CAFTA: una perspectiva costarricense
Un tratado cargado de cadenas
por José Merino del Río | 12 de febrero de 2003
En enero pasado el presidente Bush anunció que un Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con Centroamérica constituía una prioridad de primera línea para su administración. Al principio causó cierto asombro esta declaración de un presidente ocupado exclusivamente en la guerra total contra el terrorismo. Ya por entonces, los halcones de la Casa Blanca comenzaron a dibujar las líneas maestras de lo que posteriormente sería la nueva doctrina de seguridad de los Estados Unidos, basada en la supremacía militar y la expansión global del libre comercio. Convertida en doctrina oficial el pasado mes de septiembre, esa estrategia de seguridad nacional estadounidense reafirmó que, en un comienzo, el acuerdo de libre comercio con Centroamérica era el punto focal principal de cara al objetivo de crear en el 2005 el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
¿Por qué Centroamérica? El ALCA se estaba complicando y ya estaba en marcha el Plan Puebla-Panamá con la perspectiva de inversiones multimillonarias para crear el corredor mesoamericano que facilite a las transnacionales una nueva guerra de conquista por los recursos de la región. Centroamérica se convierte así en territorio de expansión natural del Tratado de Libre Comercio que ya vincula a Canadá, Estados Unidos y México, amarrada ahora por el Plan Puebla-Panamá, cuyas inversiones cobran sentido en el marco jurídico de un TLC que subordine las legislaciones nacionales de cada uno de los países centroamericanos al acuerdo supranacional con los Estados Unidos, que estimule y garantice los intereses de las empresas transnacionales que operan y operarían en la región, la inmensa mayoría estadounidenses. La vulnerabilidad de los países centroamericanos y la propensión al vasallaje de sus actuales gobiernos, son reconocidos por funcionarios de la administración Bush como elementos que favorecen esa estrategia expansionista del "paso a paso", para debilitar la oposición al ALCA en el bloque regional del Sur que encabeza Brasil y al mismo tiempo favorecer la posición estadounidense en las negociaciones multilaterales de la ronda de Doha, que se llevan a cabo en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El jefe de negociadores de los Estados Unidos, Robert Zoellick, ha dicho que nada quedará excluido en las negociaciones del TLC con Centroamérica. El esquema de negociación es prácticamente idéntico al del ALCA. En síntesis se trata de nueve grupos de negociación:
Servicios . Todos los servicios públicos deben estar abiertos a la inversión privada.
Inversiones . Los gobiernos se comprometen a otorgar garantías absolutas para la inversión extranjera.
Compras del sector público . Todas las compras del Estado deben estar abiertas a las transnacionales.
Acceso a mercados . Los gobiernos se comprometen a reducir, y llegar a eliminar, los aranceles y otras medidas de protección a la producción nacional.
Agricultura . Libre importación y eliminación de subsidios a la producción agrícola.
Derechos de propiedad intelectual . Privatización y monopolio del conocimiento y de las tecnologías.
Subsidios, "antidumping" y derechos compensatorios . Compromiso de los gobiernos a la eliminación progresiva de barreras proteccionistas en todos los ámbitos.
Política de competencia . Desmantelamiento de los monopolios nacionales.
Solución de controversias . Derecho de las transnacionales de enjuiciar a los países en tribunales internacionales privados.
La representación estadounidense ya ha hecho saber a la parte costarricense que el TLC es incompatible con nuestra posición en materia de telecomunicaciones, energía, combustibles, seguros y banca. Asimismo ha advertido que si nuestros agricultores pretenden excluir una serie de productos o mantener ciertas medidas de protección y salvaguarda, no habrá TLC. No han escapado a la amenaza los servicios de educación y de salud, y se ha expresado irritación con la pretensión nacional de incluir un capítulo de garantías ambientales en la Constitución que frene el expolio de nuestros recursos naturales y de nuestra biodiversidad.
Mientras tanto, los Estados Unidos no renuncia a la política de subsidios para la agricultura: 180 mil millones de dólares para los próximos 10 años, ni a otras medidas proteccionistas que consideren necesarias. Sin necesidad de TLC, nuestro país ya está informado de lo que los Estados Unidos puede hacer si considera que sus intereses están en peligro, como hemos visto en el caso de la cogeneración eléctrica y de las humillantes amenazas de la Overseas Private Investment Corporation (Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero, OPIC, por sus siglas en inglés), agencia del Departamento de Estado, que asegura las inversiones de las empresas norteamericanas contra el riesgo político en otras naciones.
El TLC busca intensificar los tres componentes fundamentales que orientaron las políticas de ajuste estructural de la globalización neoliberal en las dos últimas décadas:
Liberalización : se trata de radicalizar la liberalización de los mercados de bienes, servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual y de eliminar los aranceles a la importación y los subsidios a la producción interna.
Desregulación : se busca reducir al mínimo las funciones del Estado de regular y conducir una estrategia de desarrollo nacional, eliminando todas las restricciones a los operadores del mercado, fundamentalmente transnacionales.
Privatización : se impulsa un proceso radical de eliminación de la propiedad pública. No es difícil adivinar que ese triple proceso, que ya ha causado grandes estragos políticos, económicos, sociales y ambientales en el país, empuja a la desintegración de la economía nacional y del resto de las economías centroamericanas, frente al poder de los Estados Unidos y de sus transnacionales. Coloca a nuestros estados nacionales al servicio de esos intereses imperialistas supranacionales. Alimenta a la fiera de la competencia para atraer inversiones a nuestros países sobre la base de mano de obra abundante y barata y de la desregulación salvaje del mercado laboral y del ambiente.
