Por Manuel Riesco
Me gustan porque son como la levadura, les cantaba Violeta Parra.
Nuevamente, los estudiantes chilenos han levantado la masa de la ciudadanía y han puesto de nuevo a Chile sobre sus pies. Claro que tienen a varios de cabeza, empezando por el Presidente Piñera y la clase política en su conjunto. Han dejado en evidencia la crisis completa del intento privatizador de la educación chilena.
Más allá de eso, han mostrado que las instituciones de la transición, concebidas para preservar el injusto modelo económico y social de Pinochet, han quedado completamente ahuecadas y deben ser cambiadas.
Eso lo entiende hasta el Financial Times, que en un notable editorial reciente ha descrito la situación más o menos en esos términos. Sin embargo, no logró ser comprendido por las autoridades antes que la agitación alcanzara el punto de ebullición actual. Probablemente hervirá todavía por algún tiempo – en los años 1980 se prolongó por tres años -, hasta que logre destrabar el conflicto más de fondo.
De ese modo han avanzado las cosas en Chile a lo largo del último siglo, siempre empujadas desde abajo por un pueblo muy paciente, que puede estar mal informado pero es bien enterado y cada veinte años pierde la paciencia. En lo inmediato, lo fundamental es que el gobierno de respuesta a los estudiantes. Merecen volver a clases, luego de tres meses de una movilización multitudinaria, persistente, alegre y creativa tras objetivos claros, inspirados en un diagnóstico preciso y ampliamente compartido.
Para los estudiantes y académicos movilizados así como para la abrumadora mayoría del país que los respalda activamente, el diagnóstico es muy claro. La crisis de la educación se origina en el sucesivo desmantelamiento a partir del golpe militar, del sistema nacional de educación pública. La solución es sencilla: reconstruirlo como un servicio moderno y de excelencia, a partir de todo lo actualmente existente.
Chile había logrado construirlo a lo largo del medio siglo precedente en una gesta bien notable, asumida por una sucesión de gobiernos desarrollistas, encabezado el primero de ellos por los militares en los años 1920 y luego por coaliciones políticas de todas las tonalidades democráticas. Salvador Allende fue la figura más importante de todo ese período y el único político chileno universal. Participó activamente como dirigente estudiantil en los años 1920, como ministro de Estado en los años 1930, como parlamentario y presidente del Senado en los años 1950 y 60 y finalmente como Presidente de la República entre 1970 y 1973. Pudo declarar que en su gobierno, 30 de cada 100 chilenos de todas las edades estaban matriculados en establecimientos gratuitos, de buena calidad, en todos los niveles educacionales, a lo largo de todo el territorio.
Como referencia, hoy día solo un 26 por ciento de la población estudia en establecimientos públicos y privados, en todos los niveles, cuya calidad es notoriamente deficiente. Los primeros se han reducido a menos de la mitad de la matrícula total y a menos de un quinto en el nivel superior. Hoy las familias se ven obligadas a pagar más de la mitad del gasto educacional total y mucho más en el nivel terciario, donde el aporte estatal se ha reducido a menos de un sexto del total.
Los aumentos de cobertura que el gobierno exhibe como un gran logro se explican principalmente por una disminución de los jovenes en proporción a la poblacion total. Sin embargo, la contracción del sistema educativo en proporción a la población se refleja en un retraso del país en el nivel terciario. La cobertura allí es inferior al 40 por ciento, muy por debajo de los vecinos Argentina y Uruguay, que superan el 60 por ciento y a muchísima distancia de los países emergentes mas vigorosos, como Corea del Sur que tiene un 98 por ciento de cobertura en ese nivel educacional.
El sistema de educación pública fue primero destruido por los militares, convencidos que el sistema de educación pública era una plaza del “enemigo interno,” contra el cual se los había entrenado en la Escuela de Las Américas. Azuzados por una elite que le atribuía con justicia una responsabilidad en el despertar campesino y su agitación revolucionaria, que culminó con una profunda reforma agraria.
La devastación en ese período fue brutal, propia de una guerra o invasión. Se expulsó a muchos de los mejores profesores y alumnos, se reemplazó a los rectores y directores por oficiales militares, se cerraron facultades, se prohibieron materias y autores y se quemaron libros. El presupuesto se redujo a la mitad y los salarios de los profesores a la tercera parte. Se desmembraron las universidades nacionales y se desperdigaron los colegios por municipios que no tenían posibilidad de administrarlos. En 1982 había menos alumnos matriculados que antes del golpe de 1973.
A partir de 1981 y bajo la inspiración de Milton Friedman, se intentó de reemplazarlo por una industria educacional privada, subsidiada por el Estado mediante “vouchers” entregados a los alumnos. Dicho esquema se mantiene hasta hoy y ha fracasado rotundamente.
La rebelión de los estudiantes secundarios el 2006, apodados cariñosamente “Pingüinos” por los colores de sus uniformes, puso en evidencia el desastre de la educación básica y media. Ahora muchos de los pingüinos de entonces están en la universidad y le ha tocado el turno a la educación superior.
