Los ataques, asesinatos, y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa han despertado la conciencia de México, y la de gran parte del mundo, al conectar varias luchas a favor de la justicia que comparten un objetivo generalizado: el rechazo a la violencia sustentada por el Estado, y la afirmación del gran poder colectivo que se consigue al alzarse todos juntos en la lucha por un mundo que valore las vidas humanas.
Miles de jóvenes se manifestaron, en su mayoría estudiantes universitarios, pero también de la escuela secundaria e incluso niños. La juventud mexicana se lleva la peor parte de la violencia estatal: durante los últimos tres años han sido arbitrariamente detenidos y asesinados, o como en el caso de Ayotzinapa, desaparecidos.
¿Por qué tenía el gobierno tanta prisa en cerrar el caso, desviando la culpa al crimen organizado? ¿Por qué insistir en una “verdad histórica” que no sólo no era cierta, sino cuya falta de coherencia y sentido era tan demostrable?
Paradójicamente, debido a la limitación en su movilidad–ambos como migrantes sin autorización y como individuos con lesiones–los miembros de AMIREDIS exigen los derechos a la movilidad humana, el derecho a cruzar la frontera con dignidad, y el derecho de todos a vivir una vida con dignidad en su patria.
El gobierno de Brasil avanza a marcha forzada para que el país entré en el rol de las naciones que han reestructurado su marco jurídico en el tema de las leyes antiterroristas, aunque Brasil no ha vivido históricamente ningún ataque terrorista.
A las 4 de la madrugada en El Vergel todo está oscuro y hace frío. Formados en dos filas, hombres y mujeres enfundados en chamarras esperan su turno para entrar a los baños que, a la distancia, huelen a excremento. Otros se mojan la cara en los lavaderos para ahuyentar el sueño. Todos se alistan para preparar el almuerzo y la comida que llevarán al corte de pepinos y jitomates.
El valle de San Quintín, uno de los lugares de México con mayor producción agrícola mercantil destinada principalmente a la exportación, es también uno de los sitios con las condiciones de trabajo más abusivas, antihigiénicas y nocivas para los jornaleros.
La frontera sur de México se ha vuelto la linea de contención del país más poderoso del mundo. Las víctimas de esta política extraterritorial son las personas migrantes de Centroamérica que cruzan cada día, buscando salvar su vida de la violencia y el hambre que azotan sus países.
En medio de una aguda crisis de los diálogos de paz que adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC en La Habana, reaparecen acciones terroristas en centros urbanos que pueden ser parte de una guerra sucia de la extrema derecha, que se suman a las campañas electorales de entidades territoriales el próximo mes de octubre.
Aunque los jornaleros del Valle de San Quintín lograron que el gobierno federal mexicano se comprometiera a facilitar la negociación de un aumento salarial para los más de 80 mil trabajadores agrícolas de esa región de Baja California, aún no se puede hablar de un triunfo.
