Estados Unidos seguro en un mundo seguro

Resumen Ejecutivo

Que es el terrorismo No hay una definición universalmente aceptada de terrorismo. Inclusive las dependencias del gobierno estadounidense utilizan diferentes definiciones. Para lo que toca a esta agenda, hemos adoptado la definición de terrorismo utilizada por la administración Bush en su Estrategia de Seguridad Interior: "cualquier acción contra la vida humana o el bienestar público, ilegal y premeditado, que pretende intimidar o coartar poblaciones civiles o gobiernos." Consideramos que es una definición útil porque captura la esencia de lo que implica la violencia terrorista y porque es lo suficientemente amplia como para calificar de actos terroristas aquellas acciones realizadas tanto por Estados como por grupos no estatales. De acuerdo con esta definición, una ancha gama de naciones -incluyendo a los Estados Unidos- y numerosos grupos terroristas internacionales como Al Qaeda han estado involucrados en ataques terroristas. Una definición de consenso ha sido difícil inclusive dentro del gobierno estadounidense. El Pentágono, el FBI, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interior, así como los documentos clave de políticas públicas, todos usan definiciones distintas de terrorismo, distintas entre sí sobre todo por la inclusión o no de agentes estatales. La Estrategia de Seguridad Nacional articulada en septiembre de 2002, por ejemplo, define terrorismo como "violencia premeditada, motivada políticamente, perpetrada contra inocentes." Pero la Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo, publicada en febrero de 2003, adopta la version del Departamento de Estado, que excluye a los Estados: "violencia premeditada, motivada políticamente, perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos." Entretanto, el Departamento de Defensa define terrorismo como "el uso calculado, o la amenaza de uso, de la fuerza o la violencia contra individuos o propiedades para coartar o intimidar a gobiernos o sociedades, en general para conseguir objetivos políticos, religiosos o ideológicos." Finalmente, la Carta Patriótica Estadounidense (USA Patriot Act), adoptada en el revuelo de los ataques del 11 de septiembre, añade otra definición de terrorismo al código criminal estadounidense (terrorismo doméstico) y enmienda tres definiciones legales de terrorismo que ya estaban en los libros (terrorismo federal, terrorismo internacional y terrorismo que trasciende las fronteras nacionales). La sección 802 de la Carta Patriótica define terrorismo doméstico como aquél que incluye "actos que sean peligrosos para la vida humana y que sean una violación de las leyes criminales de los Estados Unidos," si la intención del actor es "influir la política de un gobierno por medio de la intimidación o la coerción." Esto podría usarse para definir como terrorismo toda una gama de formas no violentas de activismo y disidencia.

I. Una política fracasada

La “guerra contra el terrorismo” emprendida por la administración Bush evidencia un grave error de liderazgo y hace que los estadounidenses se encuentren no más seguros sino más vulnerables. La ruta de combate al terrorismo elegida por la administración ha debilitado las instituciones multilaterales y ha desperdiciado la buena voluntad internacional. Pero Bush no solamente ha fracasado en su apoyo a la reconstrucción efectiva de Afganistán; además, su guerra y su ocupación de Irak han hecho que los Estados Unidos sean más vulnerables y han abierto un nuevo frente y una opción para reclutar terroristas mientras los recursos disponibles son desviados de los esfuerzos esenciales para la seguridad de la patria. En pocas palabras, la forma en que Washington aborda la seguridad nacional no logra atender los puntos vulnerables clave, debilita las libertades civiles y utiliza mal los recursos.

La administración ha dado algunos pasos exitosos contra el terrorismo, entre ellos una mayor seguridad en aerolíneas y fronteras, algunas medidas enérgicas contra el financiamiento terrorista, una mejor cooperación internacional en inteligencia compartida, la detención de varias figuras de alto nivel de Al-Qaeda y la obstaculización de algunos ataques planeados. Pero estos éxitos se ven opacados por decisiones políticas que no han vuelto a los ciudadanos estadounidenses menos vulnerables sino más vulnerables.

