El agua es uno de los botines más importantes del Área de Libre Comercio de las Américas. Estados Unidos y las corporaciones transnacionales quieren, mediante la integración neoliberal del hemisferio, no solamente forzar la privatización de los recursos de agua sino también alterar su flujo con megaproyectos que los ecologistas denuncian como demenciales. Por toda América Latina, sin embargo, los pueblos se están organizando para combatir estos designios y crear alternativas socialmente equitativas y ecológicamente sustentables basadas en la participación popular.
Victoria en Uruguay
Por primera vez en la historia, un pueblo se expresa en las urnas en contra de que privaticen su agua. El 31 de octubre de 2004 el pueblo uruguayo aprobó en un plebiscito una reforma constitucional que define al agua como un bien de dominio público y garantiza la participación de la sociedad civil en la gestión de los recursos hídricos del país.
El artículo introducido a la Constitución uruguaya dice que ”el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que el acceso a éste y a todos los servicios de saneamiento son ”derechos humanos fundamentales”.
El plebiscito lo impulsó la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, integrada por la unión de trabajadores de la empresa estatal de agua y varios grupos de la sociedad civil, y obtuvo el respaldo del 60% de los votantes. Tabaré Vázquez, en ese entonces candidato a la presidencia de la república por el Frente Amplio y ganador de la contienda electoral que tomó lugar el mismo día, también apoyó el plebiscito sobre el agua.
127 organizaciones de 36 países suscribieron una carta abierta en respaldo a la acción del pueblo uruguayo. Dice el documento que lo ocurrido el pasado 31 de octubre sentó ”un precedente histórico en la defensa del agua, a través de su inclusión en la Carta Magna de un país por la vía de la democracia directa”. Señalaron también que la reforma constitucional aprobada ”asegura la defensa de la soberanía sobre un recurso natural ante la embestida de las corporaciones trasnacionales”.
Una de las empresas más afectadas es la española Aguas de la Costa. Después de que ésta se estableciera en el departamento uruguayo de Maldonado en 1992, las tarifas del servicio llegaron a ser siete veces más altas que en el resto del país.
"La gente ha votado confirmando que el agua, recurso natural escaso y perecedero, debe ser un derecho de todos y no un privilegio de quienes pueden pagarlo", dijo el autor uruguayo Eduardo Galeano, comentando sobre el plebiscito. "Y la gente ha confirmado, también, que no se chupa el dedo y sabe que más temprano que tarde, en un mundo sediento, las reservas de agua serán tanto o más codiciadas que las reservas de petróleo. Los países pobres pero ricos en agua tenemos que aprender a defendernos. Más de cinco siglos han pasado desde Colón. ¿Hasta cuándo seguiremos cambiando oro por espejitos?"
"¿No valdría la pena que otros países sometieran el tema del agua al voto popular?", sugirió Galeano. "En una democracia, cuando es verdadera, ¿quién debe decidir? ¿El Banco Mundial (BM) o los ciudadanos de cada país? ¿Los derechos democráticos existen de veras, o son las frutillas que decoran una torta envenenada?"
La privatización del agua–un desastre
La decisión del electorado uruguayo no sorprende cuando se consideran las experiencias negativas que han tenido otros países latinoamericanos con la privatización de sus aguas:
- De 1995 a 2001 la Compañía de Aguas, subsidiaria del gigante corporativo francés Vivendi, administró la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) con resultados desastrosos. Al expirar el contrato, la Oficina del Contralor de la isla encontró 3,181 deficiencias en administración, operación y mantenimiento en las plantas de agua potable y aguas sucias. Entre 1995 y 2000 la Agencia de Protección Ambiental de EEUU multó a la AAA por $6.2 millones por varias violaciones. Y encima de esto, la Autoridad acabó en 2001 con pérdidas de $695 millones.
- En 2001 el gobierno de Puerto Rico puso la AAA en manos de otra compañía francesa, Ondeo, subsidiaria de Suez. El desempeño de Ondeo fue igual de desastroso que el de su predecesora y el gobierno canceló el contrato, devolviendo la AAA al sector público en 2004.
