significa ¡más insumos industriales en la agricultura, incluyendo la introducción de OGM y el uso de más energía fósil!”  La Vía Campesina, 2008

Pobreza  y agricultura en la transición centroamericana[1]

Durante los años 90, la región centroamericana ha pasado por una serie de transformaciones socio-productivas y económicas que afecta sectores muy concretos de la población, como pequeños y medianos productores agrícolas y consumidores medios, entre otros.

Nuevos patrones de acumulación y comercialización  de carácter regional han redefinido el papel de los mercados locales y han supuesto una creciente importación de alimentos para suplir las condiciones nutricionales y alimenticias de los centroamericanos/as. La región que concentra dos países calificados por la FAO como países de bajo ingresos y déficit alimentario–Nicaragua y Honduras[2]–se convirtió en una región altamente dependiente de las importaciones y “ayudas” logradas a través de los acuerdos comerciales, fundamentalmente con los Estados Unidos y la Unión Europea.

En el periodo mencionado, el sector terciario (servicios, maquila y comercio) fue  desplazando la centralidad económica de las actividades agrícolas,  lo que ha supuesto importantes migraciones del campo a la ciudad; constituyendo cinturones de miseria alrededor de las metrópolis y grandes conglomerados de trabajadores/as informales que antes se dedicaban a las actividades agrícolas.

De esta forma, según lo destaca el Estado de la Región –2008-, para el 2005 la agricultura tenía un aporte menor que las remesas en términos de Producto Interno Bruto (PIB) y los servicios alcanzaban alrededor del 62.7% del PIB regional. Como parte de estas tendencias, en el periodo 2005-2008 la reducción de la superficie agrícola de la región fue de un 7,4%.

En tan solo 15 años–de inicios de la década de los 90 hasta 2005–las tierras sembradas de arroz, frijoles, maíz y sorgo (base alimenticia de los sectores populares) se redujeron a la mitad, siendo sustituidas por productos para la exportación[3]. Por otro lado, la más reciente recesión económica experimentada en el 2008-2009, revirtió varios de los supuestos avances conseguidos en este periodo en materia de pobreza.

Los datos más recientes de la CEPAL muestran que la región continúo durante la década pasada con niveles catalogados como “muy alta” desigualdad en la distribución del ingreso, según el coeficiente GINI; y en un estudio conjunto con el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez y la Adolescencia constató para el periodo 2008-2009 como en Nicaragua y Guatemala alrededor de un 78,5% de los niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza y en El Salvador las cifras llegan a un 86%. Las disparidades también resultan significativas cuando se introducen variables de género, siendo que la pobreza se recarga con mayor peso sobre las mujeres.

Aunque resulta común resaltar algunos avances importantes en programas de transferencia de renta e inversión pública[4], las cifras oficiales de pobreza aumentan en la medida que conseguimos distinguir los focos de hambruna en la región. El denominado Corredor Seco Centroamericano (región este de Guatemala,  norte de Nicaragua y centro-sur de Honduras) ha sido una de las áreas más afectadas por las condiciones climáticas adversas, pero fundamentalmente por la insuficiencia y/o ausencia de políticas nacionales y regionales de atención a la pérdida de cultivos (principalmente maíz, sorgo y frijol). En el 2009,  el gobierno guatemalteco tuvo que decretar estado de calamidad pública frente a la evidencia de más de 4 mil comunidades en riesgo, lo que significaba unas 400 mil familias  o más en condiciones de hambre y desnutrición.

Como lo destaca el reciente Estado de la Región –2011-: “En el año 2008 la pobreza fue afectada por el aumento en los precios internacionales de algunos alimentos básicos […] Por ejemplo, en El Salvador el costo per cápita de la canasta básica pasó de 38,4 dólares mensuales en 2007 a 44,8 en 2008 en el área urbana, y de 25,1 dólares a 29,1 en el área rural. La misma situación se dio en los demás países del Istmo.”[5]

Una serie de nuevas informaciones dan cuenta de la magnitud de la calamidad regional;  por ejemplo, en el año 2009, CLAES incorporó una variable sobre seguridad alimentaria en sus mediciones para indicadores de riesgo país alternativo (RPA), consiguiendo demostrar como la crisis alimentaria del 2008, colocaba a la mayor parte de países centroamericanos en condición crítica o de default socio-ambiental, principalmente Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá.[6]

En este contexto, el nuevo patrón de acumulación, no solo ha supuesto una re-dinamización de las importaciones de granos básicos, también supuso un cambio en la estructura productiva de la mayor parte de países de la región y una fragmentación territorial que acentúa las divisiones entre los centros de poder político y económico y las regiones periféricas (rurales, indígenas, de población afrodescendiente y mayoritariamente ubicadas en la costa Caribe de la Región), imposibilitando de partida cualquier opción real de integración regional.