Una posición digna y patriótica debe exigir el respeto de algunos principios rectores para evaluar un acuerdo comercial:
Democracia : significa información, debate, participación ciudadana, transparencia, consulta popular a través de un referéndum. Procesos que no se están dando en las negociaciones en curso en torno a este tratado. Al contrario, lo que impera es el secreto, las negociaciones de noche y sin taquígrafos, vergüenza que se trata de esconder detrás del biombo de "consultas cosméticas" y de "buzones de sugerencias".
Equidad : No existe ningún reconocimiento real de las asimetrías entre naciones con disparidades abismales de recursos, lo que introducirá y profundizará nuevas y odiosas desigualdades, discriminaciones e injusticias contra nuestros países y pueblos. No hay trato diferenciado entre naciones tan desiguales en desarrollo, ni medidas compensatorias, ni trato preferencial. Tampoco se aborda el problema de la equidad en cada nación. Los programas sociales están totalmente ausentes.
Soberanía : La facultad de los gobiernos nacionales para llevar a cabo las políticas decididas democráticamente por los pueblos, se reduce drásticamente. El TLC opera como una camisa de fuerza que impide a los gobiernos actuar o rectificar, que somete la legislación nacional a comisiones supranacionales controladas y monitoreadas por las empresas transnacionales, en condiciones de penalizar a cualquier estado que no se someta a sus políticas.
Sustentabilidad : Se impone una tendencia a la explotación y exportación de los recursos naturales y a la desregulación ambiental en materia de inversiones. Se pretende garantizar el acceso a recursos estratégicos como agua, bosques, petróleo, minerales, biodiversidad, lo que asestaría un golpe mortal a una política basada, más allá de la retórica, en un desarrollo humano sustentable.
Frente a estos desafíos de envergadura histórica para Costa Rica y las naciones centroamericanas, el gobierno de Abel Pacheco ha puesto la "negociación" en manos de un equipo de integristas neoliberales, reclutado en los templos de CINDE y del INCAE, que elogia sin mesura los beneficios que obtendría Costa Rica con la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. De nada sirve la experiencia de veinte años de recetas de ajuste neoliberal en nuestro país y América Latina y sus resultados: más hambre, más desigualdad, más exclusión, más desempleo, más corrupción. El equipo "negociador" designado por el presidente Pacheco sostiene que el problema es que la dosis recetada es insuficiente: el TLC con Estados Unidos obligará, por fin, a Costa Rica a dejar el "nadadito de perro" y avanzar sin complejos por la senda gloriosa de la privatización, la desregulación y la liberalización: la santísima trinidad de ese fundamentalismo de mercado que ha convertido el eslogan del "libre comercio" en acto de fe y arma de conquista al servicio de las transnacionales y de los círculos de negocios.
Como en toda guerra de conquista se habla de ganadores y de perdedores en Costa Rica. Se dice que quienes sepan usar lar armas de la competitividad y de la eficiencia se salvarán del naufragio generalizado, el resto se ahogará o sobrevivirá a duras penas. Pero el asunto no dependerá del ardor guerrero sino de la estructura y relaciones de clase dentro de cada país y de las alianzas de clase establecidas a nivel internacional.
Un destacado funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le dijo al economista Faux, también estadounidense: " lo que usted tiene que entender es que nosotros negociamos con personas que pertenecen a las clases altas de aquellos países que comparten con nosotros gran número de intereses económicos y políticos" (Faux: Rethinking the Global Political Economy , EPI, 2002).
Eso es lo que debemos entender. El neoliberalismo de guerra, como lo llama González Casanova, ha traído hambre y desigualdad a muchísimos costarricenses y latinoamericanos, pero hay clases sociales en el Norte y en el Sur, y en realidad el 20% de las personas más ricas del mundo son miembros de las clases dominantes del Sur. Alguien negocia en Costa Rica, pero no en nuestro nombre, sino defendiendo los intereses de los poderosos del Norte y de los poderosos del Sur. Los "negociadores" costarricenses siempre han defendido la privatización del ICE, del INS, de Recope, de los bancos públicos, de la salud, de la educación, de los aeropuertos, muelles, ferrocarriles, cárceles…, ¿defenderán en una negociación con Estados Unidos lo que quiere y defiende la mayoría de nuestro pueblo?
El neoliberalismo enfrenta una crisis de credibilidad, de gobernabilidad y de sobreproducción, que trata de manejar y de superar a través de nuevas políticas de control y de apropiación de los recursos mundiales, y también del mayor control de los gobiernos y estados nacionales. ALCA, Plan Puebla-Panamá, TLC, Plan Colombia, guerra contra Irak…todo forma parte del mismo juego macabro, que los pueblos deben enfrentar con alianzas nacionales, regionales e internacionales que les permitan resistir y construir otra Costa Rica, otra América Latina, otros mundos posibles.
José Merino del Río < josemerino@racsa.co.cr > es Coordinador del Foro de Acción Política "Otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible."
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Publicado por el Programa de las Américas del Interhemispheric Resource Center (IRC). Todos los derechos reservados.
Cita recomendada:
José Merino del Río, "Un tratado cargado de cadenas" Programa de las Américas (Silver City, NM: Interhemispheric Resource Center, 12 de febrero de 2003).
Ubicación
en Internet:
http://www.americaspolicy.org/commentary/2003/sp_0302caftacr.html