- En 1992 Suez obtuvo un contrato para administrar los acueductos de Buenos Aires durante 30 años. Se tardó tanto en construir alcantarillados que las aguas sucias se desbordaron a las calles y sótanos, amenazando la salud pública.
- Cuando Vivendi tomó control de los acueductos de la provincia argentina de Tucumán en 1995 con un contrato por 30 años, la tarifas aumentaron más de 100%. Tras intensas protestas populares, la compañía se marchó en 1998.
- Los acueductos de la ciudad brasileña de Limeira fueron privatizados en 1995 y vendidos a la compañía Aguas de Limeira, que es 50% propiedad del conglomerado francés Lyonnaise des Eaux. Lejos de proteger empleos y proveer agua a precios razonables, la empresa despidió a 40% de los trabajadores de los acueductos y subió drásticamente sus tarifas. Los ahorros resultantes no se usaron para mejorar la infraestructura sino que fueron a parar en manos de los accionistas y ejecutivos de Aguas de Limeira.
- Cuando en los años 90 la ciudad colombiana de Cartagena vendió su sistema de acueductos a la corporación española Aguas de Barcelona, 500 trabajadores fueron automáticamente despedidos. El nuevo patrono español ni siquiera reconoció la existencia de su sindicato.
- A fines de la década de los 90, el BM obligó a Bolivia a privatizar los acueductos de su ciudad de Cochabamba, y en 1999 la norteamericana Bechtel obtuvo el contrato en un proceso en que ésta era la única compañía licitadora. A las pocas semanas, Bechtel impuso drásticas alzas en las tarifas, provocando protestas masivas en las que un manifestante fue muerto por el ejército y más de cien fueron heridos. Eventualmente el gobierno cedió ante el clamor popular y revocó la privatización. Ahora Bechtel está demandando a Bolivia por $25 millones.
Participación popular: Alternativas a la privatización
Dice el discurso neoliberal que la única alternativa a la privatización es el control monopólico del estado, burocratizado y corrupto. Pero en Suramérica hay varias iniciativas populares prometedoras para manejar el agua en el interés del pueblo, y no para atender intereses capitalistas o politiqueros. El hilo común en estos ejemplos positivos es la participación popular.
1. Porto Alegre
Comencemos con la ciudad brasileña de Porto Alegre, urbe afamada por haber sido anfitriona de los Foros Sociales Mundiales. Los acueductos de esta ciudad de 1.4 millones de habitantes, capital del estado sureño de Rio Grande do Sul, han estado bajo el control del pueblo desde que el Partido de los Trabajadores (PT) ganó las elecciones municipales hace más de una década. La entidad que los maneja, el Departamento Municipal do Agua e Esgoto (DMAE), es del sector público pero financieramente independiente del gobierno estatal y se financia con las cuentas que pagan los abonados. Es una empresa sin fines de lucro que reinvierte sus ganancias en mejoras a su infraestructura.
Las operaciones del DMAE se distinguen por su nivel avanzado de participación pública y control democrático sobre sus operaciones e inversiones. Está gobernado por un consejo de representantes de la sociedad civil local, y las decisiones operacionales y de inversión deben pasar el cedazo de un proceso presupuestario participativo.
Este proceso no se sigue sólo en el manejo de aguas. En Porto Alegre y Rio Grande do Sul los ciudadanos deciden directamente las prioridades presupuestarias en muchas otras áreas del quehacer público.
Los resultados de esta política de participación son muy concretos: en Porto Alegre 99.5% de la población tiene acceso a agua potable limpia, más que en ninguna otra localidad brasileña. Debido al sentido de pertenencia y responsabilidad que los residentes/abonados tienen para con el DMAE, hay un alto nivel de conciencia entre la población con respecto a la conservación del agua. La gente también acepta de buena gana las alzas ocasionales en las tarifas porque entienden que el dinero que pagan se usa de manera prudente y responsable. De cualquier modo, las tarifas del DMAE son de las más bajas en todo el país. Al mismo tiempo, sin embargo, el consumo de agua en Porto Alegre es bajo debido a campañas educativas y una estructura tarifaria progresista que favorece a los pobres.