La disponibilidad de alimentos, sobre todo de granos básicos, está fuertemente controlada por las cadenas de importación, lo que supone un reto especial para la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación[7].  El caso de Guatemala ilustra adecuadamente la relación entre la crisis actual de alimentos y las políticas de liberalización promovidas por la libertad de mercado. Según un estudio del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, “La liberalización comercial, con su máxima expresión DR-CAFTA, ha sido problemática por desincentivar la producción nacional de los granos que han entrado a precios altamente subvencionados,  inundando los mercados locales. A la hora de enfrentar el incremento de los precios alimentarios,  mucha capacidad productiva se ha perdido y justo en los cultivos que más se importan, se mira más impacto en los precios domésticos. Así que el modelo aplicado ha generado una dependencia que está agudizando la crisis que se está viviendo.”[8]

Sin embargo, lo anterior no evita que según la Gremial de Palmicultores  de Guatemala  (GREPALMA), el ritmo anual de incremento del monocultivo de palma africana sea de 8 mil hectáreas por año, haciendo de Guatemala el mayor productor mundial de aceite de palma por hectárea[9] y afectando la producción agrícola en regiones como San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Quiché, Izabal y el sur de Petén[10]. En mitad de la crisis alimentaria que experimentan la mayor parte de países centroamericanos, el incremento de los cultivos para agrocombustibles viene siendo reforzado en varios países de la región, promoviendo un despojo territorial sistemático de comunidades locales, indígenas y campesinas.

De esta forma, como la agricultura de exportación representa actualmente una actividad concentrada en la ampliación de monocultivos extensivos para suplir la demanda de terceros mercados (por ejemplo de piña, banano o productos para agrocombustibles como caña de azúcar y palma africana.), existe un incremento en el uso de fertilizantes y pesticidas que ha provocado mayores toneladas de gases contaminantes y efecto invernadero[11] documentados para el periodo 2003-2005.[12]

Centroamérica representa de esta manera un buen ejemplo de como la liberalización comercial en materia de alimentos puede constituir una  fuente de desigualdad y exclusión a nivel internacional y destruir las potencialidades de un proceso de integración diferenciado para los países de la región.

El vínculo entre liberalización comercial  y alimentación está resultando un factor crítico que lejos de promover mejores condiciones de vida, amenaza con profundizar las condiciones estructurales de hambruna, violencia y desnutrición en la región.

La antesala de la crisis actual: liberalización comercial y precios de los alimentos

La región centroamericana arrastra condiciones de desnutrición y miseria históricas que se vienen agudizando con la forma actual de inserción de sus economías en el mercado mundial, sobre todo a través de las políticas de liberalización comercial y financiera. El comercio, que muchas veces se ha destacado como una variable fundamental para el desarrollo de los países empobrecidos, parece operar bajo este esquema como una fuente de desigualdad e inequidad a nivel regional e internacional.

Como lo destaca el Estado de la Región  (2008),  “[…] la disponibilidad de alimentos no había sido un problema en Centroamérica. Sin embargo, por efecto de los estilos de inserción económica internacional se desatendió el sector agropecuario, particularmente en los rubros relacionados con la producción de alimentos para el mercado interno […] creció la dependencia de los alimentos importados, sobre todo de los granos básicos; […] la situación se ha tornado compleja por el acelerado incremento que han tenido estos precios recientemente (precios internacionales de los alimentos), entre otras cosas por el uso de productos alimenticios para la generación de biocombustibles.”[13]

Cuando en el 2008 la FAO publicó el informe Estado sobre la Inseguridad Alimentaria en el mundo, destacó entre las diversas fuentes de la elevación de precios de los alimentos el incremento en la demanda de productos alimenticios para agrocombustibles (la FAO utiliza el término biocombustibles) y las políticas comerciales que favorecieron “[…] prácticas de reaprovisionamiento o de aprovisionamiento previo con fines especulativos por parte de grandes importadores […]”[14] Una situación similar comienza a presentarse desde el año 2010, cuando los precios de los cereales se incrementan en hasta 50%, llevando a más de 70 millones de personas a niveles de pobreza extrema a nivel mundial.