La Casa Blanca de Bush ha afectado precisamente esos valores que dice estar defendiendo dentro y fuera del país — democracia y derechos humanos; tanto la credibilidad de Washington como sus esfuerzos para combatir el terrorismo se ven mermados cuando ayuda a regímenes represivos. Además, la administración ha debilitado el marco legal internacional esencial para crear un esfuerzo global contra el terrorismo, y no ha logrado dirigirse a los contextos políticos — Estados fallidos y regímenes represivos—que permiten y facilitan el terrorismo.

Hay seis factores que explican el fracaso del enfoque de la administración Bush:

• Demasiado énfasis en las respuestas militares: La administración Bush ha utilizado la legítima preocupación que todos sentimos por el terrorismo para justificar un incremento masivo en el gasto militar que no tiene nada o casi nada que ver con el combate al terrorismo. Según datos del Centro para Información de Defensa (Center for Defense Information) solamente un tercio, aproximadamente, del aumento al presupuesto para el Pentágono en 2003 (FY2003) en fondos presupuestales para programas y actividades previos al 11de septiembre estaban fuertemente vinculados con operaciones de seguridad o de combate al terrorismo. Asimismo, al encomiar la guerra preventiva en la estrategia de seguridad nacional tanto como doctrina de política general como método para contrarrestar al terrorismo en particular, la administración, además, ha reducido la seguridad de todos.
• Fracaso en inteligencia compartida: La Casa Blanca no ha logrado desarrollar mejores mecanismos para compartir información crítica no sólo entre agencias de inteligencia sino también entre agencias federales y locales. El Centro de Inteligencia contra Amenazas Terroristas (Terrorist Threat Intelligence Center) recién creado resulta inexplicable para el Congreso y no logra colocar la coordinación de la inteligencia obtenida en manos de quienes deben actuar tras los hallazgos.
• Afectación a la democracia y las libertades civiles: La administración Bush ha mermado la democracia en el país al intensificar la secrecía gubernamental. En el frente de las libertades civiles, el Acta Patriota (USA PATRIOT Act) impone culpas por asociación sobre inmigrantes, amplía la autoridad del gobierno para realizar investigaciones criminales y cableados, además de que afecta las libertades fundamentales garantizadas por las Diez Primeras Enmiendas Constitucionales (Bill of Rights) — aunque no se ha demostrado que alguno de estos puntos sea necesario ni efectivo para la persecución de terroristas.
• Afectación a la seguridad nacional: La forma en que Bush aborda la seguridad nacional tiene dos fallas clave. Primero, su administración ha sido demasiado liberal cuando se trata de garantizar la seguridad del 85 por ciento de la infraestructura principal de la nación que está en manos del sector privado o bajo su control. Segundo, no ha logrado atender las necesidades básicas de los cuerpos de emergencia, ha infradotado a las agencias nacionales clave como la Guardia Costera (Coast Guard) y la Ofincia de Aduanas y de Protección Fronteriza (Bureau of Customs and Border Protection) y ha creado nuevos mandatos infundados para gobiernos locales, obligándolos a transferir sus escasos fondos de los servicios sociales y la seguridad pública a las tareas de seguridad de la patria.
• Debilitamiento de las instituciones internacionales: La administración Bush ha sido hostil con toda una serie de instituciones multilaterales que resultan centrales para mejorar la ley y la seguridad internacionales, desde la Corte Criminal Internacional (International Criminal Court) hasta la mayoría de los esfuerzos multilaterales para control de armas y desarme, incluidas las Convenciones sobre Armas Biológicas y Químicas, el Tratado ABM (ABM Treaty) y el Tratado Global sobre Prohibición de Pruebas (Comprehensive Test Ban Treaty).
• Fracaso en el combate a las causas profundas: La Casa Blanca de Bush ha fracasado al combatir las causas profundas del terrorismo internacional y los contextos social y político donde se gesta el terrorismo, incluidos los regímenes represivos, los estados fallidos y la forma en que la pobreza y la desigualdad pueden crear condiciones para apoyar actos terroristas. Combatir estas causas básicas y estas condiciones que facilitan el terrorismo de ninguna manera implica una contemporización. Más bien refleja un compromiso pragmático por difundir las raíces políticas del terrorismo a la vez que un compromiso normativo por respetar los valores que pregona Estados Unidos. Sin embargo, haciendo caso omiso de la bomba de tiempo que se activa con la disparidad económica global, la administración Bush ha sacado ventaja de la crisis en torno de los ataques terroristas del 11 de septiembre para justificar su intención de instrumentar una agenda para extender el comercio y liberalizar la inversión. Esta agenda no logra enfrentar los principales desafíos, como reducir la pobreza y la desigualdad o promover un crecimiento sustentable en los países en desarrollo.

