La Corte Suprema de Justicia salvadoreña dejó sin efecto esta semana la Ley de Amnistía en el país, abriendo así la posibilidad para que se realicen juicios contra militares, exfuncionarios de gobierno y exguerrilleros
Alfonso (su nombre ha sido cambiado para proteger su verdadera identidad), salió de El Salvador en 2015 junto a su esposa, dos hijos y su hija. Ellos representan solo una de las familias de 30 mil salvadoreños que dejaron todo en su patria para salvar sus vidas.
El gobierno de El Salvador declaró emergencia nacional porque el país entró en crisis por falta de agua.
La Fiscalía salvadoreña acusó a seis policías y 18 personas más por ser parte de un grupo de “exterminio de pandilleros” que cobraba entre $100 y $1,000 por cada asesinato.
Los señalamientos de violaciones a derechos humanos ahora alcanzan a los cuerpos de seguridad pública que se encargan de ejecutar el plan en las zonas más pobres y rurales del país.
La inseguridad, la violencia, los asesinatos y la pobreza son las causas que empujan a miles de migrantes a dejar su tierra, datos oficiales apuntan que 17,500 personas fueron asesinadas en los países del Triángulo del Norte en 2015.
Last month Spain’s National Tribunal in Madrid issued arrest orders for seventeen soldiers implicated in the murders of Spanish Jesuit priests and two female collaborators at the José Simeon Cañas UCA University in San Salvador in 1989.
Flores is accused of stealing $15 million donated by the Taiwanese government for the victims of the earthquake that struck the country in 2001. The trial will determine if he is guilty or not of the three charges he faces.
La Corte Suprema de El Salvador permitió a partir de 2015 que INTERPOL capture a prófugos amnistiados en el país. Con esta resolución, España vuelve a la carga para buscar justicia en el caso de los sacerdotes jesuitas españoles y dos colaboradoras asesinados en el campus de la Universidad José Simeón Cañas UCA, en San Salvador por miembros del batallón Atlacatl de la Fuerza Armada salvadoreña durante la guerra civil en 1989.
Aunque el expresidente Francisco Flores acusado de robar de $15 millones donados por el Gobierno de Taiwán para los damnificados del terremoto que afectó […]