Según este informe de la FAO los factores socioeconómicos (esto incluye cambios en exportaciones e importaciones) que favorecen las crisis alimentarias representan  un 27% desde el año 2000,  contra un 2% en la década de los años 80[15]. Los vínculos entre comercio y alimentación han crecido en las últimas décadas; los acuerdos comerciales no pueden desentenderse hoy en día de un tema tan sensible como el derecho a alimentación en los países con baja rentabilidad.

Solamente para darnos una idea de lo que esto significa, en el 2010 a raíz del crecimiento de los precios de los cereales, los países con déficit alimentario gastaron 20% más de sus presupuestos que el año 2009, lo que representa más o menos unos US$164 billones en alimentos importados.[16]

En el caso centroamericano, el Estado de la Región–2008, basado en indicadores de CEPAL, calculó que un aumento del 15% del precio de los alimentos podría significar 2,5 millones de nuevas personas en pobreza extrema, sobre todo en Guatemala y Honduras. Un modelo de crecientes importaciones (por ejemplo,  trigo, arroz y maíz que crecieron alrededor del 30% en la disponibilidad total de alimentos en la región para el periodo 1990-2003) con precios triplicados para el trigo y duplicados para el arroz y el maíz (2000-2008), suponen solamente ganancias para las empresas importadoras y crecientes niveles de desnutrición (sobre todo concentrada en zonas rurales e indígenas) en la región.

Los instrumentos negociados, sobre todo en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en los Acuerdos Bilaterales de Comercio e Inversión, aseguran una base para las exportaciones de productos muy específicos del stock de producción agropecuaria local y una amplia gama de facilidades para las importaciones masivas de productos alimenticios controlados por grandes cadenas de distribución y comercialización  mundial.

GRAIN sintetiza de manera elocuente está problemática a nivel internacional cuando declara: “Estas recetas de políticas fueron reforzadas a mediados de la década de 1990 con el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio y, más recientemente, a través de un fárrago de acuerdos bilaterales de libre comercio y de inversión. Junto con todo un paquete de otras medidas, han desmantelado de manera implacable los aranceles y otros instrumentos que los países en desarrollo tenían para proteger su producción agrícola local, y los forzaron a abrir sus mercados y tierras a los agronegocios mundiales, a los especuladores y a las exportaciones de alimentos subsidiados provenientes de los países ricos […] Hoy, aproximadamente el 70% de los llamados países en desarrollo son importadores netos de alimentos.”[17]

Los acuerdos comerciales han contribuido a que la producción agrícola regional se concentre en una reducida oferta de productos para la exportación[18], así cuando el aumento de la disponibilidad total de alimentos crece no es destinado al consumo local, o descansa sobre la base de un incremento notable de las importaciones, lo que ha provocado que el aumento de los precios en los alimentos recaiga  más fuertemente en los sectores donde se concentra la pobreza y la pobreza extrema.  Dejamos de producir alimentos para el mercado local y los que producimos se van para el exterior vía acuerdos comerciales. La diversificación de la producción se ha realizado a costas del hambre de la población, para satisfacer la demanda de determinados productos tropicales en los “países desarrollados”.

De esta forma, en los últimos años las exportaciones agrícolas de la región, basadas en estos productos tropicales, han crecido exponencialmente sobre una reducción notable del área cultivada de granos básicos para la alimentación local. Por ejemplo, en Costa Rica–el país con porcentajes más elevados de exportaciones a nivel regiona–esto significó de 1990 al 2005 una reducción del 52% de las tierras cultivadas de arroz, frijoles, maíz y sorgo, así como una duplicación de las áreas para frutas, hortalizas, legumbres y oleaginosas destinadas al mercado externo (sobre todo EEUU y la UE).[19]

La relación es una aparente paradoja provocada por la inserción de las economías regionales en el mercado mundial: una mayor disponibilidad de alimentos–basada en las importaciones de granos, carne y leche–que incrementan la dependencia y destruyen la soberanía alimentaria de la región. A mayor crecimiento de flujos de comercio e inversión,  mayores importaciones para satisfacer la demanda de alimentos.

