un informe de Physicians for Human Rights (Médicos por los derechos humanos) en Estados Unidos plantea cuestiones de responsabilidad penal y rendición de cuentas derivadas de la política de separación coercitiva de familias migrantes realizada durante la administración de Donald Trump. Y apunta a posibles vías para lograr justicia y reparación para las víctimas.
El programa H2-A es un esquema aún más abusivo que el antiguo programa bracero. Hoy en día, se perfila como un sistema opaco de reclutadores y contratistas privados que importa a los trabajadores, extorsionándolos para obtener visas.
El Protocolo de Escazú entra en vigor el 22 de abril, 2021, fecha en que se celebra el Día de la Madre Tierra y cuatro años después de su adopción, así lanzando una nueva etapa regional de campañas de base. El reto: lograr que los gobiernos de la región implementen la protección de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en America Latina, fase que podría ser la más difícil y esencial de todas.
El feminicidio es un crimen anunciado, advierte la abogada Karla Micheel Salas. Anunciado, con frecuencia, por la misma víctima, en denuncias y llamados desesperados de auxilio que son obviados por las autoridades y la sociedad. Anunciado, por las condiciones de discriminación, amenaza y vulnerabilidad en que viven tantas mujeres. Anunciados, por las cifras de feminicidios que aumentan a diario. Anunciados, por el sistema capitalista-patriarcal en que vivimos todas, un sistema que desvalora la vida de la mujer, sobre todo si es migrante, extranjera, pobre, morena, con discapacidad.
Un año después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara a la covid-19 como una pandemia, aquel infausto 11 de marzo, la humanidad dispone ya de trece vacunas aprobadas para uso de emergencia.
La escena es trágica, horripilante. Dos vehículos quemados con 19 cuerpos adentro, uno con 113 impactos de bala, alcanzados en el infierno que es la franja fronteriza de Tamaulipas, cerca de Nuevo León y Texas.
Dicen en el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) –la organización que Berta Cáceres fundó, que ella no se murió: se multiplicó; que el 2 de marzo no fue la muerte de Berta, sino la siembra, su regreso a la tierra que tanto defendió cuando aún respiraba, antes de que los asesinos le quitaran la vida.
El domingo 28 de febrero, poco más del 50% del electorado salvadoreño acudió a las urnas en elecciones legislativas y municipales, y eligió darle más poder a Nayib Bukele en El Salvador, otorgándole mayoría calificada de la Asamblea Legislativa.
Las denuncias señalan que la mayoría de los ataques son promovidos por el gobierno y sus funcionarios. Además, que los ataques en contra de mujeres periodistas tienen un alto contenido misógino y de odio.
Después de 30 años, el gobierno de El Salvador continúa asegurando impunidad para los responsables de la peor masacre de la historia moderna de Latinoamérica, en la que fueron asesinadas por la Fuerza Armada salvadoreña 986 personas.