 

II. Un nuevo marco

Un enfoque distinto no implicaría una “guerra contra el terrorismo”. Más bien, implicaría entender el terrorismo como una amenaza presente que necesita ser combatida por medio una estrategia firme y coordinada que esté dirigida hacia el fortalecimiento de los sectores públicos civiles y hacia el mejoramiento de la cooperación internacional, necesaria para prevenir y responder a los ataques terroristas. Aunque el ejército tiene un papel claro que desempeñar, es un actor de reparto en la lucha contra el terrorismo y Washington debe reestructurar el ejército de tal manera que mejore sus capacidades para responder a la amenaza que representa el terrorismo internacional. El desafío a la seguridad por parte del terrorismo hace evidente la debilidad de las ideas convencionales de Washington respecto de la seguridad nacional, así como la locura de las respuestas tradicionales — típicamente militares—a las amenazas contra ciudadanos estadounidenses.

Estados Unidos necesita una agenda nueva para el combate al terrorismo, una que proteja a los ciudadanos contra los ataques y que ubique el uso de la fuerza dentro de un marco jurídico y político internacional. Esta agenda, además de llevar a los terroristas internacionales ante la justicia, deberá debilitar su capacidad para cometer actos terroristas y mermar la credibilidad política de las redes terroristas al señalar agravios políticos e injusticias. Enseguida bosquejaremos un marco cuatripartita para una nueva agenda contra el terrorismo.

 

A. Fortalecer la seguridad de la patria

Para ello, es necesario hacer énfasis en la prevención de ataques terroristas y en la mitigación de los efectos de la violencia terrorista. Las iniciativas específicas deberán:

• Mejorar la Recopilación de Inteligencia y la Vigilancia: La coordinación de recopilación de inteligencia vinculada con la seguridad nacional deberá estar basada en el Departamento de Seguridad de la Patria (Department of Homeland Security), ya que ésta es la agencia responsable de actuar a partir de la información. La CIA — hogar actual del Centro de Inteligencia contra Amenazas Terroristas—ha demostrado que es incapaz de coordinarse bien con otras agencias de inteligencia. El punto clave para mejorar la capacidad de inteligencia antiterrorista interna no está vinculado con la elección de alguna forma organizativa (i.e., impulsar las capacidades del FBI o generar nuevos cuerpos de inteligencia interna) sino más bien con un esfuerzo por reinstaurar las libertades civiles y reforzar la vigilancia judicial y cameral de las operaciones de inteligencia.
• Fortalecer la seguridad fronteriza : Financiamiento adecuado de programas y agencias claves para la seguridad fronteriza, tales como el Container Security Initiative, la Guardia Costera (Coast Guard) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Bureau of Customs and Border Protection).
• Proteger infraestructura fundamental : Resulta esencial que el gobierno intensifique la seguridad en infraestructura fundamental, sobre todo en lo que se refiere a:

• Plantas de energía nuclear: Gastar las reservas de combustible de los reactores en plantas de energía nuclear comerciales en los EUA representa, potencialmente, una vulnerabilidad trascendental ante los ataques terroristas. El paso más importante que podría darse para reducir de manera significativa esta vulnerabilidad sería seguir el ejemplo de las distintas naciones europeas que han colocado todo el combustible consumido con una antigüedad mayor a cinco años en contenedores secos y de muros anchos.