Sin embargo, cuando se analiza la composición de los mercados y empresas regionales se puede constatar que la gran mayoría son pequeñas y medianas, que comercializan local y regionalmente, lo que ha provocado una estructura agraria en dos velocidades; sectores de exportadores vinculados a terceros mercados a través de los acuerdos comerciales (agricultura empresarial de exportación) y una agricultura rural, familiar, de autosubsistencia de base indígena-campesina que está amenazada de desaparición por las condiciones de violencia y pobreza estructural.

Sobre la base de esta estructura dupla, desigual y excluyente, los Estados de la región centroamericana no logran cumplir con ningún criterio de alimentación adecuada (salvo excepciones muy puntuales). La disponibilidad directa de alimentos a través de recursos naturales y acceso a tierra productiva está seriamente limitada o mal distribuida, los sistemas de distribución y mercadeo están pensados para satisfacer la demanda de mercados externos, la accesibilidad económica y física es imposible frente a un patrón de desempleo y miseria creciente y concentrada en áreas rurales y sectores indígenas, poblaciones afrodescendientes y campesinos/as.

La alimentación, donde resulta posible se consigue sobre la base de una mayor dependencia de las importaciones y la adecuación de los alimentos se ve seriamente amenazada por todas estas condiciones anteriormente expuestas[20].  El Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA) en tanto que principio incorporado en los Derechos Humanos se ve impedido de posibilidades de realización gracias a acuerdos comerciales que limitan la capacidad de autonomía económica, política y productiva de los campesinos y campesinas de la región centroamericana.

Propuestas para un nuevo regionalismo centroamericano, capaz de enfrentar la pobreza y el reto alimentario de la población

 Los países centroamericanos necesitan avanzar en el debate y construcción de propuestas para nuevas formas de integración, diferenciadas del actual modelo de regionalismo abierto que la CEPAL viene promoviendo en consonancia con las propuestas de integración al mercado mundial vía atracción de inversión extranjera y liberalización comercial agresiva.

El punto de partida de una propuesta de integración alternativa para la región debe considerar que cada país por separado no puede enfrentar los múltiples retos que implica salir de la pobreza y la miseria. Se necesita una estrategia coordinada de alcance regional, con políticas supranacionales (soberanía compartida)[21] y sobre la base de nuevos principios de organización institucional y política[22]. El tema alimentario necesita urgentemente de un mecanismo concreto de reserva de alimentos -de la dieta centroamericana-, administrado regionalmente con la intención de controlar la volatilidad de los precios y las importaciones de granos y cereales a la región.

Propuestas:

El tema del derecho a la alimentación no es menor en esta perspectiva, justamente se considera que un proceso de integración debe partir de las actuales urgencias para enfrentar la desnutrición y el hambre creciente, y no simplemente de la demanda de los mercados externos. El vínculo entre pobreza y limitado acceso a la tierra está más que documentado, lo que demuestra la necesidad de avanzar con el tema de la reforma agraria, para garantizar que los medios de producción vuelvan a manos campesinas.

El punto de partida debería ser garantizar un acceso adecuado a la alimentación en Centroamérica y para eso la actual estructura productiva y comercial tiene que cambiar. La producción nacional y regional debe atender prioritariamente mercados y necesidades locales,  es fundamental  producir para cubrir las necesidades de alimentación y nutrición de la población centroamericana. No sólo se trata de garantizar alimentos, pues esto podría hacerse en el corto plazo a través de importaciones. Se trata de crear y fortalecer encadenamientos productivos y mercados locales/regionales.

Los datos para el 2009 muestran que aproximadamente un 45.6% del comercio intrarregional proviene de la industria alimentaria[23], por lo que redimensionar el papel del mercado común centroamericano y las responsabilidades y orientaciones comerciales de los principales sectores productores y comercializadores  a nivel regional, es una tarea urgente para definir  una estrategia que frene las importaciones masivas de alimentos. En este sentido, el empresariado tiene un papel muy importante dentro de esta estrategia y debería mostrarse más proactivo en el diseño de políticas para mejorar sus capacidades de interactuar con otros sectores productivos regionales.