2. Otros ejemplos brasileños
También en Rio Grande do Sul está la Companhia Riograndese do Saneamento (CORSAN), que da agua a 6.5 millones de personas. Después del triunfo del PT en las Tras el PT ganar las elecciones estatales en 1998, la CORSAN fue reorganizada y puesta bajo el control de unas 80 asambleas de pueblo que fiscalizan el presupuesto. Se le considera ahora una de las cinco compañías de agua más eficientes y eficaces de Brasil, según la organización no gubernamental Corporate Europe Observatory (CEO). El futuro de la la CORSAN, sin embargo, es incierto desde que el partido centrista PMDB derrotó al PT en los últimos comicios estatales.
Fuera de Rio Grande do Sul tenemos el ejemplo de la ciudad norteña de Recife, donde la comunidad luchó exitosamente contra la privatización de la compañía de agua estatal, una empresa pública que era un verdadero desastre. Tras un extenso proceso de consulta democrática, se creó un consejo municipal para mejorar los servicios de agua potable. Este consejo gestionó una reestructuración de la compañía de agua que en unos pocos años resultó en una dramática mejora en el servicio.
3. Cooperativas de abonados
Otra alternativa a la privatización son las cooperativas de abonados. Desde 1979 la empresa que da agua a la ciudad boliviana de Santa Cruz está manejada por la Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz (SAGUAPAC) y es hoy una de las compañías de agua mejor manejadas de toda América Latina. Todos los abonados son miembros de la cooperativa y tienen derecho a votar en su asamblea general de delegados, la cual elige parte de las juntas administrativa y supervisora de la compañía de agua. SAGUAPAC es financieramente independiente y tiene una escala tarifaria que favorece a quienes usan menos agua. Entre 1988 y 1999 lograron aumentar la tasa de servicio de 70% de la población a 94%.
Tras estudiar el modelo de Santa Cruz hasta el Banco Mundial ha admitido que “las soluciones cooperativistas pueden ser superiores a los enfoques públicos o privados al manejo de utilities (corporaciones de servicios públicos)”. En un estudio, el Banco elogia a Santa Cruz por su “eficiente y transparente administración que por lo visto ha virtualmente eliminado la corrupción”. Dice también que “la experiencia boliviana confirma que la privatización no es panacea”.
4. Cochabamba
Otro esfuerzo en Bolivia que apunta hacia el control popular se está dando en Cochabamba. Después de devolver los acueductos al control público, las organizaciones populares crearon la Coordinadora del Agua para proporcionar el líquido de manera democrática e igualitaria. La Coordinadora rescribió los estatutos de SEMAPA, la compañía de agua local, para facilitar la participación popular directa en su junta directiva. En mayo de 2002 tres de los siete miembros de la junta fueron electos por los residentes de Cochabamba.
El mayor problema que enfrenta la Coordinadora es la enorme deuda de SEMAPA, la cual la pone bajo la bota de instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero el BID, al igual que el Banco Mundial, es ideológicamente hostil a cualquier cosa que contradiga el evangelio neoliberal. Además, las elites bolivianas están haciendo todo lo posible para que la Coordinadora fracase, informa CEO en un reciente informe sobre alternativas a la privatización de las aguas.
Privatización a como dé lugar
Pese a estos casos de gestión positiva, el gobierno de Estados Unidos y las corporaciones transnacionales insisten en la privatización y la ortodoxia neoliberal en el manejo del agua. El arma principal para impulsar la agenda privatizadora es el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que Estados Unidos desea implantar en todo el hemisferio. Bajo los términos del ALCA, los inversionistas extranjeros podrán demandar y exigir compensación a los gobiernos por cualquier ley o reglamento que afecte sus ganancias. Esto podría significar costosas sanciones económicas al país que revoque privatizaciones de acueductos o intente limitar o impedir el comercio internacional de agua, aunque tales intentos sean motivados por razones ambientales o de salud pública.