Si el financiamiento público de la primera alcanza a poco mas de la mitad, en la última se ha reducido a menos de una sexta parte del total y a cero en el caso de la educación superior técnica. A consecuencia de ello, las universidades y centros de formación técnica se ven obligados a financiarse con elevados aranceles y matrículas. El año 2009, los pagos de los alumnos sumaron el equivalente a la mitad del impuesto a la renta pagado ese mismo año por todas las personas pudientes y empresas que operan en el país, incluidas las mineras del cobre.
Puesto que las familias no tienen dinero para pagarlos, se les ofrece un crédito bancario con aval del Estado, que incrementa toeavía más el monto adeudado con intereses de 6 por ciento por año, en beneficio de la banca. Según un reciente estudio del Banco Mundial, un veterinario, por ejemplo, terminará pagando un tercio de su sueldo como servicio de dicho crédito.
Se trata a todas luces de una situación insostenible, aparte de injusta puesto que recae mayoritariamente sobre las familias de clase media y también ineficiente, dado que pretende financiar la educación mediante cobros de aranceles financiados con créditos que en la practica son un elevado impuesto a las remuneraciones de los profesionales, lo cual merma la competitividad de las empresas nacionales.
Adicionalmente, como ha constatado un reciente estudio de la OCDE, el esquema de financiamiento mediante matrículas solo funciona en las instituciones que imparten exclusivamente docencia. Sus “académicos” son tan precarios que se los denomina “taxis,” puesto que deben correr de una a otra para hacerse una mala remuneración. Así funcionan la mayoría de las 60 “universidades” que se han creado en los últimos años, la mayoría de las cuales tiene una calidad muy deficiente.
En cambio, cobros parecidos a los estudiantes apenas cubren una parte menor del presupuesto de las pocas universidades que realizan investigación – solo cinco merecen el nombre de tales y concentran casi toda las publicaciones científicas, la mitad de los académicos a jornada completa y casi todos aquellos con grado doctores. De este modo, el esquema de financiamiento es muy caro y a la vez degrada a las universidades propiamente tales, estimulando que se dediquen exclusivamente a la docencia.
Consecuentemente con el diagnóstico expuesto, la solución que goza de amplio consenso, en el movimiento de estudiantes y académicos y en la opinión pública, consiste en reconstruir el sistema nacional de educación pública en todos los niveles. Ello requiere en primer lugar recuperar los niveles de gasto público que hace cuatro décadas alcanzaba a 7 por ciento del producto interno bruto (PIB) y hoy no llega al 4,5 por ciento del PIB. Especialmente aquel destinado a educación terciaria, donde se ha reducido de 0,9 por ciento del PIB antes del golpe, a 0,4 por ciento del PIB en la actualidad, con el agravante que el alumnado se ha desplazado fuertemente hacia ese nivel. En respuesta a las mobilizaciones, el Ministro de Hacienda ya ha ofrecido incrementar el presupuesto educacional en 9 por ciento anual en el curso de los próximos años, lo cual no anda lejos de lo requerido.
En educación básica y media se ha extendido el consenso de terminar con la municipalización y regresar los colegios al Estado. Adicionalmente, se ha propuesto que el Estado asuma directamente la gestión educacional, contratando a los profesores que ya subsidia en los colegios privados y tercerizar con estos últimos los servicios anexos, incluidos los edificios. De este modo, en breve tiempo y sin incremento sustancial del gasto, parece posible instalar un buen colegio público gratuito en cada barrio de cada ciudad y pueblo. Del mismo modo, se propone reconstruir el sistema nacional de educación superior técnica, cuya gran institución estatal, INACAP, fue regalada por Pinochet el último día de su mandato a una secta religiosa fundamentalista, literalmente, sin que mediase pago alguno. Hoy es una de las que más lucra y sus estudiantes la han tomado exigiendo su devolución al Estado.
En las universidades hay amplio consenso que se debe reducir al menos a la mitad los cobros a los estudiantes y condonar las deudas en una proporción similar, garantizando mediante becas y créditos solidarios que todos puedan pagar los aranceles así reducidos. Dicho financiamiento debe ser reemplazado – como ha propuesto la OCDE – por aportes basales estables y crecientes a todas las universidades públicas.
Especialmente a las estatales que se encuentran en una situación crítica que ha sido denunciada por sus rectores. Pero asimismo todas aquellas que no tienen fines de lucro, realizan investigación y extensión además de docencia, no discriminan negativamente en ningún aspecto, y garantizan todo lo anterior con un cogobierno interno democrático con participación tri estamental.
Todo lo anterior puede ser implementado sobre una base estrictamente voluntaria, que mantenga los subsidios actuales a todos aquellos establecimientos particulares sin fines de lucro que deseen continuar operando en las nuevas condiciones de competencia definidas por la existencia de una alternativa pública masiva, de buena cálida, gratuita o de bajo costo.
El programa descrito, impulsado por el movimiento de estudiantes, profesores y académicos, ha logrado un consenso muy amplio, que incluye a todos los partidos de oposición así como parlamentarios influyentes e importantes centros de estudios y figuras de la derecha.
Posiblemente, se logren avances importantes en esa dirección. Ello no terminará con las movilizaciones generales, pero si será un premio merecido al refrescante movimiento que han encabezado los estudiantes.
Manuel Riesco es vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) y colaborador con el CIP Programa de las Américas www.americas.org/es.