En Centroamérica la mayor parte del comercio y la producción regional se realiza entre pequeñas y medianas estructuras de producción, comercialización y distribución. Sin una política común para el fortalecimiento de estos sectores es imposible pensar en mejores condiciones de acceso a alimentos. Los actuales programas de transferencia de renta condicionada necesitan ser complementados y apoyarse en políticas estructurales de crédito para la producción de granos básicos y alimentos, así como la transferencia tecnológica y el impulso a programas de producción y comercialización agroecológica.

Políticas agrícolas y medio ambiente

Centroamérica es una región muy pequeña en extensión, si continuamos una forma de producción y comercialización de los mismos productos en todos los países, la base nutricional y comercial del crecimiento desmedido de monocultivos para la exportación no solo va a engrosar las cifras de hambrientos, sino que provocará en el corto y mediano plazo una catástrofe de dimensiones irreparables en ecosistemas de la región  y en el medio ambiente en general.

Toda la región presenta importantes grados de vulnerabilidad social y ambiental, sobre todo Nicaragua y Honduras. No en vano el Estado de la Región–2011 señala: “Entre las principales áreas de impacto que tendría el cambio climático, se identifican presiones sobre la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua (incluyendo su potencial uso energético), alteración y pérdida de biodiversidad en sus ecosistemas (con énfasis en los bosques y recursos marino-costeros), todo ello junto a una mayor propensión a desastres, daños a la salud humana y afectación de los medios de vida (en particular de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.)[24]

Es decir, se necesita que la estrategia contenga una priorización y reorganización sobre la base de políticas agrícolas coordinadas con estimaciones de impactos y alternativas en materia de ecosistemas y biomas. Esto supone además de las fronteras políticas, la gestión conjunta de cuencas transfronterizas, actualmente amenazadas por proyectos de extracción mineral, y una forma nueva de geopolítica basada en bioregiones. En general,  en la actualidad predomina una fragmentación de hábitats y una concentración de actividades económicas y productivas a lo largo de las costas centroamericanas.

No es causalidad que desde los años 80 hasta mediados de la década pasada, la región contabilizara pérdidas de un 35% de los humedales, con serios impactos en la flora y fauna centroamericana. El Corredor Biológico Mesoamericano, un área común amenazada por una serie de iniciativas de interconexión física e informática, representa una zona de alta diversidad sobre todo en la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala y Bosawas en la costa Atlántica de Nicaragua[25].

Las grandes cadenas turísticas y extractivas de minerales como el oro están causando, junto con el incremento de la actividad agrícola para monocultivos, una presión sobre los ecosistemas que destruye no solo los bosques, sino cualquier pretensión de soberanía alimentaria. La región precisa una reorganización urgente de sus capacidades físicas e infraestructurales, que considere el marco de derecho a la alimentación, la protección y recuperación de ecosistemas fundamentales, políticas coordinadas de complementariedad y competitividad productiva con fines colectivos[26], y mayor control  de la población en la definición y ejecución de políticas públicas sobre territorios y bienes comunes.

Una nueva estructuración sobre usos de suelo supone que algunas áreas deben ser totalmente protegidas, otras pueden ser parcialmente aprovechadas por determinadas actividades productivas o extractivas, algunas presentan mayores condiciones para determinados productos alimenticios y otras para productos de exportación. Lo que no resulta posible es continuar  con un esquema comercial que concentra ganancias, distribuye los costos de los impactos ambientales entre las poblaciones locales y determina las decisiones políticas en pequeños espacios antidemocráticos de cúpulas empresariales.

Centroamérica necesita un esquema de integración alternativo sobre la base de una nueva arquitectura institucional, con una amplia participación de movimientos sociales y una aplicación radical del Derecho a la Alimentación y la soberanía alimentaria. Las condiciones actuales de la crisis y los efectos acumulados de las políticas de liberalización comercial, deben devolver con urgencia el papel protagónico y estratégico que los campesinos/as han tenido en la construcción histórica de la región. La amenaza actual a nuestras poblaciones indígenas-afro-campesinas  marcan el límite para pensar y construir una Centroamérica sin hambre y sin pobreza, como un presente promisorio para todas las generaciones de centroamericanos/as.

Carlos G. Aguilar Sánchez es miembro de la coordinación regional del Grito de los Excluidos Mesoamérica y colaborador con el Programa de las Américas www.americas.org/es

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