Tales "protecciones para inversionistas" ya existen en Norteamérica por virtud del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), que abarca a Canadá, Estados Unidos y México, y define el agua como bien comerciable. El Tratado obliga a los gobiernos, municipios y comunidades- desde Puerto Rico hasta Hawaii y desde Chiapas hasta Alaska- a vender sus recursos de agua al mejor postor, so pena de ser demandados por empresas privadas.
Tenemos el caso en 1998 cuando la compañía estadounidense Sun Belt demandó al gobierno canadiense por $10 mil millones por violación al TLC. ¿Cuál era el agravio? Que el gobierno de la provincia de Columbia Británica prohibía la exportación masiva de su agua potable y Sun Belt quería exportarla a la sedienta California.
Vemos además el caso de la firma estadounidense Metalclad, que demandó al gobierno mexicano por $17 millones. Las autoridades mexicanas habían ordenado el cierre de la planta de tratamiento y disposición de desperdicios tóxicos peligrosos de Metalclad en San Luis Potosí, y la compañía llamó eso una expropiación injusta. Invocó las protecciones del TLC y ganó su caso contra México. Todo esto es un presagio de lo que Centro y Suramérica pueden esperar del ALCA.
Las "protecciones para inversionistas" que provee el TLC y el propuesto ALCA ni siquiera existen en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Actualmente sólo los estados pueden presentar querellas en la OMC, pero eso cambiará si se aprueba el Acuerdo Multilateral de Inversiones (MAI en inglés) que los países industrializados desean implantar. Con el MAI las corporaciones transnacionales podrán usar la OMC para demandar a cualquier país miembro que limite sus actividades y ganancias de modo alguno.
A esto hay que añadir que con la globalización neoliberal se prevé un aumento masivo en actividades que requieren de grandes cantidades de agua fresca, como la manufactura, la agroindustria de monocultivo y el desparramo urbano. Según el Banco Mundial la próxima guerra mundial no será por petróleo sino por agua. Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia de EEUU dice que para 2015 el agua será una de las mayores causas de conflicto internacional. Y la Organización de Naciones Unidas pronostica que de continuar las tendencias actuales, en 2025 la demanda del líquido superará el suministro por 56%.
Los megaproyectos
El régimen neoliberal del ALCA viene acompañado de una serie de megaproyectos de proporciones inauditas que pretenden desviar cuerpos de agua por todo el hemisferio. Estos proyectos están delineados en tres planes de infraestructura: la North American Water and Power Alliance (NAWAPA), el Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA).
Con NAWAPA se planea construir acueductos, túneles y estaciones de bombeo para desviar agua fresca del oeste montañoso de Canadá y Alaska, donde este recurso existe en gran abundancia, hacia el árido oeste de Estados Unidos. Esta agua se almacenaría en un embalse planeado para las montañas Rocallosas de 308 kilómetros de largo, entre otros lugares.
El PPP tiene como elemento clave el establecimiento de corredores industriales–con infraestructura de transportación y comunicaciones–desde México hasta Panamá, y varios canales secos interoceánicos. Su objetivo no es solamente viabilizar el movimiento de mercancía entre el Pacífico y Atlántico sino también aprovechar al máximo la mano de obra y recursos naturales de la región para emplearlos en la agroindustria de exportación, maquiladoras y proyectos turísticos. Todo esto requerirá de considerables cantidades de electricidad y agua fresca, las cuales vendrán de grandes embalses y proyectos hidroeléctricos, especialmente en el Petén guatemalteco y en Chiapas. Parte de esta agua será bombeada al norte para facilitar el crecimiento de maquilas y agroindustrias en el norte de México, donde cae poca lluvia.
El IIRSA
Con IIRSA se planean corredores industriales, hidrovías y superautopistas que conectarán los rincones más recónditos de Suramérica a la economía global. Algunos de éstos atravesarán la cordillera de los Andes para conectar la cuenca amazónica (que contiene 20% del agua potable del mundo) a megapuertos que serían construidos en la costa Pacífica.
Entre los proyectos de IIRSA está la construcción de un Gran Canal que conectará los ríos Plata, Amazonas y Orinoco. "Esta hidrovía debe visualizarse como una salida directa al Caribe y hacia EUA mediante el Mississippi", dice el economista mexicano Giancarlo Delgado Ramos, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. "Aquí es donde podría tomar forma un escenario de ‘arrastre’ de bolsas súper gigantes con agua sudamericana hacia la potencia norteña (Florida)".