• Industria química: El Departamento de Seguridad de la Patria necesita establecer e instrumentar requerimientos mínimos para mejorar la seguridad y reducir los daños potenciales en plantas químicas y en otras instalaciones industriales que almacenan enormes cantidades de materiales peligrosos.

• Seguridad alimenticia y agrícola: Es necesario un plan nacional integral que no sólo sirva como defensa contra la introducción de agentes biológicos intencionales en un acto terrorista sino que también genere una red de laboratorios para coordinar la detección de agentes bioterroristas en caso de un ataque.

• Tecnología para información: Prácticamente en toda la infraestructura principal del país existen numerosas propuestas serias para mejorar la tecnología de información segura, desde el sistema para el control de tráfico aéreo hasta las aeronaves mismas, desde la red de suministro eléctrico hasta los sistemas financieros y bancarios, y desde la Internet hasta los sistemas de comunicación.

Apoyo a cuerpos de emergencia: Además de mejorar los planes para responder a emergencias, la administración necesita ofrecer capacitación, equipamiento y un apoyo cada vez mayor en todos los niveles de gobierno para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias por medio de los departamentos de policía y rescate, así como de los sistemas de salud pública, todos los cuales serían cuerpos de primera línea en la respuesta en caso de un ataque terrorista.

Evitar que los terroristas consigan armas: Para evitar que los terroristas consigan armas de destrucción masiva convencionales o de otro tipo, las iniciativas específicas deberán:

Fortalecer convenciones internacionales: Es necesario fortalecer las convenciones sobre el control, la no proliferación y la eliminación de armas de destrucción masiva, así como sus sistemas de distribución.

Cancelar el Programa Nacional de Misiles para Defensa (National Missile Defense Program) (también conocido como “La guerra de las galaxias”): Los ataques del 11 de septiembre subrayan el hecho de que las inminentes amenazas a la seguridad no provienen de los misiles sino de otro tipo de sistemas de distribución. Si sumamos las preocupaciones acerca de los efectos desestabilizadores del sistema de defensa de misiles y la falsa promesa de seguridad que éste ofrece, tenemos que los Estados Unidos debieran suspender los trabajos para construir un sistema Nacional de Misiles para Defensa y redirigir los recursos económicos hacia el control de armas y los esfuerzos sobre desarme.

Control de armas en Rusia: Es necesario incrementar los fondos de la Agencia para la Reducción de la Amenaza a la Defensa (Defense Threat Reduction Agency) así como de otros esfuerzos por monitorear y controlar material armamentista en Rusia y en la antigua Unión Soviética.

 

B. Fortalecer los sistemas jurídicos nacional e internacional para poder detener a los terroristas:

Una respuesta efectiva al terrorismo requiere de impulsar la infraestructura legal nacional e internacional necesaria para identificar y perseguir a los individuos y las organizaciones que facilitan, financian y perpetran el terrorismo, además de que lucran con él.

Las iniciativas específicas deberán:

• Intensificar la cooperación policíaca internacional;
• Adoptar los Principios Princeton sobre Jurisdicción Universal (Princeton Principles on Universal Jurisdiction) para perseguir los crímenes contra la humanidad;
• Fortalecer las instituciones de derecho internacional apoyando la creación de un tribunal especializado para juzgar a terroristas internacionales; y,
• Brindar asistencia técnica a los países con miras a instrumentar todas las recomendaciones de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (Financial Action Task Force) con respecto al lavado de dinero y al financiamiento terrorista.