Otros ambiciosos proyectos hídricos de IIRSA son los del río Plata, cuya cuenca (3.1 millones de kms. cuadrados) es eje nodal de la zona productiva del Mercosur. La National Science Foundation de Estados Unidos tiene ahí montado un proyecto "multidisciplinario" para estudiar la cuenca y sus recursos. También la está observando la American Association for the Advancement of Science como parte de su proyecto de "ciencia para el desarrollo sustentable" con financiamiento de las fundaciones Ford y Rockefeller y empresas como Coca Cola, Nestle, Kellogg, IBM y Kodak. Sectores populares y progresistas en Suramérica sostienen que toda esta investigación científica va en servicio de la agenda de las transnacionales.
El Acuífero Guaraní
Es importante también mencionar el Acuífero Guaraní, ubicado entre Argentina y Brasil. Con una extensión de 1.2 millones de kilómetros cuadrados y un rendimiento de 40 a 80 kilómetros cúbicos al año, este recurso también está bajo acecho.
La Global Environmental Facility, brazo ambiental del Banco Mundial, está financiando el Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Acuífero Guaraní. Este proyecto, cuyas oficinas están en Montevideo, cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, la Agencia Internacional de Energía Atómica y los gobiernos de Holanda y Alemania. Su propósito oficial es proteger el acuífero asegurando su uso racional, pero organizaciones populares y sectores progresistas de Sudamérica sospechan que las verdaderas motivaciones son otras.
El movimiento brasileño Grito Das Aguas nota con preocupación que el Proyecto consolidará el conocimiento acumulado durante años de investigaciones desarrolladas en diferentes universidades latinoamericanas para ponerlo a la disposición de intereses corporativos. “Con esta información estratégica, los grandes grupos económicos podrán orientar sus inversiones hacia su objetivo prioritario: la creación del mercado del agua, implantando de facto la nueva hidrogeopolítica de dominación, poniendo en peligro la soberanía de nuestros pueblos”. “Para seguir con el proceso de acumulación de riqueza, propio del modelo capitalista neoliberal, los países ricos necesitan nuestros recursos naturales, ya que su enriquecimiento se desarrolló, a lo largo de la historia, a expensas de la superexplotación de sus reservas y hoy enfrentan problemas serios para ampliar su capacidad productiva”, advierte Grito Das Aguas.
Mirando hacia adelante
"Los proyectos hidroeléctricos y el saqueo de nuestro oro azul y de otros recursos naturales estratégicos como la biodiversidad y el petróleo, de entrada se dificultarán si se continúan enlazando y coordinando nuestros esfuerzos", aconseja Delgado Ramos. "Abrir la posibilidad de revertirlos depende de qué tan sólido se construye el muro social con el que se toparán los diversos proyectos en cuestión, y que sólo son posibles gracias al papel activo de una elite latinoamericana que los avala, y por si fuera poco, que los promueve y ejecuta principalmente a favor de la cúpula de poder del Norte”.
"La guerra de clase que las elites latinoamericanas mantienen contra nuestros pueblos es fundamental en la ejecución de proyectos tipo PPP y ALCA, pero al mismo tiempo también es la que fortalece la lucha por la conciencia social como fundamento para la construcción de una alternativa económica, social y ecológicamente armónica”.
Por su parte, el Corporate Europe Observatory afirma que hay que apoyar iniciativas populares como las de Porto Alegre, Cochabamba y Santa Cruz, pero que hace falta también cuestionar las políticas de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que favorecen la privatización a costa de cualquier otra opción. Es necesario además abordar el escabroso tema de la deuda externa, la cual lesiona la soberanía de los países y causa un desastroso flujo de capital del Sur pobre al Norte rico. También hay que combatir regímenes de libre comercio, como el de la Organización Mundial de Comercio y el ALCA, que obligan a los países miembros a vender sus recursos de agua al mejor postor, a expensas de cualquier consideración social o ambiental.