En aquellas instancias donde la fuerza militar es necesaria para combatir a actores no estatales como Al-Qaeda, el trabajo a través de instituciones internacionales se justifica en una base tanto normativa como pragmática. El uso de la fuerza debiera requerir de una autorización específica del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que incluya metas específicas con fechas límite, y será preferible que las operaciones militares estén bajo el control de la ONU. En cualquier evento, el ejercicio de dicha fuerza deberá adherirse al derecho humanitario internacional y a los principios de la tradición de la “guerra justa”.

 

C. Defender y promover la democracia dentro y fuera del país

Los esfuerzos antiterroristas no debieran sacrificar esos mismos valores que los estadounidenses están tratando de defender. Washington debe escuchar con atención las preocupaciones cada vez mayores de los grupos de defensa de las libertades civiles y los derechos constitucionales que advierten sobre la posibilidad de que una nueva campaña antiterrorista pueda conducir hacia un Estado acuartelado que socava todo aquello que defienden los Estados Unidos, al tiempo que hace muy poco para proteger a los ciudadanos contra las amenazas poco convencionales. El Acta Patriota (USA PATRIOT Act) es quizá la más grande amenaza para las libertades civiles en el país hoy en día, por lo que aplaudimos a los muchos estados, ciudades, comunidades y condados que han aprobado resoluciones exigiendo que la procuración de justicia local no instrumente las disposiciones de dichas resoluciones que afectan los derechos básicos. Al forjar coaliciones internacionales contra el terrorismo, la administración debiera fortalecer las restricciones para proveer ayuda militar, armas y capacitación a regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos. La Casa Blanca y el Congreso debieran condicionar más rigurosamente dichos programas a la adhesión de estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente. Asimismo, los Estados Unidos debieran apoyar los esfuerzos por fortalecer las normas jurídicas y de derechos humanos, convenciones y organizaciones internacionales y debieran evaluar sus propias políticas exteriores a la luz de dichas normas.

 

D. Combatir las causas profundas

Para combatir al terrorismo es preciso mirar más allá de cualquier acto terrorista — con todo lo horrible que pueda ser—en aras de abarcar los contextos socioeconómicos, políticos y militares más amplios donde surge el terrorismo internacional. Debido a que el terrorismo es una clase particular de acto violento encaminado a alcanzar un objetivo político, una estrategia preventiva debe atender sus raíces políticas.

La política de los EUA debe hacer una distinción entre el terrorismo internacional en general y la amenaza específica que representan Al-Qaeda y otros movimientos extremistas islámicos, para que no haya la percepción de que se libra una guerra contra el Islam. El Reporte de la Comisión del 11/septiembre (9/11 Commission Report), por ejemplo, tiene cuidado de hacer tal distinción. Para ello es necesario que quienes diseñan las políticas en los EUA aprendan a distinguir entre demandas ilegítimas y demandas legítimas que se persiguen por medio de fines ilegítimos. El carácter antidemocrático y jihadista de la ideología de Al-Qaeda sugiere que aun cuando los Estados Unidos quisieran seguir las políticas alternativas del tipo descrito aquí, los estadounidenses continuarían siendo el blanco de los ataques de miembros comprometidos de Al-Qaeda y grupos similares. Combatir las causas profundas es una forma de asegurarse de que los esfuerzos de grupos terroristas por suscitar apoyo encuentren un clima social, económico y político los más inhóspito posible.

Dichas políticas sólo podrán ser plenamente exitosas cuando no haya más terreno fértil para políticas terroristas. Tales contextos políticos incluyen: regímenes políticos represivos que generan terrorismo; Estados fallidos o encaminados al fracaso que pueden generar terroristas con espacios para operar; pobreza y desigualdad que pueden incrementar el apoyo a los actos terroristas y funcionar como fuente de reclutas, aun cuando la pobreza por sí misma no provoque terrorismo; y esfuerzos de los Estados Unidos por institucionalizar sus posiciones de dominación global, así sea por medio de alianzas con regímenes represivos.

 

Las iniciativas específicas deberán:

Fortalecer y democratizar las instancias internacionales para un gobierno global efectivo: Al proclamar su dominio global como objetivo estratégico amplísimo, los Estados Unidos se han convertido a sí mismos en blanco. La forma en que Bush sigue la doctrina de la guerra preventiva como fundamento de tal dominación — acuerpada en la invasión y la ocupación de Irak—puede servir para justificar el argumento de que la actual “guerra contra el terrorismo” es, de hecho, una guerra contra el Islam. Y la actual política exterior de Washington ha reforzado, además, las creencias de quienes arguyen que los Estados Unidos son un intento de poder imperial que busca colocarse por encima de la ley.

Además de fortalecer a la ONU y a otras instituciones multilaterales, los Estados Unidos deben reconfigurar su manera de atender la seguridad. Sugerimos un enfoque dual: los arreglos cooperativos necesarios para garantizar nuestra protección en una era de redes terroristas internacionales con un alcance global y la disuasión contra posibles amenazas de antagonistas estatales. Dichos esfuerzos requieren de una red vibrante de alianzas globales, regionales y bilaterales, de tal suerte que la seguridad del mundo fortalezca la seguridad de los Estados Unidos.

Acabar con el apoyo a regímenes represivos: Los Estados Unidos deben hacer, tanto de palabra como de hecho, un alto en su historia de apoyo a regímenes represivos en todo el mundo. Semejante acción implicaría poner freno a la ayuda militar, ampliar los derechos humanos y la democracia y reducir la dependencia de los Estados Unidos y sus aliados en las importaciones petroleras de regímenes represivos. Algunos pasos adicionales serían: (1) Suspender la ayuda militar y oponerse a la venta de armas en países que violen sistemáticamente los derechos humanos elementales, e (2) incrementar el apoyo a los derechos humanos y la democracia en África del Norte, Medio Oriente, Asia Central, Sureste de Asia, Colombia y otros muchos lugares por medio de iniciativas bilaterales y multilaterales.

Tratar con Estados fallidos: La situación de Afganistán y la innegable realidad de que los Estados débiles y encaminados al fracaso pueden ofrecer condiciones que permitan operar a las redes terroristas han evidenciado la necesidad de incrementar la capacidad de la ONU para involucrarse en la instrumentación y conservación de la paz, así como en otras actividades “forjadoras de naciones”.

Reorientar la política estadounidense en Medio Oriente y Asia Central: Una política estadounidense más amplia dentro de la línea del respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas elementales en Medio Oriente y en otras partes podría aún contribuir a suavizar—que no a erradicar—las condiciones asociadas con el terrorismo. Tales esfuerzos consistirían en eliminar las armas de destrucción masiva y en atender los agravios que quedan tras el continuo descontento en la región. Esto incluye oponerse al fanatismo personificado tanto por Al-Qaeda como por otros grupos extremistas que se oponen a la existencia de Israel. Los Estados Unidos deberán mantener su compromiso estratégico y moral con la soberanía israelí, pero existe una diferencia entre el derecho de Israel a existir y el apoyo a la ocupación en la Franja Oeste y en Gaza. La aprobación tácita de Washington a la ocupación desempeña un papel importante en la alimentación del extremismo antiamericano, sentimientos que Al-Qaeda ha utilizado de manera oportunista para su beneficio. Las iniciativas específicas deberán:

• Poner un alto al apoyo financiero y militar de los EUA a la ocupación israelí en la Franja Oeste y en Gaza;
• Propugnar la autodeterminación palestina y un acuerdo negociado como el que fue bosquejado en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU;
• Promover esfuerzos para crear una zona libre de armas de destrucción masiva en el Medio Oriente;
• Fortalecer a las fuerzas multilaterales involucradas en Afganistán a fin de proveer la seguridad necesaria para la reconstrucción y el desarrollo; y
• Establecer una agenda inmediata para el retiro de las tropas estadounidenses de Irak, además de canalizar el apoyo, principalmente a través de las Naciones Unidas, para promover la reconstrucción y el desarrollo.

Combatir la pobreza y la desigualdad: Bajo ciertas condiciones, la expansión de un desarrollo de bases firmes puede debilitar el apoyo local a las actividades terroristas y desanimar a los reclutas terroristas. En vista de que la aprobación de algunas organizaciones vinculadas con actos terroristas se debe en parte a los servicios sociales y los incentivos financieros que brindan dichas organizaciones, una expansión de las oportunidades económicas puede disminuir la participación directa en dichas organizaciones o bien apagar el entusiasmo que haya en torno a sus actividades.

Las políticas de desarrollo que debilitan las capacidades de los Estados para garantizar acceso a servicios básicos o para proveerlos pueden generar condiciones donde los grupos terroristas logren movilizar su apoyo más fácilmente. A nivel global, la administración Bush debería dejar de promover comercio y acuerdos de inversión que refuercen políticas desacreditadas del Consenso Washington (Washington Consensus). Más bien, los Estados Unidos debieran reorientar sus discusiones con encuentros y organizaciones económicas bilaterales, regionales y globales, con miras a crear un marco multilateral más propicio para el desarrollo de los países pobres. Washington también debiera reducir la deuda que tienen con él los países en desarrollo, además de defender los esfuerzos para la reducción de la deuda en las instituciones financieras internacionales y de buscar el fin de los préstamos a cambio de ajustes estructurales que ofrecen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Promover la energía limpia: Los Estados Unidos debieran seguir, dentro y fuera de casa, una política energética que enfatice la conservación, la eficiencia energética y los renovables, y que ayude a que el país y sus aliados dependan menos del suministro de petróleo importado.

 

III. Un cambio de rumbo

No hay un solo componente de este marco que sea una respuesta adecuada contra el terrorismo. Solamente al unir las cuatro estrategias — buscar la prevención y la preparación, fortalecer el marco internacional para la acción multilateral, defender y promover los derechos civiles, y atender causas profundas—podrá el gobierno estadounidense dirigirse con verdad al pueblo estadounidense y decirle que está haciendo todo lo que puede para impedir futuros ataques terroristas. Nuestra estrategia de seguridad aquí propuesta sería más efectiva para convertir a los EUA en un lugar más seguro para sus ciudadanos. También tendría las ventajas adicionales de mejorar la calidad de vida del país al mejorar la seguridad pública, el cuidado de la salud y la calidad del aire.

La Comisión del 11/septiembre ha logrado mucho al colocar este debate en la primera fila de los debates políticos. Pero sus recomendaciones se centran — de una manera hasta cierto punto holgada—en operaciones de inteligencia y vigilancia cameral sin abordar temas más amplios de política exterior, fuerzas armadas y seguridad de la patria que son igualmente importantes para construir una respuesta efectiva al terrorismo. Su contribución, aunque importante, sigue siendo inadecuada para forjar la estrategia integral necesaria para combatir al terrorismo de manera efectiva.

El reto es construir una política de seguridad nacional que demuestre el nuevo compromiso de los Estados Unidos hacia la protección de los ciudadanos estadounidenses incorporando medidas antiterroristas efectivas en la estrategia de seguridad nacional. Al mismo tiempo, los ciudadanos estadounidenses deben exigir algo que la política exterior estadounidense debe reivindicar: un compromiso renovado para construir un marco internacional de paz, justicia y seguridad que aísle a los terroristas en la fría intemperie — sin hogar, sin simpatizantes, sin dinero y sin consigna que movilice. Si la respuesta es tal, los eventos del 11 de septiembre de 2001 ciertamente habrán transformado a los Estados Unidos y al mundo entero